AUTOS: "ILARRAZ, Justo José - Promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación s/RECURSO DE CASACIÓN", Expte. Nº 1185/18-Fº 179.-

SENTENCIA Nº 47.-
	En la Ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se reunieron los Sres. Vocales de la Cámara de Casación de Paraná, a los fines de deliberar y dictar sentencia en la causa Nº 1185/18-Fº179, caratulada "ILARRAZ, Justo José - Promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación s/RECURSO DE CASACIÓN".
	Habiendo sido oportunamente realizado el sorteo de ley, resultó que los vocales debían emitir su voto en el siguiente orden: Dres. ALEJANDRO J. CÁNEPA, DARDO O. TORTUL y CRISTINA L. VAN DEMBROUCKE.
	I- Recurrió en Casación el Dr. JORGE JOAQUÍN MUÑOZ, en su carácter de abogado defensor de Justo José Ilarraz.
	II- En la audiencia fijada oportunamente, intervinieron las siguientes partes: Dr. Jorge MUÑOZ por la defensa Técnica del imputado Justo José Ilarraz, los Representantes del Ministerio Público Fiscal, Dres. Alvaro PIEROLA y Francisco RAMIREZ MONTRUL, y los Querellantes, Dres. Marcos RODRIGUEZ ALLENDE, Victoria HALLE, Santiago HALLE, Lisandro AMAVET, Milton URRUTIA y Maria Alejandra PEREZ.
	III- Por sentencia de fecha veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho, la Excma. Sala Segunda de la Excma. Cámara Primera en lo Criminal de Paraná (en adelante: la "Sala"), conformada por los Vocales Dres. Alicia Cristina VIVIAN - quien ejerció la Presidencia- Gustavo PIMENTEL y María Carolina CASTAGNO, resolvió DECLARAR a Justo José ILARRAZ, de las demás condiciones personales consignadas en autos, AUTOR MATERIAL Y RESPONSABLE de los delitos de PROMOCIÓN A LA CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA POR SER ENCARGADO DE LA EDUCACION (art. 125 in fine del Cód. Penal - Ley 11.179) - Hechos Primero, Segundo; Cuarto; Quinto y Séptimo - y ABUSO DESHONESTO AGRAVADO POR SER ENCARGADO DE LA EDUCACION (art. 127 in fine, 119, 122 del Cód. Penal  Ley 11.179) - Hechos Tercero y Sexto -, en Concurso Real, en calidad de AUTOR y CONDENARLO A LA PENA DE VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO y ACCESORIAS LEGALES (arts. 5, 12, 55 y 45 del Cód. Penal  Ley 11.179 -).
	Se le había atribuido al imputado la comisión de los siguientes HECHOS: PRIMERO: "Que entre los meses de enero a diciembre del año 1991 desempeñándose como Prefecto del Seminario de esta ciudad de Paraná y a cargo de la educación del interno pupilo D. H. S., quien contaba en esa fecha con 15 años de edad, haber procedido a besarlo en la boca, efectuarle tocamientos en los genitales y hacérselo tocar, lavarle el pene, para luego intentar penetrarlo analmente, diciéndole que si lo penetraba no era pecado siempre que no hubiese derrame de líquido, en oportunidad que se encontraban a solas en la habitación que tenía asignada en el Seminario de esta ciudad de Paraná, por ser Prefecto de dicha institución"; SEGUNDO. "Que sin poder precisar fecha exacta, pero a mediados del año 1990, aprovechándose de su condición de prefecto del Seminario Menor de esta ciudad, y por tanto encargado de la educación de H. R. R., abusó sexualmente del mismo en forma reiterada, dirigiéndose hacia la cama en donde se encontraba dentro del pabellón en donde dormía junto al resto de los internos, acariciándolo en el rostro y besándolo en la boca. Que sin poder precisar fecha exacta, pero entre fines del año 1990 y en el transcurso del año 1991, siempre luego de las 22:30 horas, en forma reiterada y en oportunidad de que se encontraba a solas en su habitación con el menor H. R. R. con motivo de mantener una charla con el mismo por ser su guía espiritual, haber abusado sexualmente del nombrado, llevándolo al pasillo que unía su despacho con la habitación, acariciándolo en el rostro y tocándole sus partes íntimas por debajo de la ropa, momento en que le expresaba que mientras más se acercaba y quitaba las prendas de vestir mayor iba era la confianza entre ellos, diciéndole que no le contara lo sucedido, ni haga lo mismo con sus compañeros. Que sin poder precisar fecha exacta pero en el transcurso del año 1991 en horas de la siesta, luego de realizar una actividad deportiva, invitó al menor H. R. R. a su habitación y le pidió que se bañaran juntos, lo besó en la boca para luego masturbarlo, diciéndole que antes de terminar le avisara para evitar que eyacule. Que sin poder precisar fecha exacta, pero a mediados del año 1992, en horas de la noche, encontrándose en su habitación a solas con el menor H. R. R. y luego de mantener una charla con el mismo, haber abusado sexualmente del nombrado, llevándolo a su cama, quitándole la ropa y acariciándolo en sus partes íntimas, le tomó el pene y se lo introdujo en la boca, luego de lo cual le pidió que se diera vuelta e intentó penetrarlo". Actos todos que tienen una entidad suficiente para afectar el normal desarrollo sexual de la víctima"; TERCERO: "Que sin poder precisar fecha exacta, pero durante el transcurso del año 1988, siendo alrededor de las 11:30 y 01:00 horas, aprovechándose de su condición de prefecto del Seminario Menor de esta ciudad, y por tanto encargado de la educación de L. F. P. P. quien tenía 12 años de edad, abusó sexualmente del mismo en forma reiterada, dirigiéndose hacia su cama en donde se encontraba dentro del pabellón en donde dormía junto al resto de los internos, acariciándole el pecho con su mano, y rozándole los genitales con su codo. Que sin poder precisar fecha exacta, pero en el transcurso del año 1989, en dos oportunidades, a altas horas de la noche, se acercó a la cama en donde se encontraba acostado el interno pupilo L. F. P. P. quien tenía 13 años de edad, y abusó sexualmente del mismo, colocando su mano sobre su pecho y acariciándolo hasta llegar al abdomen, en tanto con su codo rozaba fuertemente los genitales del menor, y ante la negativa del mismo le susurro en el oído "F. no basta con ser bueno, tenés que ser muy bueno". Actos todos que tienen una entidad suficiente para afectar el normal desarrollo sexual de la víctima"; CUARTO: "Sin poder precisar fecha exacta, pero a mediados del año 1992, siendo alrededor de las 00:00 horas, aprovechándose de su condición de prefecto del Seminario Menor de esta ciudad, y por tanto encargado de la educación de M. C. M. H., quien tenía 13 años de edad, abusó sexualmente del mismo en forma reiterada, al dirigirse al pabellón en donde dormía el menor junto a los demás internos, y en la cama meterse debajo de las sábanas, acariciarle el vientre rozando el calzoncillo hasta llegar a excitarlo, momento en que le hablaba en el oído acerca de la amistad profunda que había entre ellos; luego le tocó los genitales, masturbándolo y lo besaba en el cuello, en el rostro y en la boca, sacando su lengua, le tomó la mano y se la llevó hasta sus genitales y comenzó a masturbarse, le pidió que lo besara y que sacara su lengua como él lo estaba haciendo; ante todo ello el menor eyaculó por lo que le tapó la boca para evitar que sea escuchado por sus otros compañeros, sacó su mano y le dijo "bueno te quiero mucho, esto queda entre nosotros", se levantó y se fue del lugar". "Sin poder precisar fecha exacta, pero a mediados del año 1992, siendo alrededor de las 00:00 horas, se dirigió al pabellón donde dormía M. C. M. H., se acercó a su cama y le dijo que lo esperara en el fondo; por lo que el menor se levantó y se dirigió hacia el baño que se encontraba al final del pabellón, junto a los lavaderos y los tendederos de ropa, y estando en su interior se hizo presente Ilarraz, quien lo colocó contra la pared y comenzó a besarlo en la boca, ante la resistencia del menor, siguió insistiendo de que fueran a la zona de las duchas de dicho baño, las que estaban frente a los bebederos y sin ninguna luz, pero como el menor se negó se retiró del lugar". "Sin poder precisar fecha exacta, pero a mediados del año 1992, siendo alrededor de las 16:00 horas, encontrándose el menor M. C. M. H. sentado en el escritorio de su habitación, luego de manifestarle que lo que pasaba entre ellos era normal, eran cosas de amigos, que entre amigos no había nada malo en demostrarse afecto y que besarse en la boca era una muestra de una amistad profunda, se acercó al mismo, lo abrazó y lo llevó hacia su cama, le pidió que se acostara, se acostó a su lado, y comenzó a acariciarlo en la zona del vientre, lo besó en la boca y le sacó la remera, momento en que le pedía que lo tocara a él también, continuó sacándose su ropa y la del niño y tocándole sus genitales, luego tomó la mano del mismo y la puso sobre su pene, ante lo cual H. eyaculó por lo que le dijo que se vistiera, lo llevó a la parte donde se encuentra el escritorio y le dijo "no hicimos nada malo". "Sin poder precisar fecha exacta, pero a mediados del año 1992, siendo alrededor de las 16:00 horas, en forma reiterada, luego de llamar al menor M. C. M. H. para que se dirigiera a su habitación, abusó sexualmente del mismo, llevándolo hacia la zona de su cama, se sacó su ropa y le sacó la ropa al niño, tomó su cabeza y se la llevó hacia sus genitales y lo forzó a que se metiera su pene en la boca, ante la resistencia que ofrecía el mismo y luego de que le dieran arcadas, le soltó la cabeza; luego le pidió que se acostara en su cama y se acostó junto a él, momento en que como el niño cerraba los ojos le pidió que lo mirara, que no tuviera vergüenza, luego comenzó a levantar su cuerpo hasta llegar con su pene a la mitad del cuerpo del menor, quien se dio vuelta contra la pared, por lo que comenzó a masturbarlo hasta que el mismo eyaculó, ante lo cual se enojó, se levantó y se vistió" Actos todos que tienen una entidad suficiente para afectar el normal desarrollo sexual de la víctima"; QUINTO: "Sin poder precisar fecha exacta, pero en el transcurso del año 1992, siendo alrededor de las 00:00 horas, aprovechándose de su condición de prefecto del Seminario Menor de esta ciudad, y por tanto encargado de la educación de D. A. C., quien tenía 15 años de edad, abusó sexualmente del mismo en forma reiterada, al dirigirse al pabellón en donde dormía el menor junto a los demás internos, cuando estaban las luces ya apagadas y solo quedaba el reflejo de la luz del baño, acercándose a su cama, sentándose a su lado, acariciándole el rostro y besándolo en la boca. Sin poder precisar fecha, ni hora exacta, pero durante el transcurso del año 1992, en oportunidades en que el menor D. A. C. se dirigía a su habitación con motivo de ser su guía espiritual, abusó sexualmente del nombrado en forma reiterada, besándolo en la boca, tocándole los genitales, bañándose con el mismo, llevándolo a su cama, quitándole la ropa y acariciándole todo el cuerpo, introduciéndole el pene en la boca y ante la negativa y resistencia de C. se lo sacaba; oportunidades en la que le pedía que le hiciera sexo oral o lo penetrara, pero ante la negativa del menor le expresaba que de esa manera la amistad entre ellos no iba a crecer, que él había logrado con otros de sus compañeros un vínculo mucho más fuerte, dándole a entender de que mantenía sexo con penetración con los mismos y de esa manera se afianzaba su amistad. Actos todos que tienen una entidad suficiente para afectar el normal desarrollo sexual de la víctima"; SEXTO: "Que sin poder precisar fecha exacta, pero durante el transcurso del año 1989, aprovechándose de su condición de prefecto del Seminario Menor de esta ciudad, y por tanto encargado de la educación de I. A. A. quien tenía 14 años de edad, haberle expresado que masturbarse no era tan grave, que cuando era chico iba con sus compañeros al club Patronato y también lo hacían que lo llamaban "hacerse la paja", que al despedirse en esa oportunidad haberle dado un beso en la boca, que siempre que se encontraban solos lo saludaba con un beso cerca de la boca. Que en reiteradas oportunidades en horarios de la noche cuando las luces centrales estaban apagadas haberse sentado en la cama donde dormía en el Pabellón del Seminario y charlarlo y acariciarlo. Asimismo al salir de bañarse del baño de su habitación haberse quedado desnudo adelante de los chicos que se encontraban presentes, poniéndose un calzoncillo y una toalla encima y levantando las piernas exponiendo sus partes íntimas diciéndoles que no tengan vergüenza que eran todos hombres que no pasaba nada. Actos todos que en el contexto de institucionalización en que se encontraban"; SÉPTIMO: "Sin poder precisar fecha y hora exacta, pero a mediados del año 1989, aprovechándose de su condición de prefecto del Seminario Menor de esta ciudad, y por tanto encargado de la educación de J. A. R., quien tenía 14 años de edad, abusó sexualmente del mismo en forma reiterada, al dirigirse al baño que se encontraba dentro del pabellón al momento en que el mismo se bañaba luego de jugar al fútbol, y secándolo con una toalla, oportunidad en la que le tocaba los genitales y le decía "no lo tomes a mal porque forma parte de nuestra amistad"; mientras que en otras oportunidades en las mismas condiciones luego de secarlo, lo masturbaba haciendo que el menor eyaculara, momento en que le decía "no te asustes porque te vas a sentir bien". "Sin poder precisar fecha exacta, pero a mediados del año 1989, siendo alrededor de las 02:00 horas, en forma reiterada, se dirigía al pabellón donde dormía el menor J. A. R., y luego de acercarse a su cama abusó sexualmente del nombrado, tocándolo en sus genitales, masturbándolo, momento en que se desprendía su pantalón y se tocaba él mismo los genitales, luego de que el niño eyaculara, se retiraba del lugar, dejándolo todo mojado". "En el mes de noviembre de 1989 siendo aproximadamente las 0 o 01 horas, sin poder precisar fecha exacta, haber tocado su pene para luego pedir que toque el de él y luego acceder carnalmente a J. A. R., en la habitación que tenía por su condición de prefecto del Seminario Menor de Paraná, escapando posteriormente R. hacia el pabellón del Seminario". "Sin poder precisar fecha exacta, pero a fines del año 1992, siendo alrededor de las 16:30 horas, con la excusa de que irían a la casa de un familiar suyo, trajo al menor J. A. R., y a otros de sus compañeros a un departamento sito en esta ciudad, desconociéndose la ubicación precisa, y luego de decirles que se quedaran en el comedor porque él se iba a bañar, apareció en dicho lugar todo desnudo y luego de preguntarle al menor R. W. "te querés bañar", se acercó al mismo y lo desnudó tocándolo en todo el cuerpo hasta lograr que los miembros de ambos quedaran erectos; luego se acercó a R., lo desnudó y comenzó a masturbarlo, momento en que le metió los dedos en la cola, logrando que el mismo eyaculara y mientras desplegaba dicho accionar llevó la mano del menor hacia sus genitales para que lo tocara; asimismo y mientras lo masturbaba le pidió al menor R. W. que se acercara y pasara su cola sobre los genitales de R.". "Sin poder precisar fecha exacta, pero a principios del año 1990, siendo alrededor de las 16:30 horas, en oportunidad de llevarse a cabo el campamento de inicio de año en la ciudad de Córdoba -convento de monjas- y mientras el menor J. A. R. se encontraba solo en su carpa, se acercó al mismo e intentó tocarle sus partes íntimas, pero ante la resistencia que ofreció el nombrado, se retiró del lugar". Actos todos que tienen una entidad suficiente para afectar el normal desarrollo sexual de la víctima".
	IV- En el escrito recursivo, el Defensor Técnico de Justo José Ilarráz solicitó que el Ad Quem case la resolución impugnada, tomando la doctrina legal propuesta por esa parte, procediendo a declarar la extinción de la acción penal por prescripción en los delitos que se le atribuyen al encartado. 
	Asimismo, y previo el análisis integral del doble conforme, requirió se absuelva al encartado de los hechos que se le acusan, por no haberse conmovido el principio de inocencia (Art 18 de la C-Nac) a lo largo del debate oral; y en el hipotético caso de no atender lo medular del recurso, se proceda a mensurar correctamente la graduación de la pena por resultar la misma absolutamente desproporcional. 
	Del mismo modo, instó a que se revoque la imposición de las costas judiciales a cargo del imputado. 
	Finalmente solicitó se revoque la Prisión Preventiva ordenada, resolviéndose mantener la situación de libertad ambulatoria con la que el imputado contaba antes de la condena.
	En relación a la admisibilidad del recurso, expresó el Sr. Defensor que la procedencia del mismo se encuentra expresamente contemplada por el artículo 477 del CPP, en cuanto el fallo recurrido, realiza una errónea aplicación de la ley sustantiva, inobserva los derechos invocados por esa defensa en la solicitud de absolución del imputado. Invocó el artículo 478 del mismo cuerpo legal. Añadió que con respecto a la admisibilidad, no hay contradicción doctrinaria en el sentido que nuestra constitución del año 1994, incorporó con jerarquía constitucional Tratados y Convenciones internacionales, las cuales expresamente establecen el derecho de cualquier ciudadano al doble conforme (Tratado internacional Pacto de San José de Costa Rica, Tratado de derechos políticos y sociales, Convención Americana de Derechos Humanos). 
	Expresó que tal derecho fue consagrado en pronunciamiento dictado por nuestro máximo tribunal en autos Casal Matías Eugenio, el cual, estableció no solo las directrices para la materialidad de tal derecho, sino que además, instruyó a fin de ampliar esa facultad revisora encomendada a otro tribunal, en cuanto dispuso que no sólo debe reducir su trabajo al control constitucional o de derecho de la causa, sino que además, debe analizar todo lo que sea revisable, quedando excluido en consecuencia cuestiones que sean sólo fundada en el principio de inmediación.
	En relación a los fundamentos del recurso aseveró que resulta absolutamente desacertado que el Recurso Extraordinario al que alude el Tribunal posea la virtualidad para cerrar la discusión en torno a la subsistencia de la acción Penal. 
	Refirió que el día 07 de junio del año dos mil dieciocho, el Máximo Tribunal resolvió desestimar el recurso por considerar que el mismo no estaba dirigido en contra de una Sentencia definitiva o equiparable a tal. Señala que el recurso extraordinario estaba dirigido a analizar la vigencia de la acción penal sobre hechos denunciados en el "requerimiento de instrucción formal". Justamente tuvo su tratamiento como cuestión previa. En consecuencia, es recién a partir del debate, especialmente en la discusión final, cuando el imputado y el Tribunal, conocen a ciencias ciertas cual es la posición del Ministerio Publico. Que es lógico que recién allí, la defensa pueda y debe realizar el planteo de prescripción en razón de que son esos hechos, los que deberán ser objeto de valoración y análisis por parte del Tribunal. Sostuvo que la decisión del Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia, en Resolución de fecha 27/04/2.015, tuvo en cuenta el derecho al acceso de la justicia. 
	Indicó que, al dejar abierta la vía e instar a los tribunales a que prosiga la causa, posibilitó al poder punitivo la chance de encontrar, durante la investigación, hechos que interrumpan la prescripción planteada en aquel momento. Con relación a ello, dejó subsistente también la posibilidad a la defensa, de plantear formalmente la prescripción en oportunidad de la discusión final (alegatos), lo que debería haber permitido a esa parte obtener un pronunciamiento motivado sobre la cuestión planteada, y que el Tribunal de juicio la minimiza aduciendo la preclusión de dichas cuestiones. Argumentar como lo hacen los Vocales, que el tratamiento del planteo vulneraría el principio preclusión, seria interpretar estos pilares procesales in mala partem y en contra de los principios del Derecho Penal Mínimo, el de Legalidad Formal, de máxima taxatividad legal e interpretativa, de Irretroactividad entre otros.
	Asimismo, enfatizó que debe hacerse lugar al planteo de prescripción ya que las víctimas, en el curso del año 2012, denunciaron hechos de abusos que habrían sufrido entre el año 1988 y mediados de 1992 y, aunque se insista en supuestos impedimentos para acceder a la justicia, aparecen todos como argumentos falaces. Indica que no es dable encontrar explicación ni razón alguna para que no hayan podido acceder a la justicia antes de transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal. Entendió esa defensa, que seguramente, de haber acudido a la justicia, sus denuncias hubieran tenido el adecuado tratamiento. Señaló que el plazo previsto por la ley para la prescripción del delito, se cumplió sobradamente y se refiere a cada uno de los denunciantes. 
	Argumentó que no hay normativa internacional, ni fallos de la CIDH (y su correlato en la CSJN) en sentencias de fondo e interpretaciones de sus fallos, que dispongan la imprescriptibilidad de delitos que fueron objeto de debate. 
	Sostuvo que la negación del derecho del imputado a la prescripción de la acción, podría generar responsabilidad del Estado en la medida en que se exhibe una clara vulneración de específicas garantías judiciales consagradas en el art. 8, incs. 1 y 2, de la constitucionalizada Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el principio de Legalidad e Irretroactividad expresamente asegurados en el art. 9 del mismo instrumento.
	Negó la existencia en el expediente de violación a los derechos humanos de los denunciantes por parte del imputado y de la Iglesia Católica ya que ningún tribunal eclesiástico intervino arrogándose competencia exclusiva y excluyente para investigar y eventualmente sancionar la conducta del Padre Ilarraz. Añadió que de ningún modo ha existido actuación alguna de carácter administrativo que haya importado la apertura de un proceso bajo la competencia y jurisdicción exclusiva de un Estado extranjero que tenga y/o haya tenido la consecuencia en crear un obstáculo jurídicamente relevante, para el derecho positivo vigente en nuestro país, para privar el acceso a la justicia local a los hoy denunciantes.
	Enfatizó que los magistrados deben efectuar un análisis crítico y razonado del valor convictivo que se le dará al plexo probatorio introducido por las partes. Añade que esa tarea a cargo del Tribunal de juicio, se vio frustrada por el vicio de falta de motivación o incorrecta valoración del material probatorio rendido en el debate.
	En relación a la mensuración de la pena, indicó que la hermenéutica utilizada, se apoya en fundamentaciones que tienen en cuenta el fin de la misma. Mencionó que el Tribunal buscó en teorías finalistas la motivación para mensurar la pena aplicable, tal como surge de la simple lectura del fallo. Aduce que solo se pretendió dar fundamento teórico bajo el disfraz de teorías finalistas a una pena puramente retribucionista y desproporcionada. Entiende que se requiere que exista una concordancia material entre la falta cometida y la consecuencia jurídica, es decir, que la sanción a imponer por una determinada infracción, sea neC.ia, idónea, lo menos gravosa posible, adecuada, y fundamentalmente útil. 
	Por lo expuesto, requirió que el Tribunal de Casación proceda a fijar la pena de conformidad a los parámetros constitucionales, o en su caso, previa declaración de nulidad de la misma por falta de motivación, disponga el reenvío de la causa a otro tribunal a fin que se dicte una pena proporcionada a la conducta, al tipo penal y que no deje de lado las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se desarrollaron los hechos endilgados a su pupilo. 
	Por último, se agravió esa defensa en relación a las aseveraciones realizadas por el Tribunal a quo en torno a justificar la restricción de libertad del encartado. Esgrimió el Sr. Defensor que lo dicho por la Jueza preopinante, en relación a que hace 20 años aproximadamente, Ilarraz realizo viajes a Europa, a Chile etc., no solo resulta un argumento dialéctico, sino que carente de toda prueba ya que no se encuentra acreditado que el imputado tuviere en la actualidad los medios para desplazarse como lo invoca la misma. 
	Destacó que el imputado ha mantenido una conducta adecuada en el procedimiento, sujetándose a cada llamado por parte de la justicia, no existiendo peligro procesal que justifique la imposición de la cautelar. Asimismo, en el curso del debate, Ilarraz fijo domicilio en esta ciudad de Paraná, tildando de desproporcionada la medida cautelar dictada en autos, razón por lo cual solicita se deje sin efecto la misma, y en sustitutiva, se disponga como condición de mantener la libertad ambulatoria, la concurrencia del encartado por ante el órgano judicial que corresponda, a fin de acreditar el comparendo regular hasta tanto recaiga firmeza en autos. 
	Por último instó a que se aplique a los presentes autos la doctrina resuelta por la CSJN en autos "Loyo Fraire" y "Merlini Ariel Osvaldo" respecto de estos tópicos. Hace reserva del Caso Federal. 
   	V.a- Durante la audiencia de mejoramiento del recurso, el Sr. Defensor, afirmó que respecto al planteo referido a la prescripción de la acción penal, la falta de tratamiento del agravio por parte del tribunal de grado cercenó el derecho de defensa en juicio que le asiste a su representado. 
	Destacó al respecto que el sentenciante sostuvo que el Recurso Extraordinario iba a zanjar este tema, pero que en realidad la Corte Suprema declaró la inadmisibilidad de la impugnación por entender que la resolución entonces recurrida no revestía el carácter de sentencia definitiva.
	Se agravió en consecuencia en la arbitrariedad del fallo dado su deficiente motivación, lo cual se traduce en la vulneración al derecho de defensa y del doble conforme.
	Señaló que en el desarrollo de este punto el sentenciante se remite a las consideraciones del Superior Tribunal de la provincia efectuadas en el año 2015, pero que este tribunal entendió que resultaba temprana cualquier resolución sobre la prescripción ya que todavía había investigaciones abiertas. Apuntó el defensor que la Dra. Mizawak fue quien explicó por qué debía garantizarse la tutela efectiva y permitir la continuidad del proceso.
	Argumentó que el actual estado de derecho constitucional nos exige ya a partir de los precedentes "Giroldi", "Ekmekdjian c/Sofovich", "Casal", que en materia de casación no puede restringirse por pruritos procesales o principio de menor jerarquía un tratamiento que prácticamente tiene el reconocimiento constitucional, es decir que hay que hacer un control de convencionalidad y no puede el Tribunal de Juicio condicionar a través de principios procesales de preclusión, el tratamiento de una de las defensas mas importantes que ha planteado esa parte a lo largo del debate.
	Añadió que cuando  la Defensa planteó dentro del Código de Procedimientos de esta provincia, una excepción de prescripción, lo hizo principalmente en atención a un requerimiento formal de instrucción por entonces los hechos que se habían incluido en ese sentido. 
	Expresó que es claro que así sea porque en realidad en la discusión final es cuando las partes van a conocer la pretensión del Ministerio Público Fiscal, ya que el M.P.F. podría haber ampliado la acusación, podría haber planteado un hecho diverso en la acusación y es en esa oportunidad en la cual la Defensa puede y debe plantear, mas teniendo en cuenta que el recurso que llegó a la Corte, estaba dirigido a una resolución que no tenía carácter definitivo.
	Entendió que en autos se habilitó la instancia instructiva, se juzgó y condenó garantizando precisamente el acceso a la justicia, y concluyó que el estado provincial ha cumplido con dichos postulados, destacando que si hubo demora, en parte fue por los planteos defensivos. Sostuvo que por ello el precedente "ESPOSITO" no es aplicable al caso, dado que en este fallo el estado nacional fue sancionado.
	Manifestó que no se encontró a lo largo del expediente que se haya imputado a algún Jerarca de la Iglesia Católica relacionado a hechos de los que fueron investigados y esa manifestación del Tribunal a quo indudablemente ha tratado de corregir, ha tratado de enderezar la actividad del Ministerio Público Fiscal en clara contradicción con el principio acusatorio. 
	Agregó que en autos "Rodas Juan Ignacio" la Corte de la Nación ha establecido que es deber del Juez Penal no inmiscuirse y no mejorar la teoría no sólo del acusador público, sino también del acusador privado. 
	En relación al agravio referido a la arbitraria valoración del material probatorio, destacó que para poder llegar a la conclusión condenatoria el tribunal debe tener como premisas situaciones verdaderas.
	Respecto a la referida clandestinidad en la que su asistido habría cometido los injustos, afirmó que debe recordarse que en el seminario circulaban muchas personas -entre ellos, los alumnos- y que las supuestas víctimas tenían contacto con el exterior.
	Recordó que el noventa y nueve por ciento de los testigos fueron ofrecidos por la querella y la fiscalía, y destacó que al valorar la prueba testimonial que beneficiaba al imputado, la jueza, invocando el principio de inmediación, efectuó apreciaciones personales que no cuentan en autos, sobre premisas falsas, contrariando las reglas de la lógica formal.
	Destacó el Defensor que del reconocimiento de un pedido de perdón de Ilarraz, la magistrada hizo una interpretación analógica in malan partem concluyendo que con esa declaración reconocía parte de los hechos endilgados.
	Denunció valoración parcial de la prueba con la consecuente afectación del derecho al doble conforme.
	Asimismo solicitó que en razón de las cuestiones que fueron planteadas y mejoradas en la audiencia de casación, se tome la doctrina legal propuesta, se case la resolución y se resolviera el reenvío al tribunal correspondiente, con una nueva conformación, para el dictado de la resolución conforme las pautas esgrimidas en ese recurso.
	En relación a la Prisión preventiva decretada, observó que su asistido siempre estuvo a derecho. Citó en abono a su postura la doctrina sentada en los precedentes "BESSONE" y "LOYO FRAIRE".
	Solicitó se revoque la medida dado su manifiesta arbitrariedad.
	V.b- Por su parte el Sr. Agente Fiscal, Dr. Ramirez Montrull, en su contestación de los agravios, expresó que en primer lugar la sentencia se encuentra correctamente fundada, que ha sido basada en la sana crítica racional, que se ha hecho un análisis y una correcta valoración de toda la prueba, no sólo en la etapa instructoria, sino también en el Juicio oral.
	Señaló que al valorar los testimonios de las víctimas el tribunal enunció los criterios objetivos en función de los cuales ponderaría sus dichos: edad, nivel de comprensión y la relación con el imputado; y que en el análisis de la verosimilitud de las declaraciones, consideró la persistencia de la acusación efectuada. Añadió que la verosimilitud de las declaraciones de las víctimas tienen corroboración con los informes de los peritos del Departamento Médico Forense del STJER, los cuales concluyen que los relatos son verosímiles, que las facultades mentales no están afectadas, no había delirios, ni estructuras psicóticas, no había elementos para decir que estuvieran fabulando o con un discurso mendaz.
	Afirmó que otro punto para analizar y terminar de dar credibilidad a esas declaraciones fue la persistencia de la acusación por parte de las víctimas. 
	Refirió que en base a cada uno de esos puntos, el Tribunal sentenciante hizo un abordaje minucioso de cada una de las declaraciones y de las pruebas reunidas, concluyendo que la Defensa tuvo el pleno control de cada una de las pruebas producidas y que no existe ningún vicio formal, que pueda haber afectado su producción, para terminar concluyendo que se descartaron las contradicciones que alegó la Defensa existentes entre las declaraciones de las víctimas. 	
	Sostuvo el Sr. Fiscal que el Tribunal inferior fundó esa conclusión entendiendo que las víctimas se expidieron con credibilidad o verosimilitud, que resultaron lógicas sus declaraciones, razonadas, sin vaguedades, coherentes, manifestando la neC.ia conexión lógica entre las distintas partes, declaraciones sólidas, espontáneas, de corte narrativo, surgidas todas a partir de preguntas abiertas razón por las cuales fueron describiendo los hechos de la manera en que los recordaban. También tuvo en cuenta el Tribunal a quo, para efectuar las valoraciones antes mencionadas, la inmediatez de la audiencia oral que le permitió percibir las reacciones emotivas de los declarantes, sus gestos y sus palabras.
	Señaló que el Tribunal descartó fundadamente las contradicciones alegadas encontrando los relatos de las víctimas creíbles, verosímiles, sin vaguedades, sólidos y espontáneos. Que efectuó la valoración en orden al principio de la inmediación y que descartó fundadamente la existencia de un plan orquestado por las victimas para perjudicar a Ilarraz.
	Destacó que lo que valoró el Tribunal como clandestinidad, es el conocimiento que tenía Ilarraz del lugar, que los chicos estudiaban hasta la noche, y las recorridas nocturnas efectuadas en lugares donde las luces eran tenues. Al respecto indicó que el sentenciante abordó el planteo de la defensa referente a que la iluminación del pabellón permitía conocer al agresor sexual, y corroboró con la inspección judicial que las luces que quedaban prendidas eran insuficientes para iluminar. 
	Reveló el Sr. Fiscal que también el a quo realizó un análisis de la inmediación de la declaración de los testigos, expresando que los mismos se presentaron muy nerviosos, rígidos en sus posturas, incómodos y con llamativa falta de memoria, ya que el "no recuerdo" se manifestó de manera recurrente y de forma evidente para evitar responder las preguntas de las partes. Falta de memoria que no se compadecía con la juventud y estado de salud que demostraron ante el Tribunal. 
	Afirmó que el Tribunal a quo descartó la absolución por la duda porque no existe paridad entre prueba de cargo y descargo, es contundente la prueba contra Ilarraz, se explica racionalmente el suceso teniéndolo a Ilarraz como responsable de los hechos que fueran motivo de juicio, por ende entiende la Fiscalía que el recurso debe ser rechazado. 
	Por su parte el Dr. Alvaro Piérola refirió que la defensa no logró argumentar por qué el agravio relacionado con la determinación de la pena genera una vulneración constitucional a su defendido. 
	Indicó que el tribunal va explicando cuáles son los criterios que le permiten establecer el monto de pena en veinticinco años de prisión. Agregó que la Defensa tomó muchos de los argumentos dados por la Fiscalía en los alegatos, y está reflejado de un modo lógico en la sentencia, hay razón suficiente para arribar a ese resultado de veinticinco años de prisión, el Tribunal a partir de la fs. 363 va enumerando y explicando cuáles son los criterios que permiten -aun habiendo ingresado por el mínimo- llegar al máximo de la pena.
	Analizó cuáles fueron las circunstancias que Ilarraz tuvo en mira al momento de ejecutar los abusos, el aprovechamiento de la convivencia en el seminario, ámbito de total dominio de Ilarraz no solamente en lo formal sino también en los hechos, el aprovechamiento que tuvo se valora en la determinación de la pena por la especial relación que tenía con los jóvenes, la temprana edad de los mismos, y cómo Ilarraz los instrumentó a través del cometido que emprendió - que se probó y está reflejado en la sentencia-, que era el grupo de privilegio que formó con las siete víctimas, eso el Tribunal lo tomó como un reproche mayor, aumenta la entidad del injusto por cómo fue desplegada en particular esa conducta de Ilarraz respecto de las víctimas. 
	Indicó que es fundamental también el capítulo referido a la extensión del daño como criterio para la determinación de la pena en este juicio; solo bastó escuchar a las víctimas cuyo trauma aun hoy en día persiste a consecuencia de estas graves violaciones de sus derechos fundamentales que cometió Ilarraz y se pudieron probar en juicio; la prueba objetiva que fueron las pericias que se hicieron en las víctimas, daban al Tribunal un sin número de elementos para cuantificar los injustos de Ilarraz en lo que fue el daño psíquico y el estrés pos traumático que aun hoy después de más de veinte años continúa presente, lo que fue advertido por el Tribunal y correctamente valorado en la culpabilidad.
	Descartó el argumento de la falta de interés actual formulado por la defensa, destacando que los compromisos internacionales en este aspecto son cada vez mayores y que la jurisprudencia elaborada por tribunales locales evidencia el interés en la tutela a las víctimas de este tipo de hechos, quienes necesitan de una reparación.
	Sostuvo que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, la sentencia aborda el planteo de prescripción de la acción penal. Que al respecto el tribunal refiere que hay un recurso pendiente sobre los mismos hechos que está en consideración de la CSJN, y que se ha garantizado el derecho de defensa en ese proceso.
	Destacó que incluso el sentenciante hizo propios los argumentos de la Cámara de Casación y el Superior Tribunal de Justicia respecto de por qué no estaba prescripta.
	Remarcó que la Corte Suprema no dijo que estaba prescripta la acción, que tuvo la decisión de que la causa continúe cuando el imputado ya había sido condenado.
	Desestimó el planteo de la defensa referente a que lo que se permite en estos supuestos es solo la investigación del injusto, refiriendo que esta postura en realidad secciona la acción penal, cuando en realidad la misma está viva, o está muerta. Que esto último es lo que pretendió la defensa por vía incidental.
	Señaló que los hechos imputados siempre fueron los mismos, y que la defensa cuenta la prescripción del modo en que no debe hacerse, basándose en una premisa falsa al sostener que lo que estaba subsistente era la habilitación para investigar solo hasta el momento de la condena, donde parecen ser otros los plazos. Entendió que se trata de una discusión valorativa, axiológica, de fines del derecho penal.
	Remarcó que la defensa hace un entrecomillado de los votos de Chiara Díaz y Mizawak.
	Enfatizó que la prescripción no estaba regulada antes de 1921 y que debe hacerse un esfuerzo interpretativo en relación a cuál es la norma que prevalece en orden a los postulados de la normativa internacional -Art. 31 de la CN y los tratados también vigentes al momento de los hechos.
	Concluyó que debe inclinarse la balanza por el acceso a tutela judicial efectiva ante graves violaciones a derechos humanos donde existen niños víctimas. Que debe prevalecer el interés superior del niño y su tutela judicial efectiva como modo de resolver el conflicto de valores y fines del derecho penal.
	Citó en abono a su postura el precedente "RIOS JUAN ANTONIO" CCPER y el fallo "FM S/ VIOLACION", causa N°1643 sent. de diciembre de 2018, CNCP.
	En relación al agravio referente a la prisión preventiva decretada, señaló que el argumento central utilizado por el sentenciante es el peligro de fuga. Que la decisión se apoya en el monto de la pena al que ha sido condenado, y destacó que aquí ya hay un resultado, no el pronóstico al que hace referencia el Código; que esto es un indicio suficiente. Remarcó que Ilarraz tiene doble nacionalidad, medios económicos y que estuvo en la ciudad de Paraná hasta la última semana durante el juicio, no en Tucumán o Morteros.
	Sostuvo que es necesaria la cautelar, recordando que ha sido impuesta con una modalidad morigerada.
 	V.c- A su turno el Dr. Lisandro Amavet, Querellante Particular, hizo referencia a los testimonios vertidos que confirman la clandestinidad de la que se valía Ilarraz cuando cometía los hechos.
	Manifestó que en la presente causa se ha discutido con amplitud probatoria, la defensa ha planteado cuestionamientos en lo que refiere a la materia probatoria tomado parcialmente algunos pasajes de la sentencia, pero en otros pasajes del mismo resolutorio reafirma lo resuelto en la sentencia. 
	Indicó que los hechos atribuidos al acusado ocurrieron en las circunstancias de tiempo y lugar descriptas, es decir en el Seminario, donde Ilarraz residía cumpliendo funciones educativas y religiosas, y los denunciantes eran alumnos internos del mismo. 
	Refirió que en su propia declaración, Ilarraz manifestó que concurría de noche a las habitaciones, que se sentaba en las camas, que fue guia espiritual de muchos de los alumnos, incluso de algunas víctimas - R., de A., de S.-, que ejercía esta guia espiritual en su despacho el cual tiene incorporado una habitación y un baño, manifiesta la insuficiencia de las luces. 
	Repasó algunas de las declaraciones, por ejemplo la del W., quien es citado en la sentencia como que tuvo una relación especial con Ilarraz, ya que fue el único que viajó a Roma con Ilarraz, W. dice que Ilarraz iba al pabellón a la noche alrededor de las veintidos horas, que iba diez minutos, que daba vueltas, que era frecuente que se sentara en la cama de alguno; Jose Alberto Barreto dijo que Ilarraz ingresaba al domicilio de los menores a la noche, que daba la bendición y que se retiraba, que luego reingresaba cuando estaban dormidos, que a veces el prefecto recorría con las luces apagadas; Faure dice que apagaban las luces, que a veces Ilarraz pasaba luego de apagadas las luces; otro testigo Mengeon dijo que Ilarraz recorría los pabellones como responsable en cualquier horario, por las noches era su competencia; Faure dijo que era habitual que se sentara en la cama de los chicos a charlar, lo mismo dice Guzman; Jacob dijo que vio que Ilarraz se sentaba en las camas pero no sabe que les decia, a veces estaba todo oscuro o con luces tenue, lo mismo dice Retamar; Barreto y Bianchi eran prefectos, dicen que no era raro que los alumnos no respetaran los horarios y que llegaban tarde porque estaba en dirección espiritual con Ilarraz, que era en horario nocturno, que suponía que estaba todo bien, pero ahora no sabe. 
	Argumentó que la sentencia esta plagada de testimonios que manifiestan la situación que se daba y la clandestinidad con la que actuó Ilarraz. Señaló que es importante también el testimonio de Battelo, sacerdote y padrino de confirmación de R., que hablo con él cuando sale del seminario y al preguntarle porque se había ido J. R. le contestó que fue porque Ilarraz le había hecho tocamientos, no dio detalles pero fue en el contexto de una charla informal, le aconsejo que se lo dijera a su padre y que pidiera audiencia para contarle al obispo que, en ese momento, era Karlic. Otro testimonio, la cardióloga Norma Volpe expresó conocer a R. desde 2006 cuando éste la consultó por palpitaciones, falta de aire, estado gripal, tenía una taquicardia no de origen cardíaco sino por estrés, eso se determinó por los ataques de pánico que advirtió en las demás consultas, no articulaba palabras, era dificil de comunicarse, tenía síntomas de pánico y muerte eminente, le preguntó si había sido abusado por alguien, por los síntomas que tenía, en ese momento R. le contestó que no, hasta que pasado alrededor de tres años se encontraron y R. le contó que había sido abusado en el seminario por Ilarraz, se lo dijo muy quebrado, también le contó que Ilarraz había abusado de otros chicos, que de noche entraba en el pabellón, que los llevaba a la habitación y que escuchaba llantos; testificó también la psicóloga Barbagelata Xavier, quién expresó que eran adultos pero al momento de los hechos eran niños, comenzaban a transitar la adolescencia, tenían doce o trece años, estaban en plena formación. 
	Enfatizó que los planteos parcializados que hace la Defensa no tienen sustento en lo que fue el debate, porque partidizan los distintos testimonios, fueron utilizando los testimonios de manera de armar un recurso o plantear contradicciones donde no las había. 
	Ratificó que la principal evidencia en este debate ha sido el propio testimonio de las víctimas, con el agravante del manto de silencio que trazó durante el largo proceso la cúpula de la Iglesia local sobre los hechos y sobre los procedimientos, mostrándose renuentes a abrirse a proporcional datos de interés para la causa. 
	Destacó la valoración especial que tiene en este tipo de delitos el testimonio de las víctimas, que este caso se trato de soslayar; la Defensa con su planteo, al ser parcializado es imperfecto y antojadizo y, por lo tanto, es arbitrario. 
	Rechazó el recurso de la Defensa, haciendo suyo también lo dicho por la Fiscalía.
	V.d- A continuación, el Dr. Santiago HALLE, comenzó su exposición manifestando que hace suyas las consideraciones vertidas también por la Fiscalía como así también lo expresado por el Dr. Amavet previamente, asimismo informa que la contestación será conjunta con el Dr. Rodriguez Allende a los efectos de no repetir los argumentos. 
	Señaló que la sentencia es razonable, es razonada, explica el camino deductivo llevado adelante, claramente con base a premisas verdaderas lleva a la resolución final, sobre todo con base al principio de inmediatez. 
	Acotó que el Defensor remarcó que hay testigos a los que le cree y testigos a los que no, para ello sirve el principio de la inmediatez y las audiencias, por ejemplo el testigo Hergenreder se mostró totalmente remiso a contestar preguntas y no recordaba nada, hubo muchos de esos testimonios de parte de la Defensa y también de la Fiscalía, sirvieron para abonar lo que fue la vida sacerdotal de Ilarraz y para el esclarecimiento de los hechos, no solo para confirmar la acusación. La cuestión de la existencia de testigos a los que se le cree y testigos a los que no, no es una cuestion antojadiza, sino que esta basado en razonamientos claros y explicados también en la sentencia. En cuanto a la situación de Rauch, cuenta con sendos testigos que respaldan sus dichos, R. confirmó que vio como Ilarraz se acercaba a su cama, S. dijo que sintió cuando en la carpa le daba besos, los Sres. Sebastian Martinez, Balcar y Jacob manifestaban que la conducta de Ilarraz era darles muchos besos y caricias, jugar con los pies de ellos en la habitación, dicen que no vieron una situación de abuso y lo tomaron naturalmente porque eran chicos, tenían doce o trece años; también surge de la audiencia que no tenían acceso a la televisión, la imagen de la mujer estaba prohibida, y estaba prohibido hablar de cuestiones que tuviera que ver con la sexualidad, lo que aumentaba aún mas la ignorancia acerca de los temas sexuales en los pabellones. 
	Sostuvo que no es necesario probar una clandestinidad para demostrar los abusos porque se daba una clara oportunidad para cometerlos, recordemos que Ilarraz era precepto de disciplina, director espiritual y confesor de la mayoría de los chicos que iban a su internado. Respecto a las recorridas nocturnas, fue explicado por los bedeles que tenía oportunidad de ir a recorrer las camas, incluso después de las veintidós treinta cuando ya se apagaban las luces y los bedeles estaban acostados. Esto fue explicado por muchos testigos y no solo por las víctimas. En el caso de las confesiones que realizaba Ilarraz en su despacho, si se puede hablar de clandestinidad. Respecto a las cartas del Sr. H., algunas reconoció y otras no, no recordaba haber escrito algo sobre Patronato, dijo que nunca podría haber escrito algo sobre Patronato si él era fanático de River; la pericia confirmó que las escribió aunque él no se acordaba, lo que fue confirmado por las pericias psicológicas; los fenómenos disociativos, la ambivalencia en la declaración y el síndrome de acomodación, implican mecanismos defensivos de las víctimas para olvidar lo que le hace mucho daño. Continuando con el relato de los hechos consideró que hay una discusión que el Dr. Muñoz dejó abierta con respecto al Estado de Derecho legal y constitucional, si bien no explicó bien esa distinción cree que se refiere a los principios del liberalismo y de la justicia liberal que viene generando avances en el reconocimientos de derechos de las víctimas. 
	Indicó que en el caso en particular no se violan los principios del liberalismo; no es cierto lo que dice el Dr. Muñoz que no se denunció encubrimiento, dos Tribunales dijeron que hubo una omisión deliberada, un ocultamiento y una imposición del deber de secreto a las víctimas, incluso se sancionó a Ilarraz llevándolo a Roma hasta que el delito prescriba, hubo hubo una clara acción de una Institución tan importante como lo es la Iglesia Católica y de sus actores que son sacerdotes para evitar manchar su buen nombre, esto no contradice los principios del liberalismo porque la base del liberalismo es el individuo, se hubieran violado los derechos del individuo si se pusiera por delante a una Institución como la Iglesia que trata de evitar el juzgamiento a un agente que esta bajo su custodia. 
	Enfatizó que el reconocimiento del derecho a ser oído, el juzgamiento y la sanción de Ilarraz cumple con los estándares de los controles convencionales vigentes y con los principios del liberalismo político. 
	Señaló que el tema de la confesión, prueba documental incorporada a la causa, no puede de ninguna manera decirse que fue interpretado en in malam partem, se interpretó como debía ser interpretada; lee textualmente parte de la carta de Ilarraz. 
	Expresó que la sentencia es totalmente razonable, por lo que solicita se confirme en todas sus partes.
	V.e- Seguidamente el Dr. Marcos Rodriguez Allende refirió que el MPF ha dado respuesta a todos los agravios esgrimidos por la Defensa. Se aboca a dos cuestiones que considera fundamentales, lo que se trata de poner en crisis por un lado es la determinación judicial de la pena, considera que dicha pena de veinticinco años es absolutamente justa, coherente y bien fundada. 
	Señaló que el Excelentísimo Tribunal de Juicio ha analizado los parámetros estipulados en los art. 40 y 41 del C.P., se ha hecho eco de fijar la naturaleza de la acción, los medios empleados, la gravedad del daño causado, las condiciones personales de las personas víctimas de este largo proceso. La sentencia se hace cargo, a modo de calificante de esta conducta, de la naturaleza de la acción que se desplegó en un seminario alejado de la ciudad donde vivían niños que en su mayoría provenían del campo; del aprovechamiento de la convivencia, Ilarraz se aprovechó de todos los niños que él sabia que podía tener; se trata como calificante la temprana edad de los niños, cursaban primero o segundo año del seminario, y esto era aprovechado por el condenado Ilarraz; el deber religioso es una agravante más, Ilarraz quebrantó ese deber de protección que la Iglesia delegaba en él; los daños colaterales y directos que tuvo en las víctimas, se observaron en la audiencia los daños que arrastran estos hombres, problemas psicológicos y psiquiátricos; también se habló de su rol educador y de la falta de arrepentimiento más allá de la carta, demostró su falta de arrepentimiento o culpa justificándolo como una suerte de complot en su contra. 
	Argumentó que la determinación judicial de la pena ha sido justa, coherente y razonable en virtud de las agravantes y también de las atenuantes; el Tribunal solo encuentra como atenuante la falta de antecedentes penales, la valora pero no incide de manera tal que pueda bajar los veinticinco años de prisión, por ello se descartan los agravios esgrimidos por la Defensa en su escrito. 
	Reveló que otro punto que se intenta poner en crisis es la prisión preventiva, que también tiene una solvencia y justificación muy clara en la sentencia, si bien no hay entorpecimiento de investigación porque la causa esta terminada, hay claros rasgos subjetivos del imputado que llevan a pensar y afirmar que el mismo podría fugarse; la falta de arraigo por parte de Ilarraz es muy clara, no residía en Paraná sino en Mortero, Provincia de Tucumán, su doble nacionalidad, el Tribunal lo analiza y acoge el pedido de prisión preventiva pero se vuelca en una sustitución por prisión domiciliaria. 
	Solicitó que se revoque la sustitución de prisión domiciliaria y se imponga la prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná, asimismo solicita que se rechace el recurso de casación interpuesto por el Defensor y se ratifique la sentencia puesta en crisis en todos sus términos. 
	V.f- Por su parte la Dra. María Alejandra PEREZ solicitó la ratificación de la sentencia cuestionada en todos sus términos. 
	V.g- Seguidamente el Dr. Milton URRUTIA requirió la continuidad de la prisión preventiva morigerada, con el uso de medios electrónicos, atento a que el condenado ha demostrado conducta procesal en todos las instancias, conforme precedentes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
	VI- En virtud de lo anterior, el Tribunal se planteó lo siguiente:
	PRIMERO: ¿qué corresponde resolver?
	SEGUNDO: ¿como deben imponerse las costas del proceso?
- A LA PRIMER CUESTION, EL SR. VOCAL ALEJANDRO J. CÁNEPA, DIJO:	
	Resumidas las posturas partiales, resta ahora involucrarme en la resolución de los agravios concretos planteados por la defensa de Ilarraz, no sin antes advertir -como ya lo ha hecho esta Cámara en numerosos fallos desde su creación- cuáles son los límites de la intervención de este Tribunal, a partir de las normas legales y constitucionales -incluyendo en estas últimas a las emanadas de los instrumentos internacionales de idéntica jerarquía (cfr. art. 75 inc. 22 Const. Nac.)- aplicables al recurso en cuestión.
	Con ello, no resulta ya controvertido que a partir de la vigencia (aprobación/ratificación) y constitucionalización del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley Nº 23.313) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley Nº 23.054), la base político criminal del concepto de recurso en nuestro derecho procesal penal se ha visto modificada sustancialmente, pasando de ser un medio de control por tribunales superiores sobre el grado de adecuación de tribunales inferiores a la Ley del Estado, a una garantía procesal del condenado que tiene derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior, ampliándose también el ámbito de revisión del fallo (condenatorio) hasta admitir la máxima posibilidad de crítica -o máximo rendimiento del recurso- que permite el carácter público y oral del debate que da fundamento formal y material a la sentencia (Maier, Julio B. J.; "Derecho Procesal Penal"; Tomo I - Fundamentos; Editores del Puerto S.R.L.; Buenos Aires; 2004; 2da. edición, 3era. reimpresión, pags. 707 y ss.).
	Para hacer efectivo ese derecho en plenitud, la CSJN afirmó que en pos de un recurso de casación amplio, deben considerarse revisables no solo los criterios jurídicos tenidos en cuenta para dictar una sentencia condenatoria, sino también las cuestiones de índole fáctica en su relación deductiva o inductiva desde las herramientas de la lógica (CSJN, "Casal", Fallos 328:3399). 
	Así, la Corte señaló que ".. el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable"; y que lo no revisable ".... es lo que surja directa y únicamente de la inmediación", siendo controlable -por ejemplo- el contenido de lo dicho por los testigos (a través de las actas), pero no la impresión personal que de ellos haya tenido el tribunal, aún cuando éste debe dar cuenta circunstanciada de la misma, si pretende que se la tenga como elemento fundante válido (CSJN; "Casal", y "Martínez Areco", Fallos 328:3741).
	Al respecto, y en el mismo sentido, nuestro STJER (Sala Nº 1) también afirmó que "…es dable puntualizar, que el contralor casatorio no puede soslayar los aportes que surgen de la inmediatez, derivada de la relación personal directa de los miembros del tribunal de mérito con los testigos sobre la veracidad y la contundencia de las expresiones, la forma del relato y la razón de los dichos, establecidas por los sentenciantes de grado, los que en el caso son inequívocos, han sido debidamente justificadas y desde aquí no deben ser sustituidos por imposiciones indirectas resultantes de constancias escritas y parciales, por lo tanto está excluido del control revisorio la credibilidad que le asignan los miembros del Tribunal a quo a los testigos que depusieron en la audiencia de debate…" ("LOPEZ, MARIO RAFAEL - LOPEZ, CARLOS ALBERTO S/ PARTÍCIPE NECESARIO EN ORDEN AL DEL DE HOMIC. SIMPLE Y HOMICIDIO SIMPLE  S/RECURSO DE CASACIÓN".- EXPTE. Nº 3320; en igual sentido: "TERRAZA, Martín M. - Homicidio simple S/RECURSO DE CASACIÓN", Sentencia del 26/11/2008; entre muchos otros).
	Por su parte, la Cámara de Casación provincial (Sala Nº 1), también se ha expedido con idénticos alcances en autos "AGUILAR, Esteban David - Amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género S/ RECURSO DE CASACIÓN", Legajo: Nº 787/17, del 07/03/2018; "VIGLIANO, Héctor Nazareno - Retención indebida S/ RECURSO DE CASACIÓN", Legajo Nº 759/17, del 17/10/2018; entre otros, concluyendo que "la fijación del límite de la inmediación como aquello que no es casable, refiere a la materia de la casación; y encuentra su fundamento en que el juez de juicio obtiene un conocimiento directo de la prueba que pasa ante sí, y por ello estará en una mejor condición epistemológica que el Tribunal de Casación para conocer esa prueba -lo que no lo exime de la obligación de explicitar y fundamentar, sin embargo, el razonamiento que siguió para valorar esa impresión de la prueba-; pero corresponde a la recurrente especificar los agravios que delimitarán el campo de lo revisable por el Tribunal, resultando insuficiente a ese respecto, la mera expresión de la voluntad recursiva -de que se haga una revisión de la sentencia- y la enumeración sin más de algunos antecedentes". 
	Este "juicio sobre el juicio", garante del doble conforme constitucional (en alusión a los instrumentos internacionales citados), resulta fundamental entonces, so solo para apreciar la observancia de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de las pruebas que llevan a la determinación del hecho, sino también para apreciar las reglas de la razón en la interpretación de la ley sustantiva y en la subsunción del hecho ya determinado en dicha norma, ya que no se trata de que el tribunal de casación valore nuevamente la prueba del debate, que no ha presenciado, sino de que sea el imputado quien demuestre -a través del recurso- que el sentido con el cual es utilizado un elemento de prueba en la sentencia, para fundar la condena, no se corresponde con el sentido de la información brindada por la misma.
	Ahora bien, en particular, y previo al análisis de cada uno de los agravios planteados, debo señalar que el recurso cumple, en lo sustancial, con los recaudos del art. 478  del C.P.P. ley 4843  (aplicable al caso), en virtud de que se trata de una resolución definitiva que pone cierre a la discusión en torno al mantenimiento o no del estado de inocencia del incurso Ilarraz. 
	Asimismo, se verifican también los aspectos formales de los arts. 477, 480 y conc. de dicho cuerpo legal, por lo que considero cumplimentado el control de admisibilidad del mismo.
	Dicho lo anterior, y con el citado marco legal y jurisprudencial, me abocaré entonces a tratar los agravios concretamente expuestos por la defensa de Ilarraz, siguiendo para ello la enumeración que de los mismos, el Defensor hace en su escrito recursivo, a los efectos de darles una contestación ordenada:
1- "Cuestionamiento a las consideraciones vertidas por la Dra. Vivian y a las que adhirieron los restantes jueces, en cuanto al planteo de prescripción".
1.a- "El Tribunal de Juicios no trató el planteo de prescripción de la acción penal aludiendo al principio de preclusión y remitiéndose a lo resuelto anteriormente por los tribunales provinciales que intervinieron en el incidente de extinción por prescripción".
	Si bien en principio el presente agravio luce palmariamente contradictorio con el expuesto a continuación en su recurso (1.b- arbitrariedad por falta de motivación o motivación aparente respecto de la "vigencia de la acción penal" en el caso) -por cuanto no puede lógicamente el Tribunal tratar el tema, aunque sea de manera "aparente", y a la vez, no tratarlo-, de igual forma me adentraré en el mismo, a los efectos, no solo de cumplir con la manda constitucional del art. 65 de la Constitución Provincial, sino también para -pretender- evitar que la presente resulte impugnada por la misma razón que la sentencia que aquí se "revisa". 
	Así, al momento de rechazar el planteo de extinción de la acción penal, dice el sentenciante que "En lo particular, comparto los argumentos esgrimidos por las partes acusadoras, en derredor a la improcedencia de tal planteo. Tengo en cuenta para ello, que los fundamentos por los cuales se deduce la falta de acción giran exclusivamente en torno al cómputo del plazo previo a la iniciación de la causa judicial, circunstancia que ya ha merecido juzgamiento en los tribunales ordinarios y extraordinarios de la provincia, expidiéndose ellos de manera contraria a su procedencia. Cuestión se encuentra en trance de recurso extraordinario ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya decisión  cerrará toda discusión sobre la subsistencia de la acción en el caso. Se presenta entonces, desde lo formal,  un óbice a  la reedición del planteo en la forma que lo efectúa la Defensa,  puesto que de  concederse, se estaría vulnerando el principio de preclusión, por haberse ejercido una  facultad procesal, estando pendiente  de resolución dicho ejercicio. En otras palabras, la Defensa ha optado por sujetar su primigenio planteo a una revisión extraordinaria y por otra parte, duplica idéntica pretensión ante este Tribunal sin desistir del anterior, lo cual no supera el análisis  desde la lógica procesal, ya que no pueden existir ambos planteos  en un mismo tiempo, para ser resueltos  por dos Tribunales distintos en coetánea actuación. A mayor abundamiento, la propia Defensa al deducir el recurso extraordinario, en los recaudos de admisibilidad, consideró expresamente la definitividad de lo resuelto en la instancia provincial, así como también, la evidente irreparabilidad del gravamen al considerar que la resolución en crisis no permitía un ulterior tratamiento (cfr. Resolución del S.T.J.E.R. que concede el recurso extraordinario federal en las presentes). En otro orden, la circunstancia que la prescripción puede ser planteada en cualquier estado y grado del proceso, no implica  que pueda ser reeditada de manera idéntica ante cada Tribunal  en que se intervenga de manera originaria, tal como pretende hacerlo  la Defensa; máxime si aún, como se expuso, su inicial planteo todavía no  adquirió firmeza formal, todo lo cual precipita el rechazo de esta pretensión. Sin perjuicio de ello, en lo sustancial comparto y hago propios los argumentos vertidos por los tribunales de grado y el voto mayoritario del Superior Tribunal de Justicia Provincial en esta causa -a los que me remito en honor a la brevedad y per relationem-, los cuales afirmaran que la acción penal en la  presente causa se encuentra plenamente vigente". 
	El argumento dado por la sentencia impugnada respecto de la preclusión de la oportunidad de plantear el fenecimiento de la acción penal por aplicación de los arts. 62 y 63 CP -a mi criterio-, no puede leerse sino ubicándolo en el momento histórico en que fue dictada la misma, esto es, estando efectivamente pendiente la resolución del recurso extraordinario ante la CSJN interpuesto por la defensa de Ilarraz en el incidente de prescripción ya referido, sobre el mismo tema. 
	Sin dudas, el hecho de que la justicia provincial -en todos sus niveles- ya se hubiera pronunciado en favor de la vigencia de la acción y -sobre todo- del derecho constitucional a la verdad y a la tutela judicial efectiva en cabeza de las víctimas, precipitó la realización del debate aún cuando el tema de la vigencia/prescripción de la acción no estaba "agotado", ya que el mismo se encontraba pendiente de una resolución definitiva por la Corte.
	Con la solución dada por la Sala, si bien parecía confiarse en que la Corte tomara efectivamente una decisión al respecto, cualquiera sea ella; lo cierto es que en definitiva sostuvo lo que sobre el punto ya había definido la justicia provincial -por parte de su máximo tribunal- en una incidencia que acompañaba al principal, y a cuyos fundamentos se remite; es decir, y en contestación a aquel planteo, que la acción penal se encontraba vigente para investigar y juzgar estos delitos. 
	Ahora bien, ya en esta instancia de casación, los agravios planteados por la defensa en fecha 11/06/2018 y mejorados el pasado 07/03/2019, también deben ser analizados a la luz de lo que sucedió con el recurso ante la Corte, a posteriori de dictada sentencia de grado, puesto que en su fallo del 07/06/2018 (dictado en autos "Ilarraz, Justo José s/promoción a la corrupción agravada -incid. de extinción por prescripción s/impugnación extraordinaria") aquella rechazó el Recurso Extraordinario Federal pendiente, en función de que no se trataba -la impugnada- de una sentencia definitiva o equiparable a tal, posponiendo así el tema en cuestión para el momento en que se cumplieran los requisitos del art. 14 de la Ley 48, y solo entonces así -y eventualmente- habilitar su tratamiento. 
	Debo decir, al contrario de lo sostenido por uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal en la audiencia del pasado 07/03/2019, que la resolución de la Corte constituyó "solamente" la aplicación cuasi automática de sus propios precedentes a partir de los cuales  invariablemente ha interpretado que no son sentencias equiparables a definitivas las decisiones referentes a la prescripción de la acción penal rechazada (Fallos 206:376, 293:193, 295:704 y 298:113, entre muchos otros), y que "ni siquiera la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento, pueden suplir el requisito de sentencia definitiva" (CSJN, Fallos 311:2136, 316:766, 322:2920, 327:781 y 2315); sobre todo cuando así venía también propuesta la solución al caso por el Dictamen del Procurador General de la Nación de fecha 25/04/2016, cuando el presente se encontraba aún en instrucción (la requisitoria de elevación a juicio por parte del Ministerio fiscal es del 25/07/2016 -fs. 2061-, y el auto de elevación a juicio del 16/08/2016 -fs. 2384).
	Es decir, que no entiendo que deba leerse ninguna "ultraintención" en la resolución de la Corte, más allá de la aplicación de sus propios precedentes; aun cuando era esperable que, dado que ya se había realizado el juicio -como bien lo advirtió el Procurador General de la Nación-, el aquel tribunal pusiera fin a esta controversia que se mantiene hasta el presente, y seguramente seguirá siendo motivo de agravio, por una u otra parte.
	Obviamente, al comparar -la defensa de Ilarraz- los argumentos de la sentencia que hacen notar la preclusión (en sede provincial) y la pendencia (en sede federal) de su planteo de prescripción, con lo efectivamente resuelto por la Corte "a posteriori" de la sentencia impugnada y previo a la interposición del recurso de casación, es de entender que los agravios planteados lleven a tal punto la arbitrariedad denunciada que rocen la privación de justicia, al alegar no haber obtenido tratamiento de su planteo ni por la Corte, ni por la Sala.
	No obstante ello, y a poco de analizar la cuestión, advierto no es así; por un lado, porque la decisión de realizar el debate antes de obtener una sentencia definitiva por parte de la Corte -lo cual no le estaba vedado al tribunal- no le dejó otro más que reconocer que -en definitiva- el planteo se encontraba pendiente de resolución, y por ello es que acudió al instituto de la preclusión, toda vez que se ha dicho que "... La institución de la preclusión admite, según la doctrina unánime, tres vertientes, una de las cuales es la preclusión por consumación, esto es, que el ejercicio de una determinada facultad agota el derecho del peticionante, no pudiendo éste volver a reeditarla" (cfr. Chapini, Julio; "Ciertos efectos de la preclusión"; en LL-1990-B-312). 
	Es de hacer notar que nuestro STJER se ha manifestado en similar forma, al expresar en autos "Alvarenga, Silvia Cristina c/Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos s/Acción de Amparo" (sentencia del 23/12/2018) que existe un principio elemental en materia procesal que prohíbe el deambular simultáneo por distintas vías procedimentales esgrimiendo idéntica pretensión.
	Como se ve, la preclusión es una institución general sobre el proceso, lo que implica que no solo opera en aquellos en que prima el principio dispositivo, sino también en los que rige el orden público. En consecuencia, esta institución tiene vigencia tanto en los procesos jurisdiccionales civiles, laborales, de familia y administrativos, como en los constitucionales y penales.
	Pero la situación es otra al conocerse la decisión de la Corte de no abrir el Recurso Extraordinario presentado por la defensa de Ilarraz -posterior a la sentencia que en este acto se revisa-, lo que deja incólume la decisión impugnada por aquel remedio extraordinario y permite entonces la reiteración de dicho planteo en esta instancia aun sin apelar a la vía del agravio; y ello por cuanto al ser la prescripción un instituto de orden público, ésta puede tratarse en cualquier estado y grado del proceso, ya sea como pretensión originaria o autónoma.
	Tal es así, que hasta los jueces -de cualquier instancia- pueden declararla de oficio en cualquier estado del proceso, cuando entiendan que corresponde su aplicación (CSJN, Fallos 275:241 y 321:2002; entre muchos otros).
	Con lo anterior, y si hacemos un ejercicio hipotético, vemos que ningún agravio puede deducir la defensa frente a aquella argumentación de la Sala actuante, ya que si la Corte hubiera definido la cuestión relativa a la prescripción de la acción penal, ya sea en favor de su vigencia o de su extinción, no estaríamos revisando en este acto el tema en cuestión; lo que es lo mismo que decir que frente a la indefinición de nuestro máximo tribunal -y solo luego de la misma-, es que el tema puede plantearse -y resolverse- en esta instancia aún si no se hubiera planteado en la instancia de juicio.
	Pero más allá de dicho ejercicio, lo cierto es que sí fue allí planteado, y también  fue allí respondido; por lo que no resulta correcta la expresión de que la Sala "no haya tratado el planteo de prescripción" toda vez que se advierte -y se cita luego por el recurrente- que para cerrar la "primer cuestión", quien comandó el voto del acuerdo expresamente refirió que "Sin perjuicio de ello..." -es decir, de que el planteo de prescripción pendía de definición en la Corte-, "en lo sustancial" hacía propios los argumentos vertidos "por los tribunales de grado y el voto mayoritario del Superior Tribunal de Justicia Provincial en esta -misma- causa", a los que se remite "en honor a la brevedad" y "per relationem", ya que todos ellos afirmaron que la acción penal en la presente causa se encontraba vigente.
	De esa manera, el agravio del recurrente respecto de la alegada "falta de motivación" o "motivación aparente" sobre el punto, no puede tener acogida, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia local -si bien con críticas- toleran dicho proceder de los tribunales de todas las instancias. 
	Al respecto, puedo citar al Prof. Alberto Fermín Garay, quien afirma que "La cita de casos anteriores es una actividad que se realiza con bastante  frecuencia por parte de abogados, jueces y profesores. Obviamente esas menciones pueden responder a variados propósitos y perseguir distintos fines. Muchas veces los abogados aludimos a decisiones tomadas previamente, en soporte de la posición que estamos defendiendo. Otras, echamos mano a un contrato que hemos redactado en otra oportunidad, a fin de utilizarlo en una transacción similar que exige la confección de un instrumento semejante. También puede ocurrir que, en esa mirada hacia atrás, busquemos evitar la reiteración de lo que juzgamos fue un error. Esta observación retrospectiva, como se dijo al inicio, es también habitual en otros órdenes de nuestra vida. Los padres o madres, ante situaciones similares, generalmente sentimos la obligación de actuar con uno de nuestros hijos del mismo modo que lo hemos hecho antes con el otro, a menos, claro está, que consideremos que nuestra conducta pasada fue injusta o que se engarzaba en otro contexto. Pero aún en este último caso, igual miramos hacia atrás para no repetir acciones que consideramos erradas. Las razones por las cuales solemos proceder de ese modo son diversas y no son necesariamente las mismas. Es más, de acuerdo al objetivo que persigamos en su mención, pueden existir buenas razones para no tratar esas instancias del mismo modo. Sin embargo, lo que los ejemplos recién ofrecidos sí tienen en común  es que, previo a ejecutarse la acción que en ellos se persigue, siempre se mira hacia el pasado; se tiene en cuenta la solución que se adoptó antes respecto de una situación que se considera parecida, sea para repetirla, sea para no insistir  en ella o para diferenciarla del caso actual. Esto también es usual en las sentencias judiciales. Cuando los abogados y los jueces decimos que el caso que pende de decisión tiene un precedente, es porque, como la palabra lo indica, hay una decisión de un caso como el actual que precede a éste" ("El precedente judicial en la Corte Suprema";en http://www.carriogarayabogados.com.ar/wp-content/uploads/2016/pdf/alberto_garay/El-precedente-judicial-en-la-Corte-Suprema-original-UP.pdf).
	Entonces, lo cierto es que no existe una única forma para remitirse a cuestiones antecedentes, pudiendo utilizarse fórmulas más o menos abreviadas aunque, a veces, su brevedad extrema suprima aspectos que pueden ser considerados importantes al momento de establecer similitudes. En todo caso -afirma Garay-, si bien se admite que la sentencia posea una motivación implícita adecuada o "per relationem", con adopción, adhesión o remisión a dictámenes obrantes en autos o a sentencias de instancias anteriores cuyos fundamentos se afirma compartir, siempre será necesario que esa fundamentación implícita sea clara e inequívoca y no incompleta o inadecuada.
	Así, y por ejemplo, será inadecuada una fundamentación que remite a lo resuelto en fallos anteriores dictados en otras causas cuando tal extremo no contiene referencias razonadas a los concretos agravios interpuestos y a los hechos de la causa no tratados por el tribunal interviniente; pero en el caso, vemos que lejos de lo anterior -y por más breve que resulte la fundamentación en cuestión- el tribunal de juicios se remite y refiere a los fallos que "en el mismo proceso" que por vía incidental, y contra "los mismos agravios" sostenidos invariablemente a lo largo de dicho incidente, se hubieron dictado no por uno, sino por cuatro tribunales provinciales; a saber: Juzgado de Instrucción Nº 3 de Paraná -Resolución de fs. 304/334; Cámara Primera de Paraná, Sala I -Resolución de fs. 537/559; Cámara de Casación de E.R., Sala I -Resolución de fs. 648/669; y STJER, Sala Nº 1 -Resolución de fs. 740/796, todas en autos "Ilarraz, Justo José s/Promoción a la corrupción agravada s/Incidente de extinción por prescripción", y todos con el mismo resultado y decisión de sostener (y declarar) la vigencia de la acción penal, aunque en algunos de los casos citados haya sido por mayoría de votos.
	Pero sin ir más lejos, y aún con los matices propios de cada uno de ellos, no puede sino advertirse -de todas las intervenciones jurisdiccionales apuntadas en el incidente s/extinción de la acción penal- que existe un mismo hilo conductor, o núcleo duro, que llevó tanto al Juez de Instrucción, como a la Cámara Primera -por mayoría-, a la de Casación y a la Sala Penal del STJER -también por mayoría- a sostener que el instituto de la prescripción no resulta aplicable al caso. 
	El mismo puede ser resumido en que las normas del derecho internacional de los derechos humanos, de mayor jerarquía que las normas de derecho interno, obligan al Estado Argentino a investigar, juzgar y sancionar los hechos denunciados, en cuanto implicaron una grave afectación a los derechos humanos de las víctimas, cometidos por una persona que ostentaba una jerarquía superior en la iglesia católica local, pero que  a la vez era nada menos que educador, confesor, guía, garante y custodio de su seguridad y bienestar al momento de los hechos, habiéndoseles impedido (a las víctimas) el acceso oportuno a la justicia y a una tutela judicial efectiva en función del silenciamiento que de los mismos hechos realizara la propia jerarquía de la iglesia a la que pertenece el autor, obligándolos a guardar secreto de las denuncias que oportunamente realizaran en un juicio diocesano llevado adelante también en secreto y luego archivado sigilosamente.
	Podemos ver en la causa que la resolución del Dr. A. Grippo (fs. 304/334 del incidente en cuestión) considera que a) Ilarraz era miembro de una organización de poder, como la iglesia católica -cuestión que es compartida por la Dra. Badano en su voto de fs. 552/559, cuando afirma que los hechos imputados son "crímenes cometidos desde el poder", y por el Dr. Chiara Díaz en su voto de fs. 740/758-, de la cual se aprovechó no solo para realizar los ilícitos imputados, sino también para garantizarse su impunidad; b) que se trata de delitos que suponen una grave violación a los derechos humanos y que existe un deber estatal de investigarlos, en función lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño -respecto de lo cual existe coincidencia en todas las instancias; c) que existió, respecto de las víctimas -todos los cuales eran menores de edad (niños) al momento de los hechos- una violación a su derecho a la tutela judicial efectiva puesto que los hechos denunciados ante las máximas autoridades eclesiásticas de la jurisdicción, en el marco de un juicio diocesano, lo fueron bajo juramento de guardar secreto, y no fueron puestos en conocimiento de nadie, ni de sus padres, ni de las autoridades administrativas y/o judiciales estatales, es decir, ocultados y silenciados por aquellas mismas autoridades -respecto de lo cual también existe coincidencia-; d) y finalmente, que el bloque de constitucionalidad -con la prevalencia de las normas internacionales-, en el caso, se impone a las normas de derecho interno que regulan los plazos previstos para la prescripción de la acción penal, por lo que las mismas se tornan inaplicables -nuevamente unanimidad de criterio en todas las instancias, con la única discrepancia de la Dra. Badano, quien fundamenta que las mismas se encuentran "suspendidas" en su aplicación; no obstante llegar a la misma conclusión respecto de la vigencia de la acción penal. 
	En definitiva, aún a pesar que aquel proceder pueda ser calificado como una "mala práctica" (Garay, A. F., op cit), la remisión en cuestión (o fundamento "per relationem") -en el caso- no llega a constituir una afirmación dogmática que pueda dar sustento a su descalificación, toda vez que hasta la propia CSJN ha elaborado una doctrina sobre el punto, al afirmar -también invariablemente desde hace más de treinta años- que "en principio, es bastante fundamento de las decisiones judiciales la remisión a  lo resuelto en pronunciamientos anteriores, sin que esas remisiones importen en sí la arbitrariedad de sentencia" (CSJN; Fallos 278:135, 278:271, 290:95, 296:363, 302:1675, 304:1343, 315:449, 321:2293, 327:954, e "Intercam SAC y otros s/infracc. L. 19359" del  08/11/1988, entre otros), "máxime cuando, como en el caso, no se advierte que la remisión efectuada por el quo resulte manifiestamente inadecuada (CSJN, "Nidera S.A. c/A.N.A." del 30/03/2004, también entre otros).
	En el mismo sentido, en el precedente "Massera, Emilio Eduardo s/incidente de excarcelación" (CSJN, 15/04/2004), el Dr. Fayt enfáticamente expresó "Que todo pronunciamiento como unidad lógico-jurídica debe autosustentarse y estar suficientemente fundamentado. Esto, como es evidente, tiene por objetivo esencial conjurar que la decisión importe el producto del arbitrio ilimitado de los jueces y configure una afirmación meramente dogmática como "proposición que no está abierta a la corroboración intersubjetiva, (y que por el contrario), se funda exclusivamente en la convicción subjetiva, o fe, del que la sustenta, al margen de consideraciones racionales" (Carlos S. Nino, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, ed. Astrea, 1988, pág. 322). Que no toda remisión constituye una fundamentación insuficiente que pueda calificarse de "dogma". Así ha sido entendido pacífica y reiteradamente por esta Corte, tanto en el caso de remisiones por parte de los tribunales de segunda instancia a los argumentos y razones expuestos en los fallos de primera instancia apelados ante ellos (Fallos: 247:202; 266:73; 308:2352, entre otros), como así también en el caso de remisiones a los fundamentos desarrollados por el órgano acusador (Fallos: 266:73; 291:188; 294:361; 295:125; 304:781; 308:2352, entre muchos otros); agregándose en el pronunciamiento mencionado de Fallos: 291:188 que lo que "realmente interesa es la argumentación acogida por el Juzgador, en su objetividad". Que asimismo esta Corte ha considerado que las remisiones hechas respecto de decisiones anteriores del mismo tribunal no constituyen vicio alguno que descalifique el pronunciamiento (Fallos: 292:87; 293:190; 311:600) y ha afirmado expresamente que esa remisión constituye fundamento bastante para la validez de la decisión (Fallos: 315:2822). Que, a su vez, la remisión no implica "automatismo" por parte de los juzgadores; evidentemente allí como en toda decisión se manifiesta una premisa axiológica implícita que valora esa fundamentación por sobre otras y descarta que ésta sea insustancial, arbitraria o maliciosa. Que en este examen no debe perderse de vista que el motivo de la exigencia de la unidad lógico-jurídica de los pronunciamientos es que se comprenda cuál es la conclusión mayoritaria a la que se ha arribado. Este objetivo no necesariamente fracasa tal como se afirmó por el hecho de que se hagan remisiones a otras decisiones. Así la remisión a los fundamentos de primera instancia otorgan al justiciable la posibilidad de rebatirlos (conf. Fallos: 311:930), asegurándose de esta manera, el pleno ejercicio de la garantía de defensa en juicio, lo que resulta imposible en el caso de afirmaciones netamente dogmáticas o excesivamente escuetas" (Considerandos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º).
	Lo importante entonces es la determinación de aquello que se ha querido transmitir, más allá de que se lo realice en forma de remisión o se utilice otra técnica de redacción distinta. 
	Por lo que podemos concluir que para el voto primero y para el Tribunal en su totalidad, resultó innecesario detenerse a examinar cuál fue la fórmula utilizada por cada uno de los jueces intervinientes en las distintas instancias, pues surge con claridad de dicho voto que su intención fue reproducir las mismas razones utilizadas por los restantes tribunales, toda vez que no se advierte afectado el recaudo de la mayoría de opiniones.
	La utilización de la palabra  "a todo evento", resulta así legítima, y no invalida la sentencia, la cual ha evitado reiterar argumentos ya brindados y explicitados.
	De hecho, la imposición derivada del derecho positivo y constitucional de que las sentencias y resoluciones judiciales sean fundadas, tiene que ver con evitar a que respondan a la exclusiva voluntad de los jueces, sin apoyo alguno en el derecho vigente y en los elementos aportados por las partes para la solución del litigio, con respeto por la jerarquía de normas y el principio de congruencia; por lo que la motivación en las decisiones adoptadas por los magistrados no es más que la necesaria para evitar la arbitrariedad.
	En tal sentido, aquella que consiste en una mera remisión de antecedentes no implica falta de sustento lógico jurídico, sino que el razonamiento de los presupuestos legales que derivan en la aplicación de los precedentes jurisprudenciales consignados revelan la "voluntas" y la "ratio" existentes implícitamente en el resolutivo objeto de estas actuaciones.
	Con tal marco doctrinario y jurisprudencial, y tratándose en estos supuestos de la misma causa, de las mismas partes, de los mismos hechos y de los mismos planteos -ya resueltos-, no puede tildarse la sentencia impugnada como arbitraria por carencia de fundamentos, o que la misma viole la debida defensa o, incluso, cualquier otra garantía procesal -como el "doble conforme"-, tal y como lo planteó celosamente la defensa de Ilarraz.	
	Es más, en el caso, la circunstancias apuntadas, lejos de resultar vejatorias de garantía constitucional alguna, responde a una práctica judicial más que arraigada y sostenida -aunque es cierto que criticada- por la doctrina y la jurisprudencia de todos los fueros y grados (v.gr.: CNFed, Sala Cont. Adm., 30/03/1964, ED 8-756 y LL-115-210; CSJN, 27/11/1972, LL-149-409; y Fassi, Santiago C. y Yañez, César D., "Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado y anotado", Bs. As., Astrea, Tomo I, 1988, pag. 776; entre muchos otros); por lo que no advierto entonces que exista en la sentencia impugnada una decisiva carencia de fundamentación, omisiones o desaciertos de gravedad extrema (cfr. la doctrina de la arbitrariedad de sentencias emanada de la CSJN en Fallos "Abaco Cia. Financiera S.A. v/Resolución Nº 509 del BCRA" del 24/03/1992, y 300:535, entre otros), como para que se configure el supuesto invalidante de la misma que consigna el recurrente.
1.b- "El Tribunal de Juicios, en torno a motivar el rechazo de la prescripción de la acción dijo (...) en lo sustancial, la acción penal se encuentra vigente".
	Al respecto, y en primer término, debo referir que conforme lo ha dicho invariablemente nuestro Superior Tribunal de Justicia (Sala Nº 1) actuando como tribunal de casación, una sentencia y/o resolución judicial no puede considerarse "firme", sino hasta que se resuelva la concesión o denegación del Recurso Extraordinario Federal (STJER in re "Bejarano", del 31/12/2016 ; "IBARRA GUILLERMO R. s/HOMICIDIO SIMPLE y COACCIONES AGRAVADAS POR USO DE ARMA DE FUEGO EN FORMA REITERADA - INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN", del 04/02/09, "VELEZ MARIO V. s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL REITERADO, AGRAVADO - INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN RECURSO DE CASACIÓN", del 09/03/09 y "MARTINEZ WALTER L. - GODOY Ma. ANGÉLICA - GALLI L. MIGUEL s/ FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO Y OTRO - INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN - RECURSO DE CASACIÓN", del 30/11/09, entre otros).
	En el caso, y respecto del tema que me ocupa en este apartado -vigencia/extinción de la acción penal por prescripción-, como ya fue enunciado anteriormente, el STJER concedió a la defensa de Ilarraz el Recurso Extraordinario Federal de la Ley 48, pero el mismo fue rechazado por la CSJN el pasado 07/06/2018, en atención a que la impugnada no se trataba de una sentencia definitiva, en los términos del art. 14 de la referida Ley.
	Así las cosas, y habiéndose agotado las instancias ordinarias y extraordinarias locales, podemos afirmar que sobre el tema -y hasta tanto no exista un pronunciamiento en contrario de nuestro máximo tribunal nacional- existe en la provincia la decisión de que, en el caso, la acción penal se encuentra vigente, habiéndolo así decidido -por mayoría- el Superior Tribunal de Justicia local, en instancia extraordinaria, el pasado 27/04/2015.
	Al respecto, dijo la Dra. Mizawak que "... Es así, que de una armónica conjugación del interés superior del menor con la tutela judicial efectiva se sigue que quienes denunciaron ser víctimas de delitos contra la integridad sexual tienen derecho a que se investiguen los hechos, sin que las normas internas acerca de la prescripción de la acción penal -cuya aplicación insistentemente reclama la defensa recurrente- lleven a una conclusión diferente a la que propicio, las cuales pese a conservar su plena validez y eficacia, deben ser delimitadas e interpretadas en su justo alcance en los casos concretos para resguardar derechos de mayor jerarquía. (...) Por ende, si ante un presunto caso de abuso infantil como el presente aplicamos un criterio formalista, rigorista de mera operación aritmética, tal como propone la defensa técnica de Ilarraz al reclamar la extinción de la acción penal, estaríamos ignorando gravemente no solamente la posible impunidad que quiso asegurar la iglesia católica para el imputado, sino además el lento y dificultoso tránsito de distintas víctimas por el doloroso proceso de aceptación de lo ocurrido que tiene directa relación con la maduración de cada una de esas personas, que implica el proceso individual de reconocer y aceptar el pudor, la templanza y permitir el respeto y apertura hacia los demás; y tornaría en letra muerta el derecho a acceder a un recurso sencillo y eficaz". 
	De los fundamentos de tal decisión no puede dejar de advertirse cómo el STJ interpretó la expansión e impacto del derecho internacional de los derechos humanos en las normas internas estatales, determinando ello -consecuentemente- las decisiones de sus máximos órganos judiciales encargados de interpretar y aplicar las normas jurídicas.
	Obviamente, y tal y como allí se recalca, nuestro país no ha escapado a este fenómeno, máxime teniendo en cuenta que la reforma de la Constitución de 1994 ha influido en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en asuntos en los que ha entrado en conflicto la norma internacional con la interna, especialmente en materia de aplicación de normas y principios generales de derecho internacional, al punto tal de decir -y repetir- que las decisiones de los organismos rectores y/o intérpretes de cada uno de dichos instrumentos constituye una imprescindible pauta de interpretación para los tribunales nacionales.
	De ese modo, han tomado plaza en las sentencias de nuestro máximo tribunal las "observaciones generales" y las "observaciones finales" de los Comités de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los Derechos del Niño, y del Comité contra la Tortura -todos en el ámbito de la ONU-, también del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, así como también las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante: "Corte IDH"), en el marco del sistema interamericano de protección de los mismos, siendo que allí el elemento aglutinador se ha dado en derredor de la Convención Americana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica).
	La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al ámbito interno tuvo, en Argentina, una evolución vertiginosa, a la vez que se trata de una categoría en constante expansión que se ve potenciada en el marco de la doctrina del control de convencionalidad. 
Así, se ha formado un auténtico bloque normativo que, al decir de Ferrajoli, "... ha cambiado la naturaleza tanto del derecho como de la democracia. Cambió la naturaleza del derecho, cuya validez ya no depende de las formas legislativas de su producción, sino también de sus contenidos, es decir de la sustancia de las leyes producidas, la cual no puede derogar los principios y derechos establecidos constitucionalmente, siendo que en tal caso resultaría inválida. Simultáneamente, cambió la naturaleza de la democracia, que ya no consiste solo en la omnipotencia de las mayorías, sino también en los límites y vínculos de contenido que le impone la esfera de aquello sobre lo que ninguna mayoría puede decidir, esto es, la lesión de los derechos de libertad; y la esfera de aquello sobre lo que ninguna mayoría puede dejar de decidir, esto es, la no satisfacción de los derechos sociales" (Luigi Ferrajoli, "Democracia y Derechos Fundamentales frente al desafío de la globalización", LL-2005-F-1199). 
	Dicho "bloque" no solo resulta el parámetro para ejercer el control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales, sino que -como consecuencia de ello-, la norma suprema ha adquirido la dimensión de una "constitución convencionalizada", viéndose -sus operadores jurídicos- constreñidos a argumentar los casos en base a las fuentes constitucionales y convencionales vigentes, debiendo aplicar la norma local o internacional (situada dentro de los instrumentos internacionales ratificados por la Argentina) que efectivamente amplíe y/o garantice la efectividad del derecho o libertad en juego. 
	Con su sentencia del pasado 27/04/2015, nuestro STJER (Sala Nº 1) -por mayoría- ha entendido que, a partir de la aplicación del bloque de convencionalidad compuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y el art. 18 de la Constitución Nacional, "no existe tensión alguna entre el derecho de las presuntas víctimas a que la justicia investigue los hechos que han denunciado y obtengan una respuesta a sus requerimientos y pretensiones, como una forma de afianzar la justicia, con los derechos constitucionales del acusado" (voto de la Dra. Mizawak); por lo que si se reconoce el derecho de las víctimas -por las particulares circunstancias del caso (también apuntadas en el voto del Dr. Chiara Díaz)- a obtener una "respuesta", como resultado de la investigación que se permitió iniciar, continuar y concluir -en función de entender como vigente la acción penal-, entonces aquella no puede ser otra que un "juicio" y una "sentencia" -como resultado de ese último- la cual, obviamente, puede resultar condenatoria o de absolución.
	Cualquiera de ambas decisiones se hubiera tomado a partir de la premisa de que la acción penal se encontraba vigente para investigar, y para "dar una respuesta" a las víctimas -tal y como fue resuelto en las distintas instancias de la causa en el ámbito provincial-, lo que significaba juzgar a Ilarraz por los delitos imputados para así conocer la verdad ("procesal") de lo sucedido, y dictar una sentencia que resolviera sobre su responsabilidad (o falta de) en los hechos que le fueron imputados.
	Aquellas obligaciones de "investigar", "juzgar" y "sancionar" las violaciones a los derechos humanos, surgen de todos los instrumentos internacionales ratificados por la República Argentina, se encuentren estos constitucionalizados o no, por lo que debe necesariamente entenderse que si la acción penal se encuentra vigente para investigar, también lo está para las demás obligaciones referidas, puesto que la jurisdicción argentina es plenamente contenciosa, y no consultiva -ni tampoco declarativa-, razón por la cual siempre se exige la existencia de un "caso" judicial (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, art.  2 de la Ley 27; y CSJN en numerosos precedentes: "Hogg", del 1/12/58, Fallos: 242-353; "Provincia de Mendoza c/ Nación Argentina", del 13/03/1959, Fallos 243-176; también en Fallos 12-372; 24-248; 95-290; 107-179; 115-163; 156-318; "SRL H.I.R.U.", de Fallos 245-552; "Banco Hipotecario Nacional c/Pcia. de Córdoba", del 26/12/63, Fallos: 256-104; y "Polino y otro", del 7/12/94, Fallos 317-341; entre muchos otros), obviamente también en el ámbito de los juicios penales.
	De hecho, el derecho de tutela judicial y de acceso a la justicia, reconocido en cabeza de aquellas víctimas, implica la realización de todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y sancionar a los responsables, en tanto se los encuentre como tales; ya que todo proceso se inicia con la investigación y termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, agotando así la jurisdicción. 
	No puede perderse de vista que la finalidad normal del proceso penal consiste en la determinación de la pretensión punitiva estatal para su correspondiente materialización: "la realización del derecho penal es la tarea del derecho procesal penal" -se ha dicho sostenidamente-; expresión que me recuerda a S. Soler, cuando afirma que "la que se suele designar como la potestad punitiva estatal no es sino el conjunto ideal de las potestades punitivas limitadas que surgen de las respectivas figuras delictivas establecidas en el CP y en las leyes penales especiales. Por eso puede decirse que la acción no es más que el momento dinámico de una pretensión punitiva preexistente y estática, a la cual la desencadena la comisión de un hecho. Producido este, la amenaza genérica de una pena se pone en relación con un sujeto determinado, por medio de la actividad de una serie de órganos, tendiente a producir en los hechos, la consecuencia amenazada, esto es, la pena" ("Derecho Penal Argentino", 5ta. edición, TEA, CABA, 1987, T. II, pag. 527), y que "El estudio de las fases en que esa acción de los distintos órganos del Estado se desarrolla, para alcanzar el fin señalado, integra el campo del procedimiento penal, pero, siendo la acción penal un poder absolutamente limitado en su contenido por las figuras jurídicas delictivas, se hace necesario distinguir algunas condiciones y formas bajo las cuales la potestad punitiva es entregada a los órganos que la han de hacer efectiva. Estas condiciones y límites, naturalmente, no forman parte del procedimiento, no son normas procesales, sino penales, porque contienen autolimitaciones a la pretensión punitiva, con las cuales la ley de fondo fija a la pretensión punitiva una especie de vida, y distintos modos de nacimiento y extinción" (Sebastián Soler, op cit, pags. 527/528).
	Podría entonces trazarse una suerte de "biología" de la acción penal, a partir de la cual ella nace, se desarrolla y muere; pero mientras se encuentre "con vida" reflejará la pretensión punitiva estatal a partir de los distintos órganos que la hacen efectiva de distintas formas, ya sea acusando y/o juzgando. 
	De otra forma, es decir, si la acción penal ha "muerto" o "extinguido", entonces no podría realizarse ninguna de tales acciones. 
	Lo que no permite el derecho material ni formal, es que dicha "acción" se encuentre en una suerte de limbo o coma procesal -si se me permite la analogía-, o lo que sería: "viva" para algunos órganos estatales y "extinguida" para otros, como en el caso que la acción pueda ser ejercida por el Ministerio Público Fiscal para investigar y acusar, pero no ser tomada por el Tribunal u organismo jurisdiccional para juzgar y sancionar (o absolver).
	Ello así, cuando -se sabe- toda acción derivada de un delito tiene -también- como propósito el de excitar la jurisdicción (de un tribunal) para que haga valer (o no) el poder punitivo estatal en el caso concreto.
	Con tal marco, y a partir de la referencia al fallo del STJER en esta misma causa, coincido con que a partir de la reforma constitucional de 1994 existe una evolución claramente limitativa de las potestades del derecho interno de condonar u omitir la persecución de hechos que involucren la violación de los derechos humanos protegidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, y más aún cuando se trata de sujetos de especial tutela constitucional, como son -por ejemplo- los niños; debiendo enfatizarse que cuando se enfrente una situación de hecho en la que son aplicables simultáneamente normas constitucionales, normas de tratados internacionales con jerarquía constitucional y normas de otros tratados internacionales, el tribunal deberá tener en vista todos los estándares en juego para intentar armonizarlas, sin que una invalide y/o reemplace a las otras (CSJN in re "Simón", 14/06/2005; "Bramajo", 12/09/1996; "Carranza Latrubese", 06/08/2013; "Priebke", 02/11/1995; "Arancibia Clavel", 24/08/2004; y "Espósito", 23/12/2004; entre otros).
	En todos esos casos mencionados se ha reconocido que todo sistema jurídico tiene principios fundamentales que inspiran, informan y conforman sus normas; y que son esos principios -entre los que sin dudas se destaca el de la "dignidad", "inviolabilidad" e "integridad" de la persona humana- los que confieren cohesión, coherencia y legitimidad a las normas jurídicas y al sistema jurídico como un todo, y también su ineluctable dimensión axiológica.
	Esos principios nos mostrarán los fines legítimos del ordenamiento jurídico: el bien común, la realización de la justicia, y el necesario primado del derecho sobre la fuerza para la preservación de la paz. Por lo que, al contrario de los que intentan -creo que en vano- minimizarlos, entiendo que sin dichos principios no habrá verdaderamente un sistema jurídico y que tampoco el "orden jurídico" podrá realizarse, dejando de existir como tal.
	Es más, en el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cualquier duda que se pueda plantear en cuanto al alcance de los derechos individuales, se disipa (en todos los casos) acudiendo a los principios generales, tales como la dignidad del ser humano y la inalienabilidad de los derechos inherentes al mismo.
	Por ello es que, a medida en que se forma un nuevo corpus juris, hay que atender a la identificación de aquellos principios, y observarlos, nada menos que para la protección del ser humano. 
	Con ello, y específicamente respecto de la institución que nos ocupa en el presente -prescripción de la acción penal-, advierto que la Corte IDH ha sostenido la inaplicabilidad de tal resorte material/procesal en aras de que una grave violación a los derechos humanos no quede impune; y ello ha sido así no obstante haber afirmado y reconocido que la prescripción (en materia penal) determina "la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo, y que, generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores" (Caso "Albán Cornejo y otros vs. Ecuador", sentencia de 22 de noviembre de 2007, párr. 111; Caso "Vera Vera y otra vs. Ecuador", sentencia de 19 de mayo de 2011, párr. 117), siendo reconocida en algunos países de la región como una garantía del imputado (Caso "Bueno Alves vs. Argentina", resolución del 5 de julio de 2011, cons. 45) que debe ser observada debidamente por el juzgador para todo imputado de un delito, (Caso "Barrios Altos vs. Perú", párr. 41 y Caso "Loayza Tamayo vs. Perú", resolución del 1 de julio de 2011, cons. 40) ya que, en ciertos casos, "permite al inculpado oponerse a una persecución penal indefinida o interminable, operando de esta manera como correctivo a los órganos encargados de la persecución penal frente al retardo en el que pudieran incurrir en la ejecución de sus deberes" (Caso "Ivcher Bronstein vs. Perú", resolución del 24 de noviembre de 2009, cons. 16). 
	También en la misma línea, la Corte IDH ha señalado que el imputado "no es responsable de velar por la celeridad de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal" y que, en esa medida, no se le puede atribuir "que soporte la carga del retardo en la administración de justicia, lo cual traería como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley" (Caso "Albán Cornejo y otros vs. Ecuador", cons. 119).  
	Sin embargo, cuando los delitos en cuestión implican graves violaciones a los derechos humanos, aquella no hesitó en destacar que, "en ciertas circunstancias, el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción (Caso "Albán Cornejo y otros vs. Ecuador", cons. 111 y Caso "Vera Vera y otra vs. Ecuador", cons. 117) a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas" ("Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador", cons. 111 y Caso "Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia", sentencia de 1 de septiembre de 2010,  cons. 207 -el resaltado no es del original-), estimando que "independientemente de si una conducta es determinada por un tribunal interno como crimen de lesa humanidad o no" ("Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia", cons. 208), "debe tenerse en cuenta el deber especial que tiene el Estado frente a las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos'" (Caso "Gomes Lund y otros -Guerrilha do Araguaia- vs. Brasil", cons. 171, y Caso "Gelman vs. Uruguay", cons. 225). 
	Vale decir -entiendo-, que cuando la Corte se refiere, como graves violaciones a los derechos humanos a los casos de tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y a las desapariciones forzadas, no lo hace de manera taxativa ni cerrando -a modo de "numerus clausus"- la nómina o plantel de delitos que puede considerarse de la misma especie; sino que, como lo expresó en otros casos también arriba citados, debe estarse a que se trate de una conducta "cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas", y/o se encuentren involucrados sujetos de especial protección constitucional o convencional (mujeres y/o niños, entre otros), "independientemente de la calificación de los mismos como de lesa humanidad (o no)", ya que de otra forma, aquella categoría quedaría petrificada en el tiempo en el cual fue ejemplificada con la mención de solo aquellos delitos. Es decir, que birnda parámetros objetivos que al analizar y verificar su concurrencia en determinados delitos, éstos puedan ser incluidos dentro de tal categoría, lo que implica -desde ya- recurrir al casuismo.
	Así, en la última resolución de la Corte IDH en el caso "Bámaca Velásquez Vs. Guatemala", -s/cumplimiento de sentencia-, del 18/11/2010, ésta planteó su posición respecto del juicio de ponderación que corresponde hacer a las autoridades judiciales cuando se encuentran vinculados, por un lado, los derechos de los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos de conocer lo sucedido y, por otra parte, posibles garantías procesales de los imputados, afirmando que ello debía hacerse casuísticamente, toda vez que  "tanto de la jurisprudencia de la Corte como de algunas decisiones en el derecho comparado, es posible concluir que en las eventuales tensiones entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado, existe una prevalencia prima facie de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad. Es preciso entonces que las autoridades judiciales respectivas analicen detenidamente las circunstancias y el contexto específico de cada caso para no generar una restricción desproporcionada a los derechos de las víctimas. Así, por ejemplo, el Tribunal ha señalado que, si bien la prescripción es una garantía del debido proceso que debe ser observada debidamente por el juzgador para todo imputado de un delito, la invocación y aplicación de la misma es inaceptable cuando ha quedado claramente probado que el transcurso del tiempo ha sido determinado por actuaciones u omisiones procesales dirigidas, con clara mala fe o negligencia, a propiciar o permitir la impunidad" -el destacado no es del original.
	Dicho criterio no implica que se desconozcan los alcances e importancia que tiene el instituto procesal de la prescripción, sino que éste debe aplicarse siempre que corresponda -en atención a su carácter de orden público-, salvo que se compruebe, en cada caso en particular, alguna de las referidas circunstancias citadas por aquel Tribunal regional.
	El conflicto -entonces- entre la justicia y la seguridad jurídica puede ser resuelto en el sentido que el derecho positivo asegurado por la sanción y el poder tiene prioridad aún cuando su contenido sea injusto y antifuncional, salvo que la contradicción de la ley positiva con la justicia alcance una medida tan insoportable que la ley, en cuanto derecho injusto, deba retroceder ante esta última. 
	Esta fórmula no hace sino admitir que aquellos principios de los que hablaba más atrás, constituyen límites externos al derecho que se "activan" toda vez que el umbral hacia una extrema injusticia resulta transpuesto. 
En tales casos, las normas dictadas conforme al ordenamiento, y socialmente eficaces, pierden su carácter jurídico y su validez jurídica, por resultar -su aplicación al caso concreto- extremadamente injustas.
	Así, vemos que en todos los casos arriba resumidos de la Corte IDH, han sido siempre los derechos fundamentales de las víctimas los que justificaron la interpretación restrictiva del igualmente fundamental derecho del autor, sin que ello haya sido entendido como una modificación al derecho vigente.
	Yendo entonces al análisis concreto del presente caso, a los efectos de encontrar (o no) los parámetros objetivos antes advertidos, lo primero que debemos preguntarnos es si las víctimas que denunciaron al imputado Ilarraz eran, al momento de los hechos, personas vulnerables -en los términos de la normativa y jurisprudencia citada- y de especial protección constitucional y convencional; y la respuesta resulta a todas luces afirmativa, por cuanto ya a esta altura resulta de perogrullo que aquellas eran niños de entre 12 y 15 años de edad (S. 15 años; R. 15 años; P. 12 años; H. 13 años; C. 15 años; A. 14 años; R. 14 años), y por lo tanto merecían especial tutela, conforme el art. 1 de la Convención Internacional de Derechos del Niño (aprobada por Ley Nº 23.849), en cuanto "...se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad...".
	Es decir, que no cabe duda alguna que conforme el derecho interno, aquellos eran niños al momento de producirse los hechos denunciados, y que como tales, eran sujetos de especial tutela y protección constitucional.
Existe también normativa expresa que así lo define, como es la propia Constitución Nacional (art. 75 inc. 23), como opiniones y directrices de los organismos competentes para la interpretación de la normativa internacional también garante de aquellos (niños), en donde específicamente se ha enfatizado sobre la obligación de cada Estado de prevenir y castigar todo tipo de violencia y abuso hacia los menores por parte, especialmente, de sus "cuidadores", y en los lugares de atención en donde estén a su cargo, como son -por ejemplo y entre otras- las instituciones educativas (cfr. Comité de los Derechos del Niño, ONU, Observación General Nº 13: "Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia", 2011, ptos. 5, 25, 33 y 34 entre otros).
	El bloque normativo se completa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) -que dispone que niños y niñas tienen derecho a medidas de protección (artículo 24)-, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -en cuanto establece que todo niño/a, tiene derecho a medidas de protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (artículo 19)-, y con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) -específicamente-, que establece el "interés superior del niño" como estándar interpretativo y orientativo de toda acción que se dirija a los mismos.
	Al respecto, la CSJN, en el fallo "GME y otra" (Expte. G. 147. XLIV, del 2/12/2008), afirmó que la Convención sobre los Derechos del Niño ha subrayado que dicha protección especial importa reconocer lo que todo niño es, vale decir, un sujeto pleno de derechos, y por consiguiente, los Estados deben configurar esa protección especial en términos de concretos derechos, libertades y garantías, a las que se les debe dar efectividad, adoptando todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, requeridas a tal fin (considerando 3°). También en el fallo, "S., C. s/ adopción" (02/08/2005, Fallos: 328:2870) la corte ha fijado el estándar de que la atención principal al interés superior del niño al que alude la Convención sobre los Derechos del Niño apunta a dos finalidades básicas: constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses; y ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor, parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. 
	Por su parte, la Corte IDH se ha expedido en sentido similar -entre otros- en el caso "Atala Riffo y Niñas vs. Chile" (sentencia del 24 de febrero de 2012,cons. 108).
	Ahora bien, a partir del reconocimiento de tal especial tutela, entiendo que resulta procedente -para continuar con el análisis- dilucidar si pueden los abusos sexuales que conllevaron a las imputaciones que precedió al juicio contra Ilarraz, ser considerados como violaciones de sus derechos humanos, o graves delitos, en los términos de la Corte IDH, sin perder de vista que esa es efectivamente la postura del Comité de los Derechos del Niño -ONU- cfr. la Observación Gral. Nº 13, antes citada. 
	Para ello, revisemos brevemente como -en distintos casos- aquella ha enfatizado la protección que estos merecen y condenado cualquier clase de violencia contra ellos:
- Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999:  "La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste el presente caso por tratarse las víctimas de jóvenes, tres de ellos niños, y por el hecho de que la conducta estatal no solamente viola la expresa disposición del artículo 4 de la Convención Americana, sino numerosos instrumentos internacionales, ampliamente aceptados por la comunidad internacional, que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su jurisdicción" (párrafo 146); "El artículo 19 de la Convención establece que "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado" (párrafo 187); "Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana" (párrafo 194). 
- Opinión Consultiva OC 17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos -menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado" (párrafo 54); "En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere "cuidados especiales", y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir "medidas especiales de protección". En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia" (párrafo 60).
-  Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauiri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004: "El artículo 19 de la Convención Americana impone a los Estados la obligación de adoptar "medidas de protección" requeridas por su condición de niños. El concepto "medidas de protección" puede ser interpretado tomando en cuenta otras disposiciones. Esta Corte ha dicho que "al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31)" (párrafo 164).
- Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004: "En el análisis sobre el posible incumplimiento del Estado de sus obligaciones derivadas del artículo 19 de la Convención Americana, debe tenerse en consideración que las medidas de que habla esta disposición exceden el campo estricto de los derechos civiles y políticos. Las acciones que el Estado debe emprender, particularmente a la luz de las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, abarcan aspectos económicos, sociales y culturales que forman parte principalmente del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal de niños" (párrafo 149). 
- Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el "Complexo do Tatuapé" da FEBEM respecto Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2008: "Que el Estado tiene, respecto de todas las personas bajo su jurisdicción, las obligaciones generales de respetar y garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos, que se imponen no sólo en relación con el poder del Estado sino también frente a actuaciones de terceros particulares. De estas obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal  en el presente asunto por tratarse de niños y adolescentes  o por la situación específica en que se encuentre, como es el caso de la detención" (párrafo 12 - el destacado no es del original). 
- Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014: "De conformidad con las características del caso sub examine, debe señalarse que, en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y, siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de "los niños y las niñas a [...] medidas especiales de protección [que] deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto". El Tribunal ha indicado, asimismo, que "la adopción de tales medidas [...] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que [el niño o la niña] pertenece". Además, la Corte ha "reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños", quienes, "en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado". En ese sentido, "han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos" (párrafo 133 - el destacado no es del original).
- Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014: "Por su parte, la Corte reitera que los niños y niñas al ser titulares de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana, cuentan además con las medidas especiales contempladas en el artículo 19 del mismo instrumento, por lo que cualquier caso que involucre un menor de edad debe ser analizado de forma transversal" (párrafo 157). 
- Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012: "El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. [...] En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere "cuidados especiales", y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir "medidas especiales de protección" (párrafo 108).
	Pero más allá de los fallos enunciados, paradigmático resulta el caso "V.R.P., V.P.C. Y OTROS VS. NICARAGUA", sentencia de 8 de marzo de 2018 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), ya que en el mismo, la Corte tuvo la oportunidad de referirse a la obligación que tiene un Estado cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de una violación sexual  -lo que aquí estaría encuadrado en el art. 119 tercer párrafo CP, agravado en función del inciso "b" del cuarto párrafo del mismo artículo; es decir, un "delito común", tal su definición doctrinaria y jurisprudencial- cometida en contra de una niña, por un agente no estatal (el padre de la menor), adoptando allí un enfoque interseccional en función de la edad de la niña y recurriendo a  la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto es el tratado internacional que posee mayor vocación de universalidad y el cual "pone de manifiesto un amplio consenso internacional (opinio iuris comunis) favorable a los principios e instituciones acogidos por dicho instrumento, que refleja el desarrollo actual de esta materia" (párrafo 41). 
Dijo allí la Corte que "sin perjuicio de los estándares establecidos en casos de violencia y violación sexual contra mujeres adultas, los Estados deben adoptar, en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana, medidas particularizadas y especiales en casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, sobre todo ante la ocurrencia de un acto de violencia sexual y, más aún, en casos de violación sexual" (párrafo 155), para lo cual debía darse aplicación concreta a los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto es el principio de no discriminación, el principio del interés superior de la niña, el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña en todo procedimiento que la afecte, sobre todo cuando son víctimas de delitos de violencia sexual. 
	Claro que esas medidas especiales de protección que el Estado debe adoptar, se basan en el hecho de que las niñas, niños y adolescentes se consideran más vulnerables a violaciones de sus derechos humanos, lo que además estará determinado por distintos factores, como la edad, las condiciones particulares de cada uno, su grado de desarrollo y madurez, entre otros. 
	Ante ello -en aquel último caso citado- la Corte afirmó que "En lo que se refiere a la respuesta institucional con miras a garantizar el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, este Tribunal nota que las niñas, niños y adolescentes pueden enfrentarse a diversos obstáculos y barreras de índole jurídico y económico que menoscaban el principio de su autonomía progresiva, como sujetos de derechos, o que no garantizan una asistencia técnica jurídica que permita hacer valer sus derechos e intereses en los procesos que los conciernen. Estos obstáculos no solo contribuyen a la denegación de justicia, sino que resultan discriminatorios, puesto que no permiten que se ejerza el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. De lo anterior se colige que el deber de garantía adquiere especial intensidad cuando las niñas son víctimas de un delito de violencia sexual y participan en las investigaciones y procesos penales, como en el presente caso" (párrafo 156). 
	También allí la Corte advirtió expresamente que las niñas, niños y adolescentes víctimas, en particular de violencia sexual, pueden experimentar graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho violatorio de sus derechos, así como una nueva victimización a manos de los órganos del Estado a través de su participación en un proceso penal, cuya función es justamente la protección de sus derechos; y enfatizó que "Esta Corte ya ha destacado que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima "humillada física y emocionalmente", situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas. En el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, este impacto podría verse severamente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza y autoridad con la víctima, como un progenitor" (párrafo 163 - el destacado no es del original); lo cual va en consonancia con lo afirmado por el Comité de Derechos del Niño (ONU) en la Observación General Nº 13 -ya citada-, pto. 15.
	Entonces, entiendo que tanto la Corte como el Comité consideran que la violación sexual de niñas, niños y adolescentes, no solo es una forma de violencia sexual, sino que además -por las consecuencias en la integridad personal de esos menores- constituye un delito particularmente grave, valorando tal vulneración de derechos desde el paradigma de protección integral de niñas, niños y adolescentes, siendo que ninguno de los organismos internacionales citados se privó de identificar a los abusos sexuales como causas de severos daños físicos y psicológicos, que se intensifican cuando la víctima es un menor de edad, y en especial, cuando el agresor ostenta una posición de autoridad sobre la misma, ya que ello puede razonablemente generar en la víctima un temor fundado de desprotección.
	Esto último, puede fácilmente corroborarse -ya en el plano fáctico- en la causa en cuestión, y en las personas de cada una de las víctimas que denunciaron a Ilarraz, a partir de los informes psicológicos practicados a cada una de ellas, dando cuenta de las secuelas psíquicas y emocionales que tales hechos les dejaron y que se encuentran latentes hasta el día de hoy -cfr. informes pericial psiquiátrico/psicológico de los Sres. D. S., de 37 años de edad al momento del examen (fs. 438/440); D. C., de 36 años al momento del examen (fs. 467/469); F. P., de 37 años al momento del mismo (fs. 471/474); J. A. R., también de 37 años al momento del examen pericial (fs. 494/496); y H. René R. -de 37 años al momento del examen psicológico (fs. 262/265)-, describiéndolas como "crisis vital" o de alta frustración,  y enfatizando estos que "tal ha sido el daño provocado por las acciones del imputado, que su mecanismo de defensa actual es el mismo de entonces, actuando y reaccionando (defensivamente) como adolescentes", a la vez que concluye que es "al momento actual" que presentan secuelas patológicas severas o graves en sus aparatos psíquicos, y que "hasta el día de hoy" se siguen presentando los indicadores de culpa, ansiedad y miedo propios de vivencias como las denunciadas, y que les han impedido o dificultado relacionarse normalmente en sociedad.
	De tales informes, solo A. A., pareciera haber madurado de forma tal que los hechos por él denunciados -que no consistieron en abusos ultrajantes- no habrían dejado huellas en su psiquismo, evidenciando así - según el informe de fs. 475/477, que no los ha vivido de manera traumática.
	Todo lo anterior pesa sin dudas a la hora de evaluar también si efectivamente aquellos tuvieron una verdadera posibilidad de "acceso" a la justicia, a los efectos de denunciar oportunamente los delitos imputados a Ilarraz; y si se les hubo brindado -también oportunamente- la debida tutela judicial efectiva, la cual implica, entre otros, su derecho a ser informados de las alternativas o caminos procedimentales con los que contaban ante los graves hechos que oportunamente denunciaron a sus guardadores; o por el contrario, si se pudo evidenciar un "contexto de impunidad" -aun cuando no fuera el mismo amparado por una autoridad pública o estatal- extendido en el tiempo, que los restringiera o condicionara -aun psicológicamente- para hacer las denuncias respectivas y no permitir así la intervención e investigación de la justicia.
	Al respecto ya se han expedido todos los tribunales provinciales que intervinieron anteriormente, e incluso ese ha sido el argumento central y definitorio tenido en cuenta por nuestro STJER para resolver sobre la vigencia de la acción penal "en este caso en particular", y negarla respecto de otros (cfr.: "Ríos, Carlos Antonio - Abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso real s/Impugnación Extraordinaria", expte. Nº 4758, 23/04/2018, voto de la Dra. Mizawak); no obstante, entiendo oportuno realizar algunas consideraciones que pueden resultar complementarias a los argumentos vertidos en aquellas sentencias, toda vez que redundan en que la magnitud de las circunstancias que rodearon los hechos denunciados -más allá de la gravedad ínsita de los mismos- hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidos.
	Así, entre los años 1988 a 1992, tal el espacio temporal de los hechos denunciados por los Sres. S., R., P., H., C., A. y R., el imputado Ilarraz se desempeñaba como Prefecto de Disciplina para los alumnos internos de 1º y 2º año del bachillerato o ciclo medio (cfr. organigrama de fs. 225/226), del Seminario de Paraná (cargo que ocupó desde 1985 a 1992); en lo que se conocía como el Seminario "menor menor", dado que abarcaba a los primeros años de la enseñanza media oficial -lo que sería la escuela secundaria-.
El Seminario, más allá de la formación clerical específica, también era una escuela secundaria autorizada por la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada y aplicaba los planes de estudio del Decreto Nº 6680/56 PEN (13/04/1956), es decir, que estaba incorporado a la enseñanza oficial bajo el nombre de "Instituto Secundario Seminario Arquidiocesano "Nuestra Señora del Cenáculo", de Paraná, D-60.
	Ello fue así, por lo menos hasta el año 1994 en que se concretó la transferencia de servicios educativos dispuesta por Ley 24.049 (1991) y por los distintos convenios suscriptos entre el Ejecutivo Nacional y cada una de las jurisdicciones provinciales, entre los años 1992 y 1994. A posteriori de ello; es decir, al momento de la denuncia diocesana, y su "proceso" posterior, el Seminario ya se encontraba incluido bajo la órbita del Consejo General de Educación, como un establecimiento de educación pública de gestión privada. 
	Por su parte, la Ley provincial de Educación vigente a aquella fecha (Ley Nº 7711) establecía que todos los establecimientos educativos de iniciativa privada debían ser autorizados y supervisados por el Consejo General de Educación, y debían impartir su enseñanza de acuerdo a los planes y contenidos oficiales, sin desmedro de los contenidos propios que superaran los mínimos establecidos para la enseñanza estatal. Dicho reconocimiento se hacía a partir de un acto de "incorporación" de tal establecimiento a la "enseñanza oficial", lo que les permitía luego acceder al reconocimiento de cargos y aportes estatales para abonar las remuneraciones de los profesores de los mismos, y/o también otros gastos.
	En resumen, la Ley en cuestión era expresa en cuanto a que "Los establecimientos incorporados ajustarán sus relaciones con el Estado a esta Ley, y con su persona, a las normas de la legislación vigente y a las respectivas reglamentaciones que en la materia se dicte"; por lo que el Seminario no escapaba -aún siendo de propiedad del Arzobispado de Paraná- al control y supervisión del Estado (Nacional primero, y Provincial después) a través de organismos específicos y legal (Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada) o constitucionalmente competentes (Consejo General de Educación de Entre Ríos).
	A cargo de Ilarraz estaban los niños que recién ingresaban al Seminario, ya que este ejercía, además del cargo referido, también la docencia y la administración del Seminario, a la vez que además era su confesor y -respecto concretamente de los denunciantes- su "guía espiritual", elegido por ellos mismos. Es decir, que Ilarraz no solo era una persona con mucha autoridad dentro del referido instituto, sino también una de las personas de más confianza que aquellos podían encontrar en un ámbito en el cual estaban alejados de sus familias, e incluso también medianamente aislados de la ciudad (de Paraná) -atento a la locación del Seminario-. 
	A ello se le suma que se trataba de un régimen de "internado", por lo que también estaban condicionados para salir del mismo y relacionarse con otras personas.
	Ilarraz entablaba también, interesadamente, una relación personal y hasta familiar con cada una de sus víctimas, incluso hasta luego que aquellas abandonaron el Seminario, constituyéndose así en un referente de autoridad moral y espiritual de profunda transcendencia en los lazos filiales de los denunciantes. 
	La presión que tal situación les generaba hizo que incluso pasaran décadas hasta que las víctimas pudieran contarle lo sucedido a sus propios padres, esposas o hijos; y en la mayoría de los casos relatados, no fue sino hasta que ellos mismos fueron padres que no se sintieron con el valor suficiente como para revelar el secreto, en la angustia de no querer que "eso" mismo les suceda a sus hijos.
	De las declaraciones de las víctimas durante el debate surge como lo anterior se materializaba en cada realidad personal: (R.) "Ilarraz era amigo de la familia, cuando llegaba al campo todos los quehaceres se paraban, había que atenderlo como un rey, porque para su familia era eso, a su hermano lo llevaba a pasear, lo llevó por todos lados de Argentina, de Europa, mientras él paseaba, se cagaba de risa y abusaba de su hermano más chico y abusaba de la fe de la familia, de la creencia de la familia porque habían volcado toda su confianza en ese sacerdote que era tan bueno, con eso tuvo que vivir todo una vida, su madre lo tenía como un santo a Ilarraz, tenía una foto de él en su mesa de luz hasta que el dicente pudo contarle ... Luego de que falleciera su padre lo invitó a un viaje a Chile y le dijo  su madre que ese viaje le haría bien porque lo liberaría un poco de la muerte de su padre, por supuesto que su madre le decía que fuera, conocería Mendoza, Chile; pararon en un Monasterio en Santiago, pararon en Bariloche, ... esa noche también abusó de él en la carpa, también lo besó como consolándolo, como diciendo estoy yo para ayudarte porque falta tu papá, yo voy a ser su papá sustituto, también iban de campamento en verano, que por lo general era a finales de Enero porque coincidía con el Festival de Cosquín..."; (S.) "un día se fue a hablar con el Cura, no fue en la habitación, fue caminando en el ingreso al seminario donde le digo que no quería estar más en el Seminario, él le dice que sí, que no había problemas, no recuerda las palabras pero es como que dijo que estaba bien, que no pasaba nada, que se podía ir, ahí pensé que le iba a decir que  lo piense bien por la vocación, que andaba bien, pero nada, al contrario como que lo acompañó y lo termina invitando a un viaje que hicieron a Chile, bajaron por Chile y subieron por Argentina, en ese viaje no tiene ningún tipo de contacto con él, más que el trato diario que uno puede tener, a ese viaje fueron H. R., Germán Sauer y el dicente, eran los tres chicos y el Cura"; (H.) "Durante el tiempo que fue alumno externo, Ilarraz iba a la casa de su familia, él tenía amistad con la familia, cenaba allí con sus padres, eran íntimos amigos con la madre, por lo que no podía contarle lo que Ilarraz hacía con él porque eran muy amigos y nadie le iba a creer, inclusive cuando Ilarraz se fue a Roma siguió mediante cartas, mandando postales y teléfono en contacto y también visitó a su familia en Chile, cuando se fueron a vivir en el 96. En su familia no podía contarlo porque Chile es muy conservador, había nacido recién su sobrino y tenía miedo que su hermana perdiera la tenencia de su sobrino por ser él un abusador; dice que  su madre le insistía que le escribiera a Ilarraz, le escribía cualquier cosa para dejar tranquila a su madre con ese tema. Una de las visitas de Ilarraz a Chile fue cuando viajó con una familia de tucumanos, se alojó en su casa, pero él estuvo muy distante y trataba de evitar hablar con Ilarraz; la segunda vez que fue a Chile fue a bautizar en el 2004 a su sobrino, nunca estuvo de acuerdo que Ilarraz bautizara a su sobrino pero no pudo decirle porque a la familia, y esa noche que quedó Ilarraz a dormir en su casa, no pudo dormir pensando que Ilarraz podía hacer con su sobrino lo que había hecho con él, inclusive en el bautismo seguía continuamente las manos de Ilarraz cuando tenía upa a su sobrino. La última vez que su mamá se comunicó con Ilarraz fue en el 2011 mediante correo electrónico"; (R.) "él me dijo que yo iba a ser su amigo y que él iba a ser como mi segundo papá"; (A.) "Sé que Ilarraz conocía a la familia de R.. Ilarraz en un momento me invitó a hacer un viaje al sur, pero en ese momento no pude ir porque mis padres estaban separados, y necesitaba la firma de mi papá para viajar y no me la quiso dar; sé que fueron S., R. W. y H."; (C.) "Yo fui de viaje una vez a Ilarraz, fui a acompañarlo, en el auto de él hasta Humahuaca, Salta, como planificamos el viaje que después hicimos en colectivo; fuimos con D. R. y otro muchacho, un gordito; fuimos en el Renault 12 de Ilarraz, fue un viernes que falte a clases, y volvimos el lunes, calculo que la autorización se pedía en el seminario; y a mis padres le había avisado que me había invitado el padre.  Ilarraz fue a Roma cuando yo estaba en segundo o en tercer año; el me preguntó en una oportunidad si quería ir a Roma y le dije que no; fue cuando vuelve en una oportunidad y me dijo que le gustaría que lo acompañe, que allá estaba la Escuela de la Iglesia Argentina, yo no quería ir. Yo me entero acá que había otras denuncias, yo cuando declaré en el expediente diocesano no sabía nada, sospechaba que había otros por los besos en la boca, retomé  esto cuando vine acá, con el tiempo uno empieza a atar cabos. Cuando volvió Ilarraz estuvo en el seminario y en un cruce charló conmigo, habrá pasado un año, recuerdo que caminamos en el patio del seminario y él me reclamaba que por qué no le escribía".
	A todas las circunstancias anteriores, se le adiciona que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de otras autoridades de la escuela, y también de la iglesia, al verse desprotegidos de los abusos del imputado, ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la iglesia católica local, y no llegaran a oídos de la justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas.
	Las personas a quienes les fue confiado el "secreto" se ocuparon durante más de una década de ocultarlo, permitiendo así la impunidad de Ilarraz y mandando al olvido los graves delitos de los que aquellos niños a su cargo fueron víctimas.
	Ese mantener en secreto lo sucedido a las víctimas de autos, no es una cuestión casual, sino que  fue sin lugar a dudas un acto de ejercicio de poder de parte de quienes detentaban las jerarquías eclesiásticas que he señalado, más preocupados por una situación de prestigio institucional, que de lo sucedido a los niños.
	Ese acto de hermetismo defendía y permitía, no solo la supervivencia y protección de Ilarraz, sino además el "prestigio" del Seminario y de la iglesia católica, fomentándose una suerte de penumbra sobre el tema. 
	Prueba de ello, es que en las jornadas de Mariápolis del 15 y 23 de septiembre del 2010, si bien llevada a cabo por los sacerdotes del decanato III luego del conocimiento periodístico del tema, aún existía un sector importante de sacerdotes que se interesaba solamente en el mantenimiento de tal prestigio.
	En este sentido, no puedo dejar de citar  la declaración de  Norberto Agustin Hertel, quien señala respecto de dicha reunión celebrada en Mariápolis, en cuanto narra las discusiones en torno al tema y que "después salta el vocero de prensa del arzobispado Ignacio Patat, que había que cuidar al obispo  y si había que caer los demás, había que caer" y mas adelante señala "Puiggari solo se preocupó por la madre de Ilarraz, que la consolara porque era muy mayor, pero de las víctimas nada se habló".- También es importante en tal sentido la declaración testimonial de J. Francisco Dumoulin, "...Expresa que deja el Ministerio a raíz de esa causa, que empezaron a venir las diferencias con Puiggari, me traslada a Villaguay a comienzos del 2013, pero siguieron las diferencias y en el año 2015, surge otra situación similar con otro sacerdote denunciado por abuso, que era el Padre Moya y esto agravó la situación de tensión con Monseñor Puiggari y desanimado y desencantado por este manejo no adecuado, por lo menos a mi modo de entender, es que decidí tomar distancia del Ministerio y hace pocos meses pedí la dispensa del Ministerio después de un año de Licencia".- No son menores los dichos de Gustavo Javier Mendoza, quien señala que "de los abusos me entero con mucha fuerza en la reunión de Mariápolis en el 2012 y de rumores me entero en el seminario, pero nunca indagué en el seminario, se comentaba que había pasado algo turbio, no se decía nada con claridad ni siquiera en la reunión de Mariápolis; siempre se habló de supuestos; una manera triste de manejarse hacia adentro de la Iglesia".
	Como consecuencia de ello, los actos del cura condenado fueron cubiertos por personas a las que les cabían no solo las obligaciones propias de todo garante por encontrarse al cuidado de aquellos niños, sino a las de toda autoridad educativa, ya que los hechos fueron cometidos en un instituto incorporado a la educación estatal bajo una forma de gestión privada a cargo de la iglesia católica, pero bajo la supervisión de organismos estatales, quienes tenían también derecho y la obligación de conocer lo que allí sucedía para poner el tema a consideración de la justicia y/o de los padres de esos menores.
	Entre ellos, surge de las constancias de la causa, que autoridades del Seminario y de la iglesia católica local de entonces, como Puiggari -por entonces Prefecto y luego Rector del Seminario- y Karlic -por esa época, arzobispo de Paraná-, no brindaron el apoyo debido a aquellas víctimas de los abusos sexuales perpetrados por Ilarraz, sirviéndose (Karlic) de aquella denominada "investigación canónica", llevada adelante en el reservadísimo ámbito del arzobispado local, para parodiar una supuesta contención a las víctimas, a la vez que mantenía sus denuncias -y los hechos- en el más absoluto secreto.
	La investigación en cuestión -si así puede llamársela- culminó con la prohibición a Ilarraz de residir en el territorio de la arquidiócesis de Paraná (Decreto de Karlic del 12/12/1996), y la imposición de "transcurrir en oración y meditación durante un mes en una casa religiosa" que le habría sido indicada por el propio Karlic (Decreto del 19/03/1997).
	Todo ello como consecuencia "de un comportamiento que ha derivado grave daño moral para algunos alumnos del seminario, con consecuente escándalo de la comunidad eclesial".
	Nótese que, a pesar de ello, no se le impidió a Ilarraz que continuara ejerciendo el sacerdocio, que era lo que específicamente las víctimas le habían pedido a Karlic.
	En definitiva, por hechos que el código penal vigente en 1989/1992 definía como delitos calificados y reprimía con hasta 20 años de prisión (violación cometida por un sacerdote), Ilarraz recibió como sanción el destierro vicarial y un mes de lo que hoy puede concebirse como una "prisión domiciliaria", en una parroquia "a designar" por Karlic, con el claro y para nada velado propósito de quitar a Ilarraz de la escena local, no para el resguardo o en beneficio de las víctimas, sino para evitar el escándalo que su torcida conducta podía generar en la comunidad católica local.
	Antes de ello, y ya anoticiados por los dichos de bedeles, profesores, y otras autoridades del seminario de lo que ocurría entre Ilarraz y los alumnos, se le gestiona -Karlic- un viaje a Roma para estudiar Misionología (cfr. carta de Karlic a mons. Cavalieri del 05/07/1993) por los períodos 1993/1995, para luego extenderle -nuevamente Karlic- un permiso para permanecer allí por todo el año 1996 (ya para ese entonces se encontraba en curso la investigación diocesana iniciada en el año 1995), momento en que se lo sanciona en ausencia, tal cual lo referí en el párrafo anterior. 
	Al volver a la Argentina, Ilarraz se radica en la arquidiócesis de Tucumán, ya que aún a pesar de tan graves hechos, se le permitió continuar con su sacerdocio, lejos de los escándalos locales, generados por él mismo.
	Ilarraz nunca volvió a Paraná a enfrentarse ni con sus víctimas, ni con las autoridades educativas ni eclesiásticas de la iglesia local, ni siquiera para defenderse de las graves imputaciones que se le hicieron en su ausencia.
	Pero volviendo a la investigación canónica, que es donde se receptaron las denuncias de las víctimas de Ilarraz cuando estas aún no contaban con la mayoría de edad -lo que evidencia aún siendo menores ellos SÍ denunciaron al cura ante las personas que más confianza les generaban y más a mano tenían en ese momento-, veamos cómo fue instruida su apertura: el 05/07/1995, Karlic decreta que "existe la posibilidad seria de que con ocasión del desempeño del Pbro. Justo José Ilarraz como miembro del cuerpo de supervisores del seminario, se puedan haber cometido delitos graves, previstos y sancionados en el código canónico; y que ante estas circunstancias el Código en el c. 1717 prevé la realización de una investigación cautelosa acerca de los hechos y de las circunstancias; por las presentes letras resuelvo: 1º.- encomendar al Pbro. Silvio José Fariña que realice dicha investigación tomando declaración a las personas que puedan informar algo al respecto, pudiendo ser asistido como notario-actuaria a estos efectos por el Pbro. Alfonso Frank o Pbro. Juan Alberto Puiggari; 2º.- que el citado presbítero presente el resultado de su investigación con la mayor brevedad posible para resolver actuar según derecho; 3º.- que la investigación realizada con el mayor sigilo, una vez terminada y resuelto como actuar, según prescribe el c. 1718,  se guarde en el archivo secreto de la curia, así como el presente decreto y todo aquello que precede o concluya la investigación" -el destacado me pertenece.
	"Sigilo", "secreto", "reserva", son fuertes palabras que ya de entrada predecían que nada de lo denunciado llegaría jamás a oídos de autoridad alguna, debiendo los denunciantes confiar y dejar todo en las manos de la iglesia. 
	El 06/07/1995, a las 9 de la mañana, el Pbro. Fariña le recibe declaración al seminarista mayor de 2º año de filosofía H. René R., a quien le hace jurar decir la verdad y guardar secreto de lo que manifestará. En dicha declaración, R. le cuenta a Fariña verdaderos hechos de abuso sexual por parte del cura imputado que implicaban besos en la boca, desnudeces, manoseos y tocamientos de sus genitales. A dicha declaración R. fue citado solo, y así también se le tomó declaración.
	El 09/07/1995, Karlic mismo le toma declaración a D. C., en ese entonces seminarista del seminario menor de Paraná. C. concurre solo a la cita, desarrollada en la sede del arzobispado de Paraná. Nuevamente, allí el declarante menciona situaciones de abusos concretos y graves, similares al anterior; e incluso se le hizo saber a Karlic, que él no era el único con quien hacía "esas cosas", y también que ya había puesto en conocimiento de otros seminaristas esa situación, con quienes lo había hablado previamente. El 11/07/1995 se le vuelve a tomar declaración a C., en las mismas condiciones, a quien se le pregunta si la persona que abusaba de él en el seminario era Ilarraz, u otra; a lo que aquel contestó que efectivamente era el cura imputado.
	El 11/07/1995, Fariña le toma declaración al seminarista Néstor Pucheta, confesor de C., quien confirmó los dichos de este último, e incluso introduce el dato de que Ilarraz, hasta esa fecha (1995) le mandaba cartas a C. desde Roma, como una forma de mantener su amistad.
	El 18/07/1995 Karlic le encomienda a Fariña tomarle declaración, en forma separada y bajo juramento de decir verdad y guardar secreto, a dos testigos por parte del denunciado (Ilarraz) y a dos testigos por parte de cada uno de los denunciantes. En tales condiciones, Fariña toma las declaraciones de A. Emilio Senger, L. Alberto Jacob, Pedro Amadeo Barzán y Omar Bedacarratz.
	El 22/10/1995, Fariña realiza un resumen de lo investigado hasta el momento en el cual consigna: "la persona del posible reo no está ya en la diócesis aunque sigue incardinado en la misma y, si no cambió de parecer, pensaría regresar una vez terminados sus compromisos en aquella donde reside actualmente. Traerlo para un juicio parecía imprudente ya que el asunto tratado era muy delicado y la animosidad en contra del acusado por parte de las posibles víctimas hacía prever un más que posible escándalo. Sin embargo, había que tomar medidas acerca de este asunto, por el cargo que desempeña hoy el acusado en aquella y para evitar más trastornos en lo sucesivo, si es que el acusado pretendiera volver. (...) El único paso que no se dio es el de tomar declaración al posible reo por no estar en Paraná y por no ser prudente su regreso. Dicha actuación se la encomendó a la sagrada congregación para la doctrina de la fe destinataria de todo lo actuado, y nos poníamos a su disposición para los siguientes pasos que hubiera que dar, solicitando instrucciones pero previendo también que no considerábamos prudente ni necesarios más trámites en Paraná ni en la Argentina. (...) Lo que pedimos es que se tome declaración al acusado que está en aquella. Seguimos no la vía judicial sino la señalada por la instructio porque así se nos indicó. Si esta no es la manera apropiada por no ser cierta la vigencia de la instructio por favor digannosló. Sin embargo pedimos también que si hay algún camino para evitar el juicio en la Argentina por favor nos lo indique" -el destacado no es del original.
	Luego, el 30/08/1996 se lo cita a D. S., se lo deja solo con una hoja y una lapicera, y se le pide que escriba allí sus experiencias con Ilarraz. Incorporada a la causa canónica quedó entonces su escrito en el cual relata no solo idénticos abusos que los referidos por R. y C., sino incluso un intento de violación del propio Ilarraz, en su contra.
	Finalmente, dicha investigación concluyó con las "sanciones" antes referidas; Ilarraz nunca más volvió a Paraná y todo quedó en el más absoluto secreto, negándole incluso toda información al respecto a los propios denunciantes.
Ante tal realidad, objetivada a partir de los elementos citados que dan cuenta de la actuación de cada protagonista del presente caso, surge palmario el incumplimiento de Karlic como garante y jefe de la iglesia local, y como representante del titular de la escuela "El Seminario" -el arzobispado-, cuando refiere por escrito al Tribunal de Juicios que "en la denuncia ante la justicia civil tenían prioridad los padres y el interés superior de los jóvenes, dada la naturaleza de los hechos", dado que nunca, en ningún momento de la estadía de los denunciantes en el seminario, ni durante la instrucción de la investigación canónica, ni mucho menos  luego de que Ilarraz "confesara" los hechos y aquel fuera "sancionado" por Karlic, se citó a los padres de esos menores de edad para comunicarles lo que estaba ocurriendo con sus hijos por parte de un sacerdote de la iglesia local y profesor de aquella casa de estudios; por lo que nunca se tuvo realmente en cuenta el interés superior de aquellos, ni su opinión (ya que lo único que querían era que Ilarraz no sea más cura, lo cual NO sucedió), nunca se les explicó cuáles eran los caminos procesales que podían recorrer, nunca se les dio el apoyo y la confianza suficiente para encarar dicha situación con sus propios padres, ni se los puso a éstos últimos en "situación" de lo que ocurría, así como tampoco se tuvo nunca la verdadera voluntad de que el caso fuera sometido a cualquier ámbito de investigación y/o juzgamiento por fuera de los claustros católicos.
	La misma actitud que se advierte aquí de Karlic, cabría también para Puiggari, puesto que él fue -como docente y autoridad ("Prefecto") de la escuela a la que asistían los jóvenes (el Seminario)- uno de los primeros en tomar conocimiento y contacto con las denuncias, por boca del propio R. -según lo testimonia éste-, pero también quien participó de toda la investigación diocesana y de las entrevistas a los jóvenes abusados,  eligiendo él también el camino del secreto, del sigilo y de la reserva.
Tan grave ha sido el trato que se les brindó a aquellas víctimas durante, y posteriormente, a la investigación canónica referida, que ello aun hoy podría generar responsabilidades internacionales del Estado argentino, sin importar que no se trate de actos cometidos por sus funcionarios, en cuanto no se respetó -de ninguna manera ni forma posible- ninguno de los cánones o estándares legales y/o jurisprudenciales vigentes entonces, que garantizan los derechos de los menores a ser oídos en cualquier proceso que los tenga como protagonistas, ni -mucho menos- su interés superior. 
Demás está decir que al momento de los abusos, la Convención de los Derechos del Niño, en Argentina, tenía rango superior a la Ley; y para el momento de la investigación diocesana, contaba ya con jerarquía constitucional. 	
	Más adelante en el tiempo, tanto el Comité de los Derechos del Niño -ONU- (en su Observación General Nº 12, 2009), como la Corte IDH (en el caso "Rosendo Cantú y otra Vs. México", sentencia de 31 de agosto de 2010), se encargaron de desmenuzar el el estándar del interés superior de un niño, en el marco de cualquier proceso, afirmando que "La obligación de proteger el interés superior de los niños y niñas durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados puede implicar, inter alia, lo siguiente: i) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; ii) asegurar especialmente en casos en los cuales niños o niñas hayan sido victimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, y iii) procurar que los niños y niñas no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, la revictimización o un impacto traumático en el niño"; y dado también que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, el aplicador del derecho, sea un particular o un agente estatal, y sea en el ámbito administrativo o en el judicial, siempre debe tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos.
	En esa ponderación, siempre debe procurarse el mayor acceso del menor de edad, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso, ya que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño no sólo establece el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, sino que el artículo abarca también el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño.
	Nada de eso fue cumplido ni por las autoridades de la escuela, ni por las de la iglesia que "investigaron" y se impusieron de las denuncias.
	Por eso es que resulta curioso que contando con dicha evidencia a su disposición -sumada a las declaraciones de las víctimas que a continuación (parcialmente) se reproducirán-, el Ministerio Público Fiscal no haya avanzado en la investigación de las posibles y/o eventuales responsabilidades penales de estos dos prelados, eligiendo por motu propio no realizar ninguna imputación ni pesquisa contra ellos (cfr. fs. 354), aun cuando en todas las instancias del presente proceso -y de manera particularmente enfática en la presente- han sido sus representantes y funcionarios quienes se han basado -justamente- en un "encubrimiento" de los abusos por parte de la cúpula eclesiástica, como el mayor condicionante de la realización de las denuncias (judiciales) a tiempo por parte de las víctimas, y -a la vez- como el fundamento cardinal y sustancial de la actual vigencia de la acción penal en contra de Ilarraz; haciéndose eco de ello los anteriores tribunales que se han expedido al respecto, quienes (todos) destacaron aquello como el elemento diferenciador que sostiene esa decisión.
	En el caso, toda participación de los menores en las mismas se redujo a aquellas declaraciones mencionadas y luego, la "información sobre su caso" fue absolutamente nula, al punto tal que el joven R. continuó peregrinando ante los estrados eclesiásticos hasta que recién en el año 2012, y luego de enviar sendas cartas a Roma, se le contesta el resultado de dicha investigación (fs. 2868), en donde recién ahí toma conocimiento de la sanción a Ilarraz de prohibirle la residencia en la jurisdicción de la diócesis de Paraná; siendo justo también en ese año (2012) cuando aquel se decide a hacer la denuncia ante los tribunales de justicia, acompañado luego por sus antiguos compañeros del seminario.
	Como dato relevante respecto de lo anterior, repasemos lo que los denunciantes manifestaron al respecto durante el debate: (R.): "En oportunidad en que contó lo sucedido a las autoridades de la Iglesia o del Seminario, nadie nunca le propuso o le sugirió hacer una denuncia ante la justicia, y al contarle a su familia tampoco porque viene de una familia cristiana, tiene tíos y hermano sacerdotes, tías religiosas e incluso, eso podía perjudicarlo en su buen nombre y apellido, y hablar públicamente afectaría mucho a la Iglesia y a su familia, por eso le decían directamente no hablara, es la presión que carga. Después que puso en conocimiento de las autoridades eclesiásticas el hecho acontecido en su persona, Puiggari lo mandó a la psicóloga  y luego a hablar con Karlic"; (S.) "Con el tiempo, una vez se encontró con su compañero de Seminario H., no recuerda bien cuando, él le manifiesta lo que le había pasado y que había sufrido abusos en el Seminario con el Cura, le preguntó porque él no sabía si yo había sufrido o no-,  y le dijo que si, H. le dijo que Puiggari o Karlic, no recuerda bien, estaba haciendo una investigación y que si estaba dispuesto a declararlo, a decirlo, porque aparentemente al Cura lo iban a desplazar, no iba a ser más Cura. En ese momento yo había empezado a entender lo que le había sucedido, estaban como juntando bronca, y querían que a nadie más le pase lo que les pasó a ellos, entonces H. le preguntó si se animaba a ir y decir en la investigación diocesana, ya estaba estudiando en Paraná en el año 1996, fue al Seminario a la pieza de Puiggari, lo dejaron solo con una hoja y redactó de puño y letra lo que le había pasado y contó lo que contó en esta audiencia. Eso fue en el año 1996, sabe porque lo vio ayer en su declaración por escrito. Recuerda que cuando lo convocaron, fue porque habló con H. y él le dijo que tenía que ir tal día, habló con Puiggari, le dijo que lo estaban investigando a Ilarraz, le decían "el gaita, el gallego", no se acuerda cómo fue, le dijo que necesitaba su declaración porque estaban haciendo la investigación, entonces el dicente tenía el deseo de que este tipo tenga una condena. En esa investigación sabía que había declarado H.. Puiggari no le dio ninguna otra precisión sobre esa investigación, no recuerda bien si se la dio. En cuanto a la investigación Diocesana, siempre se le preguntó al Padre Puiggari como iba la investigación, si había hecho algo, pero siempre lo que les dijo fue que rezaba por ellos, que se había mandado a Roma, nunca una respuesta concisa. Con Puiggari se juntó una vez en la casa de H. R., que estuvieron él, el dicente y Puiggari. Otra vez porque el declarante le quería dar un cierre a toda esta historia, de esto hace prácticamente treinta años, se reunió con Puiggari en el Arzobispado, en el parque y recuerda que le dijo que no quería saber más nada ya, no le dio ningún tipo de respuesta, Puiggari lo había mandado a llamar, no le dijo nada importante y le dijo que de última por lo menos lo ayudarán a H. porque yo consideraba que H. era el que más estaba sufriendo y no se sentía bien, a lo que le respondió que él lo había ayudado, de que él lo había mandado a un psicólogo, que se había hecho cargo de los gastos, que había ido a Buenos Aires, que más que eso no podía hacer y sinceramente nunca le dio respuestas de nada, nunca se sintió protegido, ni defendido"; (H.) "Agrega también lo denunció en el Tribunal Eclesiástico en la ciudad de Santa Fe a Ilarraz, porque iban a investigar el caso y han sido muy desconsiderados, la Iglesia en 30 años nunca se comunicó con él, lo dejaron solo, ni siquiera se comunicaron para saber cómo estaba solo lo citaron por la denuncia en el Tribunal Eclesiástico, pero siempre muy desconsiderado, lo citaron para declarar en el lugar donde había sido abusado un domingo a la noche, nunca tuvieron empatía con él ni le brindaron un apoyo psicológico"; (R.) "En cuanto a los hechos denunciados, al principio era todo hermoso, normal, en épocas de junio o julio, jugaban al fútbol y se había hecho muy confidente con Ilarraz porque le contó que venía de una familia muy humilde y que su papá era alcohólico; entonces él es como que le dijo que iba a ser su amigo, su compañero, su segundo papá; entonces en junio o julio, después de entrar a las duchas, se sintió incómodo por primera vez un día sábado, lo secó con la toalla, y al principio no lo tome mal pero después fue cada vez peor, porque después me empezó a tocar los genitales y no me gustó, entonces intenté esquivarlo; yo soy humilde y a eso no lo veía en mi pueblo; entonces cuando no me gustó lo que estaba haciendo, Ilarraz medio que se ofendió, le dije que para mí estaba mal, que no le gustaba; pero siguiendo las semanas, los episodios de  que Ilarraz le tocaba los genitales se reiteraban y por eso decidió contárselo al Padre Puiggari, en el año 1989, que era su asesor espiritual, que no me gustaban las actitudes de Ilarraz con él, que le secaba y le tocaba los genitales, y Puiggari lo retó diciéndome que era un boca sucia; que Ilarraz era amigo de él, que no lo tenía que contar así, que era normal, y que siguiera la vida así, su director espiritual no le creyó. Puiggari lo castigó y lo mandó a barrer las galerías, y me dio cinco días de castigo. Cuando en diciembre llegaron las vacaciones se va para su casa; no podía contar nada porque era una familia muy católica, y a su tía tampoco le podía contar porque era muy católica y el Padre Battello su padrino de confirmación; no le creyó Puiggari menos le iba a creer su tía, a la madre tampoco le contó ya que suficiente tenía con el tema de su padre alcohólico, por lo decidió seguir en el seminario"; (A.) "más adelante, después que salimos del seminario, más o menos en el año 2000, él (R.) me contó lo que había sucedido, contó que había sido abusado por el Padre Ilarraz, y lo que le había pasado y que había presentado una denuncia que se la había dado a Puiggari y que estaba viendo cómo se resolvía"; (C.) "Yo tuve la gracia de Dios de al poco tiempo poder hablarlo con mis amigos;  me sentía triste, y lo pude charlar y eso me llevó a poder declararlo a quien eran mi superior, Monseñor Karlic y Puiggari, Néstor Pucheta se los dijo, yo le había contado a él. Él se encargó de todo y el Padre Fariña me tomó a mí una declaración, estaba también el padre Frank, pero creo que el que escribía era Fariña; Expresa que  a Pucheta le di detalles de lo que sucedía. A esa denuncia la hice en el seminario; yo después tuve la oportunidad de hablar con Karlic en el Arzobispado, él no me pregunto mucho, solo si estaba bien, y me preguntó qué era lo que quería yo, y le dije "que no sea más cura". Amplia y dice que con Pucheta hablé siendo seminarista mayor; Ilarraz ya no estaba, creo que de ahí lo llevaron a Roma. después de hacer la denuncia no sé qué pasó; me acuerdo del día que declaré porque fue el día de mi cumpleaños, el 9 de julio; yo no le dije en ese momento a mis familiares, tal vez por vergüenza. En el seminario declaré, me parece en la habitación del Padre Fariña, en el tercer piso,  que era quien escribía. Después me acompañó Néstor y fuimos a verlo a Karlic, charlamos de cualquier cosa, no se habló del tema, lo único que cuando nos quedamos solos me pregunto y me dijo que era lo que yo quería. Reconoce su firma en el expediente Diocesano, obrante a fojas 6 y 7; y continúa diciendo que estaba en Seminario en esa época, estaba en tercer año, estaba en seminario Menor Mayor, ya del otro lado y que ésta es la quinta vez que declaro, una vez en el seminario, otra en Fiscalía, otra acá, no sé en que piso, la que tuve en noviembre en la Iglesia y ahora. A través del Sacerdote Folonier me contactaron, me mandó un mensaje para que me contacté con Matías en Buenos Aires, pero tuve que viajar a Buenos Aires para esa entrevista, y fui un domingo para allá; ellos mucho no me pidieron detalles, porque tenían la denuncia de la Iglesia, ellos más que nada lo que querían era ver cómo había actuado la Iglesia, y había un juez de la Iglesia, era en una parroquia en Capital".
	Con todo lo dicho y analizado hasta ahora, miremos el caso nuevamente, desde esta óptica: los menores víctimas fueron inscriptos en el seminario de Paraná para cursar la escuela secundaria bajo una formación católica; ello no solo tenía como antecedente el hecho de que los mismos provenían de familias que profesaban dicha fe, sino también porque al venir localidades alejadas de la ciudad, el sistema de "internado" del seminario les permitía ahorros económicos. Desde el momento que ingresan al seminario, se les asignaba un "guía espiritual" y se los somete a la dirección de un prefecto de disciplina que les indica qué es lo permitido dentro del instituto, y también les organiza los horarios de todas las actividades que allí debían realizar, asignándoles una confesión diaria, que Ilarraz hacía en su habitación a partir de las 20 hs. A ello se suma que el contacto con sus familias era esporádico y que no recibían visitas, por lo que todas sus relaciones de confianza se encontraban y desarrollaban solamente dentro del seminario. Justamente, para afianzar esas relaciones (de amistad y confianza) como su guía espiritual, Ilarraz los sometía a abusos sexuales constantes, diciéndoles que eso era lo necesario para "ser verdaderos amigos". Los menores se van dando cuenta de la degeneración de la conducta del cura y empiezan a contar lo que allí les sucede: primero entre algunos de ellos, luego a algunos bedeles, luego al propio Puiggari -en su calidad de autoridad educativa y eclesiástica del seminario-, y luego nada menos que al arzobispo (Karlic), quien ordena una investigación secreta para conocer la magnitud del presumible escándalo, pero dejando a los denunciantes sin ningún tipo de apoyo y/o contención: los recibió solos en su residencia, no permitió que los acompañara nadie de su familia, ni tampoco ningún profesional que pudiera dirigir esa entrevista, no permitió que se le dijera nada a sus familias ya que se les obligó a guardar secreto, tampoco fue él ni nadie de la curia quien implicó a los padres en lo que les estaban haciendo a sus propios hijos, mucho menos puso el tema en conocimiento de alguna autoridad educativa, administrativa y/o judicial, y luego se los tuvo (Karlic/Puigari) en vilo a los denunciantes durante más de 15 años bajo la premisa (sino promesa) de que lo iba a resolver la propia iglesia, sin comunicarles absolutamente nada de lo tramitado y resuelto, y sin brindarles ningún apoyo de ningún tipo, ni tampoco brindarles información acerca de los posibles cursos de acción frente a los hechos denunciados. Solo se limitó a indicarles un psicólogo "en la ciudad de Buenos Aires", es decir, nuevamente lejos de Paraná, a donde podían concurrir a recibir el tratamiento que necesitaren. Nunca se les comunicó el destino de Ilarraz, ni su confesión, ni sus "sanciones", ni que seguía ejerciendo el sacerdocio en Tucumán, intentando borrarlo así de sus mentes y de sus vidas, aunque ello fuera imposible, ya que no son marcas que se quitan haciendo un borrón. Ilarraz no solo los abusó sexualmente, sino que cuando empezaron a rechazarlo les quitó todos los privilegios de su amistad, se les metió en sus vidas y en sus familias, visitándolos aún luego de haber dejado el seminario, escribiéndoles desde Roma, manteniendo relaciones con sus padres, quienes -a su vez- y en el desconocimiento de lo sucedido, los obligaban a escribirle a Ilarraz, visitarlo o tratarlo.
	Todo el caso, víctimas, imputado y demás protagonistas mencionados en ésta o en la sentencia impugnada, se inscriben en una lógica profundamente marcada por las características propias de lo que el pensador y filósofo Michel Foucault denominó y definió como "pastorado", en tanto forma de "biopoder" que surte efectos en los cuerpos y mentes de las personas sometidas al mismo (cfr.: Curso sobre "Seguridad, Territorio, Población", dictado en el College de France entre enero y abril de 1978, y recopiladas en el libro del mismo nombre publicado por el Fondo de Cultura Económica, 1era. edición, Buenos Aires, 2006). 
	Las definiciones que allí dio el filósofo francés se identifican milimétricamente con las experiencias de vida de todos los actores de este juicio, sean víctimas, victimarios o incluso meros testigos de cargo y/o descargo.
	Así, Foucault define el pastorado como un "poder" que no se ejerce sobre un territorio, sino que, por definición, se ejerce sobre un rebaño con el objetivo esencial de llevarlo a su salvación; pero a la vez, define al poder pastoral como un poder individualizador, ya que si bien es cierto que el pastor dirige todo el rebaño, solo puede hacerlo bien con la condición de que ni una sola de las ovejas se le escape. 
	Es decir, que debe hacer todo por el conjunto del rebaño, pero también por cada uno de sus integrantes. 
	Foucault también afirma que la idea de un poder pastoral se introdujo en el mundo occidental por conducto de la iglesia cristiana; que ésta coaguló todos esos temas del poder pastoral en mecanismos precisos e instituciones definidas, y fue ella la que realmente organizó un poder pastoral a la vez específico y autónomo, implantó sus dispositivos y organizó un tipo de poder que ninguna otra civilización había conocido. Así, dice "La verdadera historia del pastorado como núcleo de un tipo específico de poder sobre los hombres, su historia en el mundo occidental como modelo, matriz de procedimientos de gobierno de los hombres, recién comienza con el cristianismo".
	Según su teoría, en la iglesia cristiana, el pastor se va a constituir en la relación esencial de dios con los hombres: "Cristo es el pastor, los apóstoles son pastores, los obispos son pastores, son los encargados, los puestos por delante para cuidar el rebaño y abrigar las ovejas". De allí que las relaciones de autoridad de la iglesia se fundarán en los privilegios y, al mismo tiempo, en las tareas del pastor con respecto a su rebaño.
	Ese poder pastoral se ocupa de la dirección del "alma" de los individuos en la medida en ello implica también una intervención permanente en sus conductas cotidianas y el manejo de sus vidas. Así, "en el cristianismo, el pastorado produjo todo un arte de conducir, dirigir, encauzar, guiar, llevar de la mano, manipular a los hombres, un arte de seguirlos y moverlos paso a paso, un arte cuya función es tomarlos a cargo colectiva e individualmente a lo largo de toda su vida y en cada momento de su existencia", porque justamente es el pastor el encargado de su salvación.
	Continúa, afirmando que "El pastorado cristiano organizó lo que podríamos llamar la instancia de la obediencia pura; la obediencia como tipo de conducta unitaria, altamente valorada y que tiene lo esencial de su razón de ser en sí misma: el cristianismo no es una religión de la ley, es una religión de la voluntad de dios. De ahí, claro está, el hecho de que el pastor no sea el hombre de la ley y ni siquiera su representante: su acción será siempre coyuntural e individual, ya que el pastor atiende cada caso en función de sus elementos característicos"; destacando luego que que lo propio del pastorado cristiano es que la relación de la "oveja" con quien la dirige, es una relación de dependencia integral.
	Con esto quiere significar que se trata de una relación de sometimiento, no a la ley, no a un principio de orden o ni siquiera a un mandato razonable o algunos principios o conclusiones extraídas por la razón, sino que es una relación de sumisión de un individuo a otro. Pues la relación estrictamente individual, la correlación de un individuo que dirige con un individuo que es dirigido es no solo una condición, sino el principio mismo de la obediencia cristiana. El dirigido debe aceptar, debe obedecer, dentro de la propia relación individual y porque es una relación individual". 
	Entonces, "El cristiano se pone en manos de su pastor para las cosas espirituales, pero también para las cosas materiales y la vida cotidiana: es ponerse por entero bajo la dependencia de alguien porque es alguien. Todo individuo que entra a una comunidad monástica queda en manos de otro, un superior, un maestro de novicios, que lo toma por completo a su cargo y le dice en cada momento lo que puede hacer". 
	También afirma que en su tarea de enseñanza, el pastor también debe dirigir la conciencia de las ovejas, pero que ello no es voluntario ni circunstancial para ellas, sino obligatorio y permanente: "nadie puede carecer de un director de conciencia, y debe ser por él dirigido durante toda su vida". Para aquel, "el examen de conciencia, que forma parte concreta de los instrumentos de la dirección de conciencia, no tiene por función asegurar al individuo el dominio de sí mismo y, de alguna manera, compensar su dependencia con respecto al director, sino todo lo contrario: uno sólo examina su conciencia para poder decir al director lo que ha hecho, lo que es, lo que ha sentido, las tentaciones a las cuales ha estado sometido, los malos pensamientos que ha abrigado; por lo que el examen de conciencia se hace entonces para marcar y anclar aún mejor la relación de dependencia con el otro"; y concluye que "El examen de conciencia es entonces un instrumento de dependencia".
	Con tales consignas, recordemos lo que la Dra. Vivian expresó en la sentencia bajo análisis, para advertir como la realidad cotidiana de estos jóvenes de hoy, entonces se identificaba, casi milimétricamente, con las definiciones del pensador transcripto; todo lo cual, según correctamente se analiza en la sentencia, permitió un ámbito propicio para que Ilarraz perpetrara sus deplorables hechos. 
	Dice la Dra. Vivian en el pto. II.3.2 de la sentencia, apoyándose en las distintas declaraciones de los testigos del debate, que  "En cuanto al  modo y motivación en que Ilarráz llevó adelante las acciones lesivas atribuidas,  puedo afirmar con convicción de certeza,  que su comportamiento, en todos los casos, no fue la consecuencia de actos circunstanciales, aislados o instintivos, sino por el contrario, fue el producto de una conducta o plan premeditadamente concebido, reiterado a lo largo del tiempo  con matices semejantes, el cual fue pacientemente desarrollado por éste para lograr su cometido; abusar de los indefensos menores a su cargo, en pos de satisfacer sus desviados deseos o instintos sexuales. A) Sobre el particular se puede establecer en primer término, que  resultaron facilitadoras  en la conformación de la estrategia o  plan  urdido por Ilarráz, las siguientes circunstancias: a) la estructura organizativa y la educación que se impartía en el Seminario; b) la posición funcional que Ilarráz ocupaba en él; y, c) la conducta de sus pares y superiores al respecto. a)En este orden, se puede afirmar, que  el Seminario por aquel entonces, se presentaba como una comunidad cerrada, pequeña, organizada jerárquicamente bajo conceptos disciplinarios rígidos, con horarios previamente concebidos;  donde la penitencia o el castigo  eran la forma corriente de manifestación de la sanción; y en el cual , la prohibición de  hablar con  alumnos mayores era el medio que tenían los niños para relacionarse con su entorno, en donde, por ende,  el silencio,  constituía una pauta de conducta generalizada. Además, era un ámbito, en el cual la educación que se impartía, no formaba a los niños para distinguir o enfrentar situaciones abusivas como las que debieron vivenciar. Así se ha constatado: 1-Que…los horarios (en el Seminario) eran estructurados, que la vida era muy ordenada, y que siempre los horarios eran claros….conforme expresara, en coincidencia con los denunciantes, Sergio F. Hergenreder en la audiencia. 2-Que los menores,…desarrollaban siempre la misma  rutina, se levantaban temprano a la mañana, iban a misa, desayunaban  y luego a clases; después el almuerzo, hacían algo de deporte, seguía la hora de estudio, rosario, meditación, … a la noche cenaban,  tenían una pequeña recreación, y tocaba  el timbre para que subieran a las habitaciones, hacían la oración de la noche, a las diez se acostaban  y hacían una lectura espiritual … Ilarráz  ingresaba al pabellón grande para darles la bendición, rezaba el rosario  se lo veía circular dentro del dormitorio en sentido siempre contrario a las agujas del reloj …(C., R., P., J. Alberto Carlos Barreto). 3-Que los niños eran pasibles de castigos, como señalara R. ,y,  tal cual ha sido admitido por el acusado en oportunidad de brindar declaración,  y por Marcelo Charles Mengeón, Bedel en aquella época al expresar: cuando realizaban algún disturbio se sancionaba a los menores sacándolos afuera del pabellón como llamado de atención, era durante un tiempo prudencial 20 o 30 minutos… 4-Que existía la prohibición de hablar o de relacionarse entre alumnos mayores y menores según expresaron, desvirtuando al acusado: Mario José Taborda y Marcelo Charles Mengeón al decir: que se evitaba que los menores tuvieran relación con los mayores……había un régimen de que los menores no podían hablar con los mayores. En concordancia con ello las víctimas manifestaron:...cuando alguien entraba por primera vez al seminario, Ilarráz lo mandaba a llamar y dictaba una serie de normas de convivencia o de modo de manejarse, él era el que primeramente decía cómo manejarse y con quien hablar y con quién no. Después Puiggari también nos decía ustedes no pueden dialogar con los más chicos y con los más grandes tampoco y cuando estábamos en Filosofía o en Teología también teníamos prohibido hablar con los menores (P.)…. 5-Que el silencio era una pauta de conducta, no solo por ser  correlato de  la prohibición de hablar con los mayores,  tal como claramente y en contraposición a lo pretendido por el acusado, lo manifestó Charles Mengeón al decir…puede ser que (por la prohibición de hablar)  no nos contaran nada (de los   abusos)…:  si no, porque además, ello era la consecuencia inevitable en niños de 12 o 13 años del ejemplo que recibían de sus superiores, incluso de sus padres, y del rigor disciplinario con el cual eran formados. Así las víctimas expresaron:…. yo no me animaba a hablar (de los abusos) ni otros hablaban conmigo …: Nunca conté nada porque pensé que me pasaba solamente a mí y la vergüenza me abrumaba, el dolor me abrumaba (P.)… … como iba a contar, era mi superior, mi guía la persona que supuestamente era la que me marcaba el camino del bien, en la cual yo debía confiar (S. )…  yo no le conté a nadie porque Ilarráz era una persona bien vista…pensé que solo me había pasado a mí y que yo estaba pensando mal (A.), y agrega el testigo C.…, yo siempre lo mantuve en secreto no sé si porque me lo pidió, por inconsciencia o vergüenza … (...) En suma, el Seminario, era un ámbito propicio a los fines abusivos de Ilarráz, ya que las circunstancias apuntadas, condicionaban el comportamiento y las posibilidades defensivas de los niños".
	Aún así, no puede sino rescatarse que aquellos menores -hoy adultos-, aun siendo tales, se animaron a denunciar a su abusador ante las únicas personas a las que podían tener acceso, confianza y que además podían también tener la autoridad como para remediar la situación, lo que les generaba alguna expectativa de que sean ellos quienes pudieran poner fin a los abusos. 
	Tanta era la fe y confianza -dependencia/obediencia- de estos jóvenes en la iglesia, que H. optó -ya mayor- por denunciarlo a Ilarraz ante un tribunal eclesiástico en Santa Fe -y no ante la justicia-, según refirió, pero tampoco le dieron trascendencia ni bregaron por su interés superior. 
	Deben rescatarse también otras personas, sacerdotes, que más inclinados al bienestar de estos jóvenes y al proceso de su sanación, los acompañaron y brindaron su apoyo (Tovar, Dumoulin, entre otros) incluso enfrentándose ante las autoridades de su propia iglesia, bregando porque esos hechos llegaran al conocimiento de la justicia, o por lo menos, sean enérgicamente rechazados por la conducción de la curia local.
	Todos aquellos chicos, luego, y frente a tamaña frustración de su confianza y de sus expectativas de no poder conseguir de aquellos referentes de la iglesia siquiera dicho rechazo, ni mucho menos el reconocimiento de los hechos denunciados, debieron afrontar profundos sentimientos de culpa, ansiedad y vergüenza que los persiguió toda su vida, enfrentándolos hasta con su propia fe.
	Aquellas autoridades de la iglesia ni siquiera les transmitieron la alegada "confesión" de Ilarraz, ni su fabricado pedido de perdón a las víctimas, por lo menos para tranquilizarlos en conciencia y espíritu; sobre todo cuando de la misma surge el reconocimiento de actos -por lo menos- indecorosos para con ellos, y el supuesto arrepentimiento del imputado, junto a su pedido de clemencia y piedad: Confesión pública a la iglesia, dada en Roma, el 18/01/1997, respecto de los hechos que acontecieron durante el desempeño de Ilarraz como prefecto del seminario menor: "La historia no comenzó desde mi llegada al mismo, Tampoco este tipo de situación morbosa puede ser localizada como  la aparición concreta de un hecho que yo pueda señalar. Sin lugar a dudas que fue la concatenación de pequeños hechos de afectos desordenados que fueron dando lugar a una familiaridad que no condice con la condición del hombre, ni menos de un cristiano y ni que decir de la condición de un sacerdote. Esta actitud descalificante que realicé con varios seminaristas, se centra alrededor de los años 1990-1991-1992. Fueron tres años o algo más, que reconozco como los peores de mi vida. Y si bien es cierto que nunca llegué a una relación sexual propiamente dicha, ni a masturbaciones, me avergüenzo y me duele haber llegado a actitudes extremamente desordenadas, con pérdida total del pudor. … Reconozco, ya fuera del problema, el daño que hice a la iglesia, a la diócesis, a los chicos, a mí mismo. Por todo lo confesado pido a la iglesia ser perdonado, Pido a la iglesia que una vez más me regale su misericordia... con humildad y ya profundamente humillado por aquello que he sido, pido a la iglesia que acepte este hijo suyo que en un tiempo de su vida estuvo enfermo y muerto...".
	Finalmente, Ilarraz allí pide "humildemente" perdón también a las personas dañadas; pedido que nunca les hizo personalmente a esas mismas personas, sino todo lo contrario, negó rotundamente todos los hechos denunciados y se ocupó -infructuosamente- de desmerecer los testimonios de las víctimas alegando una suerte de complot en su contra.
	Las víctimas solo conocieron esa declaración a partir de la investigación penal, pero incluso la misma no fue reiterada en juicio por Ilarraz, ya que comparando esta con aquella, Ilarraz ni se mostró humilde, ni mucho menos arrepentido, brillando por su ausencia el pedido de perdón que antes suplicaba de sus jefes eclesiásticos, y que le fue otorgado misericordiosamente por Karlic.
	La tan mentada "confesión" de Ilarraz solo tenía sentido en el marco de una investigación secreta con destino a ser guardada en los más sórdidos archivos burocráticos, y con el objeto de poder cerrar la misma con las sanciones ya referidas.
	Si lo analizamos en términos de biopoder ("pastorado"), el arzobispo se comportó como un verdadero pastor: esa oveja descarriada y corrupta debía ser sancionada, pero también "salvada", toda vez que "Asegurar la salvación de todos quiere decir dos cosas que justamente deben estar unidas: tiene que garantizar la salvación de todos, pero a la vez de cada uno. Ninguna oveja es indiferente. Ni una de ellas debe escapar a ese movimiento, a esa operación de dirección y guía que lleva a la salvación. La salvación de cada uno tiene una importancia absoluta y no relativa. Y aquí tropezamos con el aspecto paradójicamente distributivo del pastorado cristiano, porque la necesidad de salvar el todo implica, desde luego, aceptar, llegado el caso, el sacrificio de una de las ovejas cuando pueda ésta comprometer al conjunto", y entonces, "La oveja que escandaliza, la oveja cuya corrupción amenaza corromper todo el rebaño, debe ser abandonada y eventualmente excluida y expulsada" (Foucault, op cit.).
	Entonces, dado que no se pudo lograr sacar el caso fuera de la Argentina, por lo menos que se lo saque fuera de Paraná, lejos del rebaño local, permitiéndosele a Ilarraz continuar con el sacerdocio en Tucumán, para evitar todo escándalo. 
	Obviamente -a mi criterio- que ante tal situación vital de las víctimas, aplicar la fría letra de la ley y prescribir estos delitos significa no entender que el dolor aún no ha cesado, ya que no puede consentirse que esos menores -hoy mayores-, ante tal contexto, tuvieron un pleno, libre y consciente acceso a la administración de justicia, toda vez que se encontraron en un concreto estado de indefensión y vulnerabilidad hasta que alcanzaron la valentía y madurez suficiente -lo cual no tiene que ver solo con la edad biológica- para ejercer las acciones legales por sí mismos.
	Entonces -y ya concluyendo este extenso análisis-, siempre que el juicio de ponderación respecto de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y las posibles garantías procesales del imputado deba hacerse casuísticamente (Corte IDH, caso "Bámaca Velásquez Vs. Guatemala", del 18/11/2010; y María Luisa Piqué, "Los derechos de las víctimas de delitos en nuestra Constitución", aporte realizado en la obra coordinada por Roberto Gargarella y Sebastián Rudi, "Comentarios de la Constitución de la Nación Argentina", Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2016, pags. 932/954), no puedo sino advertir que en el caso no solo que se trata de hechos graves realizados en contra de un grupo protegido constitucional y convencionalmente, sino que ha suscitado también graves consecuencias y daños en sus personas, que se mantienen hasta el día de hoy, ya siendo todos ellos hombres adultos; pero además, que se trata de actos cometidos en un contexto de impunidad que tendió a evitar (y evitó), una vez conocidos los casos de boca de las propias víctimas, el reconocimiento de los más elementales derechos de estas -en tanto menores, y en tanto víctimas- privándolos de una tutela administrativa y judicial efectiva, aún hasta el día de las efectivas denuncias realizadas en sede penal, en la confianza, expectativa y fe de que "la iglesia se haría cargo del problema", lo que no sucedió.
	Estas características particulares que he señalado a lo largo de la presente cuestión (sujetos de especial tutela, delitos graves contra su integridad sexual, secuelas y daños evidentes y latentes, contexto de impunidad sostenido en el tiempo por una estructura organizada como la iglesia católica, fuerte injerencia de la misma y de sus referentes -incluido el propio imputado- en sus vidas familiares y relacionales, defraudación de confianza, expectativas y la malversación de su fe) contribuyeron a impedir y privar el correcto ejercicio de sus derechos, quedando atrapados en las expectativas que el sistema canónico les presentaba, siendo estas las notas particulares que le otorgan una  identidad al caso tal, que determinan la inaplicabilidad del instituto de la prescripción al mismo.
	En consecuencia, y ante la casuística invocada y analizada, entiendo que en el presente deben prevalecer los derechos de las víctimas a que sus denuncias se investiguen, se juzguen y se sancionen, con el fin de evitar que se perpetúe la afectación que la impunidad ha producido en sus derechos, y también, para que hechos como estos no vuelvan a ser cometidos o a repetirse en el futuro. 
	Por lo tanto se rechaza el agravio tratado en este punto.
2- "Cuestionamiento a las consideraciones vertidas por la Dra. Vivian y a las que adhirieron los restantes jueces, en cuanto a que está probada la materialidad del hecho y si es el imputado su autor".
2.a- "En el abordaje de esta cuestión, el tribunal manifiesta que estima necesario efectuar algunas consideraciones en torno a las pautas mediante las que apreciaran los testimonios de las víctimas. Para darle valor adicional a estas declaraciones, le asigna al contexto de los hechos el carácter de clandestinos".
2.b- "... contradicciones incurridas por las víctimas".
2.c- "De la arbitrariedad en la valoración de la prueba".
	Previo a introducirme al análisis particularizado de los agravios expuestos y así dar respuesta cabal a las impugnaciones deducidas, advierto liminarmente que  más allá de los  títulos que el recurrente consigna en su escrito, incluso de las argumentaciones que vuelca y complementa luego en la audiencia de mejoramiento del recurso, es evidente que nos encontramos frente a una "mera disconformidad" del Defensor con la forma en que el Tribunal de Juicio ha merituado los distintos elementos de convicción que fueron lícitamente incorporados al debate, para lo cual parcializa y/o secciona los testimonios rendidos en las audiencias de juicio, buscando poner de relieve contradicciones, omisiones y/o ausencia de fundamentación, olvidando que la sentencia, como pieza procesal única, debe ser analizada íntegramente, y su coherencia interna debe ser sopesada desde la motivación expresada en sus considerandos y finalmente en relación a sus conclusiones; por el contrario, no es posible tomar párrafos y cernir sobre ellos críticas como si se trataran de actos estancos, individuales e independientes del resto del texto y por ello despojados de unidad y huérfanos de lógica.
	Es más, este mismo tribunal de casación -en su integración original- ha resuelto, en muchísimas ocasiones -cfr. "CASAS" 19/05/2015; "CASTILLO" 07/08/2014; "FERNANDEZ" 15/09/2015- que la simple disconformidad del letrado con las conclusiones a las que arriba un tribunal de juicio, no resulta "per se" suficiente para tornar viable un recurso de casación, sino que debe señalar y demostrar el recurrente cuál es el concreto error "in iudicando" o "in procedendo" o bien, de acuerdo a la doctrina pretoriana de la CSJN, demostrar un supuesto de arbitrariedad en el constructo sentencial, extremos éstos que -como enseguida se verá- no fueron siquiera denunciados por el abogado casante. 
	No obstante, la necesidad convencional de otorgar un "doble conforme" al justiciable que ha sido condenado por un Tribunal de mérito (Art. 8, inc. 2º, ap. "h" de la C.A.D.H. y 14, inc. 5º del P.I.D.C. y P.), me lleva a analizar la forma en que la Sala merituó la prueba, para entonces verificar si dicha labor jurisdiccional  fue o no conforme a Derecho, y así descartar (o no) cualquier arbitrariedad en su construcción.
	En tal tarea, no debe perderse de vista lo que ya fue resaltado al inicio de la presente, que el Recurso de Casación, a raíz del impulso y amplitud que le han dado pronunciamientos como "HERRERA ULLOA" -CIDH, 02/07/04-; "CASAL" -CSJN, 20/09/05- o "ALBIZATTI" -STJER, 07/12/04-, debe ser dotado del "máximo rendimiento posible", pero que aun así se trata de un "juicio de casación" donde se juzga un pronunciamiento jurisdiccional del Tribunal de mérito -"juicio de sentencia"-, buscando hacer sobre el mismo un examen respecto de los argumentos brindados que resulten cuestionados -pertenezcan al plano lógico, jurídico o fáctico- con el límite impuesto por aquellos extremos que el tribunal de juicio hubiere aprehendido en virtud de la inmediación, cuyo análisis no puede ser reeditado en la instancia revisora.
	Concretamente, el auto impugnado expresa -al comenzar el tratamiento de la "segunda cuestión" (fs. 3023 vta., pto. II.1)- que "Previo a recrear los aconteceres históricos descriptos, a través de la valoración crítica de las probanzas producidas, estimo necesario, efectuar algunas consideraciones en torno a las pautas en base a las cuales habré de valorar los testimonios de las víctimas, atento la incidencia e importancia probatoria que poseen en el marco de los hechos delictuales atribuidos. Hechos que, a diferencia de otros sucesos, se caracterizan por la clandestinidad y soledad en que acontecen, lo cual probatoriamente y por lo general, repercute, en la ausencia   de testigos presenciales, en la falta de prueba documental, o de rastros - semen, huellas etc.-, lo cual convierte a la declaración de las víctimas en la única prueba de cargo o en la de mayor incidencia, como ocurre en el presente".
	Sin dudas que con tal expresión, comúnmente utilizada para distinguir la mecánica de los abusos sexuales realizados sobre todo contra menores de edad (cfr.: STJER, Sala Nº 1, in re "LEDESMA, JUAN R. S/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR EL APROVECHAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA – RECURSO DE CASACIÓN", 01/07/2009; "Medrano, Ariel", del 14/07/2008; "AREGUATTI, CARLOS A. – ABUSO SEXUAL CON AC. CARNAL AGR. POR EL PARENTESCO – REC. DE CASACIÓN", del 26/09/07; "LANCHE", del 16/02/09; "OCAMPO", del 15/04/09; C.S.J.N. in re "Veira Héctor R.- Violación"; "Vera Rojas", del 15/07/97; entre otros), la Sala ha significado el ámbito de secretismo y sigilo en el cual se desarrollan -generalmente- tales acciones, razón por la cual expone luego toda una serie de concepciones jurídico dogmáticas respecto de la forma en que valorará las declaraciones de los testigos/víctimas, y garantizará -a la vez- los derechos y garantías del acusado.
	Así, la magistrada que comanda el acuerdo se dirime entre dos grandes concepciones al respecto: aquella que establece que "razones de índole político  criminal, abonan la plausibilidad de la hipótesis que sostiene que la sola declaración de la víctima puede generar un pronunciamiento condenatorio, a fin de evitar la impunidad de muchos delitos sexuales, y el resquebrajamiento de la vigencia de la norma"; y aquella otra -con cita de Sancinetti- que dice que "una sentencia basada exclusivamente en la declaración de la víctima implicaría dar a una de las partes del proceso la posibilidad de crear su propio derecho por la fuerza de su palabra y, por ende, para invertir la carga de la prueba". 
	En este último caso -dice Sancinetti- la palabra de la víctima aparecería así como "la trampa del principio de inocencia y (...) bastaría con formular la acusación y sostenerla en el juicio para desplazar aparentemente la carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él quien demuestre su inocencia frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien le acusa" (Sancinetti, Marcelo; "Las imputaciones por abuso sexual libradas a la arbitrariedad del denunciante").
	Ante ello, la sentenciante encuentra un punto intermedio -fundada en doctrina y jurisprudencia que cita- con el cual conceder (o no) relevancia probatoria a la declaración de la víctima en los delitos contra la libertad sexual, el que consiste en rodear a aquellas declaraciones de pautas objetivas de análisis de sus testimonios, y de verificar la existencia de otra prueba indirecta (indicios) que puedan corroborarla.
	En definitiva, cuando se confrontan dichos contra dichos, frente a una versión acusatoria en boca de la víctima y otra defensiva contrapuesta del acusado, y no existen otros datos objetivos que avalen la información de cargo, se impone una valoración cuidadosa acerca de su peso probatorio, ya que el testigo único que acusa no puede pesar más que el descargo del imputado que niega, y por ello debe ponderarse el contexto en el que se producen y su entidad para contradecirlos; de ahí también la trascendencia de contar con la opinión de los expertos con los que las víctimas se entrevistan.
	En el caso, lejos se está de contarse con un testigo único, ya que son siete víctimas cuyos relatos se apoyan y complementan mutuamente ilustrando sobre un "modus operandi" propio de Ilarraz, que -aún con las particularidades de cada caso-, les es común, ya que parte de un mismo agresor y en circunstancias similares: todos hablan de como Ilarraz, previo a haberse hecho depositario de la confianza de los niños y demostrarles su autoridad, iniciaba sus acercamientos e insinuaciones con masajes, luego con besos en la boca, con las visitas nocturnas en las camas de los internos, con las citas a su habitación, con los privilegios de comida, golosinas, gaseosas y viajes, o con permitirles exhibir la gracia y favoritismo de contar con él como su guía espiritual, ante los demás seminaristas, entre otras acciones que también fueron evidenciadas durante el debate y expuestas en la sentencia.
	La sentenciante también indica -luego de transcripta la prueba producida- cuales serán las pautas de valoración que guiarán el análisis de aquella "segunda cuestión" referida a la existencia de los hechos y la autoría del imputado de los mismos, fijando como parámetros para el análisis de los testimonios producidos en el debate, tres criterios a los que identifica como "ausencia de incredibilidad subjetiva", "verosimilitud de la declaración", y "persistencia en la acusación", dando también explicaciones respecto de como se conforman tales criterios y qué aspecto de aquellas es la que tendrá en cuenta dentro de cada criterio; cuestión que desarrolla a continuación. 
	Con dicha plataforma se reconstruyeron los hechos de manera coherente y lógica; ello así, nada puede objetarse al Tribunal del modo en que valoró los dichos de los testigos, de los profesionales, y el resto del material glosado en autos, ya que en la misma pieza se encuentran las razones de la conclusión a la que arriba, y también el modo en el cual arribó a la misma, no asentándose únicamente en las testimoniales de las víctimas, sino de todo un contexto probatorio que ha sido valorado en su justa medida.
	En lo que hace específicamente a lo impugnado por el Sr. Defensor, en primer lugar, aquella concepción de "actos clandestinos", o de "clandestinidad" respecto de los abusos a menores de dad, resulta por demás apropiada en cuanto se sabe ya -como arriba se ilustró- que  los delitos contra la libertad sexual constituyen criminológicamente delitos clandestinos, secretos o de comisión encubierta, y suelen cometerse en ámbitos privados, sin la presencia de testigos, y muchas veces sin la existencia de rastros que puedan develar lo sucedido a través de las pericias técnicas específicas. 
	No hace entonces otra cosa el Tribunal que contextualizar el propio testimonio de los testigos que declararon que Ilarraz generaba determinados momentos para estar a solas con las víctimas y entonces avanzar con sus espurias intenciones, por ejemplo cuando cerraba con llave su habitación, cuando los mandaba llamar a confesión, cuando se acercaba a sus camas ya bien entrada la noche y con las luces apagadas, cuando se los llevaba de viaje fuera de la ciudad; es decir, la forma en que generaba el momento de intimidad con cada uno, lejos de miradas externas o incluso ajenas al grupo de menores a los cuales les granjeaba su confianza con fines -últimos- netamente sexuales.
	Solo por nombrar algunos de esos testimonios, dado que en la sentencia se encuentran perfectamente individualizados, así lo indican S. ("los actos de abuso fueron exclusivamente en la habitación de Ilarraz"); R. ("los sábados a la tarde, cuando íbamos a bañarnos juntos, a intimar, a abusarte, él cerraba con una vuelta de llave la puerta de ingreso"); Senger ("Ilarraz a menudo se encerraba con llave en su cuarto con los chicos del Seminario menor, con un solo seminarista o con varios, debo decir que de las dos maneras, lo llamativo era que ponía llave); H. ("cuando entraba a la habitación, Ilarraz cerraba la puerta con llave, me hablaba de la amistad y de mostrarse afecto entre amigos y me decía que darse besos en la boca era demostración de amigos).
	Es decir que la habitación de Ilarraz no era -como lo expresa el defensor- una habitación de "puertas abiertas", o por lo menos éste se cuidaba celosamente de cerrarla (y con "una vuelta de llave") cuando se proponía abusar o avanzar sobre sus víctimas, o cuando las citaba con tal finalidad.
	En definitiva, no puedo otorgarle al agravio planteado por la defensa en el punto 2.a, la tacha de arbitrariedad que ésta quiere darle, sino todo lo contrario, que la definición en cuestión ("clandestinidad") no solo se adapta a lo propio y general de este tipo de delitos, sino que también se plasma en las actitudes del imputado al cometerlos, tal como bien lo expone la sentencia impugnada.
	Por otro lado, se ataca también la sentencia, en cuanto se pretenden señalar contradicciones en las víctimas que les restarían credibilidad, y que no fueron considerados por el tribunal, por ejemplo, se mencionan no menos de diez testigos que no habrían visto los besos que el imputado les daba a sus víctimas.
	Más allá que ya me he expedido sobre el ámbito de intimidad donde se desarrollan este tipo de actos, propios de su naturaleza, tampoco el hecho de que los testigos que menciona el Defensor (Dupuy, Barreto, A., Piedrabuena, Stamm, Sangoy, D. Rasuch, Sauer, Uzman, Hergenreder, Faure y Bianchi) no hubieran visto los mismos, no desacredita -per se- el testimonio de aquellos que los sufrieron y denunciaron.
	En el mismo sentido, tampoco le resta verosimilitud al testigo victima (por ejemplo cuando se cuestiona el testimonio de H. R.), la circunstancia de que otros testigos (no denunciantes) hayan negado una situación de abuso contra sí mismos o una relación íntima con el cura Ilarraz (por ejemplo, respecto de D. R. o Raul W.), aún cuando esta haya sido expuesta por alguna de las víctimas; y ello porque quizás, por las razones que fueren, no tuvieren la intención de hacer públicas sus propias experiencias. 
	Pero aun cuando tales relaciones (íntimas) no hubieren existido, no puede perderse de vista que lo que se juzgó, fue la existencia de aquellas otras que, efectivamente, formaron parte de la imputación, por lo que tampoco resulta trascendente para la verificación de la autoría y ocurrencia de los hechos atribuidos a Ilarraz, los otros que pudiera haber cometido con o contra otras personas distintas de los denunciantes.
 	Por otro lado, también puede decirse que incluso los mismos testigos que la defensa invoca para dar crédito a su versión, son concretos en referenciar e ilustrar otras conductas que propiciarían el ámbito de intimidad adecuado para la realización de los hechos denunciados; y solo por dar un ejemplo: Sauer, quien dijo que "De los abusos en el seminario me enteré por las noticias, como la mayoría, dentro del seminario no surgió más que algún comentario de pasillo; los comentarios eran en relación a H. R., que había sido abusado por el padre Ilarraz ... recuerdo que Ilarraz, en los pabellones donde dormíamos, hacía rondas, siempre solía dar una última vuelta al finalizar el día, a realizar alguna confesión con alguno de los alumnos, había un belén (sic) siempre en un pabellón y recuerdo haberlo visto sentado en la cama de alguno de mis compañeros".
	Más allá del mencionado, también la sentencia refiere de otros testigos con idéntica connotación, como por ejemplo: Martínez, que habla de (muchos) besos y caricias con los seminaristas; Balcar, quien refiere que en la habitación de Ilarraz se encontró con muchos internos en calzoncillos y con Ilarraz jugando con los "piecitos" de uno de ellos; Jacob, que habla también de ciertas conductas y acercamientos incómodos hacia él mismo: "se sentaba en mi cama, me acariciaba la cara, me pedía una amistad más cercana, y ví también que se sentara en otras camas, pero no sé que es lo que les hacía".
	Ante ello, vale recordar que los testigos declaran sobre lo que han percibido en el pasado, ya que "el testigo percibe espontáneamente, y el interés sobre su percepción es sobreviniente..." (cfr.: José I. Cafferata Nores, "La Prueba en el Proceso Penal", Ed. Depalma). Así, el testigo primero percibe y luego se da cuenta que lo que percibió puede ser de interés; por ello es lógico que existan algunas alteraciones entre lo que realmente percibió y lo que recuerda haber percibido, máxime en el caso de los testigos bajo análisis donde el transcurso del tiempo puede alterar circunstancias perífericas, más no el núcleo de una conducta abusiva, ni la forma o el modo en que estas tuvieron lugar. 
	Si se incurre en imprecisiones o incluso en contradicciones que no afecten lo medular de su testimonio, ello no les resta verosimilitud, por cuanto el núcleo de la cuestión ha sido sostenido durante todo el transcurso del tiempo, en sus distintas manifestaciones; más aún, y por citar el caso de R., hasta llegar a admitir una penetración por parte del imputado, que no se atrevió a denunciar durante la instrucción, quizás por pudor o porque se temía que se dudara de su virilidad ante su familia, colegas o amistades. 
	En referencia también a la cita del Prof Cafferata Nores, en cuanto que un hecho del pasado puede adquirir un significado distinto en el futuro para el testigo, el testimonio de Sebastian Alberto Martinez nos lo ejemplifica, cuando señala, respecto de Ilarraz, que "en un momento pasó su mano por mi gamba y a esto también después lo resignificó, no lo recuerdo como si me hubiera incomodado en el momento, pero cobró sentido después"; o -nuevamente- el testigo Jacob, cuando afirmó que "que tenía 13 o 14 años cuando Ilarraz tenía esos episodios incómodos conmigo, yo le dije que no me gustaba; lo registro en mi memoria cuando estaba en primero y segundo año, siempre sucedió en los pabellones. Vi también que se sentara en otras camas pero no sé qué les hacía, a veces quedaba todo oscuro y otras veces había luces tenues. De estas actitudes incómodas de Ilarraz hacía mí no se lo conté a nadie, solo le molestaba, no dimensionaba lo que pasaba porque era chico, ahora de grande pienso que eran conductas indebidas"; es decir, que a partir de la madurez de estos sujetos, ven con otros ojos lo sucedido y le otorgan otro tinte, sin duda de calificar sus experiencias como algo -por lo menos- indebido.
	En el mismo orden, he de destacar también que existen factores psicológicos que afectan en el testigo para adquirir o relatar la información sobre un hecho que percibió, además de factores externos, como la distancia, que también pueden afectar el proceso de conocimiento o percepción; en este sentido se ha dicho que la memoria es vulnerable y se halla afectada por hechos acaecidos anterior o posteriomente al suceso del que se es testigo, los cuales puede alterar la posterior narración del mismo; la memoria es un proceso muy activo de construcción, reconstrucción y reelaboración basado solamente en la aplicación sensible de los recursos perceptivos disponibles; el proceso activo de recuperación de información presenta un alto nivel de fragilidad en cuanto a la reproducción fiel y fidedigna de unos hechos ya que se entremezclan variables, tanto de carácter personal e internas del propio individuo como externas.
	Consecuente con esa idea, el STJER -su Sala Nº 1- expresó que  "Es necesario puntualizar que las declaraciones que presten los menores víctimas de hechos como el que nos ocupa, durante el proceso penal, no pueden ser sometidas a ritualismos vacuos o excesivos, ya que los operadores judiciales que intervienen en el trámite deben preservar sus intereses como parte desprotegida y víctima y evitar la revictimización que seguramente provoca el evocar las traumáticas experiencias vividas, con afectaciones perdurables en su personalidad" (en "SANCHEZ, Claudio S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL", Expte Nº 4141 del año 2012).
	Por otro lado, también se advierte -a contrario de lo afirmado por la defensa- que entre esos mismos testigos, a la vez, existen serias contradicciones de las que se denota, como bien lo expresa la sentencia, una clara disposición para intentrar mejorar la situación procesal del imputado. 
	Así, y por ejemplo, Piedrabuena dice que "era impensado que Ilarraz fuera al pabellón" donde dormían los chicos, lo que es claramente contradicho -también por ejemplo- por la declaración de Sauer, (parcialmente) transcripta en el párrafo anterior, o por Hergenreder que dijo que "el Prefecto (Ilarraz) a la noche daba vueltas en el pabellón; y también por Faure, que dijo que "después que apagaban las luces en el pabellón, Ilarraz a veces pasaba, siempre con las luces apagadas ... caminaba con los bedeles y lo vió algunas veces que se sentaba en la cama de los chicos a charlar", solo por nombrar algunos casos.
	Otros testigos se valieron del tiempo transcurrido para "no recordar" ninguno de los hechos sobre los que fueron preguntados por las partes, los que también fueron identificados en la sentencia. 
	Esto último -las intenciones de beneficiar a Ilarraz- me lleva también a afirmar que el contexto en el cual se realizó la denuncia que diera inicio a la investigación en cuestión, le otorga un marco de entidad a los dichos de las víctimas, lo que contribuye a  fortalecer la veracidad de su relato, siendo que ya como hombres maduros debieron afrontar las circunstancias (personales, sociales, profesionales, culturales, etc.) de admitir haber sido abusados por el cura Ilarraz, sin abrigar, en la concepción del tribunal interviniente, que existiera alguna otra razón como para que lo denunciado tuviera otras motivaciones ajenas a la búsqueda de verdad y justicia. 
	Dicho lo anterior, no puedo tampoco dejar de advertir que los demás agravios planteados por la Defensa en el pto. 2.b de su recurso, ya fueron expresamente tratados por la sentencia que impugna, respondiéndose allí todos y cada uno de los argumentos vertidos por el abogado defensor, de modo que la impugnación defensiva aparece aquí y ahora como un intento de reeditar una discusión que ya ha sido dirimida jurisdiccionalmente, pero que se disconforma con la conclusión arribada por el juzgador.
	Para verificar lo dicho, véanse las fs. 3014 a 3017 vta. en lo que constituye la transcripción del alegato del abogado defensor de Ilarraz, en donde ya allí plantea: que los pabellones quedaban iluminados de noche; que D. R. y R. W. hubieron negado conductas impropias de Ilarraz para con ellos, en contraposición a lo afirmado por H. R. y R.; que las pericias psicológicas fueron breves y aventuradas, incursionando incluso en las líneas de abordaje profesional (dentro de la psicología) que las peritos debieron seguir en las entrevistas con las víctimas (psicoanalítica o terapia cognitiva conductual); que P. estaba en complot con los demás denunciantes; que H. había vuelto a Paraná en 1998 e ido a visitar el seminario, siguiendo así la línea del supuesto complot; que las declaraciones de Sergio Romero y Tovar se encontraban comprendidas en las "generales de la Ley" y por tanto no pueden ser valorados; y que la llamada "confesión" de Ilarraz durante el juicio diocesano fue sacada de contexto.
	A todos tales cuestionamientos la sentencia dio respuesta suficiente, no solo reseñando toda la prueba receptada durante el proceso y sobre la cual se expediría luego (cfr. pto. IV de la sentencia -fs. 2919/2996 vta.), sino también analizando la misma en su totalidad conforme a los criterios establecidos legalmente (sana crítica racional), e incluso conforme a aquellos que expresamente explicitó (ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud de la declaración y persistencia en la acusación - fs. 3026 y vta.), efectuando un desarrollo exhaustivo de todos dichos criterios.
	Así, respecto de la credibilidad subjetiva de los testigos (pto. II.2 - fs. 3026 vta.) no solo analizó todas las objeciones puestas por el acusado en uso de su defensa material, sino también las alegadas por su defensor técnico, echando por tierra la existencia de cualquier conjura o complot en contra de aquel; analizando para ello los testimonios de cada una de las víctimas, y concretamente dando las razones por las que el testimonio de P. -particularmente impugnado por la defensa- resulta creíble, al igual que las demás (cfr. fs. 3026 vta./3028 vta.). 
	Luego desarrolló la "verosimilitud de los relatos", y nuevamente desechó los planteos defensivos que pretendían restárselas, contestando a la defensa todos los puntos que tenían que ver con las contradicciones aquí nuevamente apuntadas, como es lo de la luminosidad de los pabellones por las noches, las recorridas nocturnas de Ilarraz por los mismos, las charlas privadas en las camas con los seminaristas, citando para ello los testimonios, no solo de las víctimas, sino también de otros testigos que no lo fueron, como bedeles u otros internos (cfr. 3028 vta./3029 vta.); y particularmente también respondió las objeciones respecto de las pericias psicológicas (fs. 3030), apuntadas por la defensa.
	Respecto de este último punto, es decir, en lo relativo a la importancia de la prueba pericial, cabe traer a colación el fallo de esta Cámara de Casación -en su original integración-, en "W., M. A. - Abuso sexual (gravemente ultrajante agravado por la situación de guarda) S/ Recurso de casación", Nº 344/15 - Fº 51, de fecha 12/5/16, donde se dijo que "... Las conclusiones de los dictámenes de los peritos -terceras personas competentes en su ciencia o arte- no resultan vinculantes per se para el juzgador, pero a éste le está permitido apartarse de ellas sólo cuando cuenta con fundamentos objetivos y controlables, sea por no resultar de pautas técnicas o científicas, por tratarse de meras aseveraciones carentes de sustento o en franca contradicción con las restantes pruebas rendidas en el proceso, o con hechos públicos, lo que no se da en la especie -ver también: Sala Penal, STJER, "SANCHEZ", 13/06/12, "SOLANO", 03/10/12, "OCAMPO", 05/03/14, entre otros- ... Y conforme precedente "FERNÁNDEZ" (sent. del 18/09/2014) de ésta Cámara de Casación, '… La regulación legal prevista en el art. 294 establece que los relatos de los menores para ser considerados pruebas pasen, indefectiblemente, por el tamiz de las pruebas técnicas, que no se limitan solo a la veracidad del relato, sino que aportan también otros indicadores sobre la coherencia y capacidad, retractaciones, posibilidades de invasión del discurso por parte de un adulto, indicadores de victimización, etc.- Sobre el particular Carlos A. Rozanski refiere que: 'cada etapa evolutiva presenta características particulares que son tenidas en cuenta por los especialistas en el momento de las entrevistas y que luego van a permitir validar o no el relato. Por otra parte, estos expertos tienen en cuenta una serie de características que aparecen sólo en los relatos verdaderos de las víctimas. En todos estos casos, tanto el informe pericial forense como el de aquellos profesionales que hubieron atendido a la víctima, resultan muy importantes ya que en ellos se suele hacer alusión específica a la posibilidad de los niños de fabular. Si bien las pericias no resultan vinculantes para los magistrados, no es posible apartarse de aquellos informes sin la correspondiente razón para ello. Dicho en otras palabras, si las pericias indican que los relatos son verídicos no pueden los jueces contradecir esas conclusiones sin explicación razonable y de base científica, ya que esto se trataría de una sentencia arbitraria' (Conf. Carlos A. Rozanski: "Abuso sexual infantil ¿Denunciar o silenciar?" Ed. B.A. SA, año 2003, págs. 193). …'.".-
	Tampoco puedo dejar pasar que en los agravios planteados por el Sr. Defensor luce una clara manipulación de las declaraciones de los testigos, a partir de la cual descalifica su valor probatorio caracterizándolas como "tendenciosos", tal el caso de los testimonios de Sergio Romero y del padre Tovar, con el fin de que no sean tenidos en cuenta por la sentenciante.
	El testigo Romero, que NO es denunciante y a quien la defensa le hace decir que "Ilarraz era un monstruo", comenzó relatando su experiencia personal con el cura imputado y los abusos sexuales que sufriera del mismo, expresando que "cuando me separo de esa chica en el 2012 todo lo de Ilarraz me vuelve a la cabeza, ese monstruo que tengo adentro no deja de aterrorizarme", y luego relata la angustia que todo eso le provocaba, cuando expresa "cuando me refiero al terror, es al miedo que me enfrentó todo esto, el monstruo es la iglesia católica, mi situación personal, Ilarraz en los momentos que dejé el sacerdocio, en la separación de la mamá de mi primer hijo, ahora que me llamaron para declarar". 
	Como se advierte lejos está de realizar Romero una adjetivación personal -conclusión a la que arribo luego de leer su declaración completa y no la seccionada por la defensa-, sino que su "monstruo" son los sucesos vividos y protagonizados en el seminario, que no solo incluían  Ilarraz, sino también a otros (ex) compañeros suyos, del mismo grupo de Ilarraz, que -según afirmó-  lo "manoseaban" y lo trataban de "maricón". 
	No puede perderse de vista que el referido es un testigo que sin ser denunciante, ratificó los abusos del cura y vivificó situaciones similares, en este caso cometidos en su perjuicio, pero con la misma metodología (modos, lugares, oportunidades, etc.) empleados por Ilarraz para con aquellos, por lo que sus dichos adquieren especial relevancia.
	Por otro lado, y en el caso de Tovar, éste inicia su declaración afirmando que no lo conoce a Ilarraz y que lo acaba de conocer en el momento en que declara en juicio ("lo acabo de conocer"); por lo que mal puede abrigar un sentimiento de animosidad o interés personal en perjudicar al imputado, siendo su manifestación final una expresión de deseo para el caso que se comprueben los hechos atribuidos; lo cual -nuevamente- en modo alguno descalifica su testimonio.
	En definitiva, y respecto de la calificación de arbitrariedad en la valoración de la prueba y la inobservancia de las reglas de la sana crítica (pto. 2.c del recurso), debo decir que ello no puede tener acogida, por cuanto  la sentencia impugnada exhibe, en lo esencial, completa motivación respecto de los asunto que propuso la propia defensa al momento de la discusión final, verificándose sus conclusiones suficientemente sustentadas en la ley y con observancia de los principios lógicos que deben presidir el silogismo sentencial en un sistema de sana crítica racional, como el que nos rige, en tanto que los escasos argumentos del recurrente, no logran revelar una fisura eventualmente descalificante de ese razonamiento sentencial que cimenta suficientemente las conclusiones a las que arriba -aunque éstas no sean compartidas por la defensa-, como tampoco atina a poner en evidencia que pueda ese pronunciamiento incurrir en la aventurada arbitrariedad que genéricamente invoca. 
	Por el contrario, los agravios aquí reproducidos, no constituyen sino una reedición de los alegados oportunamente al momento de la discusión final, intentando la defensa -infructuosamente- colocar su propia teoría del caso como la solución adecuada, sin demostrar, más allá de su mera disconformidad y voluntarismo, la verdadera presencia de la viciosidad que atribuye al razonamiento sentencial, por lo que tampoco -por regla- pueden volver a tener cabida en la presente instancia, al haber recibido una respuesta jurisdiccional fundada y oportuna.
	Ello pone de relieve que la fundamentación del recurso de casación bajo examen en relación a las cuestiones decididas no consigue refutar las conclusiones nucleares del pronunciamiento impugnado, al dar fundada respuesta a cada uno de los agravios esbozados, cuyo reiterativo discurso endilgando absurdidad y arbitrariedad al análisis de la prueba que realiza el Tribunal, sólo se basa en consideraciones que no importan una réplica válida al concreto razonamiento que desarrolla la sentencia, deviniendo por tanto ineficaz (cfme.: Hitters, Juan C.; "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", pág. 423, Ed. LEP, La Plata, 1984).
	Conforme fuera remarcado en los párrafos precedentes, la Sala, cuya sentencia se impugna, tuvo en cuenta todo el cúmulo probatorio que le fue producido durante las audiencias de debate -incluido lo dicho por el acusado en su defensa material-, así indicándolo en el propio escrito sentencial, todo lo cual coadyuvó a deducir la credibilidad de las denuncias y -sobre todo- a rodear las declaraciones de las víctimas de la veracidad y autenticidad suficiente como para arribar a la certeza positiva requerida por todo fallo condenatorio.
	Es más, entiendo que, a contramano de lo afirmado por el Sr. Defensor, el análisis realizado en la sentencia para arribar a la conclusión a la que se arribara, lo fue siguiendo las reglas establecidas para la valoración de la prueba, y así, la sentencia reconstruyó eficazmente los hechos denunciados, llegando a la firme y fundada conclusión del acaecimiento de los sucesos atribuidos a Ilarraz, y también que éste fue el autor material de los mismos; por lo que se rechazan los agravios tratados en este punto.
3- "Cuestionamientos sobre la magnitud de la sanción".
	Al abordar la cuestión de la pena a imponer al imputado (fs. 3058 vta. y ss.), la Sala individualiza la misma y, tomando en cuenta el mínimo y el máximo de la escala penal aplicable, tiene en cuenta como parámetros para la determinación, las condiciones agravantes y atenuantes que -según individualiza y explica- se encuentran legislados en los arts. 40 y 41 del CP. 
	Pero antes de ello, el Tribunal también realiza una descripción teórica respecto del fundamento o fin de la pena, inscribiéndolo en la teoría de la prevención especial, según surge de los Pactos Internacionales constitucionalizados por la República Argentina, que es lo que el Defensor entiende como "incongruente" con la pena finalmente aplicada.
	También, y luego, el Tribunal desarrolla cuál es el marco o escala penal que, en función del CP vigente al momento de los hechos, limita la acción determinadora de la pena, estableciendo un piso y un techo a la misma, dejando bien en claro que el de 25 años es un límite impuesto por el legislador de entonces -como pena máxima para el caso de concurso real- pero que si debiera atenerse a las reglas "puras" del mismo, ese límite máximo superaría holgadamente dicho monto. 
	Tambien el Tribunal deja en claro que si bien existen distintos criterios o fórmulas en la doctrina respecto al punto de ingreso al marco penal (Ziffer, P.), la tarea determinativa del monto en cuestión se inició partiendo desde el mínimo de la escala (10 años de prisión).
	Es así, que del análisis de dichos tres parámetros (fin de la pena, límite máximo del concurso real y análisis de agravantes y atenuantes) es que entendió justo imponerle a Ilarraz la pena de veinticinco años de prisión, con más las accesorias legales del art. 12 CP.
	Lo primero que debo decir al analizar el agravio en cuestión es que, tal y como se encuentra fundado este punto en la sentencia, ninguno de los fundamentos dados por la Dra. Vivian -a los que se adhiere el resto del Tribunal- puede ser analizado en soledad o autónomamente, sino -más bien- en su conjunto, dado que cada uno de ellos impacta decididamente sobre el otro. 
	Así, no puede entenderse el desarrollo de los agravantes y atenuantes sin el impacto dogmático desarrollado previo a los mismos; ni tampoco sin tener en cuenta el límite máximo de pena a imponer cuando la sumatoria de los máximos de cada delito particularmente imputado a Ilarraz supera -y con generosidad- el mismo.
	Pero tampoco puedo obviar que una vez más el abogado defensor de Ilarraz realiza un recorte parcial de la sentencia, y se centra en un párrafo en particular, a partir del cual desarrolla el agravio en cuestión, sin que aquel traduzca real y de manera completa la idea que del punto en cuestión intenta transmitir el Tribunal. 
	Concretamente, no solo la Sala ha basado el monto determinativo de pena en razones de prevención especial, sino que claramente invoca otras razones que enuncia a posteriori del párrafo citado por el Dr. Muñoz, a saber: "Esta manda constitucional -refieriéndose al fin resocializador que emana de los Pactos Internacionales ya citados- claramente consigna que la pena a aplicar, en un Estado democrático de Derecho, solo será legítima en la medida que sea la materialización de la Justicia, por lo cual en su determinación resulta ineludible compatibilizar el límite insuperable de la culpabilidad del autor con los fines de prevención general y especial, que hacen a su fundamento".
	Es decir, que sin lugar a dudas -porque así lo expone la sentencia- el quantum (de pena) final arribado resulta de una cuantificación de la culpabilidad del autor (Ilarraz) para cuya fijación se han tenido en cuenta principios preventivos (prevención especial y general) dentro del marco que permite el margen fijado por la Ley penal, argumentando por qué con la (pena) finalmente impuesta, no se ha rebasado el reproche de culpabilidad por los injustos realizados.
	En primer lugar entonces, no podemos sino reconocer que de la aplicación de los Pactos Internacionales citados por la Vocal que comanda el acuerdo impugnado, como también del artículo 18 de la Constitución Nacional, existe un mandato resocializador que debe tenerse en cuenta a la hora de la determinación judicial de la pena, como en el caso, el cual impone, como mínimo, que esta no resulte en la desocialización del sujeto condenado; a la vez que también existen exigencias de justicia y de prevención general que cumplen igualmente su papel dentro de la tarea referida.
	Es justamente ello lo que critica el Sr. Defensor, ya que no ingresa puntualmente en ninguno de los tópicos (agravantes) que, según el Tribunal, extenderían del mínimo -punto de ingreso al marco penal- al máximo, la pena finalmente impuesta a su defendido. 
	Mas el agravio -como referí- resulta parcial e incompleto, ya que no toma la sentencia (en el caso, la "cuarta cuestión") en su totalidad o generalidad, sino solo aquellos párrafos o ideas que, fraccionadas o seccionadas, no podrían conllevar lógicamente a la resolución que finalmente se dicta, pero que -nuevamente- en su verdadero contexto, la fundamentan adecuadamente.
	De hecho, el Tribunal es explícito en enumerar y distinguir cuáles son los agravantes y atenuantes a tener en cuenta, y también  el marco de análisis de cada uno de ellos; y así, respecto de "La naturaleza de la acción", refiere que ello se tomará en cuenta a partir de "las concretas circunstancias tenidas en miras por Ilarraz para quedarse a solas con las víctimas, la nocturnidad, la soledad, generando un ambiente íntimo  propicio para concretar sus aberrantes actos"; y no de otras circunstancias; otorgando así a la Defensa un marco preciso y concreto de análisis para que -eventualmente- ésta se disconforme.
	Pero como vimos, en el caso no se han cuestionado ninguno de ellos, y ello así a pesar que la misma tarea realizó el Tribunal respecto de otros agravantes de su conducta, tales como "el aprovechamiento de la relación de convivencia", la temprana edad en que comenzaron los abusos", "la instrumentalización de las víctimas", "el deber religioso de Ilarraz frente a los menores", "los daños concretos y su extensión" -en el cual particularmente analiza las conclusiones de  las pericias psicológicas de cada víctima-, "su conocimiento especial (de Ilarraz), atento a su formación en derecho canónico", "la clase de educador (sacerdote)", y la "actitud posterior del imputado", en la que tuvo concretamente en cuenta su falta de arrepentimiento.
	Tampoco cuestionó el Defensor la subsunción típica de los delitos imputados, ni su concurrencia material; por lo que la pretendida reducción penal solo ha de tener basamento -según su agravio- en la supuesta "teoría de la pena" (mal) aplicada por el Tribunal, lo que ya he mencionado que el suyo resulta un análisis incompleto producto de una parcialización interesada del texto sentencial.
	No obstante ello, en el estudio específico -por parte de esta casación- de los elementos agravantes y atenuantes detallados en la sentencia en examen, entiendo que el Tribunal ubicó acertadamente la respuesta punitiva en el máximo de la escala aplicable, y ello por el tope impuesto por el art. 55 CP vigente al momento de los hechos, puesto que la individualización de la pena, en cuanto "cuantificación de la culpabilidad" del autor, es el procedimiento por medio del cual la sanción punitiva abstractamente determinada por la ley, se adecua al delito cometido en concreto por este.
	En tal sentido, la C.S.J.N.  ha dicho que  "La medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad de autor, y esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la concreta situación en que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades para esa circunstancia" (CSJN, 07/12/2.005, M., D.E. y OTRO  S/ ROBO AGRAVADO).
	Atenuantes como el paso del tiempo (desde la fecha de los hechos) y la falta de antecedentes penales computables de Ilarraz, no alcanzan para desgravar la magnitud de los injustos cometidos, conforme el análisis del Tribunal, que se comparte.
	Véase al respecto, sobre todo en lo referido al "transcurso del tiempo" que el Defensor funda su agravio en que Ilarraz no recibió ninguna denuncia respecto de estos hechos, desde el año 1992 hasta el 2012, en que se inicia la presente causa judicial, cuando ello no es cierto, ya que hubo por lo menos tres víctimas que lo denunciaron en el marco del proceso diocesano abierto por Karlic, cuando aquellos eran todavía menores de edad (las consecuencias y devenires de dicho proceso ya fueron analizadas en el marco de esta sentencia, por lo que -en lo pertinente- allí me remito), en el año 1995; es decir, a tres años de ocurridos los hechos en cuestión, y que de haberse seguido la debida diligencia respecto de aquellas denuncias, por parte de las autoridades eclesiásticas y del Seminario intervinientes entonces, no se habría perdido tanto tiempo en el presente en diligencias incidentales que hasta el día de hoy se siguen discutiendo en esta sede.
	Por último, y en cuanto a la invocada "proporcionalidad" de la pena, si entendemos aquélla como la interdicción de la arbitrariedad o resguardo de un tratamiento justo e igualitario, insisto una vez más que el delito debe acarrear una pena que guarde concordancia con el injusto y la culpabilidad del autor; y en tal sentido se ha pronunciado la CSJN en "GRAMAJO" (05/09/06) afirmando que "toda medida penal que se traduzca en una privación de derechos debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho, porque las previsiones legales expresan tales magnitudes a través de las escalas penales". 
	Es decir, siendo que en el caso se trata de siete hechos de abusos sexuales calificados (o "agravados"), cuya susbsunción típica no ha sido discutida por la Defensa, considero que el "quantum" de pena resulta adecuado al disvalor del acto y proporcional a la culpabilidad del autor;  por lo que, en definitiva, entiendo que la pena impuesta debe confirmarse, rechazando así el agravio tratado en este punto.
4- "Cuestionamiento a la prisión preventiva".
	Para iniciar el análisis de este último agravio, es importante reseñar los motivos que consideró el Tribunal de Juicios para resolver la revocación de la excarcelación del encartado y decretar su prisión preventiva (en la modalidad de arresto domiciliario).
	Tuvo en cuenta la Vocal del primer voto, Dra. Vivian, que en autos correspondía hacer lugar al pedido de prisión preventiva considerando la importancia de la pena fijada, de efectivo cumplimiento, y la conducta seguida por Ilarraz a lo largo de estos años, ya que  el mismo ha demostrado que cuenta con gran capacidad para desplazarse de un lugar a otro, tanto dentro de nuestro territorio como por el exterior, a lo que suma la falta de arraigo de Ilarraz en la ciudad de Paraná; citando -en apoyo de tal tesis- precedentes jurisprudenciales que entiende aplicables. 
	Así, la Sala concluyó afirmando que la situación del encartado frente al proceso ha sufrido un rotundo cambio, por cuanto la posibilidad o eventualidad de una condena hoy se ve concretizada con el dictado de una pena de efectivo cumplimiento, lo cual a todas luces torna más que probable el peligro de fuga por parte de aquel, con el consecuente incumplimiento de la condena, la que entonces se tornaría ilusoria; y refirió también que la norma procesal provincial impone los elementos a tener en cuenta para evaluar dicho riesgo procesal, haciendo alusión a los criterios contenidos en los arts. 353, 354 y 355 CPPER.
	Advierto que el Tribunal realizó un razonamiento exhaustivo de la normativa procesal provincial para ponderar la necesidad y extensión de la prisión preventiva; incluso morigerándola en su versión de arresto domiciliario, conforme a las facultades que le otorga el art. 349 CPP, el cual permite "aun de oficio" el dictado de alguna medida menos gravosa que cumpla igualmente con el fin de mitigar o eliminar los riesgos procesales advertidos, lo que así hizo.
	Por otra parte, si bien no se desconoce la jurisprudencia que la Defensa entiende es aplicable al caso, ella no es contradictoria con la continuidad de la detención de Ilarraz en las presentes. 
	En efecto, y como afirmó la Sala I de la Cámara de Casación de Entre Ríos -en su original integración- en autos "Forcher, Juan Alberto", del 28/12/2018, "si se piensa que la coerción procesal que admite la utilización de la fuerza pública y el encierro preventivo, tiene como única meta asegurar los fines del proceso, la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal, y en la inteligencia correctamente dada al recurso de casación, la conclusión de no contradicción es la que se impone. (...) A propósito del fallo "Delfín" -referido por el Sr. Defensor-, allí se cita el art. 9 inc. 3 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, y se expresa, "... la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, 'pero su libertad podrá estar subordinada a las garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo'" (la comilla simple nos pertenece). Así se indica que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena prevista para éste son factores que debe tener en cuenta el juez para 'evaluar la posibilidad' de que el procesado intente fugarse para eludir de esa manera la acción de la justicia (cfr. Informe 12/96, párr. 86 e Informe 2/97 párr. 28 de la CIDH)""; e igualmente en el precedente "BESSA" (sent. del 26/04/18), cuando afirmó que "la posibilidad o eventualidad de una condena se ve ya "concretizada con el dictado de una pena de efectivo cumplimiento y por un período extenso, lo que torna más que probable el peligro de fuga por parte del condenado, con el consecuente incumplimiento de la condena, la que sería entonces ilusoria -arts. 313, 314 y ccds. del C.P.P.-".
	Tal es el caso de Ilarraz, por cuanto es aún una posibilidad que no resulta quimérica su eventual fuga, contando para ello no con un pronóstico realizado livianamente, sino luego de un juicio que ha considerado que debe cumplir una pena de veinticinco años de prisión. 
	No puede obviarse que la sentencia atacada ponderó la gravedad de los ilícitos por los que Ilarraz fue condenado, los indicios concretos de peligrosidad procesal y las características personales del autor, a las que quiero agregar -dentro de estas últimas- los vínculos nacionales e internacionales que ostentaría el imputado con distintas autoridades de la iglesia católica, producto de los cuales, los hechos aquí enjuiciados no llegaron al conocimiento oportuno de la justicia, por cuanto fueron objeto de una investigación secreta que logró mantenerse en ese estado por más de quince años.
	Por otro lado -y en lo que hace al control de convencionalidad de la medida cuestionada- entiendo que esta supera el test de necesidad establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2/97 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto establece que "....La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia"; y también el de proporcionalidad, objetivado por el mismo organismo regional en el Informe N° 35/07  "caso 12,553  José Jorge y Dante Peirano Basso  Uruguay" -, imponiendo un plazo razonable para la fijación de la prisión preventiva, como máximo, en los dos tercios del mínimo de la pena del delito imputado, tiempo que aun acotado al límite (máximo) establecido en el art. 367 inc. "c" del CPPER aun no ha transcurrido; agregando que tal cautela puede ser -incluso- modificada o revocada "en cualquier momento" en que cambien o varíen las circunstancias primitivas de su imposición (art. 366 CPPER), lo cual no ha sucedido.
	Por todo ello, considero que la resolución se encuentra suficientemente fundada, y el sentenciante ha respetado todas las pautas legales a las que debe atenerse una decisión sobre prisión preventiva, por lo que no puede entenderse desproporcionada ni lesiva a las garantías constitucionales establecidas, conforme a los hechos que fueran descriptos, por los que fuera juzgado, y las razones reseñadas, y de acuerdo también a los criterios ya sentados por esta Cámara -en su original integración- en autos "VEGA", del 21/12/17, "SAUCEDO", del 19/09/16, y "PAEZ", del 06/10/16; todo lo cual no puede conducirnos a otorgar la excarcelación en las presentes, considerando prudente, en razón de los mismos fundamentos vertidos en el voto de la Dra. Vivian, mantenerla en la modalidad de arresto domiciliario con tobillera y/o pulsera electrónica.
	Entiendo también -y ya por último- que los argumentos expuestos anteriormente dan a la vez acabada respuesta a la solicitud de la querella -representada por el Dr. Rodríguez Allende- de modificar la cautela actual contra el imputado Ilarraz, por su modalidad carcelaria, la cual también se rechaza.
	En definitiva, y dando completa y general respuesta a la PRIMER CUESTIÓN  que se me propuso en votación -dado que los argumentos específicos de cada agravio ya han sido desarrollados a lo largo de la presente-, entiendo que debe rechazarse el Recurso de Casación interpuesto por el Sr. Defensor del imputado Ilarraz, contra la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Primera en lo Criminal y Correccional de Paraná, de fecha 21/05/2018 la cual, en consecuencia, se confirma.
	Así voto.
	A la misma cuestión propuesta, los Sres. Vocales DARDO O. TÓRTUL y CRISTINA L. VAN DEMBROUCKE, por idénticos fundamentos, expresaron que adhieren al voto precedente.
 - A LA SEGUNDA CUESTION, EL SR. VOCAL ALEJANDRO J. CÁNEPA, DIJO:	
	En relación a las costas, y atento al resultado al que se arriba luego del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde imponerlas a cargo de la parte recurrente, cfr. arts. 547 y 548 CPPER.
	Por otro lado, no corresponde regular honorarios en esta instancia al Dr. Jorge Joaquín Muñoz, por no haberlos solicitado.
	Así voto.
	A la misma cuestión propuesta, los Sres. Vocales DARDO O. TÓRTUL y CRISTINA L. VAN DEMBROUCKE, por idénticos fundamentos, expresaron que adhieren al voto precedente.
	En mérito de lo expuesto, y por Acuerdo de todos sus integrantes, la Sala I de la Cámara de Casación de Entre Ríos resolvió dictar la siguiente, 
S E N T E N C I A:
	I. RECHAZAR el Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge Joaquín Muñoz, en representación de Justo José Ilarraz, en fecha 11/06/2018, obrante a fs. 3079/3088 de las presentes, y en consecuencia CONFIRMAR la Sentencia de fecha veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho, obrante a fs. 2887/3065, dictada por la Sala Segunda de la Excma. Cámara Primera en lo Criminal de Paraná en estos actuados.
	II- DECLARAR las costas a cargo del recurrente, Justo José Ilarraz, cfr. arts. 547 y 548 CPPER.
	III- NO REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Jorge Joaquín Muñoz, por no haberlos solicitado.
	IV- TENER PRESENTE la reserva de IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA por ante el STJER, y la de CASO FEDERAL por ante la CSJN.
	V-  PROTOCOLICESE, notifíquese, regístrese y en estado, bajen.
FDO. ALEJANDRO J. CÁNEPA- DARDO O. TORTUL- CRISTINA L. VAN DEMBROUCKE.  POR ANTE MI, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.- 

 DARDO O. TORTUL                    ALEJANDRO J. CÁNEPA                CRISTINA L. VAN DEMBROUCKE

ante mí       CLAUDIA ANALAIA GEIST
		           Secretaria	

Se protocolizó.

				Claudia A. Geist
			 	 -Secretaria-