Paraná, 20 de abril de 2026. 
Y VISTA:
La presente causa caratulada: "C.S.M.L. y P.L. en rep. de su hija menor de edad con discapacidad L.P. C/ XXX XX S/ ACCION DE AMPARO", Expte. N° XX del registro de la Oficina de Gestión de Audiencias (O.G.A.) de la ciudad de Paraná, traída a despacho para resolver; y
CONSIDERANDO:
1.- Que en fecha 02/04/2026 se presentan la Sra. S.M.L.C., DNI N° XX, y el Sr. L.P., DNI N° XX, en representación de su hija menor de edad L.P, DNI N° XX, y con el patrocinio letrado de las Dras. María Noel CARGNEL y Cecilia PONS, y del Dr. Marcos Agustín PITA, promoviendo ACCION DE AMPARO contra la XXXX en su carácter de entidad titular del COLEGIO XXX de la ciudad de Paraná, solicitando que ordene a la demandada que AUTORICE de manera urgente a su hija L.P. a participar del viaje final de estudio de sexto año del nivel secundario a realizarse en XXX en Agosto/2026, y CESE de manera inmediata con sus actos discriminatorios hacia la misma por padecer Epilepsia, conforme lo autorizan la médica Neuróloga Infantil, psicóloga, psicopedagoga y terapista ocupacional tratantes.
En cuanto a la plataforma fáctica, relatan que L. es una adolescente de 16 años que padece epilepsia focal sintomática asociada a un trastorno cognitivo leve, por lo cual posee Certificado Único de Discapacidad desde el 12/10/2021, habiendo sido emitida la última renovación el 15/11/2024 con orientación prestacional de rehabilitación, prestaciones educativas (Inicial /EGB), servicio de apoyo a la integración escolar, con la posibilidad de optar entre viajar solo o acompañado; conforme surge del CUD que acompañan como documental.
Explican que la epilepsia es una afección cerebral que causa convulsiones, es común y afecta a personas de todos los sexos, razas, grupos étnicos y edades. Dado que la epilepsia es causada por cierta actividad en el cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso cerebral. Algunos de los síntomas de las convulsiones pueden incluir los siguientes: confusión que dura poco tiempo, episodios de ausencias, rigidez muscular, movimientos espasmódicos de brazos y piernas, pérdida del conocimiento, síntomas psicológicos, como miedo, ansiedad o déjà vu. Que las personas con determinado tipo de convulsiones como es el caso de L., conocidas como convulsiones focales, pueden tener señales de alerta momentos antes de tener una convulsión, las que se conocen como aura.
Refieren también que las convulsiones se clasifican como focales o generalizadas, según cómo y dónde comienza la actividad cerebral que las causa. Que L. padece convulsiones del lóbulo frontal, es decir, que comienzan en la parte delantera del cerebro, la cual es la responsable de algunos tipos de movimiento. Que las convulsiones de este tipo hacen que la persona mueva la cabeza y los ojos hacia un lado, que no conteste cuando le hablan y que pueda llegar a reírse o gritar. Asimismo puede ser que hagan extender un brazo y flexionar el otro y/o realizar movimientos una y otra vez, como mecerse de adelante para atrás o pedalear como si estuviera en una bicicleta.
Indican que el trastorno cognitivo leve implica una disminución en algunas funciones mentales que puede afectar la memoria, la atención, el lenguaje, tratándose en niños como problemas de aprendizaje o desarrollo, y que L. es tratada médicamente desde los 5 años de edad con la especialista en Neurología Infantil Dra. V.G.R. de la ciudad de Santa Fe, y también cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario externo integrado por la psicóloga J.L. (MP XX), la psicopedagoga K.D. (MP XX) y la terapista ocupacional J.V.S. (MP XX).
Transcriben luego informes médicos de los profesionales que tratan a L. -los cuales adjuntan asimismo como documental-, (.....).
Continúan su relato expresando que L. cursa actualmente el sexto año del nivel secundario en el Colegio X.X.X. de la ciudad de Paraná, que concurre a dicha institución escolar desde quinto grado del nivel primario, por lo que sus compañeros son su grupo de pertenencia, factor importantísimo en una adolescente como L.. Que el curso de sexto año del nivel secundario al que asiste L. está conformado por 12 alumnos, incluida ella. Tres de ellos decidieron no viajar por cuestiones personales. Los restantes 8 ya tienen pasaje comprado y L. aguarda una tutela judicial efectiva que le permita viajar. Se trata de un grupo consolidado y profundamente integrado, que ha sabido incorporar plenamente a L., reconociéndola como una más dentro de su dinámica cotidiana.
Destacan que L. ha transitado su afección de Epilepsia con grandes esfuerzos y dificultades, siempre acompañada de su familia, amigos y profesionales de la salud, como son su neuróloga tratante, psicóloga, terapista ocupacional y psicopedagoga. Que todo ello refleja el estándar que debe guiar la inclusión de todo niño, niña o adolescente que transita su trayectoria vital con particularidades en su proceso de aprendizaje y desarrollo, caracterizado por un ritmo más lento en comparación con sus pares.
Refieren que el sexto año de la secundaria es el último año escolar, es un fin de ciclo que se cierra con un viaje de estudio, y que en el caso del Colegio X.X.X. se realiza a la ciudad de XXX de XXX. Que L. desde agosto del año pasado viene proyectando -con gran ilusión- junto a sus compañeros de colegio y sus respectivas familias, como también con la propia escuela, el viaje de estudio a XXX que se realizará en Agosto del corriente año 2026. Sin embargo, expresan que hacia el mes de noviembre de 2025 esa ilusión se va desmoronando, ocasionando una profunda tristeza y un sentimiento inmenso de discriminación en la persona de su hija, ya que la XXX, en su carácter de entidad titular del Colegio X.X.X. de esta ciudad, les comunicó el 6/11/2025 -en una reunión convocada a tales efectos- que la Institución decidió que la alumna L. P. no participará del viaje de estudios a XXX en 2026. Adjuntan Acta de fecha 6/11/2025 -como Documental Parte 2, en las págs. 4 a 6-, la cual expresan fue puesta a su disposición en el mes de febrero de 2026.
Afirman que desde lo relatado se encuentran luchando por el reconocimiento del derecho de su hija de ser integrada en la Sociedad, más precisamente, en el ámbito escolar, para que pueda realizar su viaje de estudio junto a sus amigos del curso y finalizar así su etapa escolar como merece, con el apoyo de todo el curso de sexto año para que ello efectivamente suceda.
Aseveran que en fecha 7/8/2025 desde el Colegio XX se los convocó a una reunión para "socializar" la propuesta del viaje de estudio 2026, habiéndoseles entregado la propuesta del XXX de Curso de Lengua y Cultura XXX de la localidad de X., XXX  (....). Que en fecha 08/09/2025 desde el Colegio XX se los convocó a una segunda reunión por el viaje a XXX -Correo electrónico de fecha 8/09/2025 que asimismo adjuntan en la pág. 12 de la Documental Parte 1-.
Sostienen de igual modo que en fecha 06/11/2025 desde el Colegio XXX se los convocó a una reunión para informarles que la Escuela resolvió que L. no participará del viaje a XXX en 2026 organizado por la institución, dándoles, conforme consideran, lastimosas excusas y ocasionando a ellos como padres una gran angustia e impotencia por la discriminación que se evidenciaba hacia su hija por padecer Epilepsia. Que en dicha reunión expresaron que L. se encontraba muy entusiasmada y que S., su mamá, pensaba viajar también para acompañarla, aclarando que L. ya ha viajado en avión al exterior en varias oportunidades (...) y que no tuvo ningún problema ni impedimento puesto que llevó su medicación, historia clínica y recetas médicas por cualquier eventualidad. Igualmente, resaltan que la médica Neuróloga tratante indica que L. debe realizar una vida normal, que en los últimos episodios no ha requerido internación y que cuenta con un equipo externo que la acompaña (psicóloga, psicopedagoga, terapista ocupacional). Que en virtud de ello, la rectora del Colegio les solicitó que acerquen un informe de la neuróloga tratante para pensar nuevamente la decisión institucional, respecto de lo cual se comprometieron en presentarlo, dejando solicitado que se reconsidere la decisión de la institución y se permita a L. participar del viaje de estudio.
Arguyen que en fecha 11/11/2025 presentaron por ante el Colegio XX el informe de la Neuróloga tratante, que se solicitó en fecha 06/11/2025, para revisar la decisión de la institución respecto a la participación de L. en el viaje de estudio. Que el mismo, emitido por la Neuróloga Infantil Dra. V.R., dice "…Estimados/as docentes y equipo directivo: Me dirijo a Uds para insistir en la necesidad de las adecuaciones curriculares para L.. Estas adecuaciones deben incluir flexibilización en la entrega de trabajos, adaptaciones de evaluaciones y apoyo en la comprensión de algunos textos o trabajos. El objetivo es priorizar su bienestar emocional en el entorno escolar ya que, además de sus desafíos de aprendizaje, L. presenta una enfermedad crónica, como es su epilepsia refractaria, por la que recibe tres medicaciones y terapia cetogénica lo cual genera en ella un impacto en todas las áreas de su vida en general y sobre todo en su vida emocional al batallar día a día con dicha enfermedad. Su evolución se dará a un ritmo distinto de sus pares y es justo que sea valorada dentro de su propia evolución y no con lo que se exige a otros que no padecen esta situación. La intención es que pueda continuar su proceso de aprendizaje en un ambiente que favorezca su desarrollo integral, atendiendo a las necesidades de esta etapa de su vida. Por otro lado, es necesario que la adolescente tenga una vida plena con posibilidades de realizar actividad escolar y recreativa. No tiene ninguna contraindicación para viajar, inclusive al exterior, en compañía de su familia, tomando todos los recaudos necesarios.(...)". Se acompaña dicho informe de fecha 10/11/2025, en la pág. 13 de la Documental Parte 1.
(....) Detallan que en fecha 23/12/2025 el Colegio XXX les envió un correo electrónico que decía: "…Familia, en el mes de febrero serán convocados por los directivos de la institución para firmar el acta sobre el viaje. Atte. Equipo Directivo…". Refieren que, para su sorpresa, el 25/02/2026 fueron convocados a una reunión sólo para dialogar sobre el comienzo de L. en el nuevo ciclo lectivo, sin haberse tratado el tema del viaje final de estudio que tanto les interesó siempre resolver. Acompañan el mismo como Documental Parte 1 y pág. 7 de la Documental Parte 2.
Precisan que en fecha 02/03/2026 presentaron Nota al Colegio X.X.X. requiriendo de manera urgente se los convoque a firmar "Acta sobre el viaje"; ello en virtud de que en fecha 06/11/2025 se había solicitado a esa institución reconsidere su decisión arbitraria y discriminatoria, no habiendo tenido a esa fecha (02/03/2026) respuesta alguna  (...).
Recalcan que en dicha nota se reiteró que la médica neuróloga tratante expresó que L. no tiene ninguna contraindicación para viajar, inclusive al exterior, en compañía de su familia, tomando todos los recaudos necesarios. Que la madre de L., S.C., se ofreció acompañar a su hija en el viaje haciéndose cargo de su cuidado, siendo que puede hospedarse en el mismo XX que los alumnos. (...).
Insisten en que se han vulnerado los derechos a la igualdad y a la no exclusión de L. por razones de salud, haciendo saber que con esa conducta se causa un daño moral a su hija por discriminación. Por ello, peticionan a la demandada la revocación de tan arbitraria e ilegal decisión. Adjuntan asimismo como documental: (...)
Sostienen que en fecha 03/03/2026 la XXX en su carácter de entidad titular del Colegio X.X.X. de la ciudad de Paraná rechazó el pedido que realizaran de revisión de su decisión y categóricamente dijo: "... El colegio resuelve que la alumna L. P. no puede participar del viaje a XXX organizado por la Institución y programado para el mes de agosto del 2026…"; lo que adjuntan en la pág. 17 y 18 de la Documental Parte 2.
Enfatizan que la respuesta negativa brindada por el Colegio, (...)  contradice de manera arbitraria y sin sustento alguno al criterio médico emitido por la especialista en Neurología Infantil tratante de L. que sostiene que su hija no tiene ninguna contraindicación para viajar, inclusive al exterior, en compañía de su familia, tomando todos los recaudos necesarios. Señalan que la médica tratante Dra. V.G.R. conoce perfectamente la condición de vida de L., sus necesidades médicas, y tiene claramente en consideración el viaje de estudio que L. desea realizar, sus circunstancias, y tiempo de permanencia.
(...)  Esgrimen que los argumentos expuestos por el Colegio demandado carecen de rigor científico y encubren una conducta arbitraria y absolutamente discriminatoria de la institución hacia su hija L., todo lo cual repercute negativamente en su padecer.
Aclaran que el XXX es un establecimiento privado que brinda servicio de enseñanza del Idioma y Cultura XXX, por el cual se abona un precio. Que se encuentra ubicado en la localidad de XXX que es un pueblo de unos 5.000 habitantes, que recibe gran cantidad de turistas, por lo que cuenta con numerosos servicios de alojamiento. Que la mamá de L., tiene intenciones de alojarse en el mismo campus abonando el servicio correspondiente o bien en algún otro alojamiento cercano al predio. (...)
Asimismo, acompañan instructivo de uso del medicamento (...) que utiliza L. cuando ella presiente que puede tener una crisis (aura), donde se puede observar que su suministro es sumamente simple y que no necesita asistencia de terceros para su utilización, reiterando que, como lo explicó la neuróloga tratante, el (...) permite controlar la crisis y disminuir su duración, sin asistencia médica -pág. 26 de la Documental Parte 2-.
En cuanto a los fundamentos que esgrimen, invocan la diversa documentación emitida por los distintos profesionales, a saber: razones médicas expresamente indicadas por la médica neuróloga tratante Dra. V.G.R.; razones psicológicas expresamente indicadas por la psicóloga tratante Lic. J.L.; razones sociales y ocupacionales expresamente indicadas por la Lic. en Terapia Ocupacional tratante J.V.S.; y razones pedagógicas expresamente señaladas por la Psicopedagoga tratante K.D..
Finalmente invocan numerosa normativa que consideran aplicable a su caso; hacen reserva del caso federal; refieren al cumplimiento de los presupuestos legales de la vía incoada; realizan juramento denegatorio; acompañan documental y ofrecen prueba; y solicitan por último haga lugar a la presente demanda con costas.
2.- Entendiendo en principio que la demanda incoada cumple con los requisitos de admisibilidad legalmente establecidos, en fecha 03/04/2026 se dispone librar el mandamiento previsto en el artículo 8º de la Ley 8369.
3.- Consecuentemente, en fecha 06/04/2026 se presenta a juicio el Dr. Luis Emanuel ASCUA, representante legal de la XXX demandada, entidad titular del COLEGIO X.X.X., en mérito al Poder General acompañado, produce el informe requerido e interesa el rechazo de la acción, con costas a la contraria.
Manifiesta en primer lugar que en el escrito de demanda no se menciona que en fecha 09/03/2026 los amparistas iniciaron un trámite administrativo por ante el Consejo General de Educación de Entre Ríos, Expediente Nº XXXX, el cual se encuentra en Vocalía del organismo, por el cual denunciaron al Colegio X.X.X. por discriminación y vulneración de derechos y solicitaron que se autorice a realizar el viaje. (...)
Refiere seguidamente que su representada es titular del Colegio X.X.X., al cual concurre la menor L.P., hija de los accionantes, quien se encuentra cursando el último año del nivel secundario. Que en dicho ciclo lectivo los alumnos realizan un viaje estudiantil a la República de XXX, de cuatro semanas de duración, planificado para realizarse en el mes de Agosto de 2026, siendo el objetivo del mismo que los alumnos puedan profundizar su conocimiento del idioma XXX, conocer el país a través de visitas guiadas, conocer la cultura en sus distintas manifestaciones y realizar actividades recreativas.
Cuenta que durante la estadía, los alumnos se alojan en XXXX, ubicado en XXX, en una escuela de idioma XXX  para extranjeros fundada en 1990, que cuenta con departamentos para que se alojen estudiantes de distintos países que llegan hasta allí a fines de estudiar el idioma XXX, la cultura y recorrer el país. Que Sociedad XXX de Paraná tiene un acuerdo con XXXX, no escrito, para los alumnos que realizan el viaje, quienes van acompañados por un representante del Colegio X.X.X..
Aclara que el Colegio X.X.X. coordina el viaje estudiantil, reconoce los días que los alumnos se encuentran en XXX como días de cursado y realiza todas las gestiones para la reserva en XXXX, incluso con una tarifa diferenciada -más baja- para los alumnos del Colegio, pero las prestaciones en el extranjero son brindadas por XXXX en lo que comprende el paquete adquirido por los progenitores para sus hijos, así como traslados por cualquier medio y demás prestaciones. Que el costo total del viaje es asumido por la familia de cada alumno, lo que incluye, entre otras cosas, pasajes aéreos, estadía en XXXX, comidas, traslados, recreación, seguro de asistencia al viajero, etc.  XXX asume únicamente el costo del viaje para la persona que concurre en representación de la institución, lo que es requerido obligatoriamente por XXXX.
Afirma que todas las prestaciones durante el viaje son por completo ajenas a  XXX, por cuanto los alumnos contratan el paquete que ofrece  XXXX directamente con dicha entidad, entre los que cuenta el curso de idioma, alojamiento, algunos traslados y excursiones, y lo que no incluye el paquete debe ser contratado por los alumnos de manera particular, y son los progenitores o representantes legales de los alumnos libres de decidir si realizar el viaje o no, en caso de ser esta última la decisión, los alumnos que no viajan deben concurrir normalmente al Colegio a clases.
Sostiene que el campus se encuentra ubicado en XXX, una localidad ubicada en la provincia de XXX, región de las XXX, que no cuenta en sus instalaciones con elementos de asistencia en caso de emergencia, no cuenta con personal capacitado para abordar y la localidad no tiene efectores de salud, por lo que en caso de requerir atención médica debe trasladarse hasta la localidad de XXX que se ubica unos quince (15) kilómetros al sur del campus, unos veinticinco (25) minutos en transporte vehicular hasta el hospital, y el campus no cuenta con vehículo a disposición de las personas que se alojan allí. Que desde el Colegio X.X.X., con ocho o diez meses de anticipación, se convoca a los padres o representantes legales de los alumnos a una reunión a fines de acercarles la propuesta del XXXX, costos, posibilidades de pago, requisitos y documentación necesaria para gestionar la reserva en el campus, etc.
Reconoce que la menor P. presenta epilepsia focal sintomática asociada a un trastorno cognitivo leve, que cuenta con certificado único de discapacidad vigente, pero expresa que lo que la demandada evita por completo decir es que la alumna P., debido a las crisis que presenta producto de la epilepsia focal, requiere de atención médica cada vez que presenta una, e incluso debe ser internada si la misma es grave.
(...) Continuando con el relato cronológico, manifiesta que en fecha 07/08/2025 se remitió correo electrónico a los padres de los alumnos, con la propuesta de XXXX y se convocó a la primera reunión con motivo del viaje a llevarse a cabo el 14/08/2025. En fecha 08/09/2025 se convocó a la segunda reunión informativa que se desarrolló el 30/09/2025 con los progenitores y representantes legales de los alumnos. Que posteriormente se convocó a reunión a los amparistas para notificar fehacientemente la decisión adoptada respecto a la participación de su hija L. en el viaje de estudios con destino XXX a realizarse en Agosto de 2026, reunión que se llevó a cabo el 06 de noviembre de 2025. Allí, las autoridades del Colegio, Rectora, Secretaría, Psicóloga y Psicopedagoga de la institución, habiendo previamente evaluado exhaustivamente la situación de la alumna L. P. y habiendo realizado la consulta con el administrador de XXXX, comunicaron a los padres la decisión de que la menor no podría tomar parte en el viaje dado que por su condición de salud no existía la posibilidad de contar con los medios de auxilio necesarios en caso de que presentara una crisis.
(...) Que no obstante que la decisión adoptada fue definitiva, los progenitores de la menor, hoy amparistas, solicitaron incorporar un informe de la neuróloga R. para ver si se podía reconsiderar la situación, (...).
Recalca en otro párrafo que el Colegio dió respuesta mediante su apoderado legal en fecha 03/03/2026, mediante la plataforma XXXXXX, en los siguientes términos: "(....) Al respecto se ratifica la decisión adoptada e informada oportunamente en fecha 06/11/2025 en la reunión llevada a cabo y de la cual se labró acta. Es decir, el Colegio resuelve que la alumna L. P. no puede participar del viaje a XXX organizado por la institución y programado para el mes de Agosto de 2026 La decisión adoptada por las autoridades del Colegio se funda en estrictos criterios de seguridad y resguardo de la integridad física, la salud y la vida de L., no se trata de una decisión arbitraria, que trasciende criterios estrictamente médicos y que en modo alguno puede ser considerado un acto discriminatorio o que vulnere el principio de igualdad jurídica o que cause un perjuicio a L., por el contrario, la decisión se funda en circunstancias objetivas que impiden garantizar el completo bienestar psicofísico de L. durante la realización del viaje, como así tampoco una atención inmediata en caso de sufrir una crisis. ...(..)".
Explica que incluso lo planteado por los amparistas respecto de que la menor realice el viaje acompañada por su madre, desde XXXX no admiten la estadía en las instalaciones de personas que no sean los estudiantes que adquieren el paquete y el representante de la institución, por lo que sostiene no sería una alternativa viable lo propuesto, esto por supuesto sin perjuicio de la decisión adoptada por el Colegio en fecha 06/11/2025.
Precisa que en fecha 04/03/2026 los amparistas remitieron, a través de plataforma XXXXX, presentación en términos idénticos a la de fecha 02/03/2026, la que fue objeto de respuesta mediante nota de fecha 06/03/2026, a través de la plataforma XXXXXX: "(...) ratificamos íntegramente el acta labrada con motivo de la reunión de fecha 06/11/2025 y la respuesta dada a su presentación de fecha 02/03/2026, por los motivos allí expuestos, y asimismo lamentamos que la decisión adoptada no sea comprendida de acuerdo a lo que oportunamente se expresara.-(..)".
Destaca que frente a la situación planteada, entendiendo evidente que los amparistas habían decidido desconocer la decisión adoptada por el Colegio a principios de Noviembre de 2025, y que alega fue aceptada y consentida por ellos, tomaron la decisión de realizar una presentación y generar un trámite administrativo por ante el Consejo General de Educación, autoridad de aplicación en materia de educación, poniendo al organismo en conocimiento de la situación y solicitando informe de su competencia y que se sirva adoptar todas las medidas que estime conducentes y necesarias sobre el asunto llevado a su conocimiento, teniendo presente la decisión adoptada por el Colegio en el mes de Noviembre de 06/11/2025 en la reunión mantenida con los amparistas. (...).
Precisa que el trámite administrativo ante el C.G.E. fue iniciado en fecha 06/03/2026, tramita bajo número XXX, que en realidad corresponde a la presentación realizada por los amparistas en fecha 09/03/2026, al cual se agregó la presentación realizada por esa parte, cuando entiende que hubiera correspondido que se asignara número de expediente a la presentación realizada por XXX y en todo caso agregar la presentación de los amparistas por ser posterior. No obstante, sostiene que ello no modifica la causa evidente de inadmisibilidad del amparo por existir un trámite administrativo pendiente de resolución encontrándose actualmente en Vocalía del organismo de acuerdo al listado de movimientos que adjunta.
Cuenta que desde la Dirección de Educación Privada del C.G.E. se convocó informalmente a las partes a dialogar y a tratar de encontrar posibles soluciones al diferendo, como previo a emitir resolución sobre el asunto. Que los amparistas desde el inicio del trámite administrativo se encuentran en conocimiento del mismo, incluso habiendo sido informalmente convocados a dialogar por parte de las autoridades, y que no obstante tomaron la decisión de interponer un amparo que, a su juicio, a todas luces no solo es improcedente sino que es manifiestamente inadmisible, no solo por la inexistencia de un acto de parte de XXX que lesione derechos o garantías constitucionales de la menor P. sino que además existe un trámite administrativo sobre el mismo asunto pendiente de resolución.
(...) Alude a la responsabilidad objetiva agravada de los titulares de los establecimientos educativos privados o particulares, fundada en la garantía de indemnidad que debe brindar el titular del establecimiento educativo a los menores que concurren a aprender, quienes únicamente se exoneran de responsabilidad acreditando el caso fortuito o fuerza mayor, es decir un hecho que no ha podido ser previsto, o que, previsto, no pudo evitarse (art. 1730 CCC). Es decir que no se puede eximir de responsabilidad acreditando el hecho del propio damnificado o el hecho de un tercero, inclusive no podrá invocar el caso fortuito cuando constituya una contingencia propia de la actividad que desarrolla (art. 1733 inciso e) del CCC).
Hace alusión al marco normativo dentro del cual se adoptó la decisión por parte de las autoridades del Colegio, refiriendo a la Resolución Nº 4533 CGE que aprueba el reglamento para la realización de actividades de Experiencias Directas, Paseos, Excursiones, Torneo, Encuentros Deportivos, Encuentros Culturales, Actividades Acuáticas y Campamentos Educativos.
Arguye que, aún cuando se considerase que el accionar de XXX vulneraría algún derecho constitucionalmente garantizado, lo que sostiene descarta de plano y admite exclusivamente a título de hipótesis para desarrollar el argumento, si por vía del amparo se cuestiona livianamente la validez de un acto de una autoridad escolar fundada en razones de seguridad y protección de una alumna, la acción está indiscutiblemente alcanzada por el supuesto de inadmisibilidad previsto en el art. 3, inc. a) de la ley 8369, ya que el debate propuesto amerita decididamente una vía de conocimiento más amplia, más aun cuando no se brindan puntuales razones que exhiban se encuentren vedadas otras vías.
Funda la ilegitimidad de la vía incoada; cita normativa y jurisprudencia que considera fundamento de su defensa; impugna documental de la actora; acompaña documental y ofrece prueba; hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la demanda, con imposición de costas a la actora.
4.- En fecha 06/04/2026 se presentan los amparistas y se expresan en relación al informe presentado por la demandada.
5.- En fecha 07/04/2026 se presenta el representante legal de la accionada e impugna la presentación ut supra referida, realizada por la parte accionante.
6.- Habiéndose corrido vista al Ministerio Público de la Defensa a fin de que se expida, se presenta el Dr. Daniel E. COTTONARO, Defensor Público N° 3 de esta circunscripción judicial, contestando la vista ordenada.
Luego de sintetizar los extremos de la litis, estima procedente dar intervención al Médico Forense para que se expida sobre si la adolescente L. P. puede realizar un viaje al extranjero teniendo en cuenta su cuadro de salud actual, si ello conlleva un riesgo específico y qué recaudos deberían tomarse en tal sentido, como así también respecto de la sugerencia de que sea acompañada por algún representante de su familia, solicitando además consigne cualquier otro dato médico o de su incumbencia que considere pertinente.
7.- Que habiendo dispuesto abrir a prueba el presente ordené dar intervención al Dpto. Médico Forense del S.T.J., a efectos de que el profesional en turno se expida sobre si la adolescente L.P. puede realizar un viaje al extranjero teniendo en cuenta su cuadro de salud actual, si ello conlleva un riesgo específico y qué recaudos deberían tomarse en tal sentido, en los términos sugeridos por el Defensor Público Dr. Daniel Cottonaro. Asimismo dispuse librar oficio al Consejo General de Educación de Entre Ríos a fin de que, por la oficina o dependencia que corresponda, informe si la  XXX, en carácter de titular de Colegio X.X.X., de esta ciudad, realizó alguna presentación ante dicho Organismo en relación a la decisión adoptada respecto de la menor L.P., DNI N° XX.XXXX.XXX, debiendo en su caso informar fecha de presentación, número de expediente y carátula asignado al mismo, como así también estado de tramitación actual con indicación de la totalidad de fojas y movimientos del mismo.
8.- En fecha 10/04/2026, contestando la vista corrida, se presenta el Dr. Andrés NAJMAN, Médico del Trabajo Suplente, Especialista en Psiquiatría, del Poder Judicial de Entre Ríos, quien reseña los antecedentes de interés y señala que: "L. presenta un diagnóstico de epilepsia focal refractaria sintomática asociada a trastorno cognitivo leve, bajo seguimiento desde los 5 años. Actualmente estable en su cuadro de base con: (...)"; refiriendo asimismo que "Consta en documental aportada informes de su equipo tratante, dentro de ellos uno emitido con fecha 25-03-2026 de Dra. V.G.R. (Neuróloga infantil tratante) donde consta esquema farmacológico mencionado e informa que L. está estable y puede realizar viajes al extranjero, siguiendo las indicaciones médicas que tiene desde los 5 años. (..)".
Formula, como conclusiones médico legales, las siguientes, a saber: "La epilepsia focal está caracterizada por descargas eléctricas anormales y excesivas que se originan en una red neuronal limitada a un solo hemisferio cerebral. A diferencia de las crisis generalizadas, donde la actividad eléctrica afecta a ambos hemisferios desde el inicio, el inicio focal permite identificar una "zona epileptogénica" específica".
Dando respuesta por último a lo peticionado, dictamina que: "Ni la epilepsia ni el trastorno cognitivo leve son impedimentos para viajar, pudiendo la misma realizar viaje al extranjero programado, no siendo esto un riesgo para su cuadro de base. Se dictamina que ni la epilepsia ni el trastorno cognitivo leve constituyen un impedimento para el traslado. El viaje al extranjero programado no representa un riesgo incremental para su cuadro de base, siempre que se cumplan las pautas médicas establecidas. Sugerencia, portar documentación médica esencial, certificado médico actualizado que incluya diagnóstico exacto, tipo de crisis, medicación actual y dosis, recetas originales, certificado de discapacidad original, medicación suficiente para toda la estadía y un excedente en caso contingencias con el transporte (retraso o pérdida de vuelo). Tener en cuenta el cambio de uso horario y ajustar dosis para que el fármaco mantenga un nivel plasmático estable en sangre. Seguro viajero: contratar un seguro que cubra preexistencias médicas (...). Se destaca que, conforme surge de la documentación obrante en autos, la menor realizará el traslado bajo la supervisión constante de un familiar responsable, lo cual garantiza el cumplimiento del esquema terapéutico y la asistencia inmediata ante eventuales contingencias".
9.- En fecha 10/04/2026 el CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE ENTRE RÍOS, dando respuesta al oficio que se le librara, remite documental e informa que no se registra presentación por ante ese Organismo por parte de la demandada, y que sí existen actuaciones administrativas relacionadas con las presentes -Expte. XXX-, iniciadas por los padres de L.P. en fecha 09/03/2026, con ubicación actual ante los Vocales de ese C.G.E., dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la Provincia, desde el 09/04/2026.
10.- En fecha 13/04/2026 dispuse correr nueva vista al Ministerio Público de la Defensa, a los fines oportunamente ordenados.
11.- En igual fecha luce nueva presentación del representante legal de la accionada, Dr. Luis Emanuel ASCUA, quien en relación al informe producido por el Consejo General de Educación de Entre Ríos aclara que la presentación realizada por XXX en fecha 06/03/2026 obra agregada a fs. 52/53 del Expte. Nº XXX, que la misma fue recepcionada por la Dirección de Educación de Gestión Privada del C.G.E., por lo que sostiene resulta lógico que si al informe lo produjo la Mesa Gral. de Entradas del organismo no exista constancia de la misma, aclarando que la presentación fue recepcionada por la Dirección de Educación de Gestión Privada del C.G.E., ante la negativa de la Mesa Gral. de Entradas a recibirlo.
12.- En fecha 16/04/2026 se presenta el Dr. Daniel E. COTTONARO, Defensor Público N° 3, quien luego de analizar las constancias obrantes en los presentes actuados, concluye que el Mandato Constitucional impone la satisfacción integral del interés superior del NNA, lo cual aplicado en el caso traído a resolver se obtiene ineludiblemente ORDENANDO a la XXX que AUTORICE a participar a la adolescente L.P. del viaje final de estudio de sexto año del nivel secundario a realizarse en XXX en Agosto de 2026.
Que más allá de ello y a los fines de contar con los resguardos necesarios durante la estadía en XXX, estima procedente contratar en favor de L. un seguro de asistencia al viajero que cubra preexistencias médicas (...)  y que el viaje se realice con la compañia de un familiar responsable, a los fines de garantizar de esta manera el cumplimiento del esquema terapéutico y la asistencia inmediata ante eventuales contingencias.
Entiende asimismo conveniente se alquile por parte del familiar que acompañe a la adolescente un vehiculo automotor en una agencia habilitada a tal efecto, con el objetivo de efectivizar cualquier traslado del campus al establecimiento de salud más cercano, en caso de que asi sea necesario.
Finalmente sugiere que disponga publicar el fallo -con los debidos resguardos por encontrarse involucrados los derechos de una adolescente- en el portal web del Poder Judicial de Entre Ríos, a fines de visibilizar la conducta antijuridica ejercida por el establecimiento escolar y prevenir futuros actos discriminatorios en similares términos a los aquí planteados.
13.- Sintetizadas que fueran las posiciones de las partes al igual que lo dictaminado por el representante del Ministerio Público de la Defensa, en estado de resolver, anticipo desde ya mi postura favorable a la procedencia de esta acción de amparo, la que entiendo resulta formal y sustancialmente admisible, al encuadrar el caso planteado en lo dispuesto en los arts. 1 y 2 de la Ley de Procedimientos Constitucionales N° 8369.
En efecto, el objeto de la presente acción se centra en que ordene a la  XXX XX en su carácter de entidad titular del COLEGIO X.X.X. de la ciudad de Paraná, autorice a L. P. -hija menor de edad con discapacidad de los accionantes y alumna de ese Establecimiento educativo demandado- a participar del viaje final de estudio de sexto año del nivel secundario, que se realizará en XXX en el mes de Agosto de 2026, y cese de manera inmediata con sus actos discriminatorios hacia la misma por padecer Epilepsia, conforme lo autorizan la médica Neuróloga Infantil, psicóloga, psicopedagoga y terapista de sexto año del nivel secundario, que se realizará en XXX en el mes de Agosto de 2026, y cese de manera inmediata con sus actos discriminatorios hacia la misma por padecer Epilepsia, conforme lo autorizan la médica Neuróloga Infantil, psicóloga, psicopedagoga y terapista ocupacional tratantes.
Acompañaron los actores para fundar su petición prueba documental -la que se agregó a los presentes- de la que surge la discapacidad que padece su hija L. P. -epilepsia focal sintomática asociada a un trastorno cognitivo leve-, las prestaciones que requiere -rehabilitación, prestaciones educativas (Inicial /EGB), servicio de apoyo a la integración escolar-, el tratamiento que recibe y esquema terapéutico con que se trata su enfermedad, como así también que no tiene ninguna contraindicación para viajar, inclusive al exterior, en compañía de su familia, y tomando todos los recaudos necesarios. Todo ello lo acreditan con el Certificado de Discapacidad emitido por la Junta Evaluadora de Discapacidad -con última renovación el 15/11/2024-, y con los informes médicos extendidos por las profesionales de la salud que tratan a L., a saber: la médica especialista en neurólogía infantil Dra. V.G.R., la psicóloga J.L. (MP XX), la psicopedagoga K.D. (MP XX), y la terapista ocupacional J.V.S. (MP XX).
Siendo así, entiendo que los accionantes se encuentran legitimados para promover la presente acción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1° de la LPC; ya que, dadas las características del reclamo deducido, considero que se verifican los extremos de admisibilidad previstos en el art. 3° de la Ley 8.369, y toda vez que se invocan vulnerados derechos constitucionales, a la igualdad y a la no exclusión por razones de salud, a través de una conducta atribuible a la accionada que causa un daño moral por discriminación a la hija con discapacidad de los actores L. P..
En efecto, los arts. 43 de la Constitución Nacional y 56 de la Constitución Provincial habilitan la promoción de la acción de amparo, al estarse frente a una clara, expresa y concreta negativa de la accionada, XXX  en su carácter de entidad titular del COLEGIO XXX de Paraná, a autorizar a su alumna con discapacidad L. P., a participar del viaje final de estudio a realizarse en XXX en Agosto del corriente año, y ello pese a que la misma no cuenta, conforme al criterio médico de los profesionales de la salud tratantes, con ninguna contraindicación para viajar, tomando todos los recaudos necesarios. Ante tal conducta, que vulnera los derechos que le asisten a una persona menor de edad y con discapacidad, como lo es la hija de los amparistas, no se necesita agotar ninguna instancia administrativa.
La CSJN ha dicho que "Cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional"(Fallos: 324:122; 327:5210).
En sentido similar se ha pronunciado el STJER, señalando que: "Aún cuando la ley local supedita la admisibilidad del amparo a la inexistencia de "otros procedimientos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía de que se trate" (art.3º inciso a) de la Ley 8369), es la misma norma la que condiciona la subordinación o la alternativa de su procedencia a la constatación de la manifiesta eficacia o suficiencia de las otras vías para la protección del derecho conculcado, conforme a las circunstancias del caso, lo cuál ha sido reiteradamente entendido por este Tribunal en el sentido de que la existencia de vías procedimentales ordinarias sólo desbaratan la posibilidad de acceder al procedimiento de amparo si se comprueban idóneas para brindar, según las circunstancias concretas del caso, una adecuada, total y oportuna reparación del derecho cuya conculcación se denuncia" (cfr. SCPA01 146 S 6-3-1995, Voto del Sr. Vocal Dr. Daniel CARUBIA, en la causa: "GARELLI, RAUL MARTIN y OTROS c/CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE RIOS s/AMPARO").
Por lo expuesto, el presente procedimiento, cuyo trámite se encuentra establecido en los arts. 1º y 2º de la Ley Nº 8.369 y su modif. N° 10704, aparece como el único medio adecuado para que los amparistas obtengan la satisfacción de su pretensión, imponiéndose la vía escogida como la más idónea para la protección de los derechos que aparecen vulnerados, siendo estos derechos esenciales de su hija L., quien, como adolescente con discapacidad, goza de una doble protección legal, de conformidad a los arts. 33, 43 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 14, 33, 36, 43; art. 5.1. y 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 3 y 23 la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre Derechos de las personas con Discapacidad -que goza de jerarquía constitucional conforme Ley N° 27044-; la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; las Observaciones Generales Nº 9/2006 y 14/2013 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; la Ley Nacional N° 26061 y la Ley Provincial N° 9861.
14.- Afirmada por tanto la admisibilidad de la acción, ingresando ahora al tratamiento de la cuestión de fondo, corresponde poner de manifiesto que en el presente no se encuentran controvertidos -ya que no fueron negados por la accionada- que L.P. padece de la enfermedad de epilepsia focal sintomática asociada a un trastorno cognitivo leve, y que cuenta con certificado único de discapacidad vigente.
Tampoco ha sido controvertido que L. es alumna regular del COLEGIO X.X.X. de la ciudad de Paraná, cuya entidad titular es la XXX, y que cursa el sexto año del nivel secundario.
No existe de igual modo controversia respecto a que el viaje final de estudio de dicho curso se realizará en XXX en Agosto del corriente año; que se alojarán en la institución o predio denominado XXXX, ubicado en XXXXX, de la localidad de XXXX, provincia de XXX, región de XXX; y que, pese a que solicitaron los amparistas que se autorice a su hija L. a participar de dicho viaje, la accionada no otorgó autorización para ello.
Los amparistas expresan que la respuesta negativa brindada por la accionada contradice de manera arbitraria al criterio médico emitido por la médica tratante de su hija, Dra.V.G. R., especialista en neurología infantil, que sostiene que L. no tiene ninguna contraindicación para viajar, inclusive al exterior, en compañía de su familia y tomando todos los recaudos necesarios; entendiendo por ello que se ven vulnerados los derechos a la igualdad y a la no exclusión por razones de salud de su hija.
La accionada, por su parte, sostiene que no están dadas las condiciones de seguridad y resguardo de la integridad física de la menor, dado que afirma que el campus donde se alojarán no cuenta en sus instalaciones con elementos de asistencia en caso de emergencia, tampoco con personal capacitado para abordar, y que la localidad donde dicho campus se encuentra no tiene efectores de salud, por lo que en caso de requerir la hija de los amparistas atención médica debe trasladarse hasta la localidad de C., ubicada a aproximadamente 15 kilómetros al sur del campus y a unos 25 minutos en transporte vehicular hasta el hospital. Además agrega que el campus no cuenta con vehículo a disposición de las personas allí alojadas, y que debido a las crisis que presenta L. P., producto de la epilepsia focal, requiere de atención médica cada vez que presenta una, e incluso debe ser internada si la misma es grave.
15.- Delimitado entonces el objeto de la controversia, luego de analizar la prueba documental obrante en la causa, las razones esgrimidas por los amparistas para fundar su pretensión, lo expresado por la demandada en pro del rechazo de la acción, y lo dictaminado tanto por el representante del Ministerio Público de la Defensa, como por el médico forense a quien confiriera vista, considero que lo solicitado en este proceso resulta, además de razonable, ajustado a la legislación vigente en la materia, y ello ante la negativa por parte de la institución educativa demandada a autorizar a su alumna L.P. a participar del viaje de sexto año previsto para el mes de Agosto de este año; decisión ésta que entiendo resulta arbitraria y discriminatoria, ya que la excluye, dándole un tratamiento diferente al que se diera al resto de los alumnos y alumnas que tomarán parte de dicho viaje, únicamente por la discapacidad que padece, conculcando de tal manera los derechos que le asisten a L. como adolescente con discapacidad.
En efecto, de los informes elaborados por la médica tratante de L., la especialista en neurología infantil Dra.V.G.R., que se acompañaran como prueba con la demanda, se desprende que la hija de los amparistas padece de una enfermedad crónica -para la cual cuenta con el tratamiento terapéutico correspondiente- que tanto ella como su familia saben manejar. Surge también de lo informado por la neuróloga tratante que L. es una adolescente que tiene autonomía funcional en la vida diaria, y que no tiene ninguna contraindicación para viajar, inclusive al exterior, en compañía de su familia y tomando todos los recaudos necesarios para ello.
De especial relevancia resulta, además, el dictamen del médico forense Dr. Andrés NAJMAN, quien tras analizar los antecedentes médicos de L. obrantes en la causa, abonando lo informado por la médica tratante, concluye que: "Ni la epilepsia ni el trastorno cognitivo leve son impedimentos para viajar, pudiendo la misma realizar viaje al extranjero programado, no siendo esto un riesgo para su cuadro de base. Se dictamina que ni la epilepsia ni el trastorno cognitivo leve constituyen un impedimento para el traslado. El viaje al extranjero programado no representa un riesgo incremental para su cuadro de base, siempre que se cumplan las pautas médicas establecidas"; sugiriendo que deba "portar documentación médica esencial, certificado médico actualizado que incluya diagnóstico exacto, tipo de crisis, medicación actual y dosis, recetas originales, certificado de discapacidad original, medicación suficiente para toda la estadía y un excedente en caso contingencias con el transporte (retraso o pérdida de vuelo)". Asimismo recomienda que se tenga en cuenta "el cambio de uso horario y ajustar dosis para que el fármaco mantenga un nivel plasmático estable en sangre. Seguro viajero: contratar un seguro que cubra preexistencias médicas (...)"; y destaca que, conforme surge de la documentación obrante en autos, la menor realizará el traslado bajo la supervisión constante de un familiar responsable, lo cual garantiza el cumplimiento del esquema terapéutico y la asistencia inmediata ante eventuales contingencias.
Tal como lo sostiene la CSJN, debe tenerse en cuenta que el Cuerpo Médico Forense es uno de los auxiliares de la justicia y cuyo asesoramiento pueden requerir los magistrados cuando circunstancias particulares del caso así lo hagan necesario, que su informe no es sólo el de un perito, ya que se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas (Fallos 299:265; 319:103; 327:1146).
Por otra parte, y como bien lo señala el representante del Ministerio Público de la Defensa, la conducta claramente discriminatoria asumida por la accionada para con su alumna L. P. se patentiza en la circunstancia de que se pondere como un impedimento para que la misma pueda participar del viaje el hecho de que el campus en el cual se alojarán se encuentre ubicado a una distancia aproximada de 15 kilómetros del centro de salud más cercano, lo que en modo alguno fue tenido en cuenta o ponderado al momento de decidir que los demás alumnos y alumnas que realizarán el viaje se alojen en dicha institución, evidenciando ello, en suma, un tratamiento diferenciado y una exclusión intolerable, ya que aparece únicamente motivada en la discapacidad que L. padece.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige considerar a las personas con discapacidad no como sujetos de mera asistencia, sino como titulares de derechos que deben ser respetados, aludiendo -en su art. 7º- expresamente a los niños y niñas con discapacidad, imponiendo a los Estados Parte el deber de tomar todas la medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, remitiendo a su vez al interés superior del niño, en su párrafo segundo, al indicar que "en todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del Niño".
También la Convención Internacional de Derechos del Niño tiene como principio rector el interés superior del niño, al cual hace mención en su art. 3°, apartado 1°. En dicho precepto, se estipula que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen todas las instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Dicha Convención contiene, además, normas específicas referidas a los niños con capacidades diferentes y a la cuestión de la salud, tales como el art. 23, apartado 1° que establece que “Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse por sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad”. A su vez, el art. 24, párrafo 1°, impone al Estado Argentino (como suscribiente de la Convención) el reconocimiento del derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que la Argentina aprobara por Ley N° 25.280 sancionada el 6/07/2000, en su artículo I.2.a) define el término "discriminación contra las personas con discapacidad" como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. A su vez, en su artículo III, párrafo 1.a) establece entre los compromisos que asumen los Estados parte para lograr los objetivos de la Convención el de "Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración".
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y promueve la inclusión y protección de sus derechos, en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de la Argentina, aprobadas en su 646ª sesión, celebrada el 22/03/2022, señaló -en su título III apartado B), relativo a los Derechos específicos (arts. 5 a 30), Igualdad y no discriminación (art. 5)- como principales motivos de preocupación: "a) Que la Ley núm. 23.592 contra actos discriminatorios, de 1988, no reconozca las formas múltiples e interseccionales de discriminación ni la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación por motivos de discapacidad; b) El aumento de la discriminación, destacando la discapacidad como uno de los primeros motivos discriminación, conforme al Mapa Nacional de la Discriminación; c) La falta de un plan nacional contra la discriminación con perspectiva de discapacidad que aborde la situación de las personas con discapacidad que experimentan formas múltiples e interseccionales de discriminación, incluidas las personas indígenas con discapacidad; d) La falta de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad". Asimismo, y en consonancia con su observación general núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación, recomendó a nuestro país, como Estado parte, que: " a) Promulgue una nueva legislación contra la discriminación que incorpore las formas múltiples e interseccionales de discriminación, incluida la discriminación a las personas indígenas, el concepto de ajustes razonables en los distintos ámbitos y que reconozca la denegación de ajustes razonables como discriminación por motivos de discapacidad; b) Incremente las acciones para prevenir y eliminar las barreras que causan discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad, incluida la provisión individual de ajustes razonables en todos los ámbitos de la vida, tanto en la esfera privada como en la pública; c) Apruebe el plan nacional contra la discriminación y asegure que dicho plan incluya la situación de las personas con discapacidad que enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación; incluidos los niños y las niñas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, las personas LGBTQI+ con discapacidad, las personas indígenas con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, las personas sordociegas y las personas migrantes con discapacidad, incluyendo a quienes viven en zonas rurales; d) Establezca mecanismos accesibles y eficaces, incluyendo procedimientos judiciales y administrativos, para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad, y garantice que se les proporcione una reparación y se sancione a los autores". Particularmente, en relación a los niños y niñas con discapacidad, y haciendo referencia a su declaración conjunta con el Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos de los niños con discapacidad, recomendó a nuestro País que: "a) Incorpore la perspectiva de discapacidad en la Ley núm. 26.061 y en el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, con particular atención a los que se encuentran en zonas rurales y remotas; b) Implemente un plan para la inclusión de los niños y las niñas con discapacidad en la comunidad, incluyendo apoyo para sus familias, y fortalezca campañas que promuevan la adopción de dicho plan para evitar la institucionalización".
Amén de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en las Américas 2025 (OEA/Ser.L/V/II Doc. 1/25, 31 de enero de 2025), destacó la necesidad de transversalizar esfuerzos de visibilización de las personas con discapacidad como personas sujetas de derechos en todos los ámbitos legales y políticos, con el fin de superar los estereotipos socioculturales y garantizar una vida en condiciones de igualdad y no discriminación. Resaltó la importancia de eliminar ambigüedades legales y garantizar la accesibilidad para permitir el ejercicio pleno de derechos y la inclusión efectiva de estas personas en la sociedad. Destacó que los derechos de las personas con discapacidad guardan estrecha relación con la forma en que se ha definido la discapacidad; y que a partir de la evolución del paradigma histórico de la discapacidad, que ha dado lugar en la actualidad al denominado modelo social, se la define como resultado de las barreras de diversa índole en el entorno, que limitan o impiden la interacción entre las características individuales -tales como características físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales- y las condiciones del entorno físico, social, comunicacional, económico, político e institucional.
En dicho Informe se señaló también que el reconocimiento y aplicación del modelo social fue fortalecido con la aprobación -por Asamblea General de Naciones Unidas el 12/12/2006- de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual consagró los principios de respeto a la dignidad humana, igualdad y libertad personal, inclusión social, vida independiente, autonomía para tomar decisiones, no discriminación, accesibilidad universal, participación política y ciudadana, entre otros; definiéndose en el Preámbulo de la Convención -inciso e)- a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo se expresó que el modelo social ha desplazado el enfoque desde la persona hacia la sociedad, reconociendo que la discapacidad, al igual que la “normalidad”, son construcciones sociales y políticoideológicas que categorizan y suprimen la diferencia humana, perpetuando así estructuras de privilegio, poder, roles y jerarquías sociales. Se señaló que desde este modelo, al entender que la discapacidad no es el diagnóstico de una persona, ni sus características bio-psico-sociales o intelectuales, se entiende también que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas -como en el modelo de la prescindencia-, científicas -como en el modelo médico-; sino socioculturales. Que ello implica comprender que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de los seres humanos independientemente del diagnóstico médico que se les haya dado. Se expresó de igual modo que en este modelo se reconoce a las personas con discapacidad como seres humanos con plenos derechos, en igualdad básica con las demás personas, y que, sin embargo, se entiende que en algunos casos, podrían necesitar medidas específicas para acceder y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, destacando que esto busca disminuir la brecha de desigualdad que históricamente les ha afectado (cfr. www.cidh.org).
16.- En consideración a todo lo desarrollado, y por aplicación de la normativa legal y convencional asimismo anteriormente citada, solo cabe concluir que en el caso sometido a decisión la respuesta brindada por la accionada  XXX  en su carácter de entidad titular del COLEGIO X.X.X. de esta ciudad, a la solicitud que le realizaran los amparistas, resulta arbitraria e ilegítima, ya que, desatendiendo los informes y el criterio médico de la médica neuróloga tratante, al igual de los demás profesionales que atienden a L.P., que evaluaran que la misma no tiene ninguna contraindicación para viajar, decidió excluirla del viaje de fin de curso que realizarán los alumnos y alumnas de sexto año del nivel secundario de ese establecimiento -curso al que asiste L.-, contradiciendo así el plexo normativo aplicable al presente y afectando derechos constitucionalmente protegidos de la adolescente con discapacidad L.P., como son los derechos a la igualdad, a la educación e inclusión social, y a la no discriminación. Todo ello entiendo habilita la procedencia de esta acción, conforme lo establece el art. 1º de la Ley 8369.
En conclusión, por todo lo expuesto es que haré lugar a la acción de amparo promovida por la Sra. S.M.L.C. y el Sr. L.P., condenando por tanto a la  XXX, en su carácter de entidad titular del COLEGIO X.X.X. de la ciudad de Paraná, para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada AUTORICE a la hija de los amparistas L.P., DNI N° XXX, a participar del viaje final de estudio de sexto año del nivel secundario a realizarse en XXX en el mes de Agosto de 2026, y CESE de manera inmediata con sus actos discriminatorios hacia la misma por padecer Epilepsia, conforme lo autorizan la médica Neuróloga Infantil, psicóloga, psicopedagoga y terapista ocupacional tratantes.
17.- Por otra parte, y conforme a lo sugerido tanto por el Médico Forense Dr. Andrés NAJMAN como por el Defensor Público Dr. Daniel COTTONARO, de manera de garantizar la efectiva inclusión de L. P. y resguardar debidamente su salud, he de disponer también que la misma realice el viaje en compañía de alguno de sus progenitores; que se contrate en su favor un seguro de asistencia al viajero que cubra preexistencias médicas (...); y que deban portar la documentación médica esencial, a saber: el certificado médico actualizado que incluya diagnóstico exacto, tipo de crisis, medicación actual y dosis, las recetas originales, el correspondiente certificado de discapacidad original, y medicación suficiente para toda la estadía y un excedente para el caso de contingencias con el transporte (retraso o pérdida de los vuelos).
Asimismo, he de recomendar a los progenitores de L. que se tenga en cuenta el cambio de uso horario y ajustar dosis para que el fármaco que recibe mantenga un nivel plasmático estable en sangre; que durante el traslado esté bajo la supervisión constante del familiar responsable que la acompañe a fin de garantizar el cumplimiento del esquema terapéutico y la asistencia inmediata ante eventuales contingencias; y que se evalúe alquilar un vehículo automotor en una agencia habilitada a tal efecto, o bien contratar un servicio de taxi o similar, con el objetivo de efectivizar cualquier traslado del XXX al establecimiento de salud más cercano, en caso de que así sea necesario.
18.- Por último, conforme a lo sugerido de igual modo por el representante del Ministerio Público de la Defensa, una vez que la presente adquiera firmeza, he de disponer la publicación de esta sentencia, debidamente inicialada por encontrarse involucrados los derechos de una adolescente, en el portal web del Poder Judicial de Entre Ríos, a los efectos de visibilizar la conducta antijurídica ejercida por el establecimiento escolar y prevenir futuros actos discriminatorios en similares términos a los aquí planteados.
19.- En lo atinente a las costas, no existiendo razones que justifiquen apartarse de las normas generales que las rigen, deben ser soportadas por la parte vencida -art. 20 de la Ley Nº 8369-.
20.- Con relación a los honorarios a regularse, teniendo en cuenta la labor desarrollada, el resultado arribado, el valor de precedente o probable trascendencia social de la solución del caso, como así también la trascendencia social y moral que para las partes reviste la cuestión que se debatiera, estimo corresponde regular los honorarios profesionales de las Dras. María Noel CARGNEL y Cecilia PONS, y del Dr. Marcos Agustín PITA, patrocinantes de los amparistas, en la cantidad de XX juristas, los que a valor de XXX el jurista -art. 91 de la Ley N°7046 modif. por Ley 11.141-, arroja la suma total de $XXX, correspondiéndole la cantidad de $XXXX a cada uno de los referidos letrados, aclarando que los mismos no contienen el IVA; y los que se declara a cargo de la demandada vencida.
No corresponde regular honorarios profesionales al Dr. Luis Emanuel ASCUA, apoderado de la demandada, en virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la Ley Nº 7046.
Por lo que,
RESUELVO:
I.- HACER LUGAR a la ACCIÓN DE AMPARO promovida por la Sra. S.M.L.C. y el Sr. L.P., condenando en consecuencia a la XXX, en su carácter de entidad titular del COLEGIO X.X.X. de la ciudad de Paraná, para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada AUTORICE a la hija de los amparistas L.P., DNI N° XXX, a participar del viaje final de estudio de sexto año del nivel secundario a realizarse en XXX en el mes de Agosto de 2026, y CESE de manera inmediata con sus actos discriminatorios hacia la misma por padecer Epilepsia, conforme lo autorizan la médica Neuróloga Infantil, psicóloga, psicopedagoga y terapista ocupacional tratantes. A tal fin, librar el correspondiente mandamiento, con habilitación de día y hora.
II.- DISPONER que L.P., DNI N° XXX, realice el viaje en compañía de alguno de sus progenitores; que se contrate en su favor un seguro de asistencia al viajero que cubra preexistencias médicas (....); y que deban portar la documentación médica esencial, a saber: el certificado médico actualizado que incluya diagnóstico exacto, tipo de crisis, medicación actual y dosis, las recetas originales, el correspondiente certificado de discapacidad original, y medicación suficiente para toda la estadía y un excedente para el caso de contingencias con el transporte (retraso o pérdida de los vuelos); todo ello de conformidad a lo expresado en los considerandos precedentes.
III.- RECOMENDAR a los progenitores de L.P., que se tenga en cuenta el cambio de uso horario y ajustar dosis para que el fármaco que recibe mantenga un nivel plasmático estable en sangre; que durante el traslado esté bajo la supervisión constante del familiar responsable que la acompañe a fin de garantizar el cumplimiento del esquema terapéutico y la asistencia inmediata ante eventuales contingencias; y que se evalúe alquilar un vehículo automotor en una agencia habilitada a tal efecto, o bien contratar un servicio de taxi o similar, con el objetivo de efectivizar cualquier traslado del Campus al establecimiento de salud más cercano, en caso de que así sea necesario.
IV.- DISPONER, una vez que la presente adquiera firmeza, la publicación de esta sentencia, debidamente inicialada por encontrarse involucrados los derechos de una adolescente, en el portal web del Poder Judicial de Entre Ríos, a los efectos de visibilizar la conducta antijurídica ejercida por el establecimiento escolar y prevenir futuros actos discriminatorios en similares términos a los aquí planteados; ello conforme a lo sugerido por el Sr. Defensor Público Dr. Daniel E. COTTONARO.
V.- IMPONER las costas a la accionada vencida; art. 20 de la Ley Nº 8369.
VI.- REGULAR los honorarios profesionales de las Dras. María Noel CARGNEL y Cecilia PONS, y del Dr. Marcos Agustín PITA, patrocinantes de los amparistas, en la cantidad de XX juristas, los que a valor de $XXX el jurista -art. 91 de la Ley N°7046 modif. por Ley 11.141-, arroja la suma total de $XXX, correspondiéndole la cantidad de $XX a cada uno de los referidos letrados, aclarando que los mismos no contienen el IVA; y los que se declaran  a cargo de la demandada vencida.
VII.- NO REGULAR honorarios profesionales al Dr. LUIS EMANUEL ASCUA, apoderado de la demandada, en virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la Ley Nº 7046.
VIII.- REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y, en estado, ARCHÍVESE. Firmado: ELISA E. ZILLI -JUEZA DE GARANTÍAS N°6.-