La Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declara: Que ante la situación de público conocimiento sobre la situación de crisis financiera que está atravesando el Poder Judicial de la Provincia de Chubut, esta Junta Federal -con la presencia de los Presidentes y Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- hace su deber reiterar, ante la opinión pública, su postura inconcusa con arreglo a la cual la independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en el cumplimiento estricto de las reglas que rigen el sistema Republicano de Gobierno, lo cual se garantiza con la observancia estricta de las reglas que cada constitución establece.
Como se lo ha señalado reiteradamente, el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente. Es precisamente, el rol de la justicia garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente, de los sectores más vulnerables. Para cumplir acabadamente esta función es necesaria la independencia, autonomía y autarquía real.
Hasta tanto ello suceda es obligación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, suministrar los fondos pertinentes para satisfacer los requerimientos necesarios a fin de que los Poderes Judiciales cumplimenten las obligaciones que surgen, no solo de la Constitución, sino también de las Convenciones Internacionales.
Nuestro compromiso con los justiciables es garantizar no solo la imparcialidad e independencia, sino también, la celeridad, eficacia, eficiencia y por sobre todo el acceso a la jurisdicción. Resultando inadecuada cualquier decisión inconsulta que afecte la independencia y ponga en riesgo la existencia misma del Poder Judicial de Chubut.
En este orden de ideas, señalamos que asegurar recursos no es asegurar que sean suficientes y que no sólo la calidad sino la prestación aún mínima del servicio depende de su suficiencia.
Es por ello que es indispensable que esos recursos estén definidos sobre bases bien conocidas y analizadas por el pueblo, que quienes lo representan en la Legislatura cuenten con la evaluación y consejo de quienes son responsables de aplicarlos eficientemente y a quienes, por ello, la Constitución de la Provincia inviste de la potestad de dirigirse directamente a su Legislatura para hacer conocer su criterio.
Esperamos que los Poderes Políticos estén a la altura de las circunstancias y adopten las medidas pertinentes para el pronto restablecimiento de la normalidad institucional que atraviesa el Poder Judicial.
El documento lleva la firma de la presidenta de JUFEJUS Maria del Carmen Battaini.