Se registró un alto porcentaje de acuerdos en los conflictos penales a través de salidas alternativas al juicio penal.
En 2018 el Ministerio Público Fiscal remitió a las distintas Oficinas de Mediación Penal de Entre Ríos 6.485 legajos, arribándose a un acuerdo en el 44 por ciento de los casos. Un dato que refleja el acceso a la Justicia de las personas involucradas en un ilícito penal y la aplicación efectiva de los alternativos de resolución de conflictos como es la Mediación Penal.
Con un cuerpo de 22 mediadores penales que abarcan toda la jurisdicción y un promedio mensual de 1.000 audiencias señaladas y 600 efectivamente realizadas, las partes afectadas por un ilícito penal pueden recurrir a un servicio de justicia voluntario, gratuito, confidencial y accesible para quien lo desee y requiera dentro del marco de un legajo penal.
Su aplicación permite intervenir en conflictos que encuadrarían en delitos penales, tanto de tipo familiar (impedimentos de contacto, incumplimientos de los deberes de asistencia familiar), como patrimoniales (estafas, defraudaciones) y relacionados a menores en infracciones a la ley penal, entre otros.
La Oficina de Mediación Penal fue ubicada por Acuerdo General Nº 33/14 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dependiendo de la Sala Nº 1 de Procedimientos y Constitucionales del Alto Cuerpo.
El aspecto destacable de esta herramienta de justicia es la posibilidad que se brinda a los justiciables de acceder a un espacio de abordaje del conflicto dentro del proceso penal, posibilitándose que ellos mismos puedan resolver la problemática que es llevada a la justicia penal, con la ayuda y colaboración de un mediador penal como tercero imparcial y neutral.
Para facilitar esa tarea se trabaja de manera interdisciplinaria con distintos organismos del Estado, como los Juzgados de Paz, comisarías, bibliotecas, municipios, escuelas y hospitales, que brindan sus instalaciones y medios para la realización de audiencias.
El STJ habilita a los mediadores a que se trasladen periódicamente a distintas localidades dentro de cada jurisdicción, con la finalidad de permitir la participación de quienes, estando interesados, no puedan acercarse por motivos de índole económico, laboral y/o de salud a la Oficina de Mediación en cada cabecera departamental. Así se cumple con el objetivo de garantizar el acceso a la Justicia reconocido por la Constitución Provincial.
La aplicación de este instituto busca dar una respuesta distinta al paradigma de la denominada “cultura del litigio”, promoviendo otra vía para la resolución de conflictos y buscando el restablecimiento de las relaciones y la pacificación social a través del diálogo y la comunicación entre las partes.
El dato trascendente de las audiencias de la mediación penal es que la víctima recupera su voz en el proceso y se suma como protagonista del mismo junto al infractor, disponiendo ambos de una oportunidad de construir una solución a su conflicto.
12 de agosto de 2019
SIC-STJ
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