Lo dispuso el Superior Tribunal de Justicia (STJ) a través de una Resolución del Tribunal de Superintendencia. Los trabajos demandarán una inversión de 79,1 millones de pesos, se extenderán durante 24 meses y estarán a cargo de Empresa Constructora Ing. Ángel Luis Moia.
La primera etapa de la construcción del Anexo de los Tribunales de Paraná se iniciará en enero próximo y demandará una inversión de 79.102.497,54 pesos. Los trabajos estarán a cargo de la Empresa Constructora Ing. Ángel Luis Moia, que se impuso en la Licitación Pública Nº 17/18.
Para disponer la adjudicación se destacó que la contratista presentó “el menor precio de las ofertas que cumplen y se ajustan con los requisitos legales, formales y técnicos” requeridos en el pliego de bases y condiciones. Su cotización fue por debajo del presupuesto oficial, fijado en 79.467.416,97 pesos.
Además se dispuso que a través de la Tesorería General del STJ la constructora reciba 23.730.749,26 pesos en concepto de adelanto de obra, equivalente al 30 por ciento de la oferta presentada por la empresa.
Junto con la adjudicación se resolvió “no hacer lugar a las observaciones planteadas por la firma Áridos Entre Ríos SRL, las cuales fueron valoradas y desestimadas con fundamento por el Área de Planeamiento e Infraestructura del STJ”. Su propuesta fue desestimada junto con las ofertas de mayor monto de las otras cinco firmas que participaron de la Licitación Pública Nº 17/18; Cemyc SRL, Depaoli Trosce Constructora SRL, Empresa Constructora Ing. Quaranta SRL, Riva SA y Cimbra Consultora SA.
La contratación fue dispuesta mediante la Resolución de Superintendencia Nº 534/18, firmada ayer por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Dr. Emilio Castrillon, y la vicepresidenta, Dra. Susana Medina. También la rubricó el vocal Dr. Martín Carbonell y el titular de la Secretaría de Superintendencia Nº 2, Dr. Esteban Simón.
Los trabajos requeridos incluyen la ejecución de cimientos, subsuelo, cocheras y planta baja. Para su concreción se afectará un inmueble ubicado en Santa Fe 258, donde funcionan los Juzgados de Paz, una propiedad lindera en el que funciona el Centro Judicial de Género, y otra en la que funcionó la Dirección de Bromatología y que cedió el Ministerio de Salud de la provincia.
Martín Fabre
Jefe – SIC-STJER
