La jueza de Garantías, Dra. Marina Barbageleta, resolvió hoy la suspensión de juicio a prueba y convalidó la ejecución de trabajos comunitarios para cuatro imputados en la causa “Angarola, Alfredo Eduardo-Ríos, Luis Aníbal-Vesco, Eduardo Héctor su denuncia s/Administración fraudulenta”. Lo hizo al aprobar un acuerdo suscripto por las defensas técnicas, la querella y el Ministerio Público Fiscal, que también incluyó la renuncia a demandas civiles y un resarcimiento de 4.200.000 pesos, dinero que servirá para cancelar una hipoteca que pesa sobre el inmueble del Círculo Médico de Paraná.
Los imputados a los que se concedió la probation deberán efectuar tareas comunitarias durante los próximos dos años. Luego de ese lapso y verificado su cumplimiento a través de la Oficina de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (OMA), se cerraría el expediente y quedarían eximidos de los cargos.
Para otorgar ese beneficio se tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales de los imputados, que se les adjudicaba la presunta comisión de un delito para el que se prevé una condena de prisión condicional y que se trata de la primera suspensión de juicio a prueba a la que acceden.
El médico Raúl Rodríguez propuso dar charlas de concientización sobre la donación de órganos; su colega Justo Uranga se comprometió a realizar 96 hora anuales de trabajo comunitario en lugar a definir; y otro tanto Raúl Otaño. En el caso del contador Lucio Figueroa, que presentó un certificado médico dando cuenta de un profundo cuadro depresivo, se acordó que entregará mensualmente 4.000 pesos o el equivalente a 10 tarros de leche en polvo materno-infantil a la Cooperadora del Hospital San Roque o a un Centro de Salud.
Además Barbagelata hizo lugar al pedido de sus defensores y dictó el sobreseimiento de los médicos Alejandro Karavokiris e Ignacio Uranga, medida que también fue compartida por el Ministerio Público Fiscal y la querella.
La jueza fundamentó su decisión al entender que en el marco de la instrucción penal preparatoria no se comprobó la intervención de esos profesionales en los hechos investigados y que no se acreditó la comisión del delito imputado, conforme lo establecido en el artículo 397, inciso c) del Código Procesal Penal.
Por eso declaró que el proceso no afecta el buen nombre y honor de Karavokiris e Ignacio Uranga.
A los profesionales médicos se les imputaba el presunto delito de defraudación a raíz de hechos sucedidos en el período comprendido entre el 12 de marzo de 2011 y el 29 de abril de 2016, objeto de una denuncia por parte de la actual conducción del Círculo Médico de Paraná, encabezada por Alfredo Angarola.
Se investigó la conformación de un fideicomiso para la construcción de un barrio de viviendas para cuya edificación se contrató a la empresa Constructora del Norte SRL, que quebró y originó una serie de reclamos y deudas, tras lo cual se contrató a una firma vinculada, Smart SRL- que fueron cubiertas supuestamente en forma fraudulenta con el patrimonio de la institución.
Martín Fabre
Jefe del SIC-STJER
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