LEY 9.424 (B.O. 16/08/02) CREACION REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Artículo 1º – Créase el Registro de Deudores/as Alimentarios de la Provincia de Entre Ríos el que funcionará en el área de la Subsecretaría de Justicia.

Artículo 2º – Serán considerados deudores alimentarios, a los efectos de esta ley, todas aquellas personas que adeuden más de tres (3) cuotas alimentarias consecutivas o más de cinco (5) cuotas alternadas, estas últimas en el período de 1 año a contar desde la determinación de la obligación, sean alimentos provisorios o definitivos, dispuestos judicialmente, o acordados ante la Defensoría de Pobres y Menores y/o Juzgados de Paz, siempre y cuando estos acuerdos se encuentren debidamente homologados por el Juez competente. No serán considerados deudores alimentarios quienes, antes del vencimiento de los términos establecidos, se presenten ante el Juez y justifiquen en forma fehaciente el motivo que originó el impedimentos de cumplir con las cuotas alimentarias a su cargo.

Artículo 3º – Son funciones del Registro de Deudores/as Alimentarios: a) Llevar un listado actualizado mensualmente de todos los/las deudores alimentarios.

b) Expedir certificados ante simple requerimiento de persona física o jurídica que acredite su interés o resulten facultados por la presente ley, sin costo alguno.

c) Comunicar al Juzgado, Defensoría de Pobres y Menores o Juzgado de Paz que lo solicite, en su caso, el conocimiento sobre las tramitaciones de préstamos ante las instituciones a que se refiere el artículo décimo, a fin de que el interesado/a pueda ejercer las acciones correspondientes. Dicha comunicación deberá hacerse en un plazo no mayor de tres (3) días.

Artículo 4º – El Juez competente deberá informar al registro los datos de los deudores/as alimentarios morosos a fin de mantener su actualización. Asimismo deberán comunicar la regularización de la deuda para la baja correspondiente. Dicha comunicación deberá producirse dentro de los cinco (5) días de constatada la misma.

Artículo 5º – Las reparticiones y/u organismos públicos de la Provincia no podrán otorgar habilitaciones, concesiones, licencias, y/o permisos, efectuar contrataciones en general, ni designar como funcionarios jerárquicos a quienes se encuentren incluídos en el Registro de Deudores/as Alimentarios. Antes de tomar la decisión respectiva, deberán requerir a éste la certificación de que las personas de referencias no se hallen inscriptas como deudores/as alimentario moroso.

Artículo 6º – Los proveedores del Gobierno de la Provincia, los permisarios, licenciatarios y concesionarios deberán, como condición para cualquier actuación, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran incluídos en el registro. En el caso de las personas jurídicas, tal requisito deberá ser cumplimentado por quién la represente y/u otorgue mandato. En caso de que la solicitante no cumpla con el requisito establecido deberá rechazarse la correspondiente solicitud.

El Gobierno Provincial y los gobiernos municipales que adhieran a la presente ley, requerirán informes al registro, respecto de sus proveedores inscriptos como tales.

Artículo 7º – Los partidos políticos para oficializar las candidaturas deberán acompañar además de los requisitos pertinentes, la certificación de no estar incluídos en el registro respecto de todos los postulantes a cargos efectivos provinciales o municipales. Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato.

Artículo 8º – No podrán someterse a consideración de la Honorable Cámara de Senadores los pliegos presentado conforme al artículo 63º inciso 2º de la Constitución Provincial que no vengan acompañados por certificado de no afectación del registro.

Artículo 9º – Los tres poderes del Estado deberán exigir a las personas que concursen, se designen o contraten como empleados un certificado otorgado por el Registro de Deudores/as Alimentarios. En caso de que el empleado sea deudor/a alimentario, el organismo de que se trate deberá comunicar en que dependencia trabaja el empleado a fin de que el registro lo comunique al Juez que interviene en la causa.

Artículo 10º – Se invita a los bancos oficiales, y empresas e instituciones privadas a que establezcan como requisito para el otorgamiento de los préstamos, apertura de cuenta corriente, o caja de ahorros, tarjeta de créditos, depósitos a plazo fijo y/o cualquier otro tipo de operación económica financiera, solicitados ante cualquier entidad financiera habilitada en la Provincia, el acompañamiento del certificado de registro donde conste la situación el peticionante o beneficiario. En caso de que el certificado arroja la existencia de una deuda alimentaria, se comunicará en forma inmediata la aprobación de la operación interesada al registro, a fin de éste informe al Juzgado, Departamento de Pobres y Menores y/o Juzgados de Paz que correspondan.

Artículo 11º – Se invita, asimismo a las personas físicas y/o jurídicas que actúan como empleadores en un contrato de trabajo, a que soliciten ante el registro un certificado con los alcances del artículo 4º. En caso de que el dependiente sea deudor/a alimentario, informarán dicha circunstancia al registro para que este lo comunique al Juez que interviene en la causa.

Artículo 12º – Se declarará “amigo de la familia” a los agentes del sector que actúen conforme a lo previsto en el artículo precedente.

Artículo 13º – El Registro de Deudores Alimentarios podrá suministrar la base de datos actualizados a los registros de morosos privados y/o empresas de información comercial.

Artículo 14º – Se invita a todos los Municipios de la Provincia a adherir a la presente ley.

Artículo 15º – Comuníquese, etc.-