LEY 9.246 (B.O. 29/03/00) CREACION DE JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 1º – Créanse en el territorio de la Provincia de Entre Ríos dos (2) Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú, cuyos despachos se ubicarán en las dependencias de las Unidades Penitenciarias, dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia, de las ciudades de Paraná y Gualeguaychú.

Artículo 2º – Competencia territorial

a) El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con asiento en la ciudad de Paraná, tendrá competencia territorial en los Departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Feliciano, Victoria, Gualeguay, Villaguay y Nogoyá.

b) El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, tendrá competencia territorial en los Departamentos de Gualeguaychú, Concordia, Federal, Federación, Colón, Tala, Concepción del Uruguay, Islas de Ibicuy y San Salvador.

Artículo 3º – Competencia material

Es competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dentro de su jurisdicción, y respecto de los penados por jueces de los Tribunales de la Provincia de Entre Ríos:

a) Aplicar, conforme al régimen progresivo de la Ley Penitenciaria Nacional y demás normas de la materia, las penas privativas de la libertad firmes dispuestas por autoridad judicial, verificando el cumplimiento de las diferentes modalidades de las penas en las distintas etapas del régimen progresivo seleccionado.

b) Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de los penados.

c) Resolver acerca de la suspensión, aplazamiento y cesación de medidas de seguridad resueltas por la autoridad administrativa y acerca de todo conflicto suscitados dentro del Servicio Penitenciario con los internos.

d) Resolver el grado de apelación sobre las sanciones graves aplicadas en sede penitenciaria.

e) Disponer y autorizar el traslado de detenidos a los distintos establecimientos carcelarios según las necesidades de seguridad y del régimen progresivo de la pena, como asimismo lo atinente a los beneficios del condenado.

f) Bregar permanentemente por la reinserción familiar y social de los penados, adoptando las medidas que fueren conducentes a tal fin. Autorizar conforme la ley de prosecución de la pena y de acuerdo a las distintas etapas, las salidas transitorias, ya sea por cuestiones familiares, laborales o de tratamiento médico-sanitario.

g) Entender en todo lo relacionado con la libertad del condenado con posteriodad a la sentencia, rebaja y conmutación de penas, estudio y relaciones laborales, extinción de la condena y todo lo relativo al Patronato de Liberados.

h) Fiscalizar las condiciones de alojamiento del lugar en que se deba cumplir la pena o medida de seguridad.

i) Aplicar el principio de ley más benigna, cuando por una Ley posterior hubiere lugar a reducción y/o extinción de la pena.

j) Garantizar la adecuada atención médico-sanitaria para aquellos internos que padezcan de H.I.V. Como también cualquier otra enfermedad infecto contagiosa.

Artículo 4º – Deberes y atribuciones

1) Efectuar inspecciones mensuales, en los establecimientos donde se cumplan las penas o medidas de seguridad dentro de la jurisdicción o en menor término cuando las necesidades así lo requieran.

2) Organizar una oficina en cada Unidad Penal de su jurisdicción, a cargo de un funcionario del Servicio Penitenciario Provincial designado a tal efecto con acuerdo de la autoridad administrativa, para que lo represente cuando fuere necesario y comunique de inmediato todas las novedades que se produzcan en los establecimiento respectivos.

3) Informar al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia sobre la conducta y el estado del tratamiento en los pedidos de libertad condicional, conmutaciones de penas o libertad condicional, conmutaciones de penas e indultos.

4) Garantizar el tratamiento personal de los procesados y penados, como también el adecuado control de alojamiento, sanitario, provisión de medicamentos y alimentos de los internos.

5) Informar anualmente a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y al Juzgado o Tribunal que impuso la pena o medida de seguridad, sobre la marcha del tratamiento, formulando una evaluación de cada uno de los penados de su jurisdicción. A los fines del cumplimiento del informe referido, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad será asistido por el equipo interdisciplinario, pudiendo asimismo requerir a la autoridad penitenciaria de cada uno de los establecimientos carcelarios de su jurisdicción un informe personal de cada uno de los penados que cumplen sentencia en dichos establecimientos.

Artículo 5º – Requisitos y designación.

Serán requisitos para ser designado Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad los exigidos para ser Juez de Primera Instancia conforme al artículo 151 de la Constitución Provincial y su designación a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado según el artículo 154 de la Constitución Provincial.

Artículo 6º – Estructura orgánica de los Juzgados de Ejecución de Penas.

La jurisdicción del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad será ejercida por un juez que será asistido por un secretario, designado en la misma forma y atendiendo los mismos requisitos que los exigidos para la designación del secretario de los Juzgados de Instrucción.

Contará con un equipo profesional interdisciplinario, compuesto por: un (1) médico clínico, un (1) médico psiquiatra, un (1) psicólogo, un (1) asistente social y un (1) terapeuta ocupacional, designado por concurso y de acuerdo a la normativa que a tales fines se disponga.

Artículo 7º – Reemplazo

En caso de ausencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de su jurisdicción, impedimento, inhibición o recusación, conforme lo establecido en el artículo 51 y sstes. del C.P.P., será reemplazado por los jueces con jurisdicción en el asiento de establecimiento donde se encuentre alojado el penado, en el siguiente orden:

a) Por los jueces de Instrucción en orden de nominación, o su subrogante legal.

b) Jueces Correccionales en orden de nominación, a su subrogante legal.

c) Abogados de la lista (a tal efecto se confeccionará una lista en las seccionales del Colegio de Abogados de Entre Ríos), que actúen como jueces ad hoc.

Artículo 8º – Recursos.

Las decisiones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, serán susceptibles del recurso de conformidad con lo previsto en los artículo 44, 45 y concordantes de la Ley 8369, en tanto configure el supuestorevisto en el artículo 32 inco b) de la Ley citada en el presente artículo.

Artículo 9º – Audiencia de conocimiento

El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, debe tomar personal conocimiento de quien comience a cumplir una sentencia privativa de la libertad o una medida de seguridad dispuesta por jueces competentes. A tal fin fijará una audiencia dentro de los treinta días de comenzada la ejecución de la pena. Llegado el día y la hora fijada por el juez, éste abrirá a sesión para escuchar al condenado en compañía de su defensor, respecto de sus condiciones personales, familiares, económicas, sociales, culturales, para lo cual formulará un cuestionario que debe ser contestado oralmente por el mismo. Acto seguido el juez conjuntamente con el equipo interdisciplinario y la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos discutirá los aspectos relacionados con el tratamiento penitenciario o de internación que se requiere aplicar al condenado y el sitio donde sea conveniente su cumplimiento.

Artículo 10º – Medidas de seguridad.

El Juez de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad ordenará al Director General del Servicio Penitenciario, el traslado de las persona sometida a una medida de seguridad a un establecimiento público o privado adecuado para el cumplimiento de la misma.

Artículo 11º – Modifícanse los artículos 1º, 4º y 5º inciso c), d), e) y f) de la Ley 5797, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Art. 1º – El Servicio Penitenciario de la Entre Ríos, es la rama activa de seguridad, destinada a la custodia y guarda de los procesados y condenados, y es quien tiene a su cargo la dirección del tratamiento de éstos últimos, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes”.

Art. 4º – La Dirección General del Servicio Penitenciario depende del Poder Ejecutivo Provincial, y directamente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, a través de la Subsecretaría de Justicia, y cumplirá con las disposiciones judiciales que emanen del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”.

Art. 5º – Son funciones de la Dirección General del Servicio Penitenciario:

c) Promover la readaptación social de los internos condenados a sanciones privativas de la libertad, de acuerdo a las medidas adoptadas por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y a las disposiciones legales vigentes a través de los institutos pertinentes”.

d) Producir dictámenes criminológicos para las autoridades judiciales y/o administrativas sobre la personalidad y conducta de los internos, en los casos que legal o reglamentariamente corresponda, y toda vez que lo requiera el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

e) Participar y colaborar en la asistencia post-penitenciaria.

f) Asesorar e informar al Poder Ejecutivo y al Juez de Ejecución de Penas en todo asunto que se relacione con la política penitenciaria”.

Artículo 12º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la inmediata implementación y puesta en funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas de la Provincia.

Artículo 13º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los treinta (30) días de su promulgación sin perjuicio de su inmediata operatividad.

Artículo 14º – Comuníquese, etc.-

DECRETO Nº 1.724

REGLAMENTACION LEY Nº 9.246 – (B.O. 28/04/00)

Art. 1º – Los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dependen del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y para la integración de su personal, funcionamiento, cuestiones administrativas y relaciones con los demás Juzgados, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos Nº 6.902, Estatuto del Empleado Judicial y por los acuerdos que emanen de dicho poder.

Art. 2º – El emplazamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Provincia de Entre Ríos creados por Ley Nº 9.246, serán dispuestos en lugares dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario y fuera de las dependencias propias de las unidades penales del lugar de su asiento y en forma independiente de las instalaciones de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Art. 3º – La competencia de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, será la prevista en la Ley 9.246, con la distribución geográfica territorial que establece su Art. 2 y abarcará a todo condenado con sentencia judicial firma y/o con medida de seguridad dispuesta por autoridad competente.

Sin perjuicio de la competencia establecida en el Art. 4 de la Ley 24.660, deberá velar estrictamente por el cumplimiento íntegro de la ley de ejecución de pena privativa de la libertad y buscar por todos los medios que la ley otorga, la reinserción social del condenado, como premisa fundamental de su función. En los casos de menores, aplicará subsidiariamente las disposiciones contenidas en la Ley Provincial 8.490 y disposiciones complementarias, transitorias y modificatorias, como asimismo las disposiciones que rigen el Patronato de Menores Ley Nacional 10.903 y modificatorias.

Art. 4º – Para su normal funcionamiento, cada Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de administrativo que se regirán por las normas establecidas en el estatuto y según el Escalafón del Empleado Judicial y serán designados por vía de concursos, con excepción del personal de maestranza que será designado directamente por el Juez.

Inicialmente contarán con:

Un jefe de despacho.

Un oficial principal.

Un escribiente mayor.

Un escribiente.

Un ordenanza.

Art. 5º – Asimismo estará integrado por un equipo profesional interdisciplinario previsto en el artículo 6º de la Ley 9.246, designado por concurso y con las mismas incompatibilidades previstas para los profesionales que integran el equipo técnico profesional de los Juzgados de menores de la Provincia creados por ley 8.490.

Dicho equipo constará con los siguientes profesionales y sus respectivas categorías:

(1) Médico clínico: oficial superior de primera.

(1) Médico Psiquiatra: oficial superior de primera.

(1) Psicólogo: oficial superior de primera.

(1) Asistente Social: oficial superior de segunda.

(1) Terapeuta Ocupacional.

Este equipo interdisciplinario, tendrá como función la de asistirá Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el desarrollo y marcha del régimen progresivo de la prosecución de la pena, sin perjuicio del seguimiento que efectúe el gabinete criminológico dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, considerando a tales fines, cada uno de los períodos que prevé le Ley 24.660.

Art. 6º – Los bienes muebles necesarios para el equipamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, serán provistos por el área correspondiente del Poder Ejecutivo, los que serán transferidos al área patrimonio del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Art. 7º – Los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, serán equipados con su correspondiente red informatizada desde el inicio de sus tareas, proveyendo el gasto que ello demande el área correspondiente del Poder Ejecutivo, la que tramitará la posterior transferencia de los componentes al área patrimonio del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El Departamento de Informática instalará el sistema de computación que resulte conveniente y proveerá la asistencia técnica y de capacitación del personal en el manejo y operación de la red informatizada.

Art. 8º – la audiencia de conocimiento dispuesta en el artículo 9º de la Ley 9.246, se llevará a cabo en la sede del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con la asistencia obligatoria del juez de ejecución asistido por el secretario, debiendo labrarse el acta respectiva la que integrará el legajo del penado. A la audiencia deberá asistir el abogado defensor del penado o quien éste designe. En el caso de que el penado no cuente con abogado defensor particular, deberá ser acompañado por el defensor oficial de turno en el STJER, quien deberá llevar un registro de los penados a los que asista.

Art. 9º – A la audiencia de conocimiento, podrán a requerimiento del juez, asistir los integrantes del equipo profesional interdisciplinario y los delegados penitenciarios del STJER, con prestación de servicios en las unidades penitenciarias de la Provincia, con el fin de conocer personalmente al penado y sugerir lo que corresponda respecto del alojamiento y tratamiento penitenciario o medida de seguridad. En esta instancia, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dispondrá el lugar de alojamiento en orden a las facultades legales y las disponibilidades con que para ello cuente al Servicio Penitenciario Provincial.

Art. 10º – Finalizada la audiencia de conocimiento, seguidamente, el penado deberá ser abordado por el equipo profesional interdisciplinario en sus diversas áreas, a fin de que sea evaluado en su estado psico-físico y en los aspectos personales, familiares, laborales, intelectuales y socioculturales, para orientar así y disponer el lugar acorde para su conveniente y eficaz cumplimiento lo que será acordado fundadamente y a la mayor brevedad, con la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Art. 11º – Las audiencias de conocimiento deberán ser notificadas personalmente o por cédula a los abogados defensores particulares o defensores oficiales, al equipo profesional interdisciplinario y a los delegados penitenciarios.

Art. 12º – Cuando un penado se encuentra en condiciones de egresar definitivamente de la unidad penitenciaria en la que se encuentre alojado, será llamado a audiencia por el Juez de Ejecución de Penas, a la que de ser posible, se hará concurrir a familiares, a un representante del Patronato de Liberados, el ministro del culto que haya asistido espiritualmente al penado, al empleador si lo hubiere o al futuro empleador del penado, al personal del equipo profesional interdisciplinario, al delegado penitenciario de la unidad, y a toda otra persona capaz y de buena conducta habitual, vinculada con el peno que egresa, a fin de hacer conocer la importancia y trascendencia del egreso tras el cumplimiento legal de la condena impuesta, conseguir un compromiso bajo palabra de honor del penado que egresa y el apoyo para la reinserción familiar y social definitiva, para evitar así la reincidencia en conductas violadoras de las leyes y de la convivencia social, valorar el trabajo y el esfuerzo humano como medio de vida adecuado, lícito y posible, y la libertad como derecho y atributo de la persona humana con arreglo a las leyes de la Nación Argentina.

Art. 13º – Las secretarías de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, organizarán un fichero actualizado de legajos con los datos personales y antecedentes judiciales de cada interno en las unidades penitenciarias de su jurisdicción, archivando mediante registro, los legajos de los que egresen luego del cumplimiento total de la pena impuesta o que por cualquier otra razón obtengan el beneficio de agreso definitivo.

Art. 14º – Las secretarías de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, proporcionarán al Patronato de Liberados de sus respectivas jurisdicciones, todos los datos relativos a la actividad, ocupación o profesión del penado, y de las actividades laborales que realice éste en los talleres de la unidad penal en la que se encuentre alojado, a fin de que se confeccione por parte del Patronato de Liberados, un padrón de trabajo que facilite la ubicación de los internos en las actividades en las que resulten aptos, para permitir una más rápida y eficaz reinserción socio familiar a través del trabajo remunerado en la actividad pública o privada. Los datos referidos se complementarán también con los datos relacionados con la instrucción y estudio del penado.

Art. 15º – En caso de por fundados motivos sea ordenado el aislamiento disciplinario provisional, de un interno, por personal superior del establecimiento en el que se encuentre alojado, deberá ser comunicado ello de inmediato al Juez de Ejecución de Penas, quien dará inmediata intervención al médico clínico del equipo profesional interdisciplinario para que evalúe su estado psico-físico, diariamente y mientras dure la medida impuesta, debiendo confeccionar el respectivo informe médico que entregará en secretaría del Juzgado a fin de tomar conocimiento de su estado y ser agregado en su legajo.

En los casos en que se estime necesario, de acuerdo al estado psico-físico del interno, el médico clínico del Juzgado deberá informar por escrito a las autoridades de la unidad penitenciaria, la conveniencia de hacer cesar las condiciones de aislamiento del penado, a fin de que le sean proporcionados sin demoras, los cuidados y asistencia médico sanitaria que se consideren procedentes. De ello, deberá también dar conocimiento al Juzgado de Ejecución a fin de que se controle la medida adoptada, estado y evolución del interno.

Art. 16º – Para el caso de verificarse lo previsto en el artículo anterior en una unidad penitenciaria alejada del asiento del Juzgado de Ejecución de Penas, la Dirección de la Unidad comunicará por escrito al Juzgado la aplicación de la medida de aislamiento y su motivo el que en todo caso debe ser fundado en los hechos y en el derecho y remitirá diariamente mientras dure la misma, un informe médico sobre el estado psico-físico del interno, cuyo examen diario estará a cargo del médico de la unidad, quien también evaluará e informará a las autoridades del penal, la necesidad en su caso, del cese del aislamiento del penado para que se provea a su debida atención médico sanitaria, de lo que también deberá darse noticia al Juzgado de Ejecución competente.

Art. 17º – De las inspecciones a los establecimientos en los que se cumplan penas o medidas de seguridad en la jurisdicción del Juzgado de Ejecución, deberá dejarse constancia en actas en un libro dispuesto a tal fin, las que serán confeccionadas por el secretario dando fe de sus manifestaciones.

Art. 18º – A los fines de dar cumplimiento a las inspecciones mensuales a los establecimientos en donde se cumplen penas o medidas de seguridad dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Ejecución, las respectivas secretarías confeccionarán el cronograma de inspecciones y solicitarán con la debida antelación al STJER el medio adecuado de movilidad para el traslado.

Art. 19º – A los fines de dar adecuado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 3 inc. J de la Ley 9246, el médico clínico del equipo profesional interdisciplinario, realizará visitas periódicas a los internos que padezcan HIV, enfermedades infecto contagiosas, o enfermedades graves, o en estado terminal, a los efectos de garantizarles la adecuada atención médico sanitaria del caso, y procurar el apoyo psicológico de ellos y de sus familiares, mediante la debida información al Juzgado de Ejecución, canalizándose a través del mismo la asistencia profesional necesaria con instituciones o centros médicos sanitarios.

Art. 20º – Con el fin de alcanzar la plena resocialización de penado, mediante su reinserción familiar, laboral y social, los Juzgados de Ejecución de Penal y Medidas de Seguridad de la Provincia de Entre Ríos, podrán coordinar programas con las distintas áreas del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y con instituciones públicas o privadas, con la Dirección General del Servicio Penitenciario y del Patronato de Liberados, cuando interese, pero siempre con la aprobación del STJER.

Art. 21º – Los recursos previstos en el Art. 8º de la Ley 9246, serán impuestos ante el mismo Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de la cual emane el acto recurrido. Salvo casos de improcedencia manifiesta lo cual será corroborado no obstante por ante la Sala del Superior Tribunal, deducido un recurso de apelación por ante el Juez citado, éste elevará el mismo en el plazo de 24 hs. A la Sala de Alzada para su tratamiento quien actuará conforme las prescripciones de la Ley 8369.

Art. 22º – El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia y Educación.

Artículo 1º – Créanse en el territorio de la Provincia de Entre Ríos dos (2) Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú, cuyos despachos se ubicarán en las dependencias de las Unidades Penitenciarias, dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia, de las ciudades de Paraná y Gualeguaychú.

Artículo 2º – Competencia territorial

a) El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con asiento en la ciudad de Paraná, tendrá competencia territorial en los Departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Feliciano, Victoria, Gualeguay, Villaguay y Nogoyá.

b) El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, tendrá competencia territorial en los Departamentos de Gualeguaychú, Concordia, Federal, Federación, Colón, Tala, Concepción del Uruguay, Islas de Ibicuy y San Salvador.

Artículo 3º – Competencia material

Es competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dentro de su jurisdicción, y respecto de los penados por jueces de los Tribunales de la Provincia de Entre Ríos:

a) Aplicar, conforme al régimen progresivo de la Ley Penitenciaria Nacional y demás normas de la materia, las penas privativas de la libertad firmes dispuestas por autoridad judicial, verificando el cumplimiento de las diferentes modalidades de las penas en las distintas etapas del régimen progresivo seleccionado.

b) Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de los penados.

c) Resolver acerca de la suspensión, aplazamiento y cesación de medidas de seguridad resueltas por la autoridad administrativa y acerca de todo conflicto suscitados dentro del Servicio Penitenciario con los internos.

d) Resolver el grado de apelación sobre las sanciones graves aplicadas en sede penitenciaria.

e) Disponer y autorizar el traslado de detenidos a los distintos establecimientos carcelarios según las necesidades de seguridad y del régimen progresivo de la pena, como asimismo lo atinente a los beneficios del condenado.

f) Bregar permanentemente por la reinserción familiar y social de los penados, adoptando las medidas que fueren conducentes a tal fin. Autorizar conforme la ley de prosecución de la pena y de acuerdo a las distintas etapas, las salidas transitorias, ya sea por cuestiones familiares, laborales o de tratamiento médico-sanitario.

g) Entender en todo lo relacionado con la libertad del condenado con posteriodad a la sentencia, rebaja y conmutación de penas, estudio y relaciones laborales, extinción de la condena y todo lo relativo al Patronato de Liberados.

h) Fiscalizar las condiciones de alojamiento del lugar en que se deba cumplir la pena o medida de seguridad.

i) Aplicar el principio de ley más benigna, cuando por una Ley posterior hubiere lugar a reducción y/o extinción de la pena.

j) Garantizar la adecuada atención médico-sanitaria para aquellos internos que padezcan de H.I.V. Como también cualquier otra enfermedad infecto contagiosa.

Artículo 4º – Deberes y atribuciones

1) Efectuar inspecciones mensuales, en los establecimientos donde se cumplan las penas o medidas de seguridad dentro de la jurisdicción o en menor término cuando las necesidades así lo requieran.

2) Organizar una oficina en cada Unidad Penal de su jurisdicción, a cargo de un funcionario del Servicio Penitenciario Provincial designado a tal efecto con acuerdo de la autoridad administrativa, para que lo represente cuando fuere necesario y comunique de inmediato todas las novedades que se produzcan en los establecimiento respectivos.

3) Informar al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia sobre la conducta y el estado del tratamiento en los pedidos de libertad condicional, conmutaciones de penas o libertad condicional, conmutaciones de penas e indultos.

4) Garantizar el tratamiento personal de los procesados y penados, como también el adecuado control de alojamiento, sanitario, provisión de medicamentos y alimentos de los internos.

5) Informar anualmente a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y al Juzgado o Tribunal que impuso la pena o medida de seguridad, sobre la marcha del tratamiento, formulando una evaluación de cada uno de los penados de su jurisdicción. A los fines del cumplimiento del informe referido, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad será asistido por el equipo interdisciplinario, pudiendo asimismo requerir a la autoridad penitenciaria de cada uno de los establecimientos carcelarios de su jurisdicción un informe personal de cada uno de los penados que cumplen sentencia en dichos establecimientos.

Artículo 5º – Requisitos y designación.

Serán requisitos para ser designado Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad los exigidos para ser Juez de Primera Instancia conforme al artículo 151 de la Constitución Provincial y su designación a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado según el artículo 154 de la Constitución Provincial.

Artículo 6º – Estructura orgánica de los Juzgados de Ejecución de Penas.

La jurisdicción del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad será ejercida por un juez que será asistido por un secretario, designado en la misma forma y atendiendo los mismos requisitos que los exigidos para la designación del secretario de los Juzgados de Instrucción.

Contará con un equipo profesional interdisciplinario, compuesto por: un (1) médico clínico, un (1) médico psiquiatra, un (1) psicólogo, un (1) asistente social y un (1) terapeuta ocupacional, designado por concurso y de acuerdo a la normativa que a tales fines se disponga.

Artículo 7º – Reemplazo

En caso de ausencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de su jurisdicción, impedimento, inhibición o recusación, conforme lo establecido en el artículo 51 y sstes. del C.P.P., será reemplazado por los jueces con jurisdicción en el asiento de establecimiento donde se encuentre alojado el penado, en el siguiente orden:

a) Por los jueces de Instrucción en orden de nominación, o su subrogante legal.

b) Jueces Correccionales en orden de nominación, a su subrogante legal.

c) Abogados de la lista (a tal efecto se confeccionará una lista en las seccionales del Colegio de Abogados de Entre Ríos), que actúen como jueces ad hoc.

Artículo 8º – Recursos.

Las decisiones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, serán susceptibles del recurso de conformidad con lo previsto en los artículo 44, 45 y concordantes de la Ley 8369, en tanto configure el supuestorevisto en el artículo 32 inco b) de la Ley citada en el presente artículo.

Artículo 9º – Audiencia de conocimiento

El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, debe tomar personal conocimiento de quien comience a cumplir una sentencia privativa de la libertad o una medida de seguridad dispuesta por jueces competentes. A tal fin fijará una audiencia dentro de los treinta días de comenzada la ejecución de la pena. Llegado el día y la hora fijada por el juez, éste abrirá a sesión para escuchar al condenado en compañía de su defensor, respecto de sus condiciones personales, familiares, económicas, sociales, culturales, para lo cual formulará un cuestionario que debe ser contestado oralmente por el mismo. Acto seguido el juez conjuntamente con el equipo interdisciplinario y la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos discutirá los aspectos relacionados con el tratamiento penitenciario o de internación que se requiere aplicar al condenado y el sitio donde sea conveniente su cumplimiento.

Artículo 10º – Medidas de seguridad.

El Juez de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad ordenará al Director General del Servicio Penitenciario, el traslado de las persona sometida a una medida de seguridad a un establecimiento público o privado adecuado para el cumplimiento de la misma.

Artículo 11º – Modifícanse los artículos 1º, 4º y 5º inciso c), d), e) y f) de la Ley 5797, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Art. 1º – El Servicio Penitenciario de la Entre Ríos, es la rama activa de seguridad, destinada a la custodia y guarda de los procesados y condenados, y es quien tiene a su cargo la dirección del tratamiento de éstos últimos, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes”.

Art. 4º – La Dirección General del Servicio Penitenciario depende del Poder Ejecutivo Provincial, y directamente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, a través de la Subsecretaría de Justicia, y cumplirá con las disposiciones judiciales que emanen del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”.

Art. 5º – Son funciones de la Dirección General del Servicio Penitenciario:

c) Promover la readaptación social de los internos condenados a sanciones privativas de la libertad, de acuerdo a las medidas adoptadas por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y a las disposiciones legales vigentes a través de los institutos pertinentes”.

d) Producir dictámenes criminológicos para las autoridades judiciales y/o administrativas sobre la personalidad y conducta de los internos, en los casos que legal o reglamentariamente corresponda, y toda vez que lo requiera el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

e) Participar y colaborar en la asistencia post-penitenciaria.

f) Asesorar e informar al Poder Ejecutivo y al Juez de Ejecución de Penas en todo asunto que se relacione con la política penitenciaria”.

Artículo 12º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la inmediata implementación y puesta en funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas de la Provincia.

Artículo 13º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los treinta (30) días de su promulgación sin perjuicio de su inmediata operatividad.

Artículo 14º – Comuníquese, etc.-

DECRETO Nº 1.724

REGLAMENTACION LEY Nº 9.246 – (B.O. 28/04/00)

Art. 1º – Los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dependen del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y para la integración de su personal, funcionamiento, cuestiones administrativas y relaciones con los demás Juzgados, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos Nº 6.902, Estatuto del Empleado Judicial y por los acuerdos que emanen de dicho poder.

Art. 2º – El emplazamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Provincia de Entre Ríos creados por Ley Nº 9.246, serán dispuestos en lugares dependientes de la Dirección General del Servicio Penitenciario y fuera de las dependencias propias de las unidades penales del lugar de su asiento y en forma independiente de las instalaciones de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

Art. 3º – La competencia de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, será la prevista en la Ley 9.246, con la distribución geográfica territorial que establece su Art. 2 y abarcará a todo condenado con sentencia judicial firma y/o con medida de seguridad dispuesta por autoridad competente.

Sin perjuicio de la competencia establecida en el Art. 4 de la Ley 24.660, deberá velar estrictamente por el cumplimiento íntegro de la ley de ejecución de pena privativa de la libertad y buscar por todos los medios que la ley otorga, la reinserción social del condenado, como premisa fundamental de su función. En los casos de menores, aplicará subsidiariamente las disposiciones contenidas en la Ley Provincial 8.490 y disposiciones complementarias, transitorias y modificatorias, como asimismo las disposiciones que rigen el Patronato de Menores Ley Nacional 10.903 y modificatorias.

Art. 4º – Para su normal funcionamiento, cada Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de administrativo que se regirán por las normas establecidas en el estatuto y según el Escalafón del Empleado Judicial y serán designados por vía de concursos, con excepción del personal de maestranza que será designado directamente por el Juez.

Inicialmente contarán con:

Un jefe de despacho.

Un oficial principal.

Un escribiente mayor.

Un escribiente.

Un ordenanza.

Art. 5º – Asimismo estará integrado por un equipo profesional interdisciplinario previsto en el artículo 6º de la Ley 9.246, designado por concurso y con las mismas incompatibilidades previstas para los profesionales que integran el equipo técnico profesional de los Juzgados de menores de la Provincia creados por ley 8.490.

Dicho equipo constará con los siguientes profesionales y sus respectivas categorías:

(1) Médico clínico: oficial superior de primera.

(1) Médico Psiquiatra: oficial superior de primera.

(1) Psicólogo: oficial superior de primera.

(1) Asistente Social: oficial superior de segunda.

(1) Terapeuta Ocupacional.

Este equipo interdisciplinario, tendrá como función la de asistirá Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el desarrollo y marcha del régimen progresivo de la prosecución de la pena, sin perjuicio del seguimiento que efectúe el gabinete criminológico dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, considerando a tales fines, cada uno de los períodos que prevé le Ley 24.660.

Art. 6º – Los bienes muebles necesarios para el equipamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, serán provistos por el área correspondiente del Poder Ejecutivo, los que serán transferidos al área patrimonio del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Art. 7º – Los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, serán equipados con su correspondiente red informatizada desde el inicio de sus tareas, proveyendo el gasto que ello demande el área correspondiente del Poder Ejecutivo, la que tramitará la posterior transferencia de los componentes al área patrimonio del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El Departamento de Informática instalará el sistema de computación que resulte conveniente y proveerá la asistencia técnica y de capacitación del personal en el manejo y operación de la red informatizada.

Art. 8º – la audiencia de conocimiento dispuesta en el artículo 9º de la Ley 9.246, se llevará a cabo en la sede del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con la asistencia obligatoria del juez de ejecución asistido por el secretario, debiendo labrarse el acta respectiva la que integrará el legajo del penado. A la audiencia deberá asistir el abogado defensor del penado o quien éste designe. En el caso de que el penado no cuente con abogado defensor particular, deberá ser acompañado por el defensor oficial de turno en el STJER, quien deberá llevar un registro de los penados a los que asista.

Art. 9º – A la audiencia de conocimiento, podrán a requerimiento del juez, asistir los integrantes del equipo profesional interdisciplinario y los delegados penitenciarios del STJER, con prestación de servicios en las unidades penitenciarias de la Provincia, con el fin de conocer personalmente al penado y sugerir lo que corresponda respecto del alojamiento y tratamiento penitenciario o medida de seguridad. En esta instancia, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dispondrá el lugar de alojamiento en orden a las facultades legales y las disponibilidades con que para ello cuente al Servicio Penitenciario Provincial.

Art. 10º – Finalizada la audiencia de conocimiento, seguidamente, el penado deberá ser abordado por el equipo profesional interdisciplinario en sus diversas áreas, a fin de que sea evaluado en su estado psico-físico y en los aspectos personales, familiares, laborales, intelectuales y socioculturales, para orientar así y disponer el lugar acorde para su conveniente y eficaz cumplimiento lo que será acordado fundadamente y a la mayor brevedad, con la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Art. 11º – Las audiencias de conocimiento deberán ser notificadas personalmente o por cédula a los abogados defensores particulares o defensores oficiales, al equipo profesional interdisciplinario y a los delegados penitenciarios.

Art. 12º – Cuando un penado se encuentra en condiciones de egresar definitivamente de la unidad penitenciaria en la que se encuentre alojado, será llamado a audiencia por el Juez de Ejecución de Penas, a la que de ser posible, se hará concurrir a familiares, a un representante del Patronato de Liberados, el ministro del culto que haya asistido espiritualmente al penado, al empleador si lo hubiere o al futuro empleador del penado, al personal del equipo profesional interdisciplinario, al delegado penitenciario de la unidad, y a toda otra persona capaz y de buena conducta habitual, vinculada con el peno que egresa, a fin de hacer conocer la importancia y trascendencia del egreso tras el cumplimiento legal de la condena impuesta, conseguir un compromiso bajo palabra de honor del penado que egresa y el apoyo para la reinserción familiar y social definitiva, para evitar así la reincidencia en conductas violadoras de las leyes y de la convivencia social, valorar el trabajo y el esfuerzo humano como medio de vida adecuado, lícito y posible, y la libertad como derecho y atributo de la persona humana con arreglo a las leyes de la Nación Argentina.

Art. 13º – Las secretarías de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, organizarán un fichero actualizado de legajos con los datos personales y antecedentes judiciales de cada interno en las unidades penitenciarias de su jurisdicción, archivando mediante registro, los legajos de los que egresen luego del cumplimiento total de la pena impuesta o que por cualquier otra razón obtengan el beneficio de agreso definitivo.

Art. 14º – Las secretarías de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, proporcionarán al Patronato de Liberados de sus respectivas jurisdicciones, todos los datos relativos a la actividad, ocupación o profesión del penado, y de las actividades laborales que realice éste en los talleres de la unidad penal en la que se encuentre alojado, a fin de que se confeccione por parte del Patronato de Liberados, un padrón de trabajo que facilite la ubicación de los internos en las actividades en las que resulten aptos, para permitir una más rápida y eficaz reinserción socio familiar a través del trabajo remunerado en la actividad pública o privada. Los datos referidos se complementarán también con los datos relacionados con la instrucción y estudio del penado.

Art. 15º – En caso de por fundados motivos sea ordenado el aislamiento disciplinario provisional, de un interno, por personal superior del establecimiento en el que se encuentre alojado, deberá ser comunicado ello de inmediato al Juez de Ejecución de Penas, quien dará inmediata intervención al médico clínico del equipo profesional interdisciplinario para que evalúe su estado psico-físico, diariamente y mientras dure la medida impuesta, debiendo confeccionar el respectivo informe médico que entregará en secretaría del Juzgado a fin de tomar conocimiento de su estado y ser agregado en su legajo.

En los casos en que se estime necesario, de acuerdo al estado psico-físico del interno, el médico clínico del Juzgado deberá informar por escrito a las autoridades de la unidad penitenciaria, la conveniencia de hacer cesar las condiciones de aislamiento del penado, a fin de que le sean proporcionados sin demoras, los cuidados y asistencia médico sanitaria que se consideren procedentes. De ello, deberá también dar conocimiento al Juzgado de Ejecución a fin de que se controle la medida adoptada, estado y evolución del interno.

Art. 16º – Para el caso de verificarse lo previsto en el artículo anterior en una unidad penitenciaria alejada del asiento del Juzgado de Ejecución de Penas, la Dirección de la Unidad comunicará por escrito al Juzgado la aplicación de la medida de aislamiento y su motivo el que en todo caso debe ser fundado en los hechos y en el derecho y remitirá diariamente mientras dure la misma, un informe médico sobre el estado psico-físico del interno, cuyo examen diario estará a cargo del médico de la unidad, quien también evaluará e informará a las autoridades del penal, la necesidad en su caso, del cese del aislamiento del penado para que se provea a su debida atención médico sanitaria, de lo que también deberá darse noticia al Juzgado de Ejecución competente.

Art. 17º – De las inspecciones a los establecimientos en los que se cumplan penas o medidas de seguridad en la jurisdicción del Juzgado de Ejecución, deberá dejarse constancia en actas en un libro dispuesto a tal fin, las que serán confeccionadas por el secretario dando fe de sus manifestaciones.

Art. 18º – A los fines de dar cumplimiento a las inspecciones mensuales a los establecimientos en donde se cumplen penas o medidas de seguridad dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Ejecución, las respectivas secretarías confeccionarán el cronograma de inspecciones y solicitarán con la debida antelación al STJER el medio adecuado de movilidad para el traslado.

Art. 19º – A los fines de dar adecuado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 3 inc. J de la Ley 9246, el médico clínico del equipo profesional interdisciplinario, realizará visitas periódicas a los internos que padezcan HIV, enfermedades infecto contagiosas, o enfermedades graves, o en estado terminal, a los efectos de garantizarles la adecuada atención médico sanitaria del caso, y procurar el apoyo psicológico de ellos y de sus familiares, mediante la debida información al Juzgado de Ejecución, canalizándose a través del mismo la asistencia profesional necesaria con instituciones o centros médicos sanitarios.

Art. 20º – Con el fin de alcanzar la plena resocialización de penado, mediante su reinserción familiar, laboral y social, los Juzgados de Ejecución de Penal y Medidas de Seguridad de la Provincia de Entre Ríos, podrán coordinar programas con las distintas áreas del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y con instituciones públicas o privadas, con la Dirección General del Servicio Penitenciario y del Patronato de Liberados, cuando interese, pero siempre con la aprobación del STJER.

Art. 21º – Los recursos previstos en el Art. 8º de la Ley 9246, serán impuestos ante el mismo Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de la cual emane el acto recurrido. Salvo casos de improcedencia manifiesta lo cual será corroborado no obstante por ante la Sala del Superior Tribunal, deducido un recurso de apelación por ante el Juez citado, éste elevará el mismo en el plazo de 24 hs. A la Sala de Alzada para su tratamiento quien actuará conforme las prescripciones de la Ley 8369.

Art. 22º – El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno, Justicia y Educación.

Art. 23º – Regístrese, etc..

Art. 23º – Regístrese, etc..