///CUERDO:
			En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre Ríos, a los  quince  días del mes de  febrero   de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Vocales, miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1, a saber: MARCELO BARIDÓN, HUGO RUBÉN GONZALEZ ELIAS y GISELA N. SCHUMACHER, asistidos por el Secretario Autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: "NOVELLI, HUGO SANTIAGO C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO".
			Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: BARIDÓN, GONZALEZ ELIAS y SCHUMACHER.
			Examinadas las actuaciones el Tribunal se planteó la siguiente cuestión para resolver: ¿Corresponde hacer lugar a la demanda promovida por la actora? ¿Cómo deben imponerse las costas?.
			A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL BARIDÓN DIJO: 
			1. La abogada Mabel T. Buttazzoni en representación del numerario policial entrerriano Hugo Santiago Novelli, dedujo demanda contencioso administrativa por ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos - otrora organismo judicial competente exclusivo en la materia- contra el Estado Provincial; y pretendió la anulación del Decreto 16/11, la jerarquización de su cliente en el grado de Comisario Principal al mes de enero del año 2011 y el consecuente pago de las diferencias salariales generadas producto del ascenso retroactivo solicitado, daños materiales y morales, con más los intereses devengados por cada uno de los rubros demandados.
			Dijo que el actor revistó en la Policía de Entre Ríos con el grado de Comisario, jerarquía en la que llevaba más de tres años, cumplía funciones de Jefe de Turno de la Jefatura Departamental de Federal y acreditaba al tiempo de demandar una antigüedad de veintiocho años de servicios.
			Afirmó que el accionante, una vez enterado del Decreto 16/11 por el cual el Ejecutivo Provincial promovió a los oficiales de policía, lo impugnó, atento a que no lo ascendía a la jerarquía inmediata superior a la de su revista, por razones de arbitrariedad, ilegitimidad, falta de congruencia y razonabilidad.
			Explicó los dos sistemas de ascensos regulados por el régimen policial: por selección y por antigüedad calificada; siéndole aplicable al caso de su cliente el artículo 96 del reglamento que establece para el ascenso al cargo de comisario principal que un 60 % y un 40 % de los postulantes promoverán por uno u otro dispositivo; debiendo acreditar el candidato más de 90 puntos promedio total para ascender a dicha jerarquía.
			Destacó la definición de selección que dispuso la ley: "...consistente en elegir a aquellos más adecuados a los cargos o a quienes sean considerados más eficientes en el ejercicio de sus funciones entre los considerados que hallan (SIC) obtenido más de 90 puntos de promedio total.". 
			Refirió que Novelli carece de sanciones disciplinarias y su puntaje de ascenso fue de 94,38 puntos; del que predicó no era una mera posibilidad sino destacó que había certeza de ascender dada la constricción al trabajo que demostró a lo largo de su carrera.
			Dijo que su cliente no fue notificado del orden de méritos que elaboró la Junta de Calificaciones, la que actuó con discrecionalidad arbitraria, desconociendo el puntaje obtenido por aquel en la Escuela Superior de Policía y en consecuencia el Decreto 16/11 resultó inválido por los mismos vicios: arbitrario, injusto, ilegítimo y discriminatorio.
			Insistió en los caracteres de secreto y reservado del trabajo de la Junta de Calificaciones, lo que impidió participar y defender los derechos a los examinados.
			Ponderó la inexistencia de razones para no reubicar al actor en la jerarquía de Comisario Principal. Lo contrario, dijo, violó el sistema de derechos que largamente enumeró.
			Desmereció los recursos administrativos contra el orden de mérito porque -dijo- los decretos los confirman y se producen los ascensos, contrariando el artículo 54 del reglamento que transcribió.
			De los tiempos mínimos de permanencia en cada jerarquía establecidos en el anexo a la Ley 5654 dedujo cuales fueron, a su juicio, las normas de las constituciones nacional, provincial y del Reglamento General de Policía que resultaron violadas en el caso del accionante.
			Repasó la estructuración jerárquica policial prevista en la Ley 5654 y reclamó que Novelli tiene derecho a la jerarquía que solicitó, para lo cual citó el artículo 14 inc. c) del reglamento policial y en razón de haber alcanzado el tiempo mínimo de permanencia como comisario, registrar más de noventa puntos y tener las más altas calificaciones conceptuales.
			Comparó la carrera de su cliente con la de otros compañeros de promoción ascendidos a comisarios principales con menor antigüedad.
			Reclamó para el actor el derecho adquirido a ascender, en la medida en que aquel se encontraba en posibilidad cierta de ascenso ya que cumplió, a su entender, todas las condiciones exigidas por una ley particular para ello. Citó numerosos precedentes de la Corte Federal y del Superior Tribunal de Justicia Entrerriano relativos a derechos adquiridos.
			Refirió, nuevamente, a los oficiales hoy ascendidos que se recibieron en el mismo año que el accionante, como así también señaló aquellos ascendidos que fueron sancionados, a diferencia de Novelli; o convocados en retiro efectivo que fueron jerarquizados en violación de la ley general de policía; de lo que infirió arbitrariedad tanto en la Junta de Calificaciones Policial como en las autoridades policiales.
			Insistió en la arbitrariedad policial, la que se evidenció, según dijo, en que numerosos oficiales permanecen en revista activa superado el límite de antigüedad, o son ascendidos sucesivamente sin cumplir con el tiempo mínimo de permanencia en cada jerarquía.
			Tachó de nulo al Decreto 16/11 por vicio en su causa, en tanto los antecedentes de hecho y derecho para promover a los oficiales ascendidos no se verifican al no incluir a su cliente, que también se encontraba en condiciones de ser ascendido y no lo fue.
			También endilgó vicio de finalidad al acto administrativo puesto en crisis ya que consideró al Decreto 16/11 una sanción encubierta dirigida al actor.
			Estimó que la actividad de la administración en materia de ascensos de los oficiales policiales superiores está reglada; no pudiendo la administración elegir, para lo cual el ejecutivo provincial debió ordenar los postulantes por jerarquía, antigüedad y puntaje. De ese modo el accionante debió ser ascendido por tener el máximo puntaje.
			Entendió que Novelli fue postergado en el ascenso por más de diez años, lo que importó, a su criterio, una sanción encubierta e imprevista en la ley.
			Caracterizó a las consecuencias de los vicios del acto administrativo cuya anulación demandó de nulificantes por tratarse de defectos absolutos y manifiestos -dijo-; por lo que el acto administrativo que atacó es a su criterio, inválido.
			Reclamó daños y perjuicios ocasionados en la diferencia de haberes desde enero de 2011, fecha en que estaba en condiciones de ascender, hasta la promoción de la demanda en febrero de 2012. Además, demandó daños por pérdida de chances de ascenso, ya que dijo que su cliente estará en condiciones de ascender a comisario inspector. Exigió también daño psíquico y psicológico porque -dijo- el actor padeció a causa de la falta de ascenso desequilibrios emocionales con grave incidencia neurológica, quedando como secuela una depresión al ver truncados sus derechos. Por último, reclamó daño moral por discriminación y desprestigio.
			Reservó caso federal para ocurrir a la Corte Suprema en la hipótesis de sentencia adversa, detalló las pruebas, fundó en derecho, estimó monto de demanda y peticionó por una sentencia que acoja sus pretensiones.
			2. Creadas que fueron las Cámaras en lo Contencioso Administrativo N° 1 y 2, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia remitió la presente causa a la primera y su presidente provisorio admitió el proceso y ordenó citar como terceros a los oficiales ascendidos por Decreto 16/11.
			3. El actor optó por el proceso ordinario y ofreció pruebas.
			4. Buttazoni modificó demanda y solicitó a la par de la anulación del decreto 16/11 que no se afecten los derechos adquiridos de los oficiales ascendidos, cuya nómina detalló.
			5. Se presentó a estar a derecho el numerario policial citado como tercero Ángel Gervasio Ricle, patrocinado por la abogada Norma Beatriz Alegre. Negó los hechos afirmados por el accionante y afirmó ser Comisario Principal a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, jerarquía a la que accedió luego de cumplir los requisitos previstos en el Reglamento General de Policía, cuyo detalle repasó. Destacó la legitimidad del acto administrativo que lo promovió y afirmo ser titular de derechos adquiridos. Ofreció prueba y solicitó se dicte sentencia.
			6. Claudio Javier Tedesco, patrocinado por el abogado Carlos Alberto Decurgez, debidamente citado como tercero, se presentó a juicio. Observó la integración parcial de la litis habida cuenta que no fueron citados la totalidad de los promovidos por el decreto cuya anulación pretendió Novelli. Continuó formulando una extensa y completa negativa de los hechos y derechos invocados por el actor, para finalizar alegando a favor de la validez del acto administrativo que lo ascendió. Ponderó que su cargo goza de estabilidad constitucional y rechazó cualquier participación en la preparación de las listas de ascensos. Adhirió de antemano a la posición que asuma la Fiscalía de Estado en el presente juicio. Sostuvo que es titular de un derecho adquirido y solicitó el rechazo de la demanda.
			7. Se presento a contestar demanda el Estado Provincial y lo hizo por intermedio de su Fiscal, Julio Cesar Rodríguez Signes, quien negó los hechos y el derecho, sintetizó el reclamo actoral y analizó la pretensión.
			Sostuvo, sustancialmente, que la Jefatura Policial, asesorada por la Junta de Calificaciones remite al Poder Ejecutivo propuestas de ascensos de oficiales superiores, quien decide en ejercicio de facultades discrecionales.
			Ponderó el sistema jurídico de ascensos policiales y señaló que la antigüedad en la jerarquía es una circunstancia no determinante de la promoción; debiendo concurrir otras para que esta proceda.
			Recordó que la Resolución 1912/10 detalló 105 comisarios en condiciones de ascender a comisarios principales, el accionante se ubicó en el puesto N° 19 y el Decreto 16/11 ascendió a catorce, excluido Novelli. Insistió en que la mayor antigüedad que registró aquel no generó derecho alguno al ascenso como tampoco se lo originó el haber estado próximo al pase a retiro.
			Señaló que la Junta de Calificaciones tuvo en cuenta el puntaje promedio obtenido por los oficiales en los tres años inmediatos al analizado, además de otros datos como la ausencia o no de faltas de disciplina, partes de enfermo y otros rubros.
			Destacó que la decisión de ascender o no a un oficial es una facultad discrecional del titular del ejecutivo provincial en su calidad de jefe constitucional de la milicia y descartó que el decreto puesto en crisis por el actor contenga algunos de los vicios que le imputó.
			Resaltó que, pese a denunciar no haber sido notificado de la calificación que le asignó la Junta, el accionante conocía exactamente su puntaje.
			Explicó que los ascensos de oficiales con menor antigüedad de Novelli obedecen a que tal circunstancia no es determinante para las promociones ni generaron derecho adquirido como sostuvo aquel.
			La Junta, afirmó, tiene en cuenta la antigüedad general, los cargos ocupados, cursos, exámenes, actos meritorios y servicios especiales acreditados por cada postulante para elaborar el orden de méritos.
			Tachó de poco clara a las pretensiones indemnizatorias desplegadas por el actor en la demanda, en tanto el mismo no las consideró un pedido concreto. Impugnó además los cálculos de demanda y descartó los rubros psicológicos y moral por falta de presupuestos.
			Detalló la prueba que ofreció, reservó caso federal para ocurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la hipótesis de sentencia adversa a los intereses que defendió en la jurisdicción local y peticionó por el rechazo de demanda.
			8. Por presidencia se resolvió tener por decaído el derecho de los oficiales superiores que fueron citados y no comparecieron a juicio.
			9. Corrido el traslado que prevé el rito en su artículo 56, contestó la actora sin efectuar aporte probatorio.
			10. Proveída que fue la prueba, se produjo la que sigue a continuación:
a) Respuesta al oficio 28 de fojas 270 a 315; remitiéndose para la jerarquía de comisarios principales: las calificaciones elaboradas por la Junta para el año 2011; el orden de méritos; los puntajes obtenidos en la Escuela de Policía; copia del legajo y calificaciones de Ricle;
b) Respuesta al oficio 347 de fojas 321 a fojas 377, remitiendo legajo del actor, calificaciones de comisarios para ascenso a enero 2011 y copia de Resolución DAG 09/98;
c) Respuesta al oficio 71 de fojas 392 a 397, informando estructura salarial de la jerarquía de oficial principal;
d) Respuesta al oficio 661 de fojas 403 a 408, remitiendo escala salarial vigente;
e) Respuesta al oficio 265 en legajo que corre por cordón flojo; consistente en la notificación al actor de la Resolución 1912/10 RP correspondiente a las calificaciones elaboradas por la Junta para el año 2010.
			11. Clausurado el período alegaron las partes. Comenzó Buttazoni quien repasó la revista de Novelli, sostuvo que no fue notificado del orden de méritos elaborado por la Junta de Calificaciones para los ascensos año 2011 lo que violó su derecho de defensa. Analizó los puntajes de los catorce comisarios que resultaron ascendidos a comisarios principales, de los que separó tres que -dijo- ascendieron por antigüedad calificada y denunció que por tal motivo debieron haber ascendido seis, entre ellos su cliente. Tachó de inconstitucional el trabajo de la Junta de Calificaciones por ser reservado y secreto. Destacó que la denominada "nota junta" careció de criterio que la sustente. Insistió en que el derecho al ascenso es esencial para el policía y finalizó efectuando ponderaciones sobre los daños irrogados al actor y su reclamación. A su turno, Fiscalía de Estado reiteró los conceptos que desarrolló al contestar demanda agregando que al tratar el ascenso de oficiales superiores el ejecutivo provincial ejerció un poder amplio y discrecional, solo limitado por la razonabilidad. Por último, hizo lo propio el tercero citado Ricle, quien insistió en la legitimidad del decreto que lo promovió a comisario principal, jerarquía que revistió en calidad de derecho adquirido.
			12. Emitió opinión el Fiscal Coordinador por ante el fuero, Alejandro Joel Cánepa. En lo sustancial, destacó que la ausencia de notificación de la Resolución RP 1912/10 constituyó una flagrante violación al debido proceso motivante de la imposibilidad del accionante de impugnar el orden de méritos; lo que originó a su vez, a criterio del fiscal, el derecho a ser indemnizado por pérdida de chance que responsabilizó al Estado demandado, la que fundó en razones de equidad.
			13. El modelo de organización administrativa piramidal adoptado por la policía entrerriana, caracterizado por una conducción centralizada y verticalista a la que la ley atribuyó las competencias más significativas a los funcionarios que ubicó en su cúspide y sometió las relaciones profesionales interpersonales del funcionariado subalterno dependiente a un intenso y gradual régimen de sujeción especial; impacta en los dispositivos de ascenso de los numerarios integrantes de la pirámide.
			Por más obvio que parezca, la relación entre el grado jerárquico en la carrera policial y las vacantes disponible es inversamente proporcional. Cuanto mayor es la jerarquía de revista del funcionario menos son las plazas libres en un mismo escalón; de allí que la mayor o menor aptitud que demuestre un policía para ascender no siempre ni necesariamente vaya acompañada del derecho al ascenso mismo. (Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la ciudad de Santa Fe, provincia homónima, en "Armas Hugo Orlando vs. Provincia de Santa Fe s/recurso contencioso administrativo", fallo del 05/12/06; disponible en http://bdjcamara.justiciasantafe.gov.ar/). 
			Las autoridades policiales habrán de elegir entonces entre los postulantes, teniendo en cuenta que la Constitución Entrerriana garantiza una vasta admisibilidad para el empleo sin más requisito que la idoneidad -artículo 36-; a aquellos que perfilen con los caracteres más apropiados para los cargos y funciones previstos en el organigrama recurriendo a mecanismos de selección de aptitudes.
			El diseño constitucional apuntado, que combina una amplia consideración para la cobertura de vacantes junto con un dispositivo de selección, aparece en principio como razonable, en la medida y siempre y cuando no contengan condiciones segregativas basadas en datos irrelevantes o censurables por el sistema para la elección a efectuar - i.e. étnicos, religiosos, ideológicos, políticos, económicos, sociales o preferencias sexuales u otros datos distintivos de cualquier otra índole carentes de fundamento-. Los instrumentos institucionales selectivos son medios válidos, disponibles por las autoridades para poder elegir motivadamente dentro de un universo mayor de aspirantes considerados todos admisibles, a los que presentan mayor idoneidad y aptitud para cumplir con los fines públicos propios de la función policial. 
			La selección de unos en desmedro de otros en los términos constitucionales -todos los postulantes son admisibles sin otro requisito que la idoneidad elegible por el mecanismo de selección que se trate- se justifica en los fines públicos que concreta la función policial. No todo postulante, por más admisible e idóneo que fuese, resulta la persona apta, por ejemplo, para que el Estado le confíe la seguridad pública y su delicada consecuencia: la administración concreta de la violencia estatal, particularmente en la cúspide de la pirámide organizacional.
			14. Las condiciones a verificar por el numerario policial en carrera de ascenso, excluida la designación funcional de la plana mayor -artículos 20 y siguientes del Reglamento General de Policía (en adelante “RGP”)-; están reguladas básicamente por el artículo 90 del estatuto policial que establece: "Para ascender será requisito indispensable que en las funciones del grado se haya demostrado aptitudes morales, intelectuales y físicas que permitan prever un buen desempeño en el grado superior".
			La evaluación de tales aptitudes se encuentra a cargo en dos instancias administrativas sucesivas e integradas: la primera por los numerarios policiales ubicados en niveles superiores a los evaluados y la que le sigue por las Juntas de Calificaciones Nº 1 y Nº 2 para el personal superior y subalterno, respectivamente; conforme lo previsto por el Decreto Reglamentario de Calificaciones y Ascensos Policiales Nº 5778/06 (B.O. 25/04/07), en adelante Reglamento de Ascensos, derogatorio de su par anterior Decreto Nº 4762/88 y vigente al momento en que se propusieron los ascensos que Novelli cuestionó.
			Las Juntas de Calificaciones, además de evaluar el desempeño del numerario como lo hacen los funcionarios superiores jefes, artículos 1 a 9 del Reglamento de Ascensos, proponen y ordenan el padrón de ascensos; son organismos de asesoramiento de la jefatura policial, integradas por personal que por su jerarquía y desempeño en la fuerza se encuentran en principio, capacitados para evaluar adecuada y técnicamente, los méritos o deméritos de los calificados, proporcionando a las autoridades competentes para decidir o no los ascensos, una apreciación valorativa y debidamente fundada del numerario superior o subalterno a promover o no, artículos 19 a 24 del Reglamento de Ascensos.
			15. En la delicada tarea de cumplir con el mandato constitucional de interdecir de arbitrariedad y garantizar la tutela judicial continua y efectiva -artículo 65 de la Constitución Provincial-, no deberá perderse de vista que el Tribunal no puede ni menos aún debe, sustituir a los órganos altamente especializados de la administración en el ejercicio de competencias propias como la de evaluar técnicamente a su personal, en el caso a los numerarios policiales; faena que exige disponer de la jurisdicción que el Tribunal carece, además de la indispensable proximidad para apreciar el desempeño anual del examinado y de los conocimientos técnicos específicos mínimos en materia policial exigibles a cualquier evaluador, entre muchos otros atributos.
			Pero en ese mismo orden, el Tribunal tampoco puede abandonar a su suerte al numerario policial sujeto a calificación, más aún cuando denunció arbitrariedad y discriminación, como ocurrió en la especie.
			La eventual presencia en el procedimiento de selección para el progreso en la carrera de decisiones irrazonables como así también de, al menos, una manifiesta como grosera violación al ordenamiento jurídico público que regula los ascensos, debidamente invocada y denunciada por el actor en la instancia administrativa y reiterada en ésta; habilitan el control judicial anulatorio, restaurador y reparador de la jurisdicción contencioso administrativa.
			16. El Tribunal analizó en varias ocasiones la regulación local del procedimiento para ascensos ordinarios del personal policial superior -oficiales jefes superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos, conforme escala jerárquica del personal superior detallada en el Anexo I del RGP modificado por Ley 8477 (B.O. 04/05/91)- en sus precedentes "Duarte Roberto Mario c/Estado Provincial s/contencioso administrativo"; "Rodríguez Sergio Darío c/Estado Provincial s/contencioso administrativo" y "Caceres Mario Luis c/Estado Provincial s/contencioso administrativo" de fechas 30/11/06, 03/08/17 y 09/08/17, respectivamente. 
			La comparecencia a juicio a instancias de Presidencia del Comisario General Sergio Daniel Rodríguez, a la sazón Secretario de la Junta de Calificaciones Nº 1 y Director de Personal de la policía entrerriana; aportó e ilustró con decisivos detalles de trámite, el trabajo que el organismo calificador policial efectuó en el caso; los que justifican el repaso del referido procedimiento, habida cuenta que Novelli cifró el grueso de sus críticas al  trámite impreso por el órgano asesor durante los ascensos de los que fue ilegítimamente excluido según su versión. 
			17. El procedimiento para el ascenso ordinario de los numerarios con revista en la escala jerárquica del personal superior de la policía provincial -oficiales jefes superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos- exhibe varias etapas.
			Una primera, a la que el Reglamento de Ascensos titula "Informe de Calificación" y define como "... el juicio detallado y en conjunto sobre aptitudes del calificado, formulado por los superiores a quienes les corresponde calificar". Se instrumenta en las denominadas "fojas de concepto"; las realizan los oficiales superiores al oficial calificado -de ser posible tres- a quien se evalúa por un periodo anual inmediato anterior a la fecha de evaluación y se pondera la conducta del oficial a tenor de seis rubros detallados en el referido reglamento. Por rubro los examinadores asignan un número máximo de hasta 90 puntos y en el caso de los oficiales se promedian los rubros examinados por seis, lo que arroja el resultado final de la evaluación anual (Título I, Capítulo I, artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del Reglamento de Ascensos Decreto 5778/06).
			La Fiscalía de Estado acompañó a la contestación de demanda -fojas 163 y 164-, entre otros documentos, sendas fojas de conceptos del actor correspondientes a los períodos 2008-2009 y 2009-2010. En ambos períodos Novelli obtuvo de promedio final el máximo puntaje: 90 puntos.
			La etapa finaliza, sin computar notificaciones y reclamos, con un juicio conclusivo sobre la aptitud del oficial evaluado a  cargo del titular de la dependencia donde revista, quien debe consignar si lo considera "inepto", "apto grado" o "apto ascenso" (artículo 8). Para la selección entre las dos últimas opciones el evaluador deberá tener particularmente en cuenta el tiempo mínimo de permanencia en cada grado para las distintas jerarquías según los cuerpos en donde puede revistar el evaluado previstos en el Anexo IV del RGP.
			En las evaluaciones del accionante se lo consideró sucesivamente "apto grado" en el período 2008-2009 y "apto ascenso" para el período 2009-2010, consignándose en cada caso uno y dos años de antigüedad en la jerarquía.
			18. Una segunda etapa, a cargo de la Junta de Calificaciones Nº 1, comienza con el agrupamiento del personal a evaluar en "apto para el ascenso al grado inmediato superior" (AGIS) y en "no apto para el ascenso al grado inmediato superior" (NAGIS). Las causales de inhabilitación se detallan en el artículo 92 del RGP mientras que el artículo 25 incisos b), c) y d) del Reglamento de Ascensos agrega: haber revistado en el servicio activo al momento de constituirse la Junta de Calificaciones y desempeñado funciones específicas de su grado, cuerpo y escalafón o encontrarse "en comisión" y haber sido evaluado por sus superiores con el puntaje -al menos- mínimo cuando así lo requieran las jerarquías.
			Acto seguido, la Junta de Calificaciones Nº 1 consigna las notas obtenidas en las fojas de concepto del numerario evaluado durante el tiempo mínimo en la jerarquía según el anexo IV del RGP. Además, apuntará como una calificación anual que suma y promedia con las anteriores, el puntaje logrado en los cursos obligatorios de perfeccionamiento y de nivelación cuando la jerarquía de revista así lo exija; asignará puntos cuando el evaluado haya desempeñado cargos y podrá calificar al oficial teniendo en cuenta felicitaciones, sanciones, licencias y circunstancias indicativas de aumento o disminución del rendimiento o espíritu de servicio. Puntuará finalmente y con idénticos efectos que los items anteriores -como calificación anual promediable- los resultados de las inspecciones a que fuera sometido el evaluado.
			Así lo establecen los artículos 32 y 33 del Reglamento de Ascensos y son las denominadas "nota curso", "nota cargo", "nota junta" y "nota inspección" (artículo 32 incisos b)1. y b)2.; b) 3.; c) y b) 4.) que lucen en la parte superior de las planillas que el argot policial llama "planillón", copias de las cuales obran de fojas 165 a fojas 182.
			En el caso del actor -fojas 175- la Junta de Calificaciones Nº 1 transcribió los puntajes obtenidos en las fojas de concepto para los períodos 2008-2009, 2009-2010 y en el "V Curso de Comisarios año 2010" en 90 (fojas 163 y vta.), 90 (fojas 164 y vta.) y 94,38 (fojas 296) puntos en cada caso respectivamente y asignó 86 puntos para el cargo de Jefe de Turno (artículo 32 a) y b) puntos 1 y 3 del Reglamento de Ascensos). Por último, apuntó 90 puntos para el rubro "nota junta" (artículos 32 c) y 33 del Reglamento de Ascensos).
			Luego, la Junta de Calificaciones Nº 1 debe promediar siguiendo la regla prevista en el artículo 32 a) del Reglamento para Ascensos, es decir sumar los puntos obtenidos en cada una de las fojas de concepto integrantes del período mínimo calificable más las otras calificaciones computadas (artículo 32 b) y c) -en el caso las notas curso, cargo y junta- y dividirlas por cinco, por tratarse de cinco rubros puntuados. Para Novelli el cálculo arrojó 98,08 puntos (90+90+90+94,38+86=450,36/5=90,076 que redondea en 90,08).
			Para arribar al promedio final la Junta de Calificaciones, continuando con lo indicado en el artículo 32 a) del Reglamento para Ascensos, adiciona los puntajes obtenidos según la aplicación a su caso del Anexo II del mismo reglamento, conforme lo dispone el artículo 33, y lo divide por dos. En concreto 90,08+100=190,08/2= 95,04 promedio final.
			19. La calificación de los evaluados y confección del padrón de promoción se factura -al menos según los textos reglamentarios- aplicando o combinando diversos métodos, dependiendo de la ubicación de la jerarquía a promocionar en la escala.
			Para oficiales superiores -Comisario General, Comisario Mayor y Comisario Inspector conforme anexo I RGP modificado por Ley 8477 (B.O. del 24/05/91)- se efectúa "...por rigurosa selección y orden de promoción establecidos por la Junta de Calificaciones Nº 1 bajo las condiciones de los artículos 90, 97 y 98 de la ley 5654/75" (artículo 35 del Reglamento de Ascensos). Para tales menesteres la Junta calificará cargos, antigüedad, cursos y exámenes, actos meritorios y servicios especiales del evaluado conforme el Anexo III del Reglamento de Ascensos.
			Los padrones de ascenso para el resto del personal policial a promover al grado inmediato superior ubicado en la escala jerárquica por debajo de la jerarquía de comisario inspector, es decir desde comisario principal; se elaborarán respetando en las vacantes disponibles para los ascensos, los porcentuales de ley que distribuyen los cargos entre dos sistemas: por selección y por antigüedad calificada, con excepción de las últimas jerarquías de la escala -de sargento ayudante a cabo- que promocionan únicamente por antigüedad calificada.
			20. El artículo 96 del RGP, que en su última parte define que entiende por antigüedad calificada: "...el conjunto de antecedentes del funcionario en condiciones de ascenso, especialmente la evaluación y puntaje que anualmente efectuarán los respectivos jefes de dependencia a cuyo cargo estén los mismos.".
			A su vez, el artículo 39 del Reglamento de Ascensos agregó a la consideración de las fojas de concepto a tener en cuenta para evaluar la antigüedad calificada del evaluado, conforme el RGP; las "...demás calificaciones que deban consignarse según lo establece este reglamento." .
			En definitiva el sistema de calificación por antigüedad calificada computa puntajes obtenidos en las fojas de concepto por el período mínimo de servicio en cada jerarquía más los puntos asignados al resto de los rubros calificables regulados por el artículo 32 del Reglamento de Ascensos, incisos b) puntos 1., 2., 3. y 4. y c), como así también el obtenido de aplicar el Anexo II.
			El otro sistema, por selección, carece de caracterización legislativa, a diferencia de su par por antigüedad calificada. El Reglamento de Ascensos lo normatizó para los oficiales superiores en el ya apuntado artículo 35 y en su Anexo III. Entiendo que para el resto de la oficialidad y suboficialidad no comprendida en el artículo 35, rigen los agregados de sus artículos 38 y 40 que, para aplicar dicha metodología selectiva dispusieron que "...dentro de los considerados APTOS, se extraerá el personal que reúna los requisitos, realizando la propuesta de orden de promoción", orden que "...se determinará en forma decreciente según mayor promedio obtenido dentro de cada una de las jerarquías.". 
 			21. El accionante para sostener sus pretensiones anulatoria, jerarquizadora y reparadora desplegó contra la administración policial una batería argumental.
			Básicamente afirmó no haber sido notificado ni de las notas con que la Junta de Calificaciones Nº 1 valoró su actividad ni del orden de méritos -fojas 15 vuelta y 23 de la demanda- lo que a su criterio, violó su derecho de defensa, de lo que concluyó en la ilegitimidad del acto administrativo que ordenó los ascensos de los que fue excluido. Agregó además que en razón del alto puntaje que obtuvo, debió promocionar ya sea por selección o por antigüedad calificada -fojas 16 vuelta de la demanda-, por lo que su postergación para el ascenso la consideró arbitraria; calificativo que asimismo destinó, junto a los de infundada y secreta, a la actividad calificadora de la Junta de Calificaciones Nº 1, concentrando su crítica en oportunidad de contestar el traslado dispuesto por aplicación del artículo 56 del rito, en la denominada "nota junta" -fojas 255-. 
			Del reproche de arbitrariedad a la actividad de la junta, dedujo que el acto promotor de ascensos heredó la ilegitimidad que le reputó. Por último, se consideró víctima y perjudicado por un trato discriminatorio, para lo que comparó su carrera con la de varios oficiales que enumeró: Maslein, Mendoza, Leonangeli, Faut, Gimenez, Arguet, Larrosa, García, Becker, Volonté, Brassesco, Medel, Lopez Vargas, Capurro y Ticozzi; de lo que también concluyó en que el acto administrativo que impugnó es ilegítimo.
			22. Novelli comenzó su demanda denunciando ausencia de notificación de puntos asignados y ubicación en el orden de méritos, conforme lo ordenan los artículos 42 y 43 del Reglamento de Ascensos y 99 del RGP. La administración policial admitió no haber podido hallarla, fojas 24 del legajo de documental que en contestación al oficio Nº 265 corre por cordón flojo. Concretamente la policía entrerriana no lo notificó o no logró demostrar que lo hizo, ni de las notas con que la Junta de Calificaciones Nº 1 evaluó su desempeño ni de la Resolución 1912/10 por la cual la Jefatura Policial aprobó el orden de méritos para el ascenso al grado inmediato superior, conformes las notas obtenidas. 
			El déficit notificador afectó su derecho de defensa -demandó-, agravio del que concluyó en que, para reparar su derecho violado, corresponde la anulación -circunscripta a su interés subjetivo- de lo actuado por la administración en materia de promoción jerárquica al grado inmediato superior en la carrera de oficiales policiales para el año 2011 y su recategorización retroactiva.
			Vamos por partes.
			La ley asignó competencias administrativas al titular del Poder Ejecutivo Provincial y al Jefe de Policía para ascender de jerarquías en la carrera al personal superior -oficiales superiores y subalternos- y al subalterno -suboficiales superiores y subalternos-, respectivamente, de la Policía Entrerriana. Artículos 48 y 89 del RGP.
			Dentro del primer grupo de numerarios -personal superior-, a su vez y a la par de tal atribución competencial al Ejecutivo Provincial; la ley otorgó a la Junta de Calificaciones Nº 1 y al Jefe de Policía competencia proposicional o también denominada de asesoramiento al Jefe de la Administración. En los artículos 98 y 89, el RGP circunscribió expresamente la competencia de sendos órganos de la estructura policial: la Junta de Calificaciones Nº 1 evalúa los oficiales en condiciones de ascender y el Jefe de Policía aprueba el orden de méritos que surge de la evaluación y "propone" al Ejecutivo Provincial el padrón de ascensos de oficiales. Por último, el Jefe de la Administración resuelve en definitiva por aprobar el orden y ascender, desecharlo -por decisión fundada- o incluso y como ha ocurrido, requerir nuevas evaluaciones; i.e. "Rodriguez Sergio c/ Estado Provincial s/ contencioso administrativo", sentencia de éste Tribunal de fecha 03/08/17.
			En esta inteligencia y procedimiento de ascensos de oficiales policiales, las decisiones de la Junta de Calificaciones Nº 1 y del Jefe de Policía -puntuación y aprobación del orden de méritos-, son actos de trámite creadores de situaciones jurídicas y no relaciones jurídicas; a diferencia y como efectivamente genera el acto del Ejecutivo Provincial que asciende o que por omisión de inclusión en el padrón de ascensos, no asciende, originando o extinguiendo derechos y obligaciones, en el caso, propios del "estado policial", artículo 9 del RGP. ("Los actos administrativos de trámite equiparable a definitivos y su impugnabilidad judicial" por Daniel Fernando Soria en LL 1990-C-945 y "Tratado Jurisprudencial y doctrinario de Derecho Administrativo", Tomas Hutchinson, LL, Bs. As. 2010, Tomo I, Volumen 1, pág. 20).
			Nuestro régimen general de trámite administrativo -Decreto Ley 7060/83 ratificado por ley 7504 (B.O. 25/02/85)- prevé tanto las decisiones definitivas como las instrumentales en su artículo 53. 
			Los actos de trámite, más allá de integrar o no la categoría de actos administrativos, actos de la administración o actos de naturaleza bifronte; ciertamente no encierran una declaración de voluntad, sino que expresan un juicio, opinión o deseo -v.gr. los informes o dictámenes, las propuestas, etc-; y en el particular procedimiento de selección de oficiales policiales para el ascenso, lejos de ser definitivos, se ubican dentro de una serie de decisiones de diverso contenido que culmina en un acto netamente administrativo que lo cierra, a cargo del Ejecutivo Provincial. Ver Soria en obra ya citada, particularmente la nota Nº 9 con citas a Marienhoff, Mairal, Diez y Trevijano Fos, entre otros.
			Desde esta perspectiva, los actos instrumentales de otros definitivos se presentan fuera de los ámbitos normales de impugnabilidad tanto procedimental como contencioso administrativo; esto es diverso al acto administrativo definitivo y causatorio de estado, artículo 4 del C.P.A; de ahí que y pese a la expresa previsión de la normativa policial entrerriana, la necesidad de impugnar las puntuaciones de la Junta de Calificaciones Nº 1 y la decisión aprobatoria  del orden de méritos de la Jefatura Policial se relativiza al ser sus cuestionamientos perfectamente subsumibles con el recurso deducido contra el acto administrativo que asciende u omite ascender al numerario dictado por el Jefe de la Administración, como ocurrió en la especie. 
			En segundo lugar, habrá que diferenciar, para analizar las consecuencias de las denunciadas ausencias de notificaciones de decisiones administrativas instrumentales de otra definitiva o con aspiraciones de tal en un procedimiento administrativo; los conceptos de validez y eficacia del acto. 
			La validez constituye una cualidad del acto administrativo mientras que la eficacia una condición para producir efectos jurídicos que se adquiere mediante una debida publicidad. En los actos individuales o plurindividuales como es el caso de los adoptados en la serie de decisiones de trámite y acto final en el procedimiento de promociones en la jerarquía policial, mediante la notificación personal.
			Las faltas de notificaciones de la puntuación obtenida como de la ubicación en el padrón de ascensos de Novelli constituyen típicos defectos en el procedimiento a la hora de anoticiar actos instrumentales; en tanto las normas de trámites imponen notificarlos personalmente, artículos 44 y 99 del Reglamento de Ascensos y del RGP, respectivamente.
			Ahora bien, ¿qué consecuencias acarrean tales ausencias?.
			En principio, el defecto de notificación en el procedimiento no hace a la validez del acto administrativo definitivo sino a su eficacia. Ver Dromi Roberto en "El Procedimiento Administrativo" Ed. Ciudad Argentina, Bs. As. 1996, pág. 107 y Corte Suprema de Justicia de la Nación en "La Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros c/CNRT", fallo del 11/12/01, particularmente en su considerando 7º, con cita de Colección de Fallos: 298:172; 306:1670; 307:321, 349 y 1936; 308:848.
			Además, en materia de vicios de procedimiento, la jurisprudencia participa del criterio que Linares dio en llamar "teoría de la subsanación", por la cual la violación en sede administrativa de un procedimiento previo al dictado del acto administrativo es subsanable en dicha sede si no hay mengua del derecho de defensa del particular (Comadira Julio en "El acto administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos", Ed. LL, Bs. As. 2003, pág. 114 y Hutchinson Tomás en "Digesto Práctico La Ley de Procedimientos Administrativos", Ed. LL, Bs. As. 2004, parágrafos 1312 y siguientes).
			¿Hubo menoscabo al derecho de defensa del actor en el procedimiento de selección de oficiales policiales para el ascenso al omitir notificarle las notas y su consecuente ubicación en el padrón; y en caso de respuesta afirmativa -en tanto los defectos notificatorios son subsanables- en que dimensión?. 
			La respuesta habrá de hallarse en el expediente donde tramitó el recurso que el accionante dedujo contra el decreto que lo excluyó de los ascensos -Nº 16/11-. El procedimiento recursivo constituyó una segunda oportunidad para cuestionar sus notas y ubicación en el padrón de ascensos aprobado por el decreto que puso en crisis. 
			La administración, conforme constancia actuarial de fojas 41 y resolución de admisibilidad de fojas 49 y vta. no lo remitió. Su ausencia la suple la copia indubitada del remedio procedimental acompañado a la demanda; en donde se lee que, al deducirlo, los conocimientos de Novelli sobre los puntajes obtenidos se limitaron a las fojas de conceptos de los años anteriores al que fue evaluado por la Junta de Calificaciones Nº 1 y al asignado en la Escuela de Policía en el curso de comisarios; datos estos de los que dispone todo numerario sin necesidad de intervención de la Junta de Calificaciones.
			No hay referencia alguna en el recurso de revocatoria contra el Decreto 16/11 a las notas "cargo", "junta" ni al promedio de ambas con los consignados en las fojas de conceptos de los dos años anteriores y la nota curso -artículo 32 a), b) y c) del Reglamento para Ascensos-; como tampoco las hay a las notas obtenidas por aplicación del Anexo II del Reglamento para Ascenso -artículo 33-; ni menos aún obran menciones críticas al promedio final.
			Tales silencios mal pueden atribuirse a un defecto en la confección del recurso y posterior demanda, sino más bien a la falta de anoticiamiento de las calificaciones; en tanto no resulta lógico exigirle al actor que cuestione las notas y su ubicación en el padrón de los que predicó no haberse anoticiado y que a todo evento, la administración admitió no disponer de las constancias de notificación correspondientes.
			Tampoco hay en el recurso administrativo comparación de las performances obtenidas por el accionante con las logradas por sus compañeros de armas; cotejo que asomó tibia y limitadamente a un único rubro computable -antigüedad de revista- en tres casos al momento de demandar, fojas 19 vuelta. Esta segunda ausencia encuentra la misma razón que la primera. Ni las notas ni el padrón de ascensos le fueron anoticiadas a Novelli.
			Si bien las decisiones expresadas en las calificaciones y en la aprobación del padrón de ascensos no causaron efectos jurídicos directos y desfavorables sobre su estado policial; no es menos cierto que tales calificaciones y ubicación contribuyeron decididamente a la confección del listado y su orden en el acto administrativo Nº 16/11. Obsérvese que ambos -listado y orden- para el ascenso a la jerarquía a la que aspiraba Novelli -comisario principal- se mantuvieron similares tanto en la Resolución Nº 1912/10 del Jefe de Policía como en los casos en los que el Decreto 16/11 del Jefe de la Administración ascendió.
			Los desconocimientos que exhibió y denunció el actor a lo largo del trámite administrativo fueron mantenidos en esta instancia menoscabaron sus posibilidades defensivas. Nadie puede cuestionar lo que desconoce. El conocimiento constituye en la condición previa y lógica del cuestionamiento en un sistema racional, como es el regulado por el sistema jurídico. 
			Su ignorancia no se subsanó al decretar el acto Nº 16/11 ni al contestar demanda; en tanto ni el acto administrativo cuestionado desagregó las notas asignadas por la Junta de Calificaciones Nº 1 ni la respuesta estatal en juicio acompañó las correspondientes motivaciones de las mismas. 
			El contenido preciso de la información que lo calificó y lo ubicó en el orden de méritos resultó indispensable para poder desarrollar una defensa eficiente. Una descripción previa y detallada del reproche, base de cualquier defensa, constituye una de las garantías mínimas que consagró el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8 inciso 2. b); integra nuestro catálogo de derechos constitucionales -artículos 75 inciso 22 y 15 de las constituciones Nacional y Provincial- y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió de la originaria previsión convencional para los procedimientos penales, a cualquier otro proceso, sea sancionatorio, administrativo o jurisdiccional en el recordado precedente "Baena vs. Panamá", sentencia del 02/02/01, parágrafo 124.
			Ignorante de las decisiones proposicionales de trámite -notas de la Junta de Calificaciones Nº 1 y aprobación del orden de méritos- y motivantes del acto definitivo de promoción en la carrera dictado por la autoridad competente; el accionante vió afectado su derecho de defensa, en tanto no dispuso en sede administrativa como tampoco en esta -como a continuación se verá- del contenido preciso de las razones por las cuales fue ubicado en un lugar excluido del listado de ascenso.  
			23. Pero, a poco de avanzar y profundizar en el análisis, advierto que de haber contado Novelli en tiempo oportuno con la información indispensable sobre su evaluación -notas calificatorias- y la consecuente ubicación en el padrón de ascenso; de poco y nada le hubiese servido los anoticiamientos omitidos ya que el método de construcción de la calificación gravitante en el promedio general -"nota junta"- que catapultó a más de uno de los oficiales aspirantes al ascenso en sus respectivas ubicaciones en el padrón, resultó un secreto.
			Veamos.
			El actor sostuvo que le correspondió el ascenso a la jerarquía de comisario principal aplicando uno u otro dispositivo de los previstos en la ley: antigüedad calificada o selección. En los alegatos afirmó que sólo tres de los ascendidos lo hicieron por antigüedad calificada cuando correspondía promocionar a seis por esa vía y además concentró sus críticas a la denominada "nota junta", en tanto el órgano calificador mejoró mediante la asignación infundada de altos puntajes en dicho rubro las performances inferiores a la suya que obtuvieron sus colegas de armas Arguet, García, Escobar, Gueli, Peralta, Planchon y Beron, en la "nota curso" con las que la Escuela de Policía los calificó al final del curso anual para comisarios; fojas 417 vuelta.
			El RGP admite dos mecanismos aplicables, exclusiva y simultáneamente para las promociones en la escala jerárquica policial, como ya vimos y repaso a continuación. 
			Exclusivamente el denominado "por selección" para los grados ubicados en la cúspide de la pirámide: comisario general, comisario mayor y comisario inspector. 
			Simultáneamente al método "por selección" se agrega el llamado "por antigüedad calificada" para los grados que van de comisario principal hasta suboficial principal.
			Exclusivamente este último -"por antigüedad calificada"- destinado a evaluar las aptitudes para ascender a los grados inferiores: de sargento ayudante a cabo. 
			Así surge del artículo 96 del RGP modificado por Ley 8477 (B.O. 24/05/91), conforme lo ya analizado.
			Entiendo que a la hora de precisar los contornos de uno y otro método el Reglamento de Ascensos, en lugar de diferenciarlos, disfumó los límites entre ambos, si alguna vez los hubo, generando un único dispositivo.
			En el método denominado "antigüedad calificada", el RGP computó para calificar los antecedentes y fojas de concepto del numerario a examinar. El Reglamento de Ascensos hizo lo propio: sumó y promedió las fojas de conceptos por los períodos mínimos en la jerarquía con las demás calificaciones previstas en el artículo 32 incisos b) y c), nota curso sea de la Escuela de Policía o de nivelación, nota cargo, nota inspección y nota junta (artículos 96 del RGP y 39 del Reglamento de Ascensos).
			Para discernir en que consiste y poder aplicar el procedimiento por "selección" habrá que recurrir al Reglamento de Ascensos, ya que el RGP no refirió a los ítems a valorar para su formulación.  En su artículo 35 y para los grados de oficiales superiores integró la fórmula computando cargos, antigüedad, cursos, actos meritorios y servicios especiales del evaluado; básicamente los mismos items que para analizar la carrera del numerario bajo el prisma de "antigüedad calificada".
			De hecho y como lo confirmó el Secretario de la Junta de Calificaciones Nº 1 en audiencia -fojas 502 y particularmente a partir del numeral 17:50 que registra el contador de la audiencia que obra en la grabación y puntualmente en 26:56-; la Resolución Nº 1912/11 no clasificó a los oficiales aptos para el ascenso listados para cada jerarquía cuyo orden aprobó según integren una u otra metodología; lo que a todo evento, tampoco hizo el decreto puesto en crisis.
			El actor no objetó la metodología utilizada. Es más, afirmó que aplicando uno u otro mecanismo hubiese ascendido; sin criticar ni explicar, detallando pormenorizadamente como se debió integrar a su juicio las fórmulas de cálculos en cada uno de los métodos; como los debió aplicar la Junta de Calificaciones Nº 1 en su caso; como debió puntuar a cada uno de los evaluados y finalmente como a consecuencia de la puntuación y aplicación de los dos métodos que consideró adecuados a la ley, su puntaje desplazó al que debieron haber obtenido sus compañeros de armas dentro de las catorce vacantes para la jerarquía de comisario principal.
			24. Distinto es el análisis de la "nota junta".
			Liminarmente, advierto que las autorías de las notas "foja de concepto" de los evaluados corresponden a organismos diversos a la Junta de Calificaciones Nº 1, limitándose ésta a sus transcripciones; así como ocurrió con la "nota curso", casillero en el cual la Junta de Calificaciones Nº 1 consignó los puntos obtenidos por los evaluados en el curso para comisarios que dictó la Escuela de Policía y cuyos resultados evaluó. Ver al respecto informe de fojas 295 a fojas 297.
			La "nota función" obedeció en cada caso evaluado a una regla que estableció asignar 100 puntos para quién ejerció en el período evaluado el cargo de Director; 98 para Subdirector; 96 para Jefe Departamental; 94 para Sub Jefe Departamental; 92 para Jefe de División; 90 para Jefe de Comisaría; 88 para Jefe de Sección, 86 para Jefe de Turno y 84 para aquel que no desempeñó funciones específicas; conforme lo explicado por el Secretario de la Junta de Calificaciones Nº 1, Comisario General Rodríguez, cuyo relato al respecto aparece en el contador de las imágenes grabadas en la ocasión al numeral 1:07, obrantes en el disco existente en bolsa plástica previo al acta de audiencia a fojas 502. 
			El orden de puntuación de la "nota función" respondió a la decreciente importancia de las funciones y a la mayor o menor vinculación de las tareas con lo que en la institución policial se denominan "operativas", es decir aquellas estrechamente ligadas con la persecución del delito. Ver al respecto informe de fojas 491 y obsérvese que la escala de puntuación detallada se aplicó en los catorce oficiales ascendidos según lo consignado en cada uno de los casos en los planillones obrantes de fojas 167 a 182.
			La "nota junta" es regulada por los artículos 32 c) y 33 del Reglamento para Ascensos. Para su formulación numérica, la Junta respectiva deberá tener en cuenta determinados criterios consignados en éste último artículo:
a) felicitaciones del Jefe de Policía o del Poder Ejecutivo;
b) sanciones o licencias por enfermedades reiteradas conforme Anexo II;
c) circunstancias indicativas de aumento o disminución del rendimiento o espíritu de servicio del calificado.
			Novelli cuestionó la nota que por tal concepto le asignó la Junta de Calificaciones Nº 1 en ocasión de evaluarlo desde la orfandad de fundamentos que le endilgó y desde la comparación con las performances de algunos de sus compañeros que resultaron ascendidos.
			Efectivamente, la "nota junta" censurada por el actor careció de fundamentación. Ni siquiera fue relacionada, en la documentación disponible, con al menos algunos de los criterios indicados por el Reglamento de Ascensos para su determinación, sin perjuicio que las consignadas "circunstancias indicativas de aumento o disminución del rendimiento o espíritu de servicio del calificado", por su genérica formulación, resultan de dificultosa aprehensión, a diferencia de las felicitaciones, sanciones o faltas.
			Obsérvese que el accionante obtuvo por los períodos 2008-2009 y 2009-2010 las más altas calificaciones posibles en ambas fojas de conceptos; su nota en el curso de comisarios del año 2010 fue de 94,38 sobre 100 puntos y su desempeño laboral por el período -licencias y sanciones- fue óptimo según el Anexo II del Reglamento para Ascensos.
			Los resultados de tales rendimientos (fojas de conceptos -90-, nota curso -94,38- y Anexo II-100-) no parecen haber sido precisamente reflejados en la "nota junta" asignada a Novelli -90,00-; máxime cuando las diferencias entre los oficiales en carrera de ascenso son nimias.
			Tan pequeñas son las diferencias que la precisión en la puntuación adquiere características gravitantes. Obsérvese que quienes efectivamente resultaron promovidos a oficiales principales como Beron, Planchon, Albornoz y Peralta; obtuvieron cada uno 90,83 puntos en la "nota curso", o como Arguet, García y Escobar que fueron calificados con 88, 88,50 y 87 puntos, respectivamente en el curso de comisarios; y a quienes la Junta de Calificaciones Nº 1 les asignó por "nota junta" 95, 91, 95, 100, 98, 99 y 97 puntos, respectivamente.
			Al actor, por el contrario, la Junta de Calificaciones le asignó por "nota junta" 90 puntos cuando obtuvo el máximo puntaje -100 y 90- en licencias, sanciones y fojas de concepto; además de superar a sus competidores que paradojalmente resultaron ascendidos, en la nota obtenida en el curso de comisarios -94,38-.
			Otro tanto ocurre con la comparación de la evaluación del accionante con la de Silvetti. Este descendió su puntuación por sanciones para el año 2008/9, obtuvo un puntaje levemente superior al de Novelli en el curso de comisarios -94,69-, pero el máximo posible que le asignó la Junta de Calificaciones Nº 1 por "nota junta" -100- lo catapultó a la jerarquía de oficial principal, ya que la diferencia entre ambos por nota cargo fue de dos puntos.
			La amplitud calificativa de la que dispone la Junta para asignar su nota es enorme, de 0 a 100, como enorme es su arbitrariedad, en la medida en que su decisión es infundada. Ninguno de los tres criterios que le indica el Reglamento de Ascensos se encuentra consignado en las mensuras efectuada. No hay puntaje por las "felicitaciones" de los jefes, como tampoco lo hay y a diferencia de lo dispuesto por el Anexo II, por las sanciones y las licencias. Por último, la definición o precisión de lo que se entiende por circunstancias indicativas de aumento o disminución del rendimiento o espíritu de servicio permanecen en el más absoluto secreto y oscuridad, como así también su puntuación.
			Sorprendente y asimétricamente el sistema de valuación del desempeño policial de los oficiales comienza con fojas de conceptos que detallan seis items a puntuar; continúa con precisión de orefebre al contabilizar el uso de licencias y cómputo de sanciones; pasa por valuar por una tabla preestablecida las funciones desarrolladas según la vinculación de las mismas con las tareas "operativas"; tiene en cuenta el puntaje obtenido en el curso de comisarios que fue colocado al evaluado por sus pares profesores y culmina en una nota, la "nota junta", cuya construcción es de un misterio y amplitud tal que puede, a sola voluntad de la Junta de Calificaciones  Nº 1, gravitar decididamente en la posición del oficial policial  dentro o fuera de las vacantes previstas para el padrón de ascenso.
			Viene bien recordar que el Tribunal no evalúa el acierto o desacierto de las puntuaciones asignadas por la Junta de Calificaciones Nº 1 a los oficiales aspirantes a ascender en sus carreras. Limita su actuación a auscultar las razones por las cuales la Junta de Calificaciones Nº 1 los colocó y si se compadecen o no con los criterios que consignó el Reglamento de Ascensos.
			La tutela judicial continua y efectiva, encomendada por la Constitución Provincial al Poder Judicial en su artículo 65; no es otra cosa que el control jurisdiccional de la actividad estatal, que en el fuero en lo contencioso administrativo se concreta en la examinación de los actos de autoridad se adopten respetando el principio de legalidad e interdiciendolos de arbitrariedad.
			En la especie no advierto ni razones para puntuar como se hizo ni menos aún respeto por los criterios reglamentarios; ausencias que se agigantan si las busco en un análisis comparativo con las puntuaciones otorgadas a una parte importante de los oficiales que resultaron promovidos.
			Entiendo que la Junta de Calificaciones Nº 1 de la Policía Entrerriana en el caso estudiado, otorgó calificaciones a los evaluados analizados en concepto de "nota junta" y en calidad de acto de autoridad, sin cumplir con el estándar de mínima motivación que exige el artículo 65 de la Constitución de Entre Ríos para considerar válida su contribución al procedimiento de ascenso de oficiales. 
			25. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de la ausencia de notificación de las calificaciones y del padrón de ascenso sumadas a una puntuación arbitraria en concepto de la "nota junta" sobre la situación de revista del actor, básicamente sobre su performance en su carrera de ascenso?. 
			¿Podemos concluir de la falta de notificación de las calificaciones y del orden de ascenso como de la ausencia de motivos que justificaron la "nota junta" en la anulación del acto puesto en crisis y en la recomposición retroactiva de la carrera policial del accionante ordenando su incorporación al grupo de catorce oficiales que terminaron el procedimiento ascendidos por la decisión administrativa del Jefe de la Administración?. 
			En principio si; pero a poco de avanzar con el análisis advierto -al igual que lo ocurrido en el precedente "Rodríguez Sergio c/Estado Provincial s/ contencioso administrativo" ya citado- en la inutilidad de la consecuencia anulatoria por imposibilidad de la recomposición de la carrera del actor.
			26. Sabemos que la presencia de vicios de magnitud en el procedimiento, con aptitud para afectar irremediablemente el derecho de defensa sumado a una decisión administrativa inmotivada que lo cierra, acarrea la anulación del acto, C.C. y C. Libro I, Título IV, Capítulo 9 "Ineficacia de los actos jurídicos".
			Además, la anulación a su vez, "...vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo..." (artículo 390 C.C. y C.).
			Antes del Decreto 16/11 Novelli revistaba como comisario en trámite de ascenso a la jerarquía inmediata superior, comisario principal. A ese estado y no a otro, deberían retrotraerse la situación.
			De allí que, de los vicios apuntados no resulta ni lógico ni menos aún legítimo, concluir como pretendió el actor, en que inexorablemente debe ordenarse sea eyectado de modo automático de la  ubicación 19º a una indefinida, pero dentro de las posiciones 1º a 14º del padrón, cantidad ésta de vacantes definidas por la autoridad policial para la jerarquía de comisario principal para los ascensos en el ejercicio 2011. 
			Por el contrario, habría que evaluar nuevamente.
			La tarea reevaluadora debería ser efectuada por la Junta de Calificaciones Nº 1. Los vicios procedimentales y motivacional se originaron en su defectuosa actuación y hasta allí llegan los eventuales efectos de una hipotética anulación jurisdiccional.
			Ocurre, como señalé antes, que el Tribunal no puede ni menos aún debe, sustituir la actividad evaluadora de la administración policial, de la que es ajeno, lejano y fundamentalmente carente de jurisdicción material. 
			El Tribunal limita su actuación -en este caso- a auditar el cumplimiento  de los principios generales que gobiernan el procedimiento administrativo y la motivación de la actuación del Estado; lo que en esta instancia y este juicio se tradujo en verificar el respeto estatal por el cumplimiento en la selección de oficiales policiales entrerrianos para el ascenso de un estándar convencional mínimo que les haya permitido el ejercicio del derecho de defensa efectivo como así también en controlar la razonabilidad de los motivos de las notas asignadas y su correspondencia con las directrices reglamentarias destinadas a la Juntas Calificadoras para evaluar, previstas expresamente en el artículo 33 del Reglamento de Ascensos.
			27. Pero el caso del accionante presenta al menos dos particularidades que torna a su reevaluación y la de sus compañeros de armas en el ítem "nota junta", en innecesaria e inútil.
			Novelli solicitó modificar por voluntad propia su revista policial y el Ejecutivo Provincial asintió. Actualmente revista en pasividad, a la que accedió por retiro voluntario. Ver el "Visto" del decreto jubilatorio del actor Nº 1040/15 obrante de fojas 505 a fojas 506.
			Según el RGP "El retiro es una situación definitiva, cierra el ascenso y produce vacante en el grado, cuerpo y escalafón al que pertenecía el agente en actividad." (artículo 238).
			Es por todos conocido que los pronunciamientos judiciales han de ceñirse a las circunstancias existentes cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes a la demanda o al recurso (Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Arcángel Maggio S.A. s/concurso preventivo s/ incidente de impugnación al acuerdo preventivo" fallo del 15/03/07, publicado en Colección de Fallos Tomo 330, Página 834); por lo que una eventual modificación de su situación de revista activa por orden judicial carece de efectos ya que su carrera activa hoy está finalizada y su expectativa de ascenso es, actualmente, inexistente.
			Pero también contribuyó a impedir una hipotética recategorización retroactiva, los términos en que dispuso su demanda. Obsérvese que luego que Presidencia del Tribunal ordenó citar a todos los oficiales promovidos a la jerarquía de comisarios principales por obra del acto administrativo cuestionado en la especie, el accionante modificó su demanda y reclamó la anulación del Decreto 16/11 con efectos limitados a sus intereses agregando a su tesis de ataque la pervivencia de los derechos adquiridos al grado de los catorce terceros citados y que fueron promovidos a comisarios principales. Concretamente Novelli acumuló al mismo tiempo en una misma pretensión la anulación y legitimidad del Decreto 16/11 para sí y para los catorce ascendidos a comisarios principales, respectivamente; para quienes predicó plenos efectos del acto en cuestión, escrito de fojas 53 y vta.
			Tal convivencia resulta lógica y presupuestariamente imposible. Las vacantes definidas por la administración para la jerarquía de comisarios principales fueron catorce y en las condiciones demandadas por el actor, el Tribunal no puede ordenar el empadronamiento de una nueva vacante.
			Por último, cabe recordar que el titular del ejecutivo provincial no está constreñido a ascender el listado del padrón de ascenso que la Junta de Calificaciones Nº 1 le propone el Jefe de Policía y este aprueba y eleva; en la medida que el ordenamiento no es vinculante para el Jefe de la Administración, quien puede apartarse del orden propuesto por decisión fundada. En tales circunstancias, la ubicación en un lugar más próximo a los primeros, no necesariamente nos lleva a concluir que indefectiblemente quien lo ocupe ascenderá, erigiéndose la competencia del ejecutivo provincial como un nuevo cuestionamiento al razonamiento recategorizador automático en la pretensión de reubicación escalafonaria retroactiva desplegada por el accionante.
			En conclusión, por las variadas razones desarrollados, de los defectos apuntados al procedimiento de ascenso -ausencia de notificación de las calificaciones y del orden de méritos- y de la ausencia de motivación de la "nota junta" que exhibe dicho item en la evaluación efectuada por la Junta de Calificaciones Nº 1 no resulta lógica ni jurídicamente predicable de modo indefectible, como pretendió Novelli, que debió ascender a la jerarquía inmediata posterior; como tampoco  necesario en las condiciones de revista actuales del actor que el Tribunal se pronuncie sobre la anulabilidad del acto administrativo que dispuso los ascensos al grado de comisario principal.
			28. Ingreso por último a la reparación patrimonial pretendida en la demanda. En orden a los términos amplios en los que fue formulada, merece una consideración particular. 
			El actor dividió los daños y perjuicios materiales que afirmó haber sufrido por la postergación en su carrera que denunció, en dos grupos que denominó sucesivamente como "emergentes" y "pérdida de chance", respectivamente. Ver escrito de demanda fojas 27 y vuelta.
			Los primeros -"emergentes"- los identificó con las diferencias salariales entre los haberes que efectivamente percibió y los correspondientes a la jerarquía de comisario inspector que denunció tendría que haber percibido a consecuencia de la recategorización retroactiva producto de la anulación del acto administrativo que demandó. 
			Como vimos, ni los vicios en el procedimiento en que incurrió la administración ni la ausencia de justificación de la "nota junta" aparejaron, en el particular caso del accionante, la anulación y la recomposición automática de la carrera que demandó. De allí que tales diferencias salariales, consecuencias de una categorización jerárquica no decidida, se desvanecen.
			Sobrevive su pretensión por chance, la pérdida de sus expectativas de ascenso a las jerarquías de comisario principal y comisario inspector. Los daños que identificó como "pérdida de chance" los definió como la privación de: "...una diferencia de haberes en actividad por el tiempo que corre entre la fecha del dec. de ascensos cuya nulidad se reclama, enero/11, hasta el momento de pasar a retiro; y de ahí en más por las diferencias de haberes en retiro. En este aspecto, sin que debe considerarse un pedido concreto, sino solo estimativo ya que su fijación se debe [sic] librado al prudente arbitrio de V.E., se deberá ponderar que el actor debía ascender en 2011 a Crio Ppal, y que en enero 2013/ estaría en condiciones de ascender a Crio Inspector...".
			Adviértase que Novelli demandó una pretensión reparadora fundada en pérdidas de chances en ascender dos jerarquías: comisario principal y comisario inspector a las que valoró, al igual que su postulación anterior, con las diferencias salariales entre su jerarquía de revista -comisario- con las sucesivas jerarquías de comisario principal por veintiséis meses y comisario inspector por otros veintiocho meses, en ambos casos aguinaldos incluidos, de las que dijo perdió las chances de ascender.
			29. Para estudiar las chances de ascenso perdidas, resulta apropiado introducirnos en la temática trayendo a colación lo que este Tribunal consideró en autos "Gutiérrez, Atilio Ernesto c/Estado Provincial s/contencioso administrativo" del 30/04/15, al decir que:  "...el tipo de daño que eventualmente debería analizarse no sería de la clase del calificado como emergente, sino, a lo sumo, de 'pérdida de chance' definido como la frustración de una posibilidad, en el que coexisten dos elementos: la certeza y la probabilidad. Certeza sobre que si no hubiera acontecido el incumplimiento o el hecho dañoso la persona damnificada 'habría mantenido la esperanza en el futuro que le hubiera permitido obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial' e incertidumbre de que 'manteniéndose la situación de hecho o de derecho que era el presupuesto de la 'chance' la ganancia se habría en realidad obtenido, o la pérdida evitado'" (TANZI, Silvia Y. "Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las personas", Ed. Hammurabi, José Luis Depalma Editor, Bs. As., 2005, p. 309 -con cita de Zannoni, 'El daño en la responsabilidad civil', p. 50-); debiendo tenerse presente, además, que la procedencia de la indemnización de este rubro depende de las circunstancias concretas de cada caso, ya que 'será indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador' (art. 1739 in fine del nuevo Código Civil y Comercial -Ley 26994-, no vigente aún, pero cuya definición se trae a colación para verificar el carácter contingente del referido rubro indemnizatorio).". 
			Aplicando los conceptos definidos por la doctrina, el actor, como efecto directo de los vicios apuntados que afectaron el procedimiento de selección de oficiales y la motivación del acto que dispuso los ascensos, las chances que vio frustradas fueron las de defenderse y cuestionar una probable calificación injusta; que de prosperar y por los motivos antes desarrollados, hubiera modificado su posición en el padrón de ascensos; no ya de ascender como pretendió en la demanda.
			Fácilmente se advierte que el elemento "certeza" en las chances del accionante se ubicó en la frustración que el omitir estatal le generó al impedirle ejercer su derecho pleno de defensa al no notificarlo de sus calificaciones y ubicación en el padrón como también al no explicitarle las razones por las cuales lo puntuó como lo  hizo en el rubro "nota junta"; mientras que la "probabilidad" consistió en que de haberse respetado el procedimiento y precisados los motivos de la "nota junta", Novelli hubiese podido cuestionarlas, sin perjuicio de la hipotética suerte o desgracia de eventuales respuestas administrativas a los recursos.
			Lo que se indemniza como chance es la pérdida de una oportunidad u ocasión propicia con vistas de razonabilidad o fundabilidad de lograr una ventaja o evitar una pérdida (Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", Editora Córdoba, ed. 1980, págs. 66/70; Mosset Iturraspe, Jorge "Responsabilidad por daños", tomo V, págs. 264/267 vta.)." (Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en "Cavaliere, José Luis contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad). Demanda contencioso administrativa"; fallo del 14/07/10 disponible en JUBA).
			Las notas obtenidas por el actor en los rubros "curso", "cargo", "partes enfermo", "sanciones" y "suspensiones" y las comparaciones con las asignadas a sus compañeros de armas que fueron ya analizadas, nos dan una pauta indiciaria e indicativa que contaba con una razonable probabilidad de obtener una mejora posicional en el padrón de haber sido notificado oportunamente y conocido las razones que motivaron su "nota junta".
			Ahora bien, en su demanda denunció haber perdido chances de ascensos a dos sucesivas jerarquías policiales: de comisario a comisario principal y de esta jerarquía a la de comisario inspector. Al igual que al analizar en qué consistieron las chances perdidas del accionante, habrá que ahora precisar cuál fue su horizonte jerárquico en la carrera policial.
			Con los elementos obrantes en autos no doy por acreditado un probable progreso laboral del accionante que implique el ascenso al grado de Comisario Inspector. Para promocionarse en dicho cargo debió someterse al sistema de rigurosa selección previsto en el artículo 35 del Reglamento de Ascensos, que dispone que la Junta deberá evaluar cargos ejercidos, antigüedad, cursos y exámenes, actos meritorios y servicios especiales.
			De la lectura de las anotaciones fechadas durante los últimos cuatro años de revista activa en el legajo de Novelli y su contraste con las exigencias del Reglamento de Ascensos para oficiales superiores por rigurosa selección, muy por el contrario, a lo por él pretendido, las chances que hubiese ascendido al grado de comisario inspector se presentan remotas.
			Su carrera funcional quedó trunca en el año 2010, más precisamente el 29/07/10 con el cargo de Jefe de Turno de la Jefatura Departamental Federal (fojas 143); la consideración en el año 2012 de sus jefes fue apto para el servicio, no así para el ascenso (fojas 146); al 31/10/12 se vio involucrado en una sumaria información (fojas 161) y su foja de concepto para el año 2011-2012 descendió de 90 puntos que obtuvo el año anterior a 60 puntos, es decir bajó su concepto en un 33,33 %. El legajo no acreditó cursos, felicitaciones, como así tampoco otra consideración de significativa relevancia positiva.
			Con sesenta puntos de fojas de concepto las posibilidades de ascenso a la jerarquía de comisario inspector, grado de la escala al que ascendieron en el año 2011 solamente catorce oficiales conforme Decreto 16/11 generalmente con el máximo puntaje de concepto posible, son altamente improbables. 
			Propongo valorar las chances del actor en haber podido ejercer un derecho de defensa efectivo con probabilidades de éxito en el orden del 40 % (cuarenta por ciento) de las diferencias salariales habidas entre su último grado de revista activa y el inmediato superior en la escala durante el período de veintiséis meses.
			30. El accionante denunció discriminación y comparó su carrera policial con la de diversos colegas, algunos de los cuales, los menos, fueron promovidos a la jerarquía de comisarios principales en ocasión en la que él fue mantenido en el grado de comisario. Tales fueron los casos de Arguet, Larrosa y García, cuyos análisis comparativos ya los efectué y a los que remito, no habiendo concluido en trato discriminatorio, sino incausado.
			El resto de los oficiales cuyas carreras comparó con la suya Novelli -comparación en la que fundó el hipotético trato discriminatorio que afirmó haber sufrido- son todos ajenos al padrón de promocionados a comisarios principales cuya selección y ordenamiento se efectuaron en el año 2010 y ascendieron al año siguiente. Tal ajenidad impide el análisis comparativo que exige la construcción jurídica de igualdad de trato que reclamó el actor para sí.
			La igualdad de tratamiento que pretendió el accionante en su carrera y le permitió denunciar discriminación, es un concepto en relación a otros, quienes comparten igualdad de condiciones. La pléyade de oficiales con quienes se comparó y a excepción de los antes apuntados, se encuentran en condiciones de revista sustancialmente diversas a la suya, v.e. uno de los cuales es el actual Jefe de Policía; lo que lógicamente imposibilita la comparación que inexcusablemente debe efectuarse para arribar a confirmar o desechar la denuncia por discriminación que formuló.
			La generalidad y ambigüedad con que Novelli reprochó a la policía entrerriana discriminación, la cual abona con el análisis de las carreras de colegas no incluidos en el acto administrativo cuestionado, son propias de la crítica institucional que la ciudadanía, con razón o sin ella, destina a las organizaciones estatales. El debate jurídico sobre discriminación por desigualdad de tratamiento exige precisión y casuística que permita al juzgador comparar, en este caso, el desarrollo de las carreras policiales entre quienes se encuentran en iguales condiciones y de la comparación extraer conclusiones; circunstancias que no fueron aportadas a la causa por quién las invocó, impidiendo, a mi juicio, al Tribunal siquiera ingresar a una tarea juzgadora rigurosa y precisa.
			31. Por último, en cuanto a los daños y perjuicios psíquicos, psicológicos y morales propongo su rechazo ya que el actor no destinó ningún esfuerzo procesal para acreditar su efectivo padecimiento.
			32. Estimo que la demanda se debe hacer lugar parcialmente únicamente en el rubro pérdida de chance con las limitaciones apuntadas.
			En cuanto a las costas, la actividad infundada de la administración policial dio motivo suficiente al accionante para considerarse con razones legítimas para litigar pero insuficientes para reclamar su ascenso en pasividad y los consiguientes daños y perjuicios que demandó; por lo que concluyo en que ha habido vencimientos parciales y mutuos, y en consecuencia, las propongo imponer en partes iguales al actor y a la demandada. 
			A LA MISMA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL GONZALEZ ELIAS expresa que:
			1. Habiendo desarrollado los antecedentes de la causa el colega ponente me remito a ellos -en honor a la brevedad- compartiendo el resultado favorable a las pretensiones del actor en la modalidad, en el rubro y en el porcentaje asignado.
			Como señaló el Vocal Baridón agravios similares respecto de situaciones jurídicas parecidas han sido analizados por esta Cámara en reiteradas oportunidades por ello es que la referencia a ellas se torna imprescindible en aras de mantener la coherencia de los criterios que se aplican los que, de todas formas -y merece ser recordado-, no operan como lo hacen las normas jurídicas de efectos jurídicos generales y abstractos sino todo lo contrario atendiendo cuidadosamente a las circunstancias merituadas para casos concretos que imponen análisis también individualizados en los que la ponderación de sus particularidades pueden conducir, en unos casos, a proponer que quien acude a los estrados judiciales vea satisfechas sus pretensiones y en otras no, sin que ello implique incurrir en posturas que merezcan el reproche de arbitrarias por arribar a resultados opuestos en todo o en parte.
			En efecto y como ya se expresó antes el caso en su estructura lógica guarda similitud con el que fuera objeto de votación por el suscrito y que resultara la postura minoritaria del tribunal de la sentencia emitida en fecha 03/08/17 en las actuaciones caratuladas: "Rodríguez, Sergio Darío c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo" el que servirá de guía de desarrollo de sus conceptos dados que no sólo se consideran trasladables al discurso lógico sino también que servirá para efectuar las necesarias e imprescindibles aclaraciones y precisiones que este caso impone.
			2. Ante la precisa remisión al voto ponente corresponde ahora sumergirse directamente en el agravio referido a la falta de notificación al demandante de las notas efectuadas por la Junta de Calificaciones N° 1 y su consecuente orden de méritos (fs. 15 vta. y 23), tampoco se le notificó la resolución dictada por el Jefe de Policía (Resolución N° 1912/10) ni el Decreto N° 16/11 -que impugna de nulidad- por concretar los ascensos que no lo incluyeron; cuestión que no se encuentra controvertida en la causa al haber sido objeto -incluso- de confirmación de tal defecto no sólo en el responde efectuado por la Fiscalía de Estado (fs. 218/222 y vta.) sino también respaldado por la prueba producida (fs. 24 del legajo de documental que corre por cuerda suelta), hechos jurídicos administrativos que se deben sumar a otro no menos relevante, cual es el acceso por Novelli a la justicia administrativa por medio del instituto del silencio administrativo. 
			Para analizar la pertinencia del referido agravio se parte de la síntesis máxima de la postura del accionante según quien la nulidad del acto que no lo promovió en su carrera profesional de policía se basa en que “al momento de su dictado,... estaba en condiciones para el ascenso, por antigüedad general, antigüedad en la jerarquía, concepto de sus superiores, por las máximas notas que determina la ley, mientras otros funcionarios como ya se ha expuesto, no pudieron estar en preeminencia con respecto al actor. Se desconocen las notas puestas por la Junta de Calificaciones y el orden de mérito, porque ninguno de los dos actos previos y que son el fundamento del Dec. 16/11 fueron notificados al actor, por lo que el acto que es su consecuencia aparece como totalmente arbitrario, con presupuestos fácticos irregulares que lo vician de nulidad absoluta, y que los funcionarios (como el actor) no pueden atacar pues no tienen acceso a la misma" (textual de la demanda fs. 23).
			Postura que confronta con la propuesta por la demandada quien sostiene que el acto administrativo que dispuso los ascensos que no incluyó al actor y provocó el iter recursivo fue motivado en el listado de ascensos elaborado por la Junta de Calificaciones, en el carácter discrecional de la decisión que adopta el Señor Gobernador que se encuentra acentuada en los casos -como lo es el de Novelli- que involucran cargos jerárquicamente superiores en la fuerza policial.
			3. El marco jurídico se compone por la Ley 5654/75, Reglamento General de Policía (en adelante “RGP”), y por el Decreto N° 4762 MGJOySP del 13/09/88, Reglamento de calificaciones y promociones policiales (en adelante “RCPP”).
			En el RGP dispone que para el cargo de “Comisario Principal” (art. 96 inciso "a" RGP y 28 RCPP) el ascenso al grado será conferido en base a un 60% por Selección y 40% por Antigüedad Calificada (conceptos definidos en el voto ponente) lo que -como ya se señaló- ha quedado demostrado por las constancias de la causa y por las propias declaraciones de los integrantes de la junta no ha sido observado dado que los ascensos son efectuados en un 100% por selección y no por antigüedad calificada, omisión que constituye claramente un incumplimiento de las normas aplicables y por ende encasillables en lo que se denomina como actividad reglada de la Administración pública (en el caso de su Junta de Calificaciones) donde no tiene opciones de actuación como las propias de la actividad discrecional, en el campo de lo reglado la Administración sólo debe limitarse a cumplir con lo que la norma establece, nada más. 
			Constituyéndose ese ilegítimo proceder de la Junta en uno de los agravios achacados por el accionante al trámite impreso que de por sí sólo bastaría para declarar su nulidad e inoponibilidad al actor, pero que, sin embargo, se continuará en el análisis de los restantes cuestionamientos al proceder administrativo de la demandada.
			4. En cuanto al procedimiento debido se establece que la Junta de Calificaciones debe elevar al Jefe de Policía las conclusiones de los exámenes y análisis efectuados al personal, a fin de su determinación vía resolución en la cual se plasma la calificación definitiva en cada caso, a efectos de proponer o disponer el ascenso según corresponda (artículo 98 RGP) y que de ello se dará vista al interesado por el término de 48 horas a efectos de posibilitarle que en dicho plazo manifieste su conformidad o disconformidad, en esta segunda alternativa, deberá ser resuelta por el Poder Ejecutivo provincial (artículo 99 RGP).
			La Junta de Calificaciones actuante en el procedimiento cuestionado por el demandante, incluso, tenía establecido (regulado) por el Jefe de Policía los lapsos temporales en que debía efectuar los distintos pasos procedimentales en la Resolución N° 1293 dictada el 31/08/10 (modif. por Resolución N° 1743 del 12/11/10) en donde la máxima autoridad policial estableció (en el art. 1°) no sólo el lugar físico en donde sesionaría el órgano sino que fijó los días de sesiones, las fechas en que debía realizarse el plenario, la fecha de comunicaciones de seleccionados, la inherente a la recepción de recursos, el tiempo concedido para el tratamiento de los mismos y la consecuente elevación de propuestas; recordándole que su actuar debe ajustarse a derecho (art. 4°) "Las Juntas de Calificaciones designadas, regirán su cometido en total acuerdo con las prescripciones del reglamento de Calificaciones y Promociones Policiales" (fs. 6/7 y 8 del legajo de documental cit.). 
			El RCPP establece en su capítulo VI el procedimiento de las promociones policiales que no difiere -como era de esperar- del exigido por el RGP -y que ya ha sido descrito- apartado reglamentario que precede al VII que regula los reclamos de quienes hayan sido "notificados" de tales calificaciones para que la Junta "reconsidere" las notas en base a pruebas que acompañe el reclamante (art. 43) quien debe cumplir determinados requisitos de admisibilidad para lograr el cometido reclamativo (art. 45) lo que genera la consiguiente e ineludible carga a dicho órgano técnico a la emisión de una respuesta fundada (art. 44) admitiendo la posibilidad de que el reclamante pueda apelar -ante su insatisfacción- al Jefe de Policía (art. 46).
			Según surge de los elementos probatorios disponibles la vista ordenada por el artículo 98 a Novelli nunca se efectivizó lo que constituía una carga procedimental en cabeza de la demandada y cuya ausencia tiñe de manifiesta ilegitimidad su proceder.
			Nótese -al sólo título ilustrativo del obrar antijurídico de la demandada para con el accionante- que no sólo no se le brindaron las explicaciones a las calificaciones inherentes a la Junta sino que las dadas recién llegan a esbozarse en esta causa en el discurso de la demandada respaldada en un mero informe de la Junta que obra a fs. 491/492 generada por la propia voluntad del Tribunal al momento de estudiar la causa para emitir sentencia que fuera replicada nuevamente en la audiencia también llevada a cabo a tales fines y a instancias del Vocal ponente en donde se explica que el actor tuvo una baja calificación de la nota cargo puesto que no realizaba "tareas operativas, solo cursaba novedades a sus superiores" siendo que ha quedado demostrado que por reglamentación policial sustituía a su superior jerárquico a cargo de ellas, argumento que el Novelli viene sosteniendo a lo largo de todo el procedimiento impugnaticio y que recién luego de un lapso temporal extenso y de la petición judicial es tardíamente explicado a quien debió ser anoticiado oportunamente de tales razones para que pueda evaluarlas y, en su caso, cuestionarlas.
			El artículo 44 -del mismo cuerpo normativo- específicamente dirigido a la merituación de los ascensos a grados de oficiales superiores (grupo en el que se encuentra la jerarquía de comisario principal) establece que ello debe realizarse “por rigurosa selección y orden de promoción establecidos por la Junta de Calificaciones N° 1, bajo las condiciones de los artículos 90 (alude al RGP que establece como requisitos “indispensables” el ejercicio de las funciones con idoneidad “aptitudes morales, intelectuales y físicas”), 97 (las juntas previamente a la evaluación final debe establecer listados de “aptos” y “no aptos” para el ascenso) y 98.
			En el mismo artículo 44 establece que “la junta deberá imponer su propia calificación fundada, al personal analizado, en base a los siguientes antecedentes que se considerarán prioritarios y sucesivamente de esta forma: 1°) Antigüedad General; 2°) Cargos Ocupados; 3°) Cursos y Exámenes y 4°) Actos Meritorios y Servicios Especiales.- La Junta N° 1 en su cometido se ajustará a la documentación conforme “Acta que se agrega como Anexo III”.- (los textos resaltados con letra negrita y subrayada son intencionadamente remarcados y no pertenecen al texto normativo).
			En el artículo 45 faculta a la Junta en caso de paridad entre concursantes en el rubro de “antecedentes” brindar prioridad a aquel agente que reconozca mayores méritos.
			El artículo 52 fija la forma de establecer el “orden de promoción” que lo hace en forma decreciente, por escalafón y cuerpo respectivo.
			Por su parte el artículo 54 dispone que los jefes de organismos son los responsables de notificar, informar y asesorar al personal consignado “respecto del encuadramiento efectuado por las respectivas juntas de calificaciones, tramitación que tendrá carácter de: “Muy urgente Despacho” y cuyo objetivo será asegurar el derecho de solicitar reconsideración y evitar que el contenido de los reclamos resulten improcedentes o violatorios a lo dispuesto en el artículo 14 inciso i) de la ley 5654 (norma que establece el derecho “esencial” del agente a la presentación de recursos y reclamos en la forma y modo que establece el reglamento”). Este inusual deber expresado en un texto legal, en el caso, no ha sido observado tampoco por la demandada al impedirle acceder a las explicaciones que fueran requeridas por el accionante. 
			Como puede comprobarse el procedimiento administrativo vigente en el año 2010 admitía dos instancias posibles de anoticiamiento del orden de mérito asignado por la Junta a los aspirantes, una de manera inmediatamente posterior a la elaboración del listado y otra en forma ulterior al dictado del acto administrativo de la Jefatura de Policía, las que en el caso -según surge de las constancias disponibles al juzgador- no fueron observadas en desmedro del derecho del actor. 
			La omisión de notificación del orden de mérito dispuesto por la reglamentación y del acto administrativo dictado por el Jefe de Policía no constituyen meras formalidades carentes de justificación, muy por el contrario, son de esencial consideración puesto que no sólo corporizan garantías impuestas en favor de los participantes (como Novelli) sino de los organismos de control administrativo y de juridicidad como esta misma Cámara quien tuvo que convocar a los integrantes de la Junta cuestionada en su obrar para tratar de comprender lo que no estaba claro, lo que de por sí demuestra la falta de transparencia del procedimiento auditado para confirmar con total contundencia que el referido órgano actúa incumpliendo las disposiciones establecidas en la reglamentación y que lo viene haciendo en forma habitual y consiente.
			El Jefe de Policía propone para el ascenso, según el asesoramiento de la Juntas de Calificaciones (artículos 26 y 28 del Reglamento), la que, para el caso del cargo del accionante, es la Junta de Calificaciones número 1 (artículo 29), conforme el expreso procedimiento previsto en el artículo 89 del Reglamento General de Policía (Ley 5654).
			El actor reclama explicaciones ante las bajas puntuaciones asignadas por la Junta que se denominan como “nota junta” y "nota cargo", y cabe destacar al respecto que -como ya se ha adelantado- lo ha hecho en forma correcta ya que no consta que la citada Junta haya notificado las notas por sí misma ni lo ha realizado por medio del Jefe de Policía.
			Las explicaciones no han sido dadas al reclamante quien ha demostrado -en forma reiterada e insistente, pero respetuosa- en todas las oportunidades que ha tenido ocasión que según sus cálculos debió haber sido puntuado con mayor nota ya que el procedimiento de determinación de las calificaciones a asignar a cada postulante se encuentra detalladamente establecido en la reglamentación, dejando un escasísimo margen para la discrecionalidad del cuerpo asesor, lo que en el caso se comprueba como cierto en base a las pruebas obrantes y disponibles en la causa dado que el artículo 44 claramente establece los antecedentes que en forma “prioritaria y sucesiva” debe considerar al momento de imponer su propia nota.
			Ese orden se encuentra taxativamente establecido en la normativa conformado por la antigüedad general, los cargos ocupados, los cursos y exámenes realizados con más los actos meritorios y servicios especiales, son de cumplimiento en el caso de Novelli en donde queda claro que agentes con menor antigüedad fueron calificados con mejor nota que él, detalladamente se comprueba que las funciones mencionadas efectivamente fueron desempeñadas por el mismo, todo lo cual, brinda suficiente convicción a las inmotivadas y por ello injustificadas puntuaciones dadas que lo colocara fuera de los lugares con posibilidad de ascenso tornando -a la decisión así adoptada- claramente arbitraria dado que tardíamente se obtuvieron las explicaciones que pretendieron (sin lograrlo) justificar las calificaciones cuestionadas de parte de la demandada impidiéndole al accionante comprender tal decisión para luego y eventualmente quedarse satisfecho con los mismos o repelerlos en base a las consideraciones que creyere conveniente en defensa de su derecho a la carrera policial.
			Claramente en este caso queda demostrado que el actor ha visto cercenado sus derechos no sólo en la inexplicada bajas notas asignadas por la Junta que lo colocara fuera de aquellos postulantes con posibilidades de acceso al cargo de comisario principal ante el número insuficiente de vacantes disponibles sino fundamentalmente porque los dispositivos normativos aplicables tendientes a establecer determinado mecanismo de ascenso sumado a la clara intención de permitir el debido control de quienes pretenden verificar si han sido correctamente calificados no funcionaron como lo establecían las normas aplicables y ni qué decir respecto de los principios jurídicos que subyacen a ellas, por el contrario fueron incumplidos según las pautas claramente establecidas en la reglamentación a la que debía sujetarse la Junta al momento de establecer los ascensos por selección y por antigüedad calificada y al aplicar la puntuación en la forma no justificada ni notificada a Novelli que le agravia lo que demuestra que le asiste razón a su planteo y merece prosperar.
			Dada la jerarquía involucrada (no se trata de los cargos superiores de la carrera de oficiales, así no son los denominados como “Comando” de la fuerza en el artículo 19 Jefe y Subjefe de la Policía), los agravios del accionante se sitúan en el no cumplimiento de parámetros objetivos de asignación de cargos por selección y antigüedad calificada y de parámetros valorativos claramente establecidos y que debe respetar la Junta de Calificaciones al momento de conceder determinado puntaje a cada postulante, la falta total de explicaciones dadas ante tales agravios, y ya que el sustento de la decisión no puede situarse exclusivamente en la mera invocación de las potestades discrecionales del Poder Ejecutivo (CSJN in re “Schnaidermann” sentencia del 08/04/08) que en la forma ejercida para con el demandante contundentemente se muestran arbitrarias por ilegales, es decir, por no haber observado las normativas que rigen su actuación y que de ninguna manera le brindaban margen alguno para que no sean cumplidas, todo lo cual conlleva inexorablemente a darle razón a la actora en su planteo nulificante.
			Es que de considerarse apegada a la juridicidad el obrar de la Administración dispensado al demandante se difuminaría por completo la finalidad de la reglamentación aplicada a los ascensos policiales que constituye el marco jurídico que debe respetar la Junta. Entre ellos se encuentra el de resguardar a los agentes que se posicionan en defensa de sus derechos en una relación de servicio al momento de decidirse su preciado derecho a la carrera profesional. 
			Asimismo, convalidar la legitimidad del obrar administrativo en el caso implicaría admitir que el reconocimiento de la excepcional prerrogativa de fundar genéricamente actos administrativos como el que le agravia a Novelli que presupone -justamente- que en momentos anteriores se le haya permitido a los participantes ejercer el debido control de la regularidad del procedimiento de selección, validaría un injustificado desbalanceo en perjuicio del ciudadano en la clásica ecuación que la justicia administrativa debe controlar: prerrogativas públicas vs. garantías de los ciudadanos, máxime si éstas se encuentran expresamente incluidas en la categoría de derechos preferidos como son los derechos humanos en donde se ubica la tutela judicial y administrativa efectiva en la que textualmente nuestra Constitución provincial brinda a los entrerrianos a obtener -entre otros actos de autoridades públicas- actos administrativos "suficientemente fundados" y que respeten el principio de legalidad en tanto se prohíbe la "arbitrariedad" (artículo 65) que se configura cuando, como en el caso del accionante, la Administración pública no cumple lisa y llanamente con la ley. 
			No se trata aquí de la incorrecta invasión de esferas competenciales propias del poder administrador sino de que éste cuando actúe y decida frente a los ciudadanos lo haga en base a las potestades que posee y que en gran medida las detenta en un régimen policial de naturaleza castrense (cuasimilitar) pero que también respete no sólo los derechos de los agentes policiales sino también el principio de juridicidad que debe ser controlado en el proceso administrativo máxime si en el caso se trata de cargos intermedios y no aquellos que constituyen los escaños más altos de la jerarquía policial en donde campean otros principios más reservados a la discrecionalidad política que merecen ser confiados con mayor distancia de análisis judicial al poder administrador.
			Todo lo expresado conduce a justificar la convicción de que la declaración de nulidad pretendida por el demandante debe prosperar.
			Los fundamentos utilizados por el actor por los que considera debió ocupar una posición más elevada en la calificación general que le hubiese permitido encontrarse comprendido entre aquellos para los cuales había cargos disponibles los sitúa en que él ostentaba la antigüedad general y la antigüedad calificada exigidas como condiciones necesarias para ascender; en sus altas calificaciones conceptuales ("máximas") que efectivamente obran acreditadas con la agregación de las fojas de conceptos disponibles a fs. 163 y vta. y 164 y vta. (períodos "2008-2009" y "2009-2010" ambas con el promedio máximo: 90), su comportamiento "altamente positivo dentro de la fuerza".
			En tal sentido, hace referencia a las denominadas "Nota Cargo" y "Nota Junta" en tanto la Junta de Calificaciones al actuar -como lo hizo- lo realiza en forma secreta al no notificar a los funcionarios policiales interesados.
			La gravedad del incumplimiento de las reglamentaciones vigentes no sólo es formal (enmarcado en el principio jurídico administrativo que enuncia que la actuación de toda la Administración pública es formal) sino que ese carácter se inscribe en el principio de juridicidad (art. 65 Constitución provincial) lo que apareja además la afectación del derecho (no ya un mero interés legítimo) reconocido en la reglamentación del  procedimiento a favor de Novelli de conocer primero la puntuación que le fue asignada y ulteriormente a ello de reclamar la explicación de los motivos por los cuales se lo calificó numéricamente de la manera dada y en cuya consecuencia no accedió al ascenso interesado.
			Se reitera no constituye una mera formalidad carente de sentido la omisión de notificarlo de las puntuaciones asignadas sino todo lo contrario puesto que tales calificaciones inexplicadas en su conformación fueron adoptadas in totum por la jefatura de la policía y por el propio gobernador, motivo por el cual, en este caso fueron claramente determinantes de la exclusión de Novelli de los oficiales a ascender siendo que no se discute en la causa que se encontraba en condiciones de ascender. 
			Resulta claro, por lo tanto, que el agravio es relevante y le produjo una merma en un derecho subjetivo público otorgado por el ordenamiento jurídico aplicable al procedimiento administrativo en el cual el demandante participó puesto que no se le permitió en tiempo y forma notificarse y así tomar conocimiento de las calificaciones de la Junta y tener la posibilidad de cuestionarlas o de pedir explicaciones, violándose así la tutela judicial y administrativa efectiva (art. 65 C.P.) integrada por la garantía al debido proceso administrativo comprendido en el derecho de defensa (art. 18 C.N.).
			El accionante basado en la falta de anoticiamiento oportuno, en la imposibilidad de cuestionar las notas asignadas y sumado al hecho jurídico del silencio administrativo con que acude al proceso lo conducen a considerar que las bajas e inexplicadas puntuaciones asignadas por la Junta de Calificaciones resultan ser la manifestación de un encubierto acto sancionatorio causado por un trato discriminatorio, poniendo énfasis en el evidente incumplimiento de las normas establecidas que regulan el funcionamiento de dicho órgano técnico que son encasillables en lo que la doctrina denomina como actividad reglada por lo que la decisión cuestionada válidamente por él padece del vicio de arbitrariedad al haberse adoptado en procedimiento no ajustado a derecho, por haberse incumplido lo dispuesto al efecto por el Reglamento de Calificaciones.
			Pese a ello, sin embargo, se considera que la invocación de parte de la actora de los móviles que justificarían las calificaciones que les fueron asignadas por la Junta y que a la postre fueron determinantes a la hora de no lograr el ascenso pretendido que recalan en motivos de índole discriminatorios para con él que se conjugaban con finalidades sancionatorias no sólo no resultan atendibles por su falta de prueba sino por no encontrarse necesariamente presentes en la causa ni a lo largo de las profusas actuaciones administrativas y judiciales analizadas.
			Si bien se ha concluido que se ha vulnerado el principio de juridicidad en el procedimiento administrativo analizado al impedirle a Novelli poder desplegar y ejercer su derecho concedido por la reglamentación aplicable por el cual se le permite controlar y, en su caso, cuestionar las notas impuestas antes de que se dicte el acto administrativo fundado en ellas que lo dejó al margen del ascenso, de ello no se colige que haya habido ánimos discriminatorios ni sancionatorios para con él.
			Recuérdese que para considerar que el móvil respondió a tan grave causa que afecta gravemente los derechos humanos de quien lo padece no sólo se exige la violación del principio de igualdad constitucional (art. 16 C.N.) sino que quien invoca haber sido discriminado debe denunciar que ello acaeció por encontrarse dentro de algunos de los supuestos de las denominadas "categorías sospechosas" (de discriminación) delineadas por la Corte Suprema nacional en autos "Hooft..." en cuya sentencia destacó que dentro de los motivos de discriminación deben aparecer razones políticas, de género, gremiales, de nacionalidad, etc. las que, justifican incluso la inversión de la carga probatoria (CSJN en autos "Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad" sentencia del 16/11/04) lo que en este caso no acontece puesto que el accionante se siente discriminado pero no denuncia en base a qué categoría sospechosa de discriminación considera ha sido ponderado por la demandada para tratarlo de esa forma.
			Tampoco se encuentran presentes en forma clara ni difusa motivos sancionatorios para con el actor al no ascenderlo. Es que la arbitrariedad del manejo de la Junta en tanto no cumple con las disposiciones reglamentarias que rigen su accionar constituyen formas de proceder que hieren de nulidad su actuación por vulnerar el principio de legalidad que resguarda a los ciudadanos de los atropellos del poder público pero que -asimismo- se ha desplegado como una forma de proceder contra legem pero no sólo particularizada respecto de Novelli sino respecto de todos los participantes del procedimiento cuestionado generalización que por aplicación de la lógica desecha el reproche dado. 
			5. Corresponde, a esta altura del discurso, continuar con el análisis de la alegada presencia de vicios en los elementos esenciales del acto administrativo puesto en crisis (Decreto 16/11) que conllevaría a la declaración de su nulidad en tanto ha sido impugnado y más allá que los actos que le precedieron -al no haber sido notificados al actor- no producen sus efectos propios motivo por el cual no requirieron ser objeto de embate formal por él pero que, de declararse la nulidad de aquél, serán afectados por ello al irradiar indefectiblemente iguales efectos sobre ellos.
			En fecha 28/12/10 la Jefatura de la Policía dictó la Resolución DP 1912 donde estableció el orden de mérito en la escala jerárquica policial del personal superior sobre cuya base se efectuarían los ascensos del período correspondiente al año 2010 disponiéndose la calificación definitiva para los ascensos al grado inmediato superior, en el cual Novelli se encontró en el lugar 19° (ver: fs. 186), acto administrativo que se replica en su contenido en el Decreto 16/11 MGJyE (ver: fs. 202/203) aunque en éste sólo el listado contempla a aquellos que efectivamente ascendieron, es decir, hasta la ubicación 14° dado que según su 3er. considerando se corresponden con las vacantes presupuestarias disponibles para atender esas promociones decidiéndose promover al grado de Comisario Principal con base, según sus fundamentos, en la propuesta efectuada por la Jefatura de Policía con asesoramiento de la Junta de Calificaciones (según lo consigna el “Visto” de dicho acto administrativo, ver fs. 202).
			Indudablemente el Decreto 16/11 se sustenta directa y exclusivamente en el orden de mérito que fuera establecido por Resolución DP 1912/10 que adoptó el proporcionado por la Junta quien no honró en su confección las disposiciones legales aplicables a tan importante como delicada labor.
			El accionante sostiene -con insistencia- que debió ocupar una mejor posición porque la Junta debió ponderar su antigüedad general, la antigüedad en la jerarquía, el puntaje en el Curso de Oficiales Principales, el concepto de sus superiores y sus demás condiciones, las felicitaciones obtenidas, la ausencia de sumarios administrativos tramitados en su contra, la falta de sanciones graves y la no utilización de licencias por enfermedad todo lo cual demostraría a su juicio que se encontraba en mejores condiciones que otros funcionarios que fueron preferidos por la demandada.
			Su planteo es atendible y se sustenta claramente en la inobservancia del procedimiento legalmente establecido para que se le explique "suficientemente" (art. 65 C.P.), es decir, adecuadamente, porqué se lo calificó de tal manera.
			Aunque, debe aclararse desde ya, que el hecho de que se haya encontrado en condiciones de ascender no significó -como él lo sostiene- la obtención de un derecho adquirido en forma automática al ascenso.
			Es que la vulneración padecida en su derecho al debido procedimiento administrativo se configura en un escaño lógico anterior al alegado derecho al ascenso dado que al encontrarse en la situación contemplada en la norma reglamentaria (participar en un procedimiento administrativo de calificaciones) se incorporó a su patrimonio como derecho adquirido el de tener la posibilidad de pedir y recibir explicaciones de las calificaciones a él aplicadas. 
			Ése es el derecho que no fue atendido y que provoca la nulidad del procedimiento administrativo que lo cercenó pero ese derecho afectado no le otorga otro distinto a él que es el pretendido por el actor que lo sitúa -sin más- en el de ascender al cargo aspirado puesto que éste no deriva ni se colige en el orden lógico, sí puede considerarse que se le ha violado un derecho que requiere ser resarcido convenientemente pero ese derecho no es al ascenso sino al debido proceso al haberse vulnerado -en su perjuicio- el principio de legalidad del obrar estatal.
			Se dijo que el agravio no es solamente de índole formal sino sustancial puesto que lo sitúa en un elemento determinante cual es lo que considera, en primer lugar, la imposibilidad de ascender por selección y por antigüedad calificada como lo establecen las normas, mientras que la Junta lo hace sólo por selección sino también en la baja calificación que le fuera impuesta por dicho órgano técnico en las denominadas “nota junta” y "nota cargo" puesto que no encuentra justificación alguna a que haya sido puntuado con "90" y "86" -respectivamente, lo que implicó -al promediar con el resto de sus calificaciones- que se ubicara en el puesto 19° para el cual no había vacantes disponibles. 
			Advirtió Novelli con razón que los que se ubicaron en escala superior a él y lograron ascender tuvieron mejores puntajes en las notas "junta" y "cargo" sin que se sepa el motivo de ello, ni como lograron mejores notas los ascendidos ni sabe cómo él mismo -por tal inexplicada calificación- no accedió al ascenso, lo que torna la decisión adoptada en arbitraria.
			Los agravios que le produce la falta de explicaciones se agudizan en su necesidad y profundizan la arbitrariedad alegada con razón dado que los elementos a ponderar por la Junta para calificar se encuentran establecidos reglamentariamente y se componen de ítems que el accionante los cumplimentaba, en tanto, efectivamente las mentadas condiciones alegadas por él estaban presentes al momento de la evaluación (p.ej. las felicitaciones obtenidas que se observan en su legajo a fs. 154/332, la ausencia de sanciones, ni faltas, cumplimiento del mínimo de antigüedad para el ascenso, conceptos calificados con el máximo de puntuación por sus superiores, etc.; ver: fs. 163 y vta. y 3/4 del legajo de documental adjunto al cuerpo del expte. principal) y que no deberían ponderarse en esta causa respecto de períodos posteriores al correspondiente al procedimiento impugnado dado que ello implicaría efectuar un análisis que excede el marco de estudio de esta causa por no encontrarse comprendidos en ella. 
			Sin embargo, se reitera, no sólo ascendieron camaradas cuyos ítems a promediar eran menores que los suyos, sino que además nunca pudo saber el porqué de la baja puntuación que a la postre lo alejara de los puestos en los que había vacantes de la jerarquía de comisario principal al que aspiraba, afirmando que nunca supo de ello y que jamás fue notificado de dicho dictamen, argumento que merece ser atendido con especial cuidado.
			En efecto, es correcto sostener que la motivación de los actos pluriindividuales (Resolución DP 1912/10 y Decreto 16/11 MGJyE) admite sea efectuada con generalidad, laxitud, cierta vaguedad, es más, incluso puede consistir en meras remisiones a documentos, informes y dictámenes producidos en el procedimiento administrativo previo, sin que ello mengüe los derechos de sus destinatarios.
			Ahora bien, esa excepcional mirada condescendiente con las prerrogativas administrativas ante el hecho jurídico que la justifica (lo que la doctrina ha denominado como "tráfico en masa") requiere su corrección y contrabalance cuando el sujeto invoca un interés jurídico relevante afectado por tal tipo particular de acto administrativo al pedir mayor precisión y detalle en la respuesta que la Administración pública deba darle al considerar (justificada o injustificadamente) que le causa perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos lo que -y ello no es menor- no sólo se encuentra permitido sino previsto expresamente por la reglamentación aplicable.
			La afectación de los derechos en el caso del actor se produce en un momento anterior al dictado del acto administrativo impugnado concretada en la imposibilidad de acceder a los antecedentes de hecho y derecho que debieron serle ofrecidos por la demandada (Junta de Calificaciones) para que pueda comprobar la corrección del obrar administrativo llegando a esta instancia aún ocultos a su conocimiento no por su inacción o falta de esfuerzo por lograr obtenerlos, sino por la autómata postura asumida por la demandada que no sólo nunca se los proporcionó de manera de que los sólidos reparos que Novelli le endilga a las calificaciones que la Junta inexplicadamente le asignó y que a la postre en la sumatoria del puntaje lo alejara de los puestos en la escala superiores para los cuales había disponibilidad de vacantes pudieran ser evaluados por el mismo y así solicitar las explicaciones que aún no han sido dadas ya que los argumentos de la demandada reposan en potestades discrecionales que -ejercidas conforme a derecho- nunca pueden contraponerse a la de los ciudadanos que recalan en el pedido de motivación suficiente que exige la Constitución provincial en su artículo 65.
			De haberse evacuado oportunamente las razones por las cuales al accionante se le aplicaron las notas asignadas le hubiese permitido desistir de iniciar el procedimiento reclamativo emprendido o tal vez poder cuestionar las razones dadas por considerarlas injustas, irrazonables, arbitrarias o -por qué no- simplemente equivocadas o erróneas, todo ello hubiese también admitido -a su vez- que la Administración pública en su seno pueda rever su postura en ejercicio de la prerrogativa de la autotutela y ratificar o no lo decidido enriqueciendo el debate y precisando el núcleo controversial para que finalmente este Tribunal pueda corroborar si la accionada vulneró el principio de juridicidad en el caso, hipótesis todas que no se transformaron en realidad dada la actitud deliberadamente incumplidora de las disposiciones legales de la demandada: al no respetar las disposiciones que establecen claramente qué ítems deben considerarse al momento de ascender a oficiales y al no permitirle a los interesados verificar las notas y consecuentes órdenes de los listados que confecciona la Junta de Calificaciones conforme a las expresas disposiciones que así lo imponen, negativa que se replica porque tampoco se les notifica la Resolución que dicta el Jefe de Policía previo al Decreto del Gobernador que se transforma en el acto final que sella el "secretismo" (como lo denomina el demandante con razón) del procedimiento administrativo de ascensos en este nivel no superior de las jerarquías de oficiales policiales.
			6. Propuesta la declaración de nulidad corresponde dilucidar la procedencia de la confusa pretensión formulada por Novelli en tanto pide (recuérdese que lo califica como un derecho adquirido) el ascenso a Comisario Principal cuando en realidad la declaración de nulidad no reposa en la vulneración de ese derecho (dado que ya se explicó no logra titularizarlo como efecto directo de la nulidad que se declara) sino en el también invocado derecho a la tutela judicial y administrativa efectiva en donde se incluye el debido proceso y procedimiento administrativo.
			Esa grave afectación del derecho del demandante genera el consecuente derecho a reparación del daño irrogado que no es otro que el de una expectativa (fundada por cierto, pero no más que eso) que la demandada suprimió ilegítimamente, por ello es que habrá que precisar su procedencia y cuantía, máxime si se tiene en cuenta que -como se expresara anteriormente- la demanda refiere indistintamente como sinónimos a su pretensión al ascenso como a la reparación de la pérdida de una expectativa aunque tolerada no sólo por el principio jurídico procesal desagregado del derecho humano fundamental al acceso a la justicia denominado como in dubio pro actione sino también justificado en el ingreso al proceso administrativo por el instituto del silencio que puede también alentar un tratamiento más relajado de las pretensiones del actor ante una contienda que no se encuentra precedida de declaraciones formales de la administración que acoten el objeto de la litis que de ninguna manera y ocasión debe colocarla en una posición de ventaja respecto del ciudadano cuando ha sido silenciosa.
			La procedencia del reconocimiento del derecho a la expectativa frustrada en el régimen de ascensos policiales ha sido objeto ya de consideración por este tribunal, al que el vocal ponente hizo referencia, en los siguientes términos que resultan aplicables también aquí cuando se expresó "la "frustración de la posibilidad" de ascender no es mera probabilidad o "mantenimiento de la esperanza" en los términos que este Tribunal definiera en los autos... ("Gutiérrez"): "...el tipo de daño que eventualmente debería analizarse no sería de la clase del calificado como emergente, sino, a lo sumo, de "pérdida de chance" definido como la frustración de una posibilidad, en el que "coexisten dos elementos: la certeza y la probabilidad. Certeza sobre que si no hubiera acontecido el incumplimiento o el hecho dañoso la persona damnificada 'habría mantenido la esperanza en el futuro que le hubiera permitido obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial' e incertidumbre de que 'manteniéndose la situación de hecho o de derecho que era el presupuesto de la 'chance' la ganancia se habría en realidad obtenido, o la pérdida evitado'" (TANZI, Silvia Y. "Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las personas", Ed. Hammurabi, José Luis Depalma Editor, Bs. As., 2005, p. 309 -con cita de Zannoni, 'El daño en la responsabilidad civil', p. 50-); debiendo tenerse presente, además, que la procedencia de la indemnización de este rubro depende de las circunstancias concretas de cada caso, ya que "...será indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador" (art. 1739 in fine del nuevo Código Civil y Comercial -Ley 26994-, no vigente aún, pero cuya definición se trae a colación para verificar el carácter contingente del referido rubro indemnizatorio)." "Enríquez, Sergio Ramon C/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo" Expte. Nº 2000/S, del 22/04/16.
			En conclusión ha quedado demostrado en la causa que el accionante tenía legítimas, atendibles y razonables expectativas de ascender al cargo de Comisario  Principal que fueron frustradas injustamente, cercenadas ilegítimamente por la demandada y que concretaron temporalmente como daño resarcible a partir de la fecha que pudo haber ascendido, es decir, desde el 1°/01/11; como también ha quedado acreditado en la causa que pasó a Retiro Voluntario por Decreto N° 1040 MGJ del 22/04/15 en la jerarquía de "Comisario" (fs. 505/506) y que el inicio efectivo del comienzo de su situación de pasividad acaeció el 01/10/15 (ver: informe de la Caja de Jubilaciones de fs. 508).
			Tales hechos jurídicos administrativos tenidos en cuenta para la delimitación temporal de la presencia del daño sufrido como asimismo la determinación de su cuantía justifica que el daño padecido como pérdida de chance se establezca en un 40% (cuarenta por ciento) -como lo propone el voto ponente- de la diferencia de haberes existentes entre la jerarquía (comisario) y la que pudo haber accedido (comisario principal) al habérsele afectado sus derechos al debido proceso administrativo. Debe aclararse -por lo demás- que el daño padecido no se traslada más allá del momento en que adquirió el estado de pasividad dado que fue en ese preciso momento en el cual la expectativa dejó de estar latente ante el retiro voluntario del afectado.
			Respecto del daño moral y del psicológico requeridos debe considerarse que los mismos no han sido de ninguna manera probados en la causa, de manera tal que no permiten ser ponderados en su necesaria acreditación lo que obsta a sus reconocimientos y deben ser rechazados. 
			En igual sentido este Tribunal ha expresado -en relación al daño moral pero que admite ser extendido al psicológico pedido- que "...La petición de la indemnización del daño moral requiere para su procedencia que éste se pruebe (la doctrina ha admitido la inversión de la carga de la prueba  en este rubro indemnizatorio en supuestos de indemnización de afecciones legítimas vinculadas al parentesco, o lo que se ha dado en llamar "daño moral notorio" (v.gr. daño moral provocado por la muerte de un hijo, -Cazeaux-Trigo Represas, op. cit. p. 488) o en el caso de lesiones corporales, recurriendo también a la idea de supuestos de "notoriedad del dolor" -MOSSET ITURRASPE, Jorge `Responsabilidad por daños´, Rubinzal-Culzoni Editores, Bs. As., 1999, T. V 'El daño moral', pp. 237/238), siendo más exigente aún en casos de daño moral derivado del incumplimiento contractual categoría aplicable a la relación jurídica entre demandante y demandada.-	Así, sobre la prueba del daño moral, se ha dicho que el principio es que "el daño moral debe ser probado en su existencia y gravedad" (MOSSET ITURRASPE, J., op. cit., pp. 236, 240), sin perjuicio de la aplicación de presunciones hominis derivadas de la acreditación de ciertos hechos.-" in re  "Acosta, Héctor Rubén c/ Municipalidad de Paraná s/ Contencioso Administrativo", Expte. Nº 3470/S, sentencia del 26/08/15.
			Al monto reconocido como indemnización por pérdida de chance deberán adicionarse los respectivos intereses que se calcularán conforme a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días, conforme la doctrina legal para el fuero establecida por el Superior Tribunal de Justicia en sentencia dictada en autos "Baretic, Eduardo Enrique c/Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y Estado Provincial s/contencioso administrativo" del 09/02/15; reiterada en "Melini, Jorge Alberto c/Estado Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos -contencioso administrativo s/recurso de inaplicabilidad de ley" del  16/02/16. 
			Lo que resulta, asimismo, del Decreto 7846/04 MEHF  -B.O. 05/04/05-, el cual fija idéntica tasa para resarcir el incumplimiento del Estado en el pago de las obligaciones asumida con los proveedores y contratistas. 
			Las decisiones judiciales como la norma local especial apuntada se encuentran en perfecta armonía con lo establecido al respecto por el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 768 inc. b) en cuanto que la tasa se determina, ante ausencia de acuerdo de partes, " (...) por lo que dispongan las leyes especiales (...)". 
			7. Como consecuencia de todo lo antes expresado, la demanda es parcialmente admitida en la forma antes expresada imponiéndose las costas en partes iguales al actor y a las demandadas considerando que ha habido vencimientos parciales y mutuos según lo permite el artículo 68 del CPCyC por remisión expresa del artículo 88 del CPA.
			Así voto.
			A SU TURNO, LA SEÑORA VOCAL SCHUMACHER manifiesta que en orden a la única cuestión en la que los votos precedentes no arriban a un acuerdo es que limitaré mi opinión a salvar tal falta de mayoría en la decisión, sin emitir ni votar sobre el resto de las conclusiones y justificaciones que, con extensión, han decidido la suerte de este proceso, a través del análisis coincidente en su conclusión y fundabilidad de mis colegas Baridón y Gonzalez Elías.
			Puesta en esa tarea, en los puntos 25, 26 y 27, el señor vocal de primer voto llega a la conclusión que, para que las pretensiones pecuniarias prosperen, no resulta necesario que este tribunal haga lugar a la pretensión anulatoria del Decreto 16/11, por las razones que expuso.
			Por el contrario, el señor vocal Gonzalez Elías, propicia la declaración de nulidad.
			Comparto la conclusión y la justificación del Vocal Baridón, por resultar coincidente con el análisis que convocara mi decisión en la causa "Rodríguez" que cita.
			Destaco, asimismo, que distinta sería la solución si el actor no hubiera arribado por silencio administrativo a esta instancia ya que en la presentación ante la Administración donde solicitó la anulación del Decreto 16/11 incluyó la indemnización que hoy se transforma en eje de este juicio, por lo que, de haberse configurado la denegatoria expresa respecto de ese punto, la anulación de tal acto hubiera devenido inevitable como consecuencia de la lógica de la solución de la causa.
			Así voto.
			Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

			 			Marcelo Baridón						
   		               			    Presidente 							

    Hugo Rubén Gonzalez Elias				     Gisela N. Schumacher
         Vocal de Cámara						Vocal de Cámara
           - Disidencia parcial-                                                                 
                                                                                    		      
SENTENCIA:
PARANÁ,   15  de febrero   de 2019.
VISTO:
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y lo dictaminado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal;
SE RESUELVE:
I. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Hugo Santiago Novelli contra el Estado Provincial y, en consecuencia, condenar a este último a abonar al actor una suma de dinero en concepto de indemnización por pérdida de chance, estimada en un cuarenta por ciento (40%) de las diferencias salariales habidas entre su último grado de revista activa y el inmediato superior en la escala durante el período de veintiséis meses; ello con más los intereses hasta su efectivo pago, calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
			II. Rechazar las pretensiones de nulidad del Decreto 16/11; la jerarquización del accionante en el grado de Comisario Principal al mes de enero del año 2011; el consecuente pago de las diferencias salariales generadas producto del ascenso retroactivo solicitado y daños y perjuicios -daños emergentes, daño psíquico, psicológico y daño moral-  (artículo 70 inciso c) del C.P.A.). 
			III. Imponer las costas en partes iguales al actor y a la demandada, al haberse producido vencimientos parciales y mutuos (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable por remisión dispuesta por el artículo 88 del Código Procesal Administrativo). 
			IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
			Registrar, notificar, conforme arts. 1 y 4 del Acuerdo General Nº 15/18 del Superior Tribunal de Justicia -Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE)-, oportunamente devolver las actuaciones administrativas agregadas por cuerda, y, en estado, archivar.  	  

			 			Marcelo Baridón						
   			    			    Presidente 							

													Si///- 
-///guen las firmas: 

    Hugo Rubén Gonzalez Elias				     Gisela N. Schumacher
         Vocal de Cámara						Vocal de Cámara
           -Disidencia parcial-                                                                      

ANTE MI:

		 Alejandro Grieco
		      Secretario

Se registró. CONSTE. 

        		 		 Alejandro Grieco
             			      Secretario