LEY 5.140 (T.O. Según Decreto Nº 404/95 MEOSP – B.O. 21/02/96) CONTABILIDAD PUBLICA

CAPITULO PRELIMINAR – ALCANCES DE LA LEY

Artículo 1º – La presente ley regirá los actos u operaciones de los que deriven transformaciones o variaciones en la hacienda pública, quedando comprendido en la misma los Organos Administrativos centralizados y descentralizados del Estado.

Para los entes e carácter comercial o industriales esta ley será de aplicación supletoria, en tanto sus respectivas leyes orgánicas o estatutos no prevean expresamente lo contrario.

Las haciendas privadas, servicios o entidades en cuya gestión tenga intervención el Estado, quedan comprendidas en el régimen de control instituido por esta ley y que les resulte aplicables en razón de las concesiones, privilegios o subsidios que se les acuerden de los fondos o patrimonio del estado que administren.

CAPITULO I – DEL PRESUPUESTO GENERAL

TITULO I – CONTENIDO

Artículo 2º – Los presupuestos comprenderán todos los recursos previstos y los gastos autorizados para el ejercicio, los cuales figurarán por separado, por sus montos internos y sin compensaciones entre sí. Mostrará el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese período en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

Los presupuestos de recurso contendrán enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento y los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio.

Las denominaciones de los distintos rubros de recursos deberán ser lo suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes y se estructurarán en una clasificación básica uniforme para todo el sector público provincial.

En los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas que demuestren el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios del sector público provincial, la incidencia económica y financiera de su ejecución y la vinculación con sus fuentes de financiamiento.

La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que se utilizarán.

TITULO II – ESTRUCTURA

Artículo 3º – La estructura del presupuesto adoptará las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las funciones del Estado, los órganos administrativos que las tengan a su cargo y la incidencia económica de los gastos y recursos.

TITULO III – PROCEDIMIENTO

Artículo 4º – El ejercicio financiero comienza el 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán el 31 de diciembre de cada año.

Después de esa fecha los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiera generado la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Artículo 5º – Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto General, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, conforme al artículo 81º, inciso 10) de la Constitución Provincial, con los ajustes que correspondan referentes a:

1) En los presupuestos de recursos:

Eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente.

Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizados, en los monto en que fueron utilizados;

Estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio.

Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización.

Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrir;a en el ejercicio.

2) En los presupuestos de gastos:

Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos.

Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios.

Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

Artículo 6º – Una vez promulgada la Ley de Presupuesto General, el Poder Ejecutivo procederá a la distribución analítica del gasto.

La distribución analítica del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto de los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la Ley de Presupuesto General. El dictado de este instrumento normativo implicará la atribución del Poder Ejecutivo para uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.

A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos.

Artículo 7º – Toda Ley que autorice gastos a realizar en el ejercicio no previstos en el presupuesto general, deberá determinar el recurso correspondiente y la incidencia en el balance financiero preventivo del ejercicio. Las autorizaciones respectivas y los recursos serán incorporados al presupuesto general por el Poder Ejecutivo conforme a la estructura adoptada.

Artículo 8º – El Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, podrá autorizar gastos con la obligación de dar cuenta en el mismo acto a la Legislatura:

a) Para el cumplimiento de leyes electorales.

b) Para el cumplimiento de sentencias judiciales firmes.

c) En caso de epidemias, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata del Gobierno.

Los créditos abiertos de conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán incorporarse al presupuesto general.

Artículo 9º – Los gastos que demande la atención de trabajos o servicios solicitados por terceros u otros organismos nacionales, provinciales o municipales con fondos provistos por ellos y que, por lo tanto, no constituyen autorizaciones para gastar emergentes del presupuesto, se denominarán “gastos por cuenta de terceros”, pero estarán sujetos a las mismas normas que dichas autorizaciones para su ejecución.

Los gastos que demande el cumplimiento de legados y donaciones con cargos aceptados conforme a las normas pertinentes; y que por lo tanto, no constituyen autorizaciones par gastar emergentes del presupuesto se denominarán “cumplimiento de donaciones y legados”, pero estarán sujetos a las mismas normas que dichas autorizaciones para su ejecución.

Los sobrantes no susceptibles de devolución u otro destino, se ingresarán como recursos del ejercicio en el momento en que se produzcan.

Podrán utilizarse cuentas de orden para registrar temporalmente, dentro de ejercicio, operaciones que de inmediato no se pueden apropiar definitivamente.

Artículo 10º – Las disposiciones legales sobre recursos no caducarán al finalizar el ejercicio en que fueron sancionadas y serán aplicables hasta tanto se las derogue o modifique, salvo que, para las mismas, se encuentre establecido un término de duración.

Artículo 11º – Ningún rubro del presupuesto de recursos so podrá destinar para atender específicamente al pago de gastos determinados, con excepción de:

a) Los provenientes de operaciones de crédito público.

b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado provincial, con destino específico.

c) Los que tengan afectación específica dispuesta por ley.

Artículo 12º – El Poder Ejecutivo aprobará los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado con los ajustes que considere necesarios antes del 31 de diciembre de cada año. Si éstas no presentaren sus proyectos de presupuestos con la debida anticipación el Poder Ejecutivo lo elaborará de oficio.

CAPITULO II – DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

TITULO I – DE LA AUTORIZACIONES PARA GASTAR

Artículo 13º – Las autorizaciones para gastar constituirán créditos abiertos a los órganos administrativos para poner en ejecución el Presupuesto General y serán afectados por los compromisos que se contraiga de conformidad con el artículo 14º. Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto.

Se considera devengado un gasto cuando surge una obligación de pago por la recepción de bienes o servicios oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación. Se considerarán gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el período, se traduzcan o no en salida de dinero efectivo del Tesoro.

Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos no devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año calendario se cancelarán, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y Banco existentes a la fecha señalada.

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año, se efectuarán al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio.

Artículo 14º – A los efectos señalados en el artículo 13º constituye un compromiso el acto de autoridad competente en virtud del cual los créditos se destinan preventivamente a la realización de gastos.

La etapa de compromiso se utilizará como mecanismo para efectuar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y la del pago para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

NO se podrán adquirir compromisos para los cuales no exista disponibilidad de crédito presupuestario.

Artículo 15º – En cada ejercicio financiero sólo podrán comprometerse gastos que encuadren en los conceptos y límites de los créditos abiertos, salvo los casos previstos en el artículo 8º.

Artículo 16º – No podrán contraerse compromisos cuando el uso de los créditos esté condicionado a la existencia de recursos especiales, sino en la medida de su realización salvo que, por su naturaleza, se tenga la certeza de la realización del recurso dentro del ejercicio.

En tal caso será tomada por el Poder Ejecutivo con intervención previa del Ministerio de Economía.

Artículo 17º – No podrán comprometerse erogaciones susceptibles de traducirse en afectaciones de créditos de presupuesto para ejercicio futuro, salvo en los siguientes casos:

a) Para Obras y trabajos públicos a ejecutarse en el trascurso de más de un ejercicio financiero, siempre que resulte imposible o antieconómico contratar la parte de ejecución anual.

b) Para las provisiones, locación de inmuebles, obras o servicios, sobre cuya base sea la única forma de asegurar la prestación regular y continua de los servicios públicos o la irremplazable colaboración técnica o científica especial.

c) para operaciones de crédito o financiamiento especial de adquisiciones, obras o trabajos, siempre que exista autorización legislativa.

d) Para el cumplimiento de leyes especiales cuya vigencia exceda de un ejercicio financiero.

En los casos excepcionales previstos en los cuatro apartados precedentes, se deberá incluir en cada presupuesto toda información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física.

Artículo 18º – Las provisiones, servicios u obras entre órganos administrativos comprendidos en el presupuesto, que sean consecuencia del cumplimiento de sus funciones específicas, constituirán compromisos para los créditos de las dependencias que los reciban y recursos par el ramo de entradas que corresponda.

Artículo 19º – Cumplida la prestación o las condiciones establecidas en el acto motivo del compromiso y previa verificación del cumplimiento regular del proceso pertinente, se procederá a su liquidación a efectos de determinar la suma cierta que deberá pagarse.

La erogación estará en condiciones de liquidarse cuando, por su concepto y monto, corresponda al compromiso contraído, tomando como base la documentación que demuestre el cumplimiento de mismo.

No podrá liquidarse suma alguna que no corresponda a compromisos contraídos en la forma que determinan los artículos 15º y 18º, salvo los casos previstos en los artículos 23º y 25º, segundo párrafo, que se liquidará como consecuencia del acto administrativo que disponga la devolución.

Artículo 20º – Liquidadas las erogaciones se dispondrá su pago mediante la emisión de la orden correspondiente, que podrá ser a favor de un acreedor determinado o del funcionario habilitado al efecto.

Constituye orden de pago el documento, mediante el cual, la autoridad competente dispone la entrega de fondos y se instrumentará en la forma que determina el Poder Ejecutivo.

Las ordenes de pago caducarán al año de su entrada en la Tesorería General, y en caso de reclamación del acreedor, dentro del término fijado por la ley común para la prescripción, deberá preverse el crédito necesario en el primer presupuesto posterior.

El Poder Ejecutivo podrá ampliar el plazo establecido cuando la coyuntura financiera o la salvaguarda de los intereses del acreedor así lo justifiquen.

Artículo 21º – Se prohibe a las entidades del sector público provincial realizar aportes o transferencias a empresas o sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público.

TITULO II – DE LOS RECURSOS

Artículo 22º – La fijación y recaudación de los recursos de cada ejercicio estará a cargo de las oficinas o agentes que determinen las leyes y los reglamentos respectivos.

Los recursos percibidos, cualquiera sea su origen, deberán ser ingresados en la Tesorería General o en las Tesorerías Centrales de los organismos descentralizados antes de la finalización del día hábil siguiente al de su percepción.

El Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Economía, podrá facultar a la autoridad que estime competente a ampliar esta plazo cuando las circunstancias así lo justifiquen y a depositar ingresos provenientes de explotación de servicios en las tesorerías de organismos centralizados que por sus funciones así lo requieran.

Artículo 23º – Se considerarán como recursos del ejercicio aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier organismo, oficina o agencia autorizada a percibirlos en nombre de la administración provincial, el financiamiento proveniente de donaciones, operaciones de crédito público, representen o no entrada de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta.

Los ingresos correspondientes a situaciones en las que el Estado sea depositario o tenedor temporario no constituyen recursos.

Artículo 24º – La concesión de exenciones, quitas, moratorias o facilidades para la recaudación de los recursos, sólo podrá ser dispuesta en las condiciones que determinen las respectivas leyes.

Las sumas a cobrar por los órganos administrativos, que una vez agotadas las gestiones de recaudación se consideren incobrables, podrán así ser declaradas por el Poder Ejecutivo. Tal declaración no importará renunciar al derecho el cobro ni invalida su exigibilidad conforme a las respectivas leyes.

La sumas a cobrar por los órganos administrativos, que una vez agostadas las gestiones de recaudación se consideren incobrables, podrán así ser declaradas por el Poder Ejecutivo. Tal declaración no importará renunciar al derecho al cobro ni invalida su exigibilidad conforme a las respectivas leyes.

El Decreto por el que se declare la incobrabilidad deberá ser fundado y constar, en los antecedentes del mismo, las gestiones realizadas para el cobro.

Artículo 25º – Ninguna oficina, dependencia o persona recaudadora podrá utilizar por si los fondos que recaude. Su importe total deberá depositarse de conformidad con lo previsto en el artículo 22º y su empleo se ajustará a los dispuesto en el Título I del presente Capítulo II.

Quedan exceptuados de esta disposición, la devolución de ingresos percibidos en más, de pagos improcedentes o por error y las multas o recargos que legalmente queden sin efecto o anulados, en cuyo caso, la liquidación se efectuará por rebaja del rubro de recursos al que se le hubiere ingresado, aun cuando la devolución se operase en ejercicio posteriores.

TITULO III – CONTRATACIONES

Artículo 26º – Todo contrato se realizará por remate o licitación pública cuando se deriven recursos. Las compras del Estado admiten los siguientes procedimientos:

a) Licitación pública o privada. Será pública cuando el importe a contratar supere el monto que fije la ley anual de presupuesto para licitación privada y no esté contemplada en ninguna excepción que fija esta ley; la invitación a participar debe realizarse por medios de comunicación públicos escritos.

Será privada cuando el importe no supere el monto que fije la ley anual de presupuesto. En estos casos la invitación a participar se realizará mediante comunicación directa a un número mínimo de 3 (tres) firmas.

b) Solicitud de cotizaciones: Es de aplicación hasta el monto que fije la ley anual de presupuesto. Cuando se trate de bienes o servicios normalizados características homogéneas, que sean fáciles de obtener y que tengan un mercado permanente, podrán adquirirse mediante este procedimiento superando dicho tope. Tales bienes o servicios serán específicamente determinados por el Poder Ejecutivo mediante reglamentación.

c) Concurso de Méritos y Antecedentes:

Será utilizado cuando los criterios de selección recaigan primordialmente en factores no económicos. La convocatoria a participar se podrá realizar en forma pública o privada.

d) Iniciativa privada: Mediante este procedimiento, cualquier persona física o jurídica podrá efectuar una presentación para la ejecución de obras o presentación de servicios especiales que constituyan una realización novedosa u original, o que impliquen una innovación científica o tecnológica. Las misma deberá contener los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, su viabilidad jurídica, técnica y económica. En caso de considerar el Poder Ejecutivo que el proyecto ofrecido responde al interés público, previa evaluación de los organismos técnicos correspondientes, deberá emitir el acto jurídico que así lo declare y el procedimiento de contratación que se opte.

e) Concurso de proyecto integrales: Será de aplicación cuando no se hubieran determinado detalladamente las especificaciones del objeto del contrato. El mismo debe ser de carácter público.

f) Subasta pública o remate.

g) Por las normas que se acuerden con las instituciones financieras internacionales cuando se trate de contrataciones que se financien con recursos provenientes de aquellas.

h) Contratación directa por vía de excepción.

Artículo 27º – No obstante lo expresado en el artículo 26º, podrá contratarse: a) Por licitación privada, cuando el monto de operación no exceda de cincuenta mil ($ 50.000) pesos.

b) Hasta diez mil ($ 10.000) pesos, según lo reglamente el Poder Ejecutivo.

c) La contratación directa por vía de excepción se podrá realizar bajo los siguientes métodos o modalidades:

a) Contratación directa en base a precio testigo: este procedimiento es aplicable cuando se trate de bienes o servicios normalizados o de características homogéneas y el precio de los mismos se manifieste con regularidad en los mercados de acuerdo a las tendencias estadísticas. En estos casos se podrá seleccionar al contratista siempre y cuando el precio convenido y el monto de la contratación no superen las pautas que fije la reglamentación.

b) Libre elección por negociación directa: Se podrá aplicar este procedimiento de selección de contratista cuando se presenten los siguientes casos sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el inciso a):

1) Los contratos celebrados entre las entidades del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales.

2) Cuando la solicitud de cotizaciones, concurso de méritos y antecedentes o subasta pública o remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas o admisibles o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes la contratación deberá hacerse con base y especificaciones idénticas a las del procedimiento fracasado y, en su caso, con invitación a los oferentes originales, además de las que estime necesario la administración. También será de aplicación este punto después del segundo llamado fracasado en licitación y concurso de proyectos integrales.

3) Para la adquisición, ejecución o restauración de obras de arte, científicas o históricas, cuando sea posible el concurso de méritos y antecedentes y sean confiadas a empresas o personas especialmente de probada competencia.

4) Para la reparación de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo en relación al valor del bien resulte oneroso. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento preventivo.

5) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no sea posible su sustitución por bienes similares. La marca de fábrica no constituye causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes. Esta condición de exclusividad deberá ser certificada por la Unidad Central de Contratación.

6) La adquisición de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convenga efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que está adherida la Nación Argentina o la Provincia de Entre Ríos en particular.

7) La adquisición de material docente o bibliográfico cuando la misma se efectúe a editoriales o a empresas que las representen en forma exclusiva.

8) Las contrataciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un intercambio compensado con productos fabricados en la Provincia para exportación.

9) Cuando existan probadas razones de urgencias no previsibles tales como catástrofes sociales, económicas o sanitarias y no sea posible aplicar otro procedimiento y que su realización resienta seriamente el servicio, o mediante situación de emergencia en el territorio provincial o parte de él.

10) La contratación de medios de comunicación con el fin de publicar actos de gobierno, para lo cual la reglamentación deberá fijar los alcances teniendo en cuenta el rango del funcionario autorizante.

11) La adquisición de semovientes, semillas y plantas, cuando se trate de ejemplares de características especiales.

12) Se podrá utilizar este procedimiento en obras públicas cuando el contratista sea un consorcio vecinal, sociedad cooperadora, u otro ente de bien público similar, siempre y cuando el mismo cuente con capacidad legal y económica para contratar.

13) Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del gobierno se mantengan secretas.

14) La compra de bienes en remate público. El Poder Ejecutivo determinará en qué casos y condiciones deberá establecerse previamente un precio máximo a abonarse en la operación.

Artículo 28º – Los límites establecidos en los incisos a) y b) del artículo 27º podrán ser actualizados por el Poder Ejecutivo, en función de la variación de un índice promedio entre el Indice de Precios al Consumidor Nivel General y el de Precios Mayoristas Nivel general.

Artículo 29º – El Poder Ejecutivo determinará las condiciones generales y particulares para las licitaciones de modo que favorezcan la concurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes, el tratamiento igualitario de los mismos y el cotejo de ofertas y condiciones análogas.

Artículo 30º – El Poder Ejecutivo podrá autorizar en cada caso o mediante reglamentación general, la realización de licitaciones anticipadas cuando así convenga conforme lo establecido en el artículo 17º.

Artículo 31º – Cuando se disponga el remate público de bienes de cualquier naturaleza, deberá fijarse previamente un valor base que será estimado con intervención de las reparticiones técnicas que sean competentes, salvo que existan razones de urgencia o conveniencia en cuyo caso se harán constar.

Artículo 32º -Las autoridades superiores de los Poderes del Estado determinarán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones en sus respectivas sedes.

Artículo 33º – El Poder Ejecutivo reglamentará las demás condiciones que deberán reunir las contrataciones, fijando número de empresas a invitar, uso de medios publicitarios, plazos de publicación, depósitos de garantía, inscripción en registros, requisitos para las preadjudicaciones y adjudicaciones definitivas, muestras, normas de tipificación y otras que se consideren convenientes.

TITULO IV – DEL CREDITO PUBLICO

Artículo 34º – El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas.

Se entiende por crédito público a la capacidad que tiene el Estado provincial para endeudarse, con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de necesidad o interés provincial, para reestructurar o refinanciar sus pasivos incluyendo los respectivos intereses, o para encarar programas de transformación de su administración.

Artículo 35º – El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público, de denomina deuda pública y puede originarse en:

a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de mediano y largo plazo, constitutivos de un empréstito.

b) La contratación de préstamos con instituciones financieras considerando las autorizaciones que anualmente fijará el Presupuesto o ley específica.

c) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en más de un ejercicio financiero.

d) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero.

e) La consolidación, conversión o renegociación de otras deudas.

No se considera deuda pública, a la deuda del Tesoro.

Artículo 36º – A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasifica en interna y externa y en directa e indirecta.

Se considera deuda interna a la contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina, y cuyo pago es exigible dentro del territorio nacional. Se entiende por deuda externa a la contraída con otro estado u organismo internacional, o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en el país, y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio.

La deuda pública directa de la Administración Provincial es la asumida por la misma, en calidad de deudor principal.

La deuda pública indirecta es la constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o probada, distinta de la administración provincial, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.

Artículo 37º – El órgano rector del sistema de crédito público será la Secretaría de Hacienda y su misión será asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de créditos públicos.

Artículo 38º – Serán materia de competencia del órgano rector del sistema de crédito público, las siguientes:

a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera.

b) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público.

c) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como también la contratación y amortización de préstamos.

d) Fiscalizar la aplicación a los fines específicos, de los medios de financiamiento obtenidos mediante las operaciones de crédito público, sin perjuicio de la competencia en la materia de los órganos de control.

e) Organizar y mantener actualizado al registro de las operaciones de crédito público, para lo cual todas las jurisdicciones y entidades del sector público provincial deberán atender los requerimientos de información relacionados con el mencionado registro, en los plazos que estipule para cada caso el órgano rector del sistema de crédito público.

f) realizar las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y de los desembolsos correspondientes a cada operación de crédito público, suministrando la información pertinente a las distintas áreas de la administración financiera provincial.

g) Todas las demás que le asigne la reglamentación.

Artículo 39º – Ningún organismo podrá iniciar trámite para realizar operaciones de crédito público sin la autorización de la Secretaría de Hacienda.

Artículo 40º – Toda operación de crédito público deberá estar prevista en la Ley de Presupuesto del año respectivo o ser dispuesta por una ley especial las que deberán contener como mínimo:

Monto máximo de la operación.

Destino del financiamiento.

Artículo 41º – Cumplidos los requisitos fijados por esta ley, las empresas y sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la reglamentación.

Artículo 42º – El Poder Ejecutivo Provincial podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su conversión, consolidación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos, y/o intereses de las operaciones originales.

Artículo 43º – El servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las entidades del sector público deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda.

CAPITULO II – DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES

Artículo 44º – Todos los actos u operaciones comprendidos en la presente ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permita la confección de cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factibles su medición y juzgamiento.

Será objeto del sistema de contabilidad gubernamental:

a) registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económica-financiera de las jurisdicciones y entidades.

b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la misma.

c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenanzas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas internas o externas.

d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público provincial se integre al sistema de cuentas nacionales.

e) Obtener diferentes tipos de costos y de otros indicadores de eficiencia.

El sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales: a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público provincial.

b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas provinciales.

c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situaciones del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas.

d) estará basado en normas contables, aplicables en el sector público.

Artículo 45º – El registro de las operaciones se integrará con los siguientes sistemas: 1º) Financiero, que comprenderá:

a) Presupuesto.

b) Fondos y valores.

2º) Patrimonial, que comprenderá:

a) Bienes del Estado.

b) Deuda pública.

Como complemento de estos sistemas, se llevarán los registros necesarios para los cargos y descargos que se formulen a las personas o entidades obligadas a rendir cuentas de fondos, valores, bienes o especies de propiedad del Estado.

El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial están obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria, como mínimo deberán registrarse: la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de gastos, además del momento del devengado, las etapas del compromiso y del pago.

Artículo 46º – La contabilidad del presupuesto registrará:

1) Con relación al cálculo de recursos: los importes calculados y los recaudados por cada ramo de entradas de manera que quede individualizado su origen.

2) Con relación a cada uno de los créditos del presupuesto: a) El monto autorizado y sus modificaciones.

b) Las erogaciones devengadas.

c) Lo incluido en ordenes de pago.

Artículo 47º – La contabilidad de fondos y valores registrará las entradas y salidas del tesoro, provengan o no de la ejecución del presupuesto.

Artículo 48º – La contabilidad de bienes del Estado registrará las existencias y movimiento de los bienes, con especial determinación de los que ingresen al patrimonio por ejecución del presupuesto o por otros conceptos, de modo de hacer factible el mantenimiento de inventarios permanentes.

Artículo 49º – La contabilidad de la deuda pública registrará las autorizaciones de emisión de empréstitos u otras formas del uso del crédito, su negociación y circulación serrando la deuda consolidada de la flotante.

Artículo 50º – Los registros de cargo y descargo se llevarán como consecuencia de las contabilidades respectivas y demostrarán:

1) Para el movimiento de fondos y valores: las sumas por las cuales deben rendir cuentas los que han percibido fondos o valores del Estado.

2) Para los bines del Estado: los bienes o especies en servicios, guarda o custodia manteniendo actualizados los datos de los funcionarios a cuyo cargo se encuentren.

Artículo 51º – La Contaduría General tendrá competencia para:

a) Dictar las normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público provincial. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros a producir por las entidades públicas.

b) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implementados por las entidades, conformes a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de su dirección.

c) Asesorar y asistir, técnicamente a todas las entidades del sector público provincial en la implantación de las normas y metodologías que prescriba.

d) Coordinar el funcionamiento que corresponda instruir para que se proceda al registro contable de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la Administración Central y por cada una de las demás entidades que conformen el sector público provincial.

e) Llevar la contabilidad general de la administración pública provincial, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y producir anualmente los estados contables-financieros para su elevación a la Honorable Legislatura, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81º, inciso 13) de la Constitución Provincial.

f) Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer las gestión presupuestaria, de Caja y patrimonial, así como los resultados operativos, económicos y financieros del sector público provincial.

g) Organizar el archivo general de documentación financiera de la administración provincial.

h) Organizar y mantener en operación un sistemaq permanente de compensación de deudas intragubernamentales.

CAPITULO IV – DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

Artículo 52º – Antes del 30 de abril de cada año se formulará una cuenta general del ejercicio que deberá contener, como mínimo, los siguientes estados demostrativos:

1) De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos, indicando por cada uno:

a) Monto original.

b) Modificaciones introducidas durante el ejercicio.

c) Monto definitivo al cierre del ejercicio.

d) Erogaciones devengadas.

e) Saldo no utilizado.

2) De la ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos, indicando por cada rubro:

a) Monto calculado.

b) Monto efectivamente recaudado.

c) Diferencia entre lo calculado y lo recaudado.

3) De la aplicación de los recursos al destino para el que fueron instituidos, detallando el monto de las afectaciones especiales con respecto a cada cuenta de ingreso.

4) De las autorizaciones de las cuentas a que se refiere el artículo 9º.

6) Del resultado financiero del ejercicio por comparación entre las erogaciones devengadas y las sumas efectivamente recaudadas o acreditadas en cuenta para su financiación.

7) Del movimiento de fondos y valores operados durante el ejercicio.

8) De la situación del Tesoro, indicando los valores activos y pasivos y el saldo.

9) de la deuda pública clasificada en consolidada y flotante al comienzo y cierre del ejercicio.

10) De la situación de los bienes del estado, indicando las existencias al iniciarse el ejercicio, las variaciones producidas durante el mismo como resultado de la ejecución del presupuesto o por otros conceptos y las existencias al cierre.

11) Una elevación técnica de los siguientes aspectos:

1) La eficacia en el objetivo y meta prevista en el Presupuesto.

2) El comportamiento de los costos y de otros indicadores de eficiencia en la producción pública.

3) La gestión financiera del sector público provincial.

La cuenta general será elevada al Poder Ejecutivo antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al cerrado, para su remisión a la Legislatura en los términos del artículo 81º, inciso 13) de la Constitución de la Provincia.

CAPITULO V – DE LA GESTION DE LOS BIENES DE LA PROVINCIA

Artículo 53º – El patrimonio de la Provincia se integra con los bienes que, por disposición expresa de la ley o por haber sido adquiridos por sus organismo, son de propiedad provincial.

Artículo 54º – La administración de bienes de la Provincia estará a cargo de las jurisdicciones y organismos que los tengan asignados o los hayan adquirido para su uso.

El Poder Ejecutivo determinará el organismo que tendrá a su cargo la administración de los bienes en los siguientes casos:

a) Cuando no estén asignados a un servicio determinado.

b) Cuando cese dicha afectación.

c) En el caso de los inmuebles, cuando quedaren sin uso o destino específico.

Artículo 55º – Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley que, al mismo tiempo deberá indicar el destino de su producido, en cuyo defecto, pasará a integrar el conjunto de recursos aplicados a la financiación general del presupuesto.

Artículo 56º – Los bienes muebles deberán destinarse al uso consumo para el que fueren adquiridos. Toda transferencia posterior deberá formalizarse mediante al acto administrativo correspondiente, siendo requisito indispensable que el organismo al cual se transfiera cuente con crédito disponible en el presupuesto para ser afectado por el valor de los bienes que reciba.

El Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Economía podrá disponer excepciones a esta norma, mediante disposición expresa en cada oportunidad, en los siguientes casos:

a) Cuando por procesos de racionalización, fusión o supresión de oficinas o dependencias, sea conveniente dar destino distinto a bienes en existencia o su venta resulte antieconómica.

b) Cuando así lo justifique, con razones fundadas, la labor accidental o extraordinaria, en cuyo caso podrá asignar bienes en préstamo o uso temporario por el término de dicha labor, a dependencias provinciales, nacionales, municipales o Empresa del Estado.

c) Cuando el monto de los bienes a transferir no exceda el límite establecido en el Inciso b) del artículo 27º, por cada órgano administrativo que reciba los bienes en el transcurso del ejercicio.

d) Cuando de la aplicación de la misma resulte un evidente perjuicio a los intereses provinciales o se planteen dificultades presupuestarias insalvables, en cuyo caso, deberá incluir una información especial en la cuenta general del ejercicio correspondiente.

Artículo 57º – Podrán transferirse los bienes muebles, sin cargo, entre Reparticiones del Estado Provincial cuando no presten utilidad o pueda lograrse de tal manera, su mejor aprovechamiento. En los casos de donaciones de bienes, se procederá como lo establece el artículo 45º de la Constitución de la Provincia.

Artículo 58º – Podrán permutarse bienes muebles, cuando el valor de los mismos sea equivalente. La valuación deberá establecerse por oficina técnica competente, que asimismo deberá pronunciarse con respecto a la calidad y características de los bienes a permutar.

Para la permuta se aplicarán las mismas disposiciones que para la compra o la venta.

Facúltase a desfectar bienes muebles y bienes muebles registables del dominio Provincial, a los efectos de poder ser entregados, previa valuación de la oficina técnica competente, como parte de pago de los nuevos bienes a adquirir en su reemplazo (Texto s/Ley 9667 – B.O. 4/1/06)

Artículo 59º – Competerá a las autoridades superiores de los Poderes del estado, o a los funcionarios en quienes las mismas deleguen la facultad, y a las de organismos especialmente autorizados por la ley, la aceptación de donaciones a favor de la Provincia.

Artículo 60º – En concordancia con los establecido en el artículo 48, todos los bienes del Estado formarán parte del inventario general de bienes de la Provincia, que deberá mantenerse permanentemente actualizado.

El Poder Ejecutivo podrá disponer relevamiento totales o parciales de bienes en las oportunidades que estime necesario.

CAPITULO VI – DEL SERVICIO DEL TESORO

Artículo 61º – El Tesoro de la Provincia se integra con los fondos, títulos y valores ingresados en sus organismos mediante operaciones de recaudación o de otra naturaleza, excepto las situaciones mencionadas en el segundo párrafo del artículo 23º.

Artículo 62º – La Tesorería General de la Provincia, que estará a cargo de un Tesorero General, y las de los organismos descentralizados, según corresponda, centralizarán el ingreso de fondos y el cumplimiento de las ordenes de pago, correspondiéndoles, además, la custodia de los fondos, título, y valores que se pongan a su cargo, sin perjuicio de otras funciones que se les asignen.

Igual procedimiento aplicarán los organismos centralizados que establece el último párrafo del artículo 22º.

Artículo 63º – Los tesoreros serán responsables del exacto cumplimiento de las funciones que legalmente tengan asignadas y del registro regular de la gestión a su cargo.

En particular, no podrán dar entrada o salida de fondos, títulos y valores cuya documentación no haya sido intervenida previamente por la Contaduría de los organismos descentralizados, según corresponda.

Artículo 64º – Los fondos que administren las distintas Tesorerías serán depositados en la institución bancaria que determine el Poder Ejecutivo mediante licitación pública. No obstante deberán respetarse hasta su vencimiento los compromisos contraídos en este aspecto con los adjudicatarios del Banco de Entre Ríos.

Artículo 65º – No obstante lo dispuesto en el artículo 11º, el Poder Ejecutivo, o los funcionarios autorizados al efecto, podrán disponer la utilización transitoria de fondos para efectuar pagos cuando, por razones circunstanciales o de tiempo, deba hacerse frente a apremios financieros. Dicha autorización transitoria no significará cambio de financiación ni de destino de los recursos y deberá quedar normalizada en el transcurso del ejercicio, cuidando de no provocar daño en el servicio que deba prestarse con fondos específicamente afectados, bajo responsabilidad de la autoridad que lo disponga.

Artículo 66º – El Poder Ejecutivo podrá autorizar a los órganos administrativos a mantener fondos denominados “permanentes” o de “caja chica”, de conformidad al régimen que instituya, para ser utilizados en la atención de pagos cuya característica, modalidad o urgencia, no permita aguardar la respectiva provisión de fondos o para los gastos de menor cuantía, que deba abonarse al contado, para solucionar problemas momentáneos de escaso valor, cuya necesidad se presenta imprevistamente.

La entrega de fondos por parte de la Tesorería General o de las tesorerías de los organismos descentralizados, a las dependencias o servicios en que se autoricen, constituirá un anticipo, que se registrará en cuentas por separado, de manera que periódicamente puedan formularse las liquidaciones respectivas en los términos de los artículo 19º y 20º.

Artículo 67º – El Poder Ejecutivo autorizará a la Tesorería General de la Provincia a emitir “Letras del Tesoro” u otras ;obligaciones negociables, para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General. De superarse ese lapso sin ser reembolsados se transformarán en deuda pública debiendo cumplir co los requisitos que al respecto se establecen en esta ley.

CAPITULO VII – DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD

Artículo 68º – La Contaduría General de la Provincia ejercerá el control interno de la gestión económico-financiera de la hacienda pública, cuyos efectos tendrá acceso directo a todo tipo de documentación y registros referidos al ámbito de su competencia, en uso de las funciones que tiene establecidas y de las técnicas usuales de control.

Artículo 69º – La Contaduría General de la Provincia estará a cargo de un Contador General, que será designado de conformidad con lo prescripto por los artículos 140º y 141º de la constitución y estará integrada por un Subcontador General, un cuerpo de contadores y demás personal que le asigne la Ley de Presupuesto.

En cada de las jurisdicciones del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados y autárquicos, como así tambiénn aquellas centralizadas que lo decida, la Contaduría general designará Contadores Auditores, que ejercerán las funciones de control que les sean asignadas conforme a la reglamentación.

Artículo 70º – El Subcontador General será el subrogante del Contador general en casos de ausencia o impedimento de éste. Podrá además compartir la atención del despacho sin que ello implique subrogarlo en los derechos y obligaciones que la Constitución Provincial y la presente ley le acuerdan a aquél.

Artículo 71º – Además de las tareas mencionadas en los artículos 46º a 52º y 68º de esta ley, corresponderá a la Contaduría General:

a) Analizar todos los actos administrativos que se refieran a la hacienda pública provincial y observarlos cuando contraríen o violen disposiciones legales o reglamentarias, dentro de los quince (15) días de haber tomado conocimiento. A tal efecto dichos actos, juntamente con los antecedentes que los originen, deberán serle comunicados antes de entrar en ejecución.

b) Intervenir las entradas y salidas del tesoro y arquear periódicamente sus existencias.

c) Registrar las operaciones de la Tesorería General.

d) Controlar la emisión y distribución de los valores fiscales.

e) Asesorar al Poder Ejecutivo en la materia de su competencia.

f) Las demás funciones que se le asignen por cía reglamentaria.

Artículo 72º – Las observaciones que formule la Contaduría General serán comunicadas al órgano o dependencia en que se haya originado el acto y suspenderán su cumplimiento o el de la parte observada del mismo, hasta tanto se subsanen las causales que la motivaron.

Si dichas no fueran subsanadas y la autoridad competente estime que, no obstante la observación formulada, el acto debe cumplirse, el Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros o la autoridad competente en los Poderes Legislativo y Judicial, podrán insistir en el cumplimiento bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad; en cuyo caso, la Contaduría General dará curso al mismo y dispondrá la publicación de la observación y el respectivo acto de insistencia en el Boletín Oficial, comunicando inmediatamente la actuado al Tribunal de Cuentas.

Artículo 73º – La Contaduría general no está obligada a observar los actos cuando advierta simples o evidentes defectos o errores de forma, que no alteren el contenido sustancial de los mismos ni implique dar un destino distinto a los recursos o a las autorizaciones para gastar.

CAPITULO VIII – DE LOS OBLIGADOS A RENDIR CUENTA

Artículo 74º – Todo funcionario o empleado, como así también;en toda persona que perciba fondos o valores en carácter recaudador, depositario o pagador o que administre, guarde o custodie dinero, valores u otros bienes o pertenencias del Estado, con o sin autorización legal, está obligado a rendir cuenta documentada o comprobable de su utilización o destino.

Artículo 75º – En los casos de cambios de funcionarios o agentes obligados a rendir cuenta, se procederá a realizar los arqueos e inventarios que fueren necesarios, dejando constancias de los mimos en acta que se formalizará al efecto, dando conocimiento a la Contaduría General.

Artículo 76º – El cese de funciones del obligado a rendir cuenta no lo exime de hacerlo.

Si dicho cese de funciones obedeciere a causales de fallecimiento, incapacidad, ausencia o negativa de la persona obligada legalmente, el Tribunal de Cuentas determinará el encargado de hacerlo. A tal efecto, los funcionarios administrativos correspondientes, o en su caso los derechos habientes, están obligados a suministrar la documentación, información o antecedentes necesarios que le sean requeridos.

Artículo 77º – El Poder Ejecutivo establecerá la fianza y/o garantías que deberán prestar los obligados a rendir cuenta y las condiciones en que las mismas serán constituidas.

CAPITULO IX – DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 78º – La responsabilidad administrativa alcanza, personal o solidariamente:

1º) A los obligados a rendir cuentas por las que dejaren de rendir o por las que no fueren aprobadas.

2º) A los funcionarios o agentes que realicen actos o hechos o adopten decisiones contrarias a las normas establecidas por leyes, reglamentos, decretos o disposiciones administrativas que afecten la hacienda pública provincial.

3º) A los funcionarios o agentes del estado que, por su culpa o negligencia, ocasionaren daños o perjuicios al Fisco, por entregas indebidas de bienes a su cargo o custodia o por pérdida, sustracción o indebido uso que les sea imputable, respecto del cuidado o mantenimiento de los mismos.

4º) A los agentes recaudadores, por las sumas que por su culpa o negligencia dejaren de percibir.

5º) A los agentes recaudadores, pagadores a los receptores que no depositen los fondos en la forma dispuesta en la presente ley y su reglamentación.

Artículo 79º – En particular los funcionarios o agentes que ordenen gastos o pagos son responsables de toda obligación que reconozcan u ordenan liquidar y pagar sin sujetarse a los dispuesto en el artículo 19º de esta ley y su reglamentación.

La responsabilidad alcanza asimismo, mancomunada y solidariamente a los funcionarios de control que hubieren legalizado el acto o no se hubieren opuesto en oportunidad de su intervención.

Artículo 80º – Los funcionarios o agentes que reciben orden de hacer o no hacer o de autorizar o liquidar gastos o pagos, incurren en responsabilidad si no advierten por escrito al superior de quien reciban la orden sobre toda posible infracción que traiga aparejada el cumplimiento de la misma y las consecuencias de dicha infracción.

Si no obstante dicha advertencia el superior insistiere, también por escrito, la responsabilidad será exclusiva de éste y el funcionario o agente cumplirá lo ordenado informando de inmediato a la Contaduría General.

Artículo 81º – El cese de funciones no exime de responsabilidad al funcionario o agente: 1º) Por la parte de su gestión financiero patrimonial que no hubiere sido incluída en rendiciones de cuentas.

2º) por los cargos por bienes que no hubieren sido descargados.

3º) Por las rendiciones de cuentas que no fueren aprobadas.

Artículo 82º – Las responsabilidades administrativa no excluye la civil, penal o disciplinaria consecuente y, sin perjuicio de aquélla, la omisión de rendición o el rechazo de cuentas no justificados, serán considerados falta grave a efectos de las sanciones que correspondan.

Las transgresiones a esta ley y sus reglamentos, también constituyen falta grave, aun cuando no ocasionaren perjuicio al Fisco.

CAPITULO X – DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 83º – Establecer que mientras dure la emergencia económica declarada por la Ley Nº 8.918, todas las licitaciones públicas se realizarán desde una unidad ejecutora a crearse por el Poder Ejecutivo en el ámbito de la Secretaría de Hacienda.

El presente artículo alcanza a las licitaciones públicas que realicen los tres Poderes del Estado y a los organismos que poseen autarquía dispuesta por ley.

Artículo 84º – De forma.-

DECRETO Nº 795/96 MEOSP

(B.O. 16/04/96)

LEY DE CONTABILIDAD PUBLICA – APROBANDO REGLAMENTACION

Reglamentación de las Contrataciones del estado (Arts. 26º a 33º de la Ley de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones)

Título Preliminar – Alcance de esta Reglamentación

Artículo 1º – Toda contratación de suministros, servicios, consultarías, compraventa de bienes nuevos y usados y locaciones de bienes, obras o servicios que se realice por cuenta de Estado Provincial, con excepción de los contratos de servicios a formalizar con personal temporario y que se financien con la partida presupuestaria establecida a tal fin, se efectuarán con sujeción a lo establecido por los Arts. 26º a 33º de la Ley de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones, la presente Reglamentación, normas complementarias que dicte el Poder Ejecutivo. Directivas de la Unidad Central de Contrataciones, la Ley de Obras Públicas y su reglamentación y disposiciones contenidas en las respectivas cláusulas particulares.

Los organismos licitantes establecerán las cláusulas particulares que correspondan respecto de la prestación que se ha de contratar, y no podrán incluir en ellas requisitos que se aparten de lo determinado en este Reglamento.

Las disposiciones del presente reglamento, serán aplicables subsidiariamente en la realización de obras públicas, y concesiones de obras y servicios públicos, en aquellos aspectos no previstos especialmente por su ley y reglamentación específica.

Artículo 2º – Las autoridades superiores de los poderes Legislativo y Judicial determinarán los funcionarios facultados para autorizar, realizar y adjudicar las contrataciones dentro de sus ámbitos, de conformidad con lo establecido por el Art. 32º de la Ley 5140 (T.O. Decreto 404/95).

Normas de Interpretación

Artículo 3º – Para toda contratación se deberán tener en cuenta las siguientes normas según lo previsto por el Art. 26 de la Ley 5140 (T.O. Decreto 404/95):

Inciso a) Publicidad y transparencia en todo su proceso de manera que inspire confianza a la sociedad.

Inciso b) la promoción de la competencia entre todos los proveedores o contratistas, fomentando y alentando la participación de los mismos en los distintos procesos de las contrataciones, desregulando al máximo los requisitos para su inclusión.

Inciso c) Asegurar la eficiencia, eficacia y economicidad en el proceso de contratación teniendo como metas ineludibles efectuar la contratación en el momento oportuno, con la mejor tecnología y al menor costo.

Inciso d) Asegurar la responsabilidad de los agentes y funcionarios que autoricen, dirijan y ejecuten las contrataciones, teniendo en cuenta especialmente la razonabilidad con el interés público comprometido.

Inciso e) tener como premisa básica en la selección del contratista la presentación de la oferta más conveniente para el Estado Provincial.

Inciso f) Se arbitrarán en todos los casos las medidas conducentes a fin de evitar que las limitaciones establecidas en la Ley 5.140 (T.O. Decreto 404/95) y la presente reglamentación, resulten violadas por contrataciones parciales, simultáneas o sucesivas.

Artículo 4º – A los fines de determinar el procedimiento más conveniente para realizar las contrataciones se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley Nº 5140 (T.O. Decreto 404/95), la presente Reglamentación, normas complementarias que dicte el Poder Ejecutivo y las Directivas de la Unidad Central de Contrataciones, de manera tal que dicha elección garantice el cumplimiento de las normas precedentes, debiendo responder en todos los casos a las condiciones reales de comercialización en el mercado.

PRIMERA PARTE

TITULO I – Compras

CAPITULO I – Procedimiento

Artículo 5º – Toda compra o convención sobre suministros, servicios, consultorías, compra de bienes nuevos o usados y locación de bienes, obras y servicios, con excepción de las contrataciones del personal temporario que se financien con la partida presupuestaria establecida a tal fin, que realice cualquiera de los Poderes de Estado Provincial, inclusive entes autárquicos institucionales y empresas públicas que no tengan su propio Reglamento de Contrataciones, se efectuará sujeta a los procedimientos establecidos en el Art. 26ù de la Ley Nº 5140 (T.O. Decreto 404/95), a saber:

1º) Licitación pública.

2º) Licitación privada.

3º) Solicitud de cotizaciones.

4º) Concurso de méritos y antecedentes.

5º) Iniciativa privada.

6º) Concurso de proyectos integrales.

7º) Subasta pública o remate.

8º) Normas convenidas con instituciones financieras internacionales.

9º) Contratación directa por vía de excepción.

Artículo 6º – Los procedimientos enunciados a continuación se aplicarán dentro de los montos que en cada caso se indican:

1º) Más de $50.000, por licitación pública.

2º) Hasta $50.000, por licitación privada.

3º) Hasta $10.000, por solicitud de cotizaciones.

4º) Hasta $500, por compra directa (sin cotejo).

Capítulo II – Autoridades para adjudicar

Artículo 7º – Las autoridades y adjudicaciones de las contrataciones dispuestas en el Art. 5º se efectuarán en la siguiente forma:

1.) Nivel I: De conformidad con los procedimientos y montos máximos indicados en el Art. 6º.

2.) Nivel II:

Hasta $ 400, por compra directa (sin cotejo).

Hasta $ 10.000, por solicitud de cotización.

Hasta $ 50.000, por licitación privada.

Hasta $ 250.000, por licitación pública.

3.) Nivel III:

Hasta $ 4.300, por compra directa (sin cotejo).

Hasta $ 5.000, por solicitud de cotizaciones.

Hasta $ 20.000, por licitación privada.

4.) Nivel IV:

Hasta $ 200, por compra directa (sin cotejo).

Hasta $ 2.500, por solicitud de cotizaciones.

Para las compras que efectúen los establecimientos con destino a la alimentación del personal, internos y otros racionamientos, como también medicamentos e insumos para hospitales, los jefes de reparticiones y/o directores de los mismos quedan autorizados para invertir hasta cinco mil pesos ($ 5.000) mediante el procedimiento de Solicitud de Cotizaciones.

Artículo 7 bis – Las contrataciones que se realicen en el ámbito de la Jurisdicción Gobernación en concepto de gastos de sostenimiento, destinados a la alimentación del personal que presta servicios en la residencia del señor Gobernador, así como la atención de visitas protocolares recibidas por el titular del Poder Ejecutivo, se podrán efectuar por compra directa hasta el monto de cinco mil pesos ($ 5.000) autorizado dichas erogaciones al señor Secretario General de la Gobernación.

En las contrataciones imputables al concepto Cortesía Y homenaje del señor Gobernador conforme se define en la normativa vigente, cuando realizadas por la Gobernación, se podrán realizar por compra directa y hasta el momento de diez mil pesos ($ 10.000).

Cuando dichas contrataciones sena efectuadas por los funcionarios Nivel II, los montos autorizados ascenderán a la suma de cinco mil pesos ($ 5.000).

Artículo 8º – A los efectos de las facultades que se confieren en el artículo 7º respecto de las autorizaciones y adjudicaciones, considerándose comprometidos en los puntos:

1º) Nivel I: Poder Ejecutivo.

2º) Nivel II: Ministros, Secretarios, Fiscal de Estado, Contador General, Tesorero General, cuerpos colegiados de las reparticiones autárquicas, descentralizadas y Tribunal de Cuentas, excepto que sus leyes orgánicas especifiquen diferentes, Escribano Mayor de Gobierno.

3º) Nivel III: Subsecretarios, presidentes de reparticiones autárquicas, descentralizadas y Tribunal de Cuentas.

Delegado para la atención de asuntos de alto interés provincial en la Cuenca del Río Uruguay.

4º) Nivel IV: Directores de Unidades de Organización, Directores de Despacho de Ministerios y Secretarías, directores de Hospitales, jefes de zonales de la Dirección Provincial de Vialidad, Jefes Departamentales de Policía; y demás funcionarios que expresamente sean autorizados con intervención del Ministerio de Economía.

TITULO II – Licitaciones Públicas

Capítulo I – Competencias para realizarlas

Artículo 9º – Deberán realizarse por intermedio de la Unidad Central de Contrataciones, a excepción de:

1º) Adquisición de drogas, productos químicos, específicos o instrumental científico y equipamiento técnico con destino a la Secretaría de Salud.

2º) Compra de equipos, elementos, maquinarias, herramientas, repuestos, armamentos, municiones, material técnico y todo otro que haga a la función específica policial.

3º) Reparticiones autárquicas, descentralizadas y Tribunal de Cuentas.

Artículo 10º – Las autoridades superiores de los organismos a quienes competen las adquisiciones indicadas en el Art. 9º, así como los Poderes Legislativo y Judicial podrán, en caso que lo estimen conveniente, solicitar efectuarlas por intermedio de la Unidad Central de Contrataciones.

Artículo 11º – En los casos de que los distintos organismos del Estado consideren conveniente la realización de licitaciones anticipadas conforme lo establecido en el Art. 17º de la Ley 5140 (T.O. Decreto 404/95), deberán solicitar la respectiva autorización al Poder Ejecutivo adjuntando la información exigida por el citado artículo -in fine-.

Capítulo II – Propaganda, difusión y publicidad

Artículo 12º -El llamado a licitación pública se hará mediante publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia y en por lo menos un diario de la localidad en que tenga lugar el acto sin perjuicio de la utilización de otros medios de difusión escritos, en directa relación con la importancia y naturaleza de la licitación, siempre con la finalidad de lograr la concurrencia del mayor número de oferentes.

Las publicaciones para el llamado se efectuarán durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial y al menos un (1) día en un diario de la localidad en que se realice el acto, con una anticipación mínima de diez (10) días a la fecha de apertura, a contar desde la primera publicación en el Boletín Oficial. En el caso de ser necesario la difusión del llamado en el exterior, el plazo será de treinta (30) días.

Cuando la licitación supere el monto de doscientos mil pesos ($ 200.000), se hará también una publicación en un diario de la Capital Federal que sea de circulación masiva en todo el territorio del país.

Artículo 13º – Excepcionalmente, este término podrá ser reducido por razones de urgencia debidamente fundadas, o en razón del interés del servicio. Este término en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) y diez (10) días respectivamente, debiendo constar los motivos en el acto administrativo que disponga el llamado.

Capítulo III – Concurrencia a la licitación

Artículo 14º – Podrán intervenir en ella:

1º) Toda persona física o jurídica que sea propietaria, productora o representante de los bienes, servicios u obras a contratar.

2º) Todo propietario de casa de comercio o fábrica establecida en el país con autorización o patente que habilite para comerciar en los renglones en que se opera, o productor, importador representante autorizado de firmas establecidas en el extranjero.

Los oferentes deberán acreditar su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado dentro de los diez (10) días posteriores a la apertura del acto. La falta de cumplimiento de tal requisito producirá la caducidad de la propuesta, salvo que expresa y fundadamente, el pliego de condiciones particulares o el acto administrativo que disponga la contratación lo excluya en razón del objeto de la misma.

Cuando se trate de contratación de profesionales universitarios, el postulante deberá acreditar su inscripción en los organismos impositivos y previsionales nacionales y provinciales que corresponda, así como su habilitación para el ejercicio de la profesión ante el colegio profesional de competencia.

Artículo 15º – La sola presentación de las ofertas significa la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen la contratación, aun cuando el pliego de condiciones particulares no se acompañe con la propuesta o no esté firmado por el oferente.

Artículo 16º – Toda cuestión o conflicto que se plantee antes, durante o después, en cualesquiera de las formas de contratación del Estado, serán dilucidados por ante los Tribunales de la Provincia. A tal fin, todos los contratantes deberán renunciar expresamente y por escrito a cualquier otro fuero y jurisdicción que les corresponda o les pudiere corresponder más adelante. La omisión del cumplimiento a este requisito, dejará sin efecto la contratación.

Capítulo IV – Formas de presentar las propuestas

Artículo 17º – Se presentarán en el lugar establecido en el pliego de condiciones particulares, en sobre cerrado, por duplicado o en la cantidad de ejemplares que éste indique, consignándose en la cubierta el número y objeto de la licitación, día y hora de apertura de la misma.

Artículo 18º – Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, tendrán que estar debidamente salvadas por el oferente al pie de la misma.

Artículo 19º – Para el depósito de los sobres que se entreguen antes de la hora de apertura se habilitaran urnas con el número de la licitación correspondiente, y una vez en las mismas, los interesados no podrán solicitar su devolución.

Artículo 20º – Las propuestas podrán formularse por la totalidad o parte de la mercadería licitada, pero siempre por el total de cada renglón. Podrá también cotizarse por parte de alguno de los renglones, si así fuere previsto en el pliego de condiciones particulares.

Capítulo V – Apertura de propuestas

Artículo 21º – Recibidas las propuestas en el local, día y hora determinados en el respectivo llamado a licitación, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretase asueto, el Escribano Mayor de Gobierno o su reemplazante legal procederá a abrir los sobres en presencia del Director de Administración o del Servicio Administrativo Contable de la Jurisdicción que licite, del titular de la Unidad Central de Contrataciones cuando se realice el llamado por esa Unidad y de los proponentes que concurran al acto.

En ausencia del Director de Administración o del Servicio Administrativo Contable, asistirá el funcionario que éste designe, o en su defecto el funcionario que designe el Ministerio o Subsecretario de la Jurisdicción, o directamente uno de ellos.

En ausencia del titular de la Unidad Central de Contrataciones, lo suplantará el Director de Suministros o el funcionario de la misma que aquél designe.

Artículo 22º – Cuando el acto se realice en alguna dependencia autárquica o descentralizada o Tribunal de Cuentas, deberá encontrarse presente además del escribano, el funcionario de igual jerarquía de los indicados en el Art. 21º.

Artículo 23º – Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21º y 22º, podrán estar presentes los funcionarios superiores de la Repartición interesada en el objeto de la licitación.

Artículo 24º – Abierto el primer sobre, no se permitirá la presentación de nuevas propuestas, ni aun existiendo caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 25º – Efectuada la apertura, procederá a labrar el acta correspondiente el escribano Mayor de Gobierno o quien lo reemplace legalmente. Esta deberá reflejar fielmente el proceso o incidencias producidas dentro del acto licitario, desde la apertura de sobres hasta la suscripción de la misma. Además se hará constar lo siguiente:

a) Número de ofertas o propuestas presentadas.

b) Número completo de las firmas oferentes.

c) Monto total de cada cotización, consignándose en caso de varias alternativas, el mayor importe.

d) Nómina de oferentes que presentaron muestras si así lo exigiere el pliego de bases y condiciones.

e) Documentación agregada a las propuestas.

f) Monto de la garantía en caso que correspondiera su presentación o constancia de que no ha sido presentada.

g) Descuentos si los hubiere.

h) Demás aspectos que a criterio del actuario deban especificarse.

Artículo 26º – Antes del cierre del acta, se invitará a los proponentes o sus representantes a firmar la misma, pudiendo hacerlo todos, uno o ninguno de ellos, sin que esta circunstancia afecte la valides del acto, el que se tendrá por válido con la sola firma del escribano actuante y funcionarios consignados en el Art. 21º.

Artículo 27º – Las propuestas serán inicializadas en todas sus fojas por el escribano actuante.

Artículo 28º – Realizada la apertura de los sobres, el expediente con el agregado de las propuestas y el acta respectiva, quedará en poder de la Unidad Central de Contrataciones o repartición donde se efectuó la licitación para el estudio pertinente, debiendo constar en el acta respectiva.

Artículo 29º – Cuando llegara una oferta fuera de término se procederá a: 1º) Las entregas en forma personal, serán firmadas en el reverso del sobre por la persona que la entrega y el empleado que la recibe, dejándose constancia del día y hora de su recepción.

2º) Las recibidas por correo u otro medio llevarán la misma inscripción que la indicada en el inc. 1º, firmado en este caso el empleado receptor.

3º) Las propuestas serán detalladas por la autoridad en un acta de “Propuestas recibidas fuera de término”, la que se confeccionará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de finalizada la apertura principal. Esta documentación (acta, ofertas y sobres) será agregada a las actuaciones. Estas y las propuestas que pudieran llegar una vez confeccionada el acta de mención, se agregarán directamente al expediente con las constancias que establecen los incisos 1º y 2º, comunicando a los interesados de manera fehaciente, que su propuesta no fue considerada por haberse recibido con posterioridad a la hora fijada para la apertura.

Capítulo VI – Requisitos de las ofertas

Artículo 30º – Los proponentes se obligarán a mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días a contar de la fecha del acto de apertura, salvo que el pliego de condiciones particulares indicare expresamente otro plazo.

Artículo 31º – Las ofertas esencialmente deberán especificar:

1º) El precio unitario y total, fijo y cierto, en números con referencia a la unidad solicitada, determinando además el total general final, incluidos impuestos y tasas, de la propuesta en letras y números.

2º) Serán presentadas en moneda argentina, salvo cuando el pliego de condiciones particulares permita la cotización en moneda extranjera autorizada, en cuyo caso a efectos de la comparación deberá indicarse con precisión el tipo de cambio vendedor vigente al cierre del día anterior a la presentación.

3º) Se presentarán en el lugar, día y hora que indique el respectivo pliego de condiciones particulares.

Artículo 32º – Cuando en las ofertas se observaren defectos que no incidan en la esencia de las propuestas y que no impida la comparación con las demás, se podrá requerir su perfeccionamiento siempre que no signifique una modificación a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego.

Estos requerimientos se efectuarán dentro de un plazo de tres (3) días desde la fecha de apertura, que el interesado deberá cumplimentar en los siete (7) días siguientes.

Capítulo VII – Muestras

Artículo 33º – Los proponentes deberán acompañar muestras de los artículos licitados cuando en el pliego de condiciones particulares se establezca expresamente y no será considerada la propuesta en el renglón respectivo que no cumpla tal requisito.

Artículo 34º – Las muestras se exigirán de un tamaño adecuado para los análisis y experiencias a los que se las someta, sus medidas se determinarán en el pliego de condiciones particulares, de acuerdo con el artículo que se licita.

Artículo 35º – Se exceptuará de la presentación de muestras que menciona el Art. 33º cuando el elemento ofrecido responda a una reconocida marca y calidad, o bien que las características del mismo no lo permitan. En tal supuesto se agregarán los folletos correspondientes, debiendo indicarse además el lugar donde pueda ser evaluado por el organismo técnico pertinente a fin de determinar si el artículo ofrecido se corresponde con las exigencias del pliego.

Artículo 36º – Las muestras y folletos se podrán presentar hasta la hora de apertura de la licitación en el lugar que se indique.

Artículo 37º – Las muestras deberán presentarse con un rótulo en lugar visible, asegurado mediante precinto lacre sellado y llevará el número de la misma, el del renglón correspondiente y el de la licitación, datos estos de deben figurar en la propuesta respectiva.

Artículo 38º – Para el estudio de las muestras, la Unidad Central de Contrataciones eliminará todo signo que demuestre su procedencia, distinguiéndolas con claves y registrándoles en una planilla firmada por el director de la Unidad Central de Contrataciones y presidentes de la Comisión de Compras.

Artículo 39º – Tratándose de especialidades medicinales u otros casos que se justifiquen debidamente, la Comisión de Compras podrá prescindir de estos requisitos, dejando constancia documentada, que se agregará a la documentación de compra. Esta circunstancia deberá ser prevista en lo posible en la confección de los pliegos de condiciones particulares.

Artículo 40º – Las muestras que correspondan a ofertas rechazadas, quedarán a disposición de los proponentes para su retiro, hasta treinta (30) días después de resuelta la adjudicación. Vencido este plazo, las mismas pasarán a ser propiedad del Estado Provincial.

Artículo 41º – Las correspondientes a ofertas aceptadas, podrán ser retiradas una vez cumplido el contrato hasta treinta (30) días a contar de la última conformidad de recepción de las mercaderías adjudicadas. De no procederse a su retiro dentro de dicho plazo se observará el mismo procedimiento señalado en el Art. 40º.

Artículo 42º – Los oferentes no tendrán derecho a reclamo por deterioro proveniente de los análisis y ensayos a los que sean sometidas las muestras.

Capítulo VII – Garantías

Artículo 43º – Los oferentes o adjudicatarios deberán afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, de conformidad a las normas establecidas en el presente capítulo.

Artículo 44º – La garantía de las ofertas será del uno por ciento (1%) del valor total de la oferta por el suministro o servicio.

En caso de cotizaciones alternativas, la garantía señalada se calculará sobre el mayor valor propuesto.

Artículo 45º – La garantía o su comprobante respectivo según el caso, será adjuntada a la propuesta.

Artículo 46º – La garantía de adjudicación será del cinco por ciento (5%) del monto adjudicado aumentándose a tal porcentaje la consignada en el Art. 44º.

Este requisito deberá cumplimentarse dentro de los diez (10) días a contar desde la fecha de notificación de la adjudicación, salvo el caso que, antes de vencer el plazo establecido, el adjudicatario dé cumplimiento a todas las obligaciones contraídas.

Artículo 47º – Cuando el depósito se haga en moneda extranjera, el importe de la garantía se calculará al tipo de cambio vendedor vigente al cierre del día anterior al de la constitución de la garantía.

Artículo 48º – Toda clase de garantía deberá ser depositada por el interesado en la Tesorería General, la que extenderá por duplicado, el comprobante que acredite el depósito efectuado.

Cuando los valores que constituyan la garantía, sean enviados por correo, la Unidad Central de Contrataciones los depositará en la Tesorería General de la Provincia.

Artículo 49º – Las garantías podrán presentarse en las siguientes formas:

1º) En efectivo, mediante depósito en la Tesorería General de la Provincia.

2º) Mediante el endoso a favor del “Superior Gobierno de la Provincia o Tesorero General”, de letras del tesorero, bonos, títulos y acciones negociables en la Bolsa de Comercio u otras obligaciones negociables.

Se tomará como valor de los mismos el de la cotización en plaza el día anterior a la presentación.

3º) En documentos a la vista sobre plaza Paraná, extendidos o endosados a favor del “Superior Gobierno de la Provincia”. Cuando el valor de la garantía supere la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500), el excedente deberá ser afianzado mediante aval bancario. Cuando el documento sea menor, salvo lo previsto en el Art. 51º deberá acompañar balance del último ejercicio con cuadro de ganancias y pérdidas debidamente certificado por contador público.

4º) Mediante “Carta Fianza” subscripta por una institución bancaria, garantizando a favor del Superior Gobierno de la Provincia el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el oferente.

5º) Póliza de seguro que garantice el cumplimiento.

Artículo 50º – Los documentos presentados en garantía de las propuestas o de las adjudicaciones, deberán llevar el sellado de ley correspondiente.

Artículo 51º – Las ofertas de hasta pesos seis mil quinientos ($ 6.500) quedan exceptuadas de cumplir las garantías establecidas, salvo que expresamente se determine lo contrario.

Artículo 52º – Cuando en el cumplimiento de las formas de garantía y aplicación de la Ley Impositiva Provincial se observare:

1º) Falta de endoso y/o sellado de los documentos.

2º) Error en la fijación de la plaza de los documentos.

3º) Falta de balance y/o cuadro de ganancias y pérdidas o certificación de los mismos, cuando el importe del documento no supere la cantidad de dos mil quinientos pesos ($ 2.500).

4º) Falta de aval bancario cuando el monto supere los dos mil quinientos pesos ($ 2.500).

La Unidad Central de Contrataciones requerirá el cumplimiento de la Ley Impositiva Provincial en los casos que corresponda y con relación a las imperfecciones en las garantías podrá solicitar su adecuación a las normas admitiendo si lo estima conveniente su sustitución.

Estos requerimientos se harán dentro del plazo de tres (3) días de la fecha de apertura, y los interesados deberán cumplirlos dentro de los dos (2) días siguientes.

Artículo 53º – El incumplimiento a los requerimientos de la Unidad Central de Contrataciones podrá ser pasible de sanciones de conformidad a lo establecido en el Capítulo XIII – Penalidades.

Capítulo IX – Comisión de Compras – Estudio de ofertas

Artículo 54º – Tendrá a su cargo dicha tarea una Comisión de Compras integrada por tres (3) miembros de la respectiva Jurisdicción:

1º) Director o funcionario a cargo de la repartición solicitante.

2º) Director de Administración del Area.

3º) Asesor Legal del Area.

El titular de la Unidad Central de Contrataciones actuará como Secretario de la Comisión con voz y voto.

Artículo 55º – Para el examen de las propuestas presentadas la Unidad Central de Contrataciones confeccionará un cuadro comparativo de precios y condiciones, incorporando en los renglones respectivos los precios testigos que al efecto se posean, de conformidad a lo normado en los Arts. 135º y 137º a 140º, para su consideración y referencia en el estudio de las ofertas.

Artículo 56º – La Comisión de Compras establecerá la validez de las propuestas y aconsejará la adjudicación de acuerdo con el procedimiento fijado por el Capítulo X del Título II, Parte primera de esta reglamentación.

Cuando resultare frustrado un acto licitario, el organismo autorizante deberá proceder a efectuar un nuevo llamado, pudiendo adecuar el Pliego, modificando o eliminando las causas que, a juicio de la autoridad que efectuó el mismo, motivaron su fracaso.

Capítulo X – Procedimiento para adjudicar

Artículo 57º – La adjudicación se hará por renglón o por el total licitado, según convenga, como consecuencia de la comparación de las ofertas presentadas al acto respectivo y excepcionalmente aquel puede tener lugar aunque se hubiese presentado una sola oferta, siempre que la misma sea válida, es decir, que se ajuste al pliego de condiciones generales y especificaciones particulares y sea además su precio conveniente a los intereses del Estado.

Artículo 58º – Se podrá adjudicar parte de algunos o de todos los renglones licitados, siempre que se hubiese establecido esta condición en el llamado a licitación.

Cuando convenga a los intereses del Estado, si la mejor propuesta no ofrece la totalidad de un renglón, podrá adjudicarse la provisión del mismo a más de una firma, previo consentimiento de los oferentes a quienes se interesa adquirir.

Artículo 59º – La adjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal aquellas cuyos precios sean los más bajos, en igualdad de condiciones, calidad y plazos o cronogramas de entrega o de prestación del servicio, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Cuando los efectos ofrecidos reúnan las especificaciones exigidas por el pliego de bases y condiciones y cláusulas o especificaciones especiales, la adjudicación se resolverá a favor de aquélla que en esa situación resulte de precio más bajo.

b) Excepcionalmente podrá adjudicarse por razones de calidad, previo dictamen fundado en estudios técnicos, de la Comisión de Compras que, en forma descriptiva y comparada con la oferta de menor precio, justifique en detalle la mejor calidad de material, funcionamiento u otras características que demuestren la ventaja de la adjudicación que a precios superiores al menor cotizado se proyecte efectuar.

c) Del mismo modo se dará preferencia a las propuestas en las que figure el menor plazo o cronograma de entrega o prestación del servicio, aunque su precio no sea el más bajo, si la oportunidad del abastecimiento o la prestación lo requiere; en este caso la diferencia de precio deberá justificar los beneficios que se obtengan por el menor plazo o cronograma de entrega o prestación del servicio.

d) En igualdad de precios y condiciones, se dará preferencia en la adjudicación a los artículos de procedencia nacional de acuerdo con la Ley Nacional Nº 18.875, Decreto Reglamentario Nº 2930/70 y Ley Provincial Nº 4060.

e) En caso de empate (igualdad de precios y condiciones) y superar el monto del renglón la cantidad pesos quinientos ($ 500) se llamará a los respectivos proponentes a una mejora de precios dentro del término de cinco (5) días. De subsistir el empate de los precios o no superar aquellos el monto especificado precedentemente se dilucidará por sorteo.

Artículo 60º – La Comisión de Compras deberá expedirse en el término de ocho (8) días, salvo cuando por razones debidamente justificadas se requiera un plazo mayor que se graduará en relación al término de mantenimiento de las ofertas.

Cuando el objeto de la licitación lo requiera deberá:

1º) Requerir los análisis químicos, mecánicos y técnicos, como así también toda clase de informaciones , asesorami consideración y comparación de las ofertas recibidas.

2º) Cuando se trate de material eminentemente técnico deberá requerir la intervención de un técnico en la materia u organismo especializado.

En tales casos, el requerimiento formulado será de cumplimiento obligatorio e inexcusable para el organismo consultado, que deberá informar en los plazos que al efecto se determinen por la Comisión de Compras actuante.

Artículo 61º – La propuesta de adjudicación se efectuará por simple mayoría de votos de sus miembros. Cuando no hubiere acuerdo total el disidente dejará fundamentado su voto.

Artículo 62 º – Producido el informe que aconseje la adjudicación, la Comisión de Compras remitirá el acta pertinente a la Unidad Central de Contrataciones o repartición donde se hubiera realizado el acto de licitación, que a su vez girará las actuaciones con copia del acta de la Comisión de Compras a la Contaduría General. Dirección de Administración o Servicio Administrativo Contable, para la intervención de su competencia y registración contable, quienes dentro de los ocho (8) días las elevarán a la autoridad que deba resolver en definitiva de conformidad a lo establecido en el Art. 7º.

Artículo 63º – Aprobada por la autoridad correspondiente, se agregará a las actuaciones copia de la norma aprobatoria, con resión a los organismos citados en el artículo anterior para continuación del trámite.

Artículo 64º – El Poder Ejecutivo o el funcionario autorizado para adjudicar, podrá aceptar la oferta que a su juicio resulte más conveniente a los intereses del Estado a rechazarlas a todas, sin que ello otorgue derecho a los oferentes a reclamo o indemnización alguna. Asimismo se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un treinta por ciento (30%), en las condiciones aceptadas, las adquisiciones o prestaciones que expresamente se estipulen en los pliegos de condiciones particulares.

Cuando la oferta más conveniente resulte superior al límite máximo fijado por el artículo 6º para el procedimiento en trámite, podrá adjudicarse en el mismo acto hasta un quince por ciento más (15%) por sobre el tope establecido, siempre que existan razones debidamente fundadas.

Artículo 65º – Cinco (5) días antes de vencer el plazo de mantenimiento de ofertas, la Unidad Central de Contrataciones o repartición a cargo de quien estuviere el estudio de las ofertas, requerirá fehacientemente ampliación del plazo si estimare que la adjudicación no estará aprobada a su vencimiento.

Capítulo XI – Orden de compra

Artículo 66º – Recibida en la Unidad Central de Contrataciones o repartición actuante la resolución aprobatoria del acto licitario, procederá a:

1º) Emitir la orden de compra, según formulario vigente, destinando: Un ejemplar para el adjudicatario.

Un ejemplar para la repartición solicitante.

Un ejemplar para la Contaduría General, Dirección de Administración o Servicio Administrativo Contable, según corresponda, con copia de la resolución o decreto de aprobación.

Un ejemplar para la Unidad Central de Contrataciones.

2º) Comunicar a la o las firmas adjudicatarias, la obligación de integrar el depósito de garantía hasta cumplimentar lo dispuesto en el Art. 46º, verificando su cumplimiento.

3º) Devolver a las firmas que no resultaron adjudicatarias, los depósitos de garantías que hubiesen constituido para concurrir a la licitación.

Artículo 67º – El adjudicatario abonará el Impuesto de Sellos sobre el total adjudicado, dentro de un plazo de quince (15) días a partir de la fecha de la orden de compra, conforme lo establece la Ley Impositiva vigente. Esta obligación no se extingue aun cuando el adjudicatario no dé cumplimiento a lo convenido.

Capítulo XII – Entrega de mercaderías

Artículo 68º – Recibida por el adjudicatario la orden de compra, procederá a entregar la mercadería con remito por duplicado, el que deberá ser conformado y devuelto al proveedor con la anotación de “Mercadería a revisar” por el empleado interviniente.

Artículo 69º – En el caso de la adquisición de medicamentos o especialidades medicinales, previo a la recepción definitiva de los elementos adquiridos, el organismo competente dispondrá la verificación en base a un muestreo selectivo realizando por organismos técnicos, competentes, a fin de determinar si los componentes químicos incorporados a los mismos responden a los tipos y cantidades consignados en las ofertas.

En igual sentido deberá procederse cuando se trate de la adquisición de elementos químicos destinados a otros fines y en el caso de material mecánico, técnico y equipamiento médico, que deberá ser verificado selectivamente por oficina técnica competente.

La verificación selectiva de la mercadería entregada deberá efectuarse en un plazo que no excederá de cinco (5) días, pudiendo ser ampliado a un plazo no mayor de diez (10) días cuando la naturaleza de la mercadería así lo exija, lo que será dispuesto por el titular de la Repartición interesada.

Artículo 70º – La recepción definitiva se efectuará en el sitio establecido en el Pliego de Condiciones particulares para la entrega, sin intervención de un delegado por la Unidad Central de Contrataciones y uno por la repartición solicitante, quienes extenderán el certificado de recepción que se entregará al proveedor, labrándose el “Acta de aprobación de materiales” con la constancia de la cantidad, calidad y demás características de la orden de compra que corresponda.

Artículo 71º – Los receptores de mercadería o Departamento Almacenes de la Unidad Central de Contrataciones podrán requerir directamente a las firmas adjudicatarias la entrega de las cantidades en menos que hubieren remitido, pero el rechazo por diferencia de calidad, características, etc. no podrá ser encarado directamente por los mismos, quienes deberán formular a la Unidad Central de Contrataciones por escrito las observaciones que estimen oportunas, quedando a cargo de ésta la decisión final sobre la recepción.

Artículo 72º – Vencido el plazo de cumplimiento pactado sin que la mercadería o servicio fuera entregada o prestado, o en caso de rechazo, luego de haber cumplimentado lo dispuesto en el artículo 90º inciso c) del Capítulo XIV, Sanciones Contractuales, la Unidad Central de Contrataciones, procederá a:

1) Reunir la comisión de compras intervinientes a fin de que la misma, en caso que el mantenimiento de las ofertas se encuentre vencido, solicite a los oferentes, ampliación del mismo y en base a las respuestas obtenidas aconseje la adjudicación de acuerdo con el procedimiento fijado en el Capítulo X del Título II, Parte primera de esta reglamentación.

2) Aplicar el segundo párrafo del artículo 56º, Capítulo IX del Título II, parte primera de esta reglamentación.

En ambos casos la metodología a adoptar deberá fundarse fehacientemente, por el responsable del organismo directamente interesado y ratificarse por la jurisdicción de la cual dependa.

Artículo 73º – Con el acta firmada por los receptores de la mercadería el proveedor presentará a la Unidad Central de Contrataciones las facturas correspondientes, las que debidamente conformadas se enviarán a Contaduría General, Dirección de Administración o Servicio Administrativo Contable que correspondiere a los fines de la contabilización de la etapa del devengado según el Art. 13º de la Ley 5140 (T.O. Decreto 404/95) y la tramitación de la orden de pago correspondiente.

Artículo 74º – Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se originen por flete, acarreo, entrega y verificación de la mercadería en el lugar establecido.

Capítulo XIII – Sanciones de procedimiento

Artículo 75º – Tipos de sanción. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales, se aplicarán a los oferentes o adjudicatarios, según corresponda, las sanciones de apercibimiento, suspensión o inhabilitación.

Artículo 76º – Apercibimiento. Será sancionado con apercibimiento: a) el que incurriera en incorrecciones que no llegaran a constituir hachos dolosos.

b) El que, reiteradamente y sin causa debidamente justificada, desistiera de ofertas o adjudicaciones, o no cumpliera obligaciones contractuales. En este caso la Unidad Central de Contrataciones podrá acumular las faltas del inscripto, con un mínimo de dos (2) y un máximo de seis (6), antes de percibir, según antecedentes, concurrencia a licitaciones, concepto u demás elementos de juicio que se dispongan.

Artículo 77º – Reiteraciones de infracciones. Será sancionado con suspensión de hasta 12 (doce) meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del período de un año a partir de un apercibimiento anterior.

Artículo 78º – Suspensión. Será sancionado con suspensión de hasta 3 (tres) años:

a) el que cumplida la suspensión impuesta por la aplicación del Art. 77º sea pasible, dentro del término de 2 (dos) años, de un nuevo apercibimiento.

b) el que no cumpliera oportunamente la intimación de hacer efectiva la garantía o cualquier otra intimación relativa a sus obligaciones, ordenada por resolución forme de la autoridad competente.

El recurso que se dedujera contra dicha intimación no tendrá efecto suspensivo.

Artículo 79º – Reincidencia. Será sancionado con suspensión de 3 (tres) a 5 (cinco) años el que, cumplida la suspensión impuesta por aplicación del Art. 78º, incurriera, dentro del término de 5 (cinco) años, en nueva infracción de las comprendidas en dicho artículo.

Artículo 80º – Hechos Dolosos. Será sancionado con suspensión de 5 (cinco) a 10 (diez) años, el que cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos de los que resulte manifieste intención de oferente o adjudicatario de conseguir la ejecución de un acto o de sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones, sea por aserción a lo que es falso o disimulación de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinación.

La entrega de mercadería de calidad o en cantidades inferiores a las contratadas será considerada por sí misma como acción dolosa, aun cuando fuere necesario practicar análisis para comprobar la infracción, siempre que de éstos resultare una diferencia que no hubiera podido pasar inadvertida al proveedor de haber adoptado las precauciones indispensables.

Artículo 81º – Inhabilitación. Además de la suspensión que pueda corresponderle, será sancionada con inhabilitación para inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado, el oferente o adjudicatario no inscripto, de acuerdo a las excepciones señaladas en el presente Reglamento, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensión. El lapso de la inhabilitación, de la que se toma nota en el Registro, será equivalente al de la respectiva suspensión.

Artículo 82º – Aplicación de sanciones. En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de contratos distintos al que provocó la sanción durante el período de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrán ser ampliadas hasta un máximo de diez (10) años.

Artículo 83º – Prescripción. No se podrá imponer sanciones después de transcurrido el término de dos (2) años desde la fecha en que se cometió la infracción.

Artículo 84º – Procedimiento. En las actuaciones iniciadas como consecuencia de la denuncia de infracciones, la Unidad Central de Contrataciones, antes de resolver, dará vista a los interesados por el término de 10 (diez) días para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes.

So como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratación, por el término de 10 (diez) días con lo que se tendrá por concluido el procedimiento para la resolución definitiva que deberá dictarse dentro de los 10 (diez) días.

Artículo 85º – Alcance de las sanciones. Los apercibimientos, suspensiones o inhabilitaciones en el Registro de Proveedores del Estado, alcanzarán a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes, y sólo tendrán efecto con relación a los actos posteriores a la fecha de la sanción.

Artículo 86º – Efectos de las sanciones. Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anónimas o en comandita, sólo alcanzarán a éstas y a los miembros del Directorio o a los socios colectivos respectivamente.

Artículo 87º – Limitaciones de los efectos de las sanciones. Cuando los suspendidos formas parte, al propio tiempo de otra firma inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, las sanciones no les alcanzarán como componentes de éstas.

Artículo 88º – Comunicación de infracción. A los efectos de la aplicación de las sanciones que correspondan, los organismos licitantes enviarán a la Contaduría General las resoluciones que declaren las rescisiones de los contratos y le comunicarán las desestimaciones de ofertas o adjudicaciones que hubieran motivado la aplicación de penalidades previstas en los contratos.

Artículo 89º – Autoridad de aplicación. Las sanciones de apercibimiento, suspensiones e inhabilitación serán aplicadas por la Unidad Central de Contrataciones, con apelación ante el Ministerio de Economía dentro de los 15 (quince) días de recibida la notificación de la sanción.

Capítulo XIV – Sanciones contractuales

Artículo 90º – En caso de incumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios se harán pasible de las siguientes penalidades:

a) Pérdida del depósito de garantía que hubieran constituido en beneficio del Estado si el proponente desistiera de su oferta dentro del plazo de mantenimiento establecido y no mediare adjudicación anterior.

b) Igual penalidad será aplicada al adjudicatario que no ampliara la garantía hasta el cinco por ciento (5%) del valor adjudicado, dentro del término fijado, sin perjuicio de las demás penalidades que correspondan.

c) Vencido el plazo contractual sin que la mercadería o servicio fuere entregada o prestado o hubiese sido rechazada,sin perjuicio de las multas señaladas en el Art. 91º, la Unidad Central de Contrataciones o repartición actuante intimará su entrega en un plazo perentorio que no podrá exceder de quince (15) días a partir del vencimiento, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. De no cumplirse la obligación en el plazo acordado, se rescindirá el contrato, haciéndose pasible el adjudicatario de la pérdida de la garantía presentada.

d) Cuando la provisión no esté respaldada por ningún depósito, en razón del monto de la misma, el incumplimiento será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total cotizado o adjudicado.

Artículo 91º – Si el proveedor entrega el material, o parte de él, después de vencido el plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente al tres por mil (3 %0) diario del valor de los efectos no entregados en término durante los primeros diez (10) días, cinco por mil (5 %0) diario del mismo valor durante los diez (10) días siguientes y diez por mil (10 %0) diario durante los diez (10) días posteriores.

En caso de que la suma resultante de la multa a aplicar fuera inferior o igual al cincuenta por ciento (50%) del monto indicado en el Art. 6º inc. 4º), la penalidad se convertirá en un llamado de atención al proveedor.

Artículo 92º – La aplicación de las sanciones normadas en el presente Capítulo será resuelta por le Unidad Central de Contrataciones con el informe previo de la autoridad que tuvo a su cargo la contratación o la Comisión de Compras intervinientes.

Artículo 93º – Se entenderá por “Mercadería no entregada”, también aquélla que fuera entregada y rechazada por no ajustarse a las condiciones de la orden de compra y se considerará producida la mora por el simple vencimiento del plazo contractual, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

Capítulo XV – Trámites para iniciar la gestión de compra

Artículo 94º – Deberán cumplimentarse los siguientes puntos:

1º) El funcionario autorizante, conforme al artículo 7º, elevará a la Unidad Central de Contrataciones el formulario vigente, con las especificaciones de las características particulares, especiales o técnicas de los elementos a adquirir que previamente llenará la repartición solicitante- a efectos de una perfecta identificación de lo solicitado y estimará el monto aproximado a invertir.

2º) Indicará la partida del presupuesto vigente a la que deberá imputarse el gasto.

Artículo 95º – La Unidad Central de Contrataciones remitirá los actuados a la Contaduría General, Dirección de Administración Contable según corresponda, para que efectúe la reserva contable de los fondos si ésta no hubiere sido ya realizada y simultáneamente confeccionará el pliego de condiciones particulares y técnicas si correspondiere.

Artículo 96º – Si es aceptado el pedido, la Unidad Central de Contrataciones pondrá en ejecución el llamado a licitación, previa aprobación por la repartición solicitante, del pliego de condiciones particulares y técnicas.

Si la Contaduría General, Dirección de Administración o Servicio Administrativo Contable según corresponda rechazara la reserva contable, la Unidad Central de Contrataciones devolverá el pedido a la repartición solicitante.

Artículo 97º – La Unidad Central de Contrataciones comunicará a la Dirección de Prensa, a que repartición deberá apropiarse el gasto que insumió la publicidad, con copia a la repartición interesada.

Artículo 98º – Confeccionará las solicitudes de cotización para su remisión a las firmas del ramo. Cuando considere que el detalle del pliego de condiciones es suficientemente aclaratorio respecto de lo que desea adquirir se podrá omitir la confección de dicha solicitud.

Artículo 99º – Verificada la apertura de propuestas, confeccionará el cuadro comparativo de precios y citará a la Comisión de Compras para el estudio de las ofertas.

Artículo 100º – Simultáneamente, si entre las ofertas recibidas se observara alguna de las deficiencias formales previstas en el artículo 52º, requerirá su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido.

Artículo 101º – Recibida el acta de la comisión de Compras que aconseja la adjudicación, la elevará con el informe para su aprobación a la autoridad que deba resolver la misma, de acuerdo al Art. 7º, previa intervención de la Contaduría General, Dirección de Administración o Servicio Administrativo Contable según corresponda para el ajuste de la reserva contable e intervención que le compete, en los plazos establecidos.

Artículo 102º – Producida la adjudicación definitiva, la Unidad Central de Contrataciones u organismo licitante emitirá la o las órdenes de compra conforme con lo dispuesto por el Artículo 66º y requerirá al mismo tiempo, la integración del depósito de garantía según lo establecido por el artículo 46º.

Artículo 103º – Dispondrá la devolución de los depósitos de garantía a todas las firmas cuyas propuestas no fueran aceptadas.

Artículo 104º – Recibida la mercadería, procederá según lo establecido en el Capítulo XII – Entrega de mercaderías del presente Título.

TITULO III – Licitaciones Privadas

Artículo 105º – Se efectuarán para contrataciones cuyo monto no supere la cantidad fijada en el artículo 6º, inc. 2º) de este reglamento o el establecido en la Ley Anual de Presupuesto de acuerdo al artículo 26º de la Ley Nº 5.140 (T.O. Dec. Nº 404/1995 MEOSP).

Artículo 106º – Regirán las mismas condicones estipuladas para las licitaciones públicas, con excepción de las especificadas en los artículos 12º, 21º y 22º.

Artículo 107º – Se invitará a cotizar a las empresas del ramo con una anticipación mínima de tres 83) días a la fecha de apertura.

Excepcionalmente, este termino podrá ser reducido cuando la urgencia o interés del servicio así lo requiera, pero en ningún caso podrá ser inferior a veinticuatro (24) horas antes de la apertura. Se invitará por comunicación directa como minimo de tres (3) de las firmas.

Artículo 108º – Para la apertura de propuestas, se seguirá el mismo procedimiento de las licitaciones públicas, con la excepción de que será efectuada por el director de la repartición solicitante y el de la Unidas Central de Contrataciones, estando a cargo de éstos, el acta correspondiente.

TITULO IV – Solicitud de cotización

Artículo 109º – Se tramitarán por este medio, compras hasta el importe previsto en el Artículo 6º, inc 3º) o el que fije la Ley Anual de Presupuestos según el artículo 26º de la Ley Nº 5.140 (T.O. Decreto Nº 404/1995 MEOSP)

Artículo 110º – Podrán adquirirse superando dichos montos los bienes o servicios normalizados, de características homogéneas, fáciles de obtener y con mercado permanente. La Unidad Central de Contrataciones emitirá un listado de estos artículos.

Artículo 111º – Regirán para este procedimiento de selección los montos y niveles de autorización establecidos en el Art. 7º) de esta Reglamentación.

Artñiculo 112º – Se invitará a cotizar con un mínimo de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la apertura, o excepcionalmente con veinticuatro (24) horas, si hubiese urgencia justificada o cuando el monto a contratar no exceda la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500). Se cursarán invitaciones a por lo menos tres (3) o más firmas del ramo, según los topes reglamentados por el Art. 7º, preferentemente de la zona donde se verificará el acto.

Artículo 113º – las propuestas deberán estar firmadas por el oferente en todas sus fojas y se presentarán en sobre cerrado en la sede del organismo que realiza el acto, consignándose en la cubierta el número, días y hora de apertura del mismo.

Artículo 114º – Cuando el monto a contratar no supere la suma establecida en el Art. 112º, podrá efectuarse el pedido de cotizaciones en forma directa sin el requisito del sobre cerrado. En este último caso los respectivos presupuestos deberán tener la misma fecha y condicones.

Artículo 115º – La apertura de sobres, cuando correspondiere, será efectuada por la autoridad que efectuó el llamdo, con la presencia del Director de Administración o del Servicio Administrativo Contable correspondiente, pudiendo estar presentes los oferentes o sus representantes formalmente autorizados, en la hora y fecha prefijados. Una vez abierto el primer sdobre no se admitirá la presentación de nuevas propuestas.

Artículo 116º – Aun cuando no se exigiere depósito de garantía, para los casos de incumplimiento se aplicarán las penalidades previstas en la presente reglamentación.

Arículo 117º – La adjudicación será resuelta por la autoridad que autorizó la compra.

Artículo 118º – La orden de compra se emitirá por la Dirección de Administración o Servicio Administrativo Contable, respaldada por el texto legal de la autoridad respectiva, debiendo devolverse el original por el adjudicatario con el sellado de ley, en caso de corresponder.

Artículo 118º Bis – En los supuestos que sea necesario locar bienes inmuebles y muebles registrables para el Estado Provincial, se seleccionará el locatario mediante el procedimiento de solicitud de cotizaciones, Art. 109, Ley Nº 5.140 (T.O. Dec. Nº 404/1995 MEOSP)

Artículo 118º Ter – Las invitaciones a cotizar en los casos que el canon mensual no supere los dos mil ($ 2.000) se publicarán por dos días en el Boletín Oficial y por un día en un periódico de la zona o ciudad en la que se pretenda locar el bien. En los casos de que por la necesidades que tiene el estado (edilicias, infraestructurales y/o características propias del biena locar), sea necesario contratar en locación un inmueble que demande una erogación a la Provincia superior a la cifra mencionada, deberá el funcionario a cargo del organismo que lo ocupará como locatario, elevar un informe sucinto que explique y justifique las necesidades de ella, las características necesarias del bien, su destino y finalidad, la constancia de que dentro del patrimonio del Estado no existe un bien de características enunciadas. Dicho informe deberá elevarse a la Unidad Central de Contrataciones, quien decidirá sobre la viabilidad de la solictud dentro de los quince (15) días de recepcionada. Aprobada que fuere la misma, se prodecerá en la forma dispuesta en la Primera Parte del presente articulado.

Artículo 118º Quater – En las locaciones de inmuebles que se encuentran en curso de ejecución se respetarán las condiciones pactadas. Treinta días antes del vencimiento del contrato, de resultar beneficioso a los intereses estaduales y a fin de evitar las erogaciones derivadas de mudanzas y demás gastos que significa el traslado de una dependencia del Estado, esta elevará a su superior jeráquico un informe sobre las ventajas de una nueva contratación del mismo inmueble agregando la documentación demostrativa de la conveniencia del mismo o nuevo precio a pagar estimado por la Cámara Inmobiliaria de las Provincia de Entre Ríos.

Exímense de esta tramitación los supuestos en los que se acuerde una reducción del canon locativo. Los organismos o dependencias que estén ocupando un inmueble con contrato vencido, continuación de la locación concluida, o sin contrato, deberán dentro del plazo de treinta días a partir del presente adoptar igual temperamento que el enunciado mas arriba. En los casos de locaciones de bienes muebles registrables (ej. aviones fumigadores, camiones hidrantes, dragas y pontones) que se encuentren contractualmente en igual condición que la reseñada precedentemente, la dependencia u organismo responsable deberá adoptar igual procedimiento, más la elevación de un informe técnico sobre el bien locado.

DECRETO Nº 1.836/96 MEOSP

(B.O. 2/07/96)

REGLAMENTANDO ARTICULOS DE LA LEY Nº 5.140

Artículo 1º – Reglaméntase el artículo 1º de la Ley Nº 5.140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

La administración financiera se integra con los siguientes sistemas, interrelacionados entre sí: a) Sistema presupuestario; b) Sistema de crédito público; c) Sistema de tesorería; d) Sistema de contabilidad.

Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá de la Secretaría de Hacienda. A nivel de cada jurisdicción o entidad, los sistemas se organizarán y operarán dentro de la Dirección de Administración. El responsable de estas funciones las ejercerá sin perjuicio de las demás que pudieran corresponderle. A efectos de la aplicación de la Ley se entenderá por Sector Público Provincial a la Administración Central y Organismos Descentralizados y a las Empresas y Sociedades del Estado. Además, se entenderá por Entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; y por Jurisdicción a las establecidas en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias Vigente”.

Artículo 2º – Reglaméntase el artículo 2º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

Los resultados económicos y financieros de los presupuestos se expresarán a través de la Cuenta de Ahorro -Inversión- financiamiento en base al siguiente esquema: a) Las cuentas corrientes, de capital y de financiamiento, expondrán las transacciones programadas con gravitación económica e incidencia financiera; b) El total de los recursos corrientes menos el total de los gastos corrientes mostrarán el ahorro del ejercicio, el cual podrá resultar con signo positivo o negativo; c) este resultado, adicionado a los ingresos de capital, permitirá obtener el resultado financiero, el cual se denominará superávit, si es de signo positivo, o déficit, en el caso contrario; d) La cuenta de financiamiento presentará las fuentes y aplicaciones financieras.

Los presupuestos se elaborarán en base a la técnica de presupuesto por programas, conforme a los siguientes criterios: a) El presupuesto de gastos de cada uno de los organismos de la Administración Provincial se estructurará de acuerdo con las siguientes categorías programáticas: programa, subprograma, proyecto, obra y actividad; b) En cada uno de los programas se describirá la vinculación cualitativa y cuantitativa con las políticas provinciales y municipales a cuyos logros contribuyen y con las políticas regionales y nacionales si hubiera vinculación; c) Los créditos presupuestarios de las actividades o proyectos que produzcan bienes o presten servicios comunes a los diversos programas de un organismo no se incluirán específicamente en ningún programa y serán presupuestados por separado; d) Se establecerán partidas de gastos no asignables a ninguna categoría programática, cuando las características de los mismos así lo requieran; e) La Secretaría de Hacienda establecerá las características especiales para la aplicación de las técnicas de programación en las empresas públicas, cuando sea procedente. Los créditos presupuestarios de la Administración Central para atender las erogaciones de la deuda pública se incluirán en la Jurisdicción 90 -Servicio de la Deuda Pública-, y aquellos otros gastos originados por los compromisos asumidos por el tesorero Provincial y que, por sus características específicas no puedan asignarse a las jurisdicciones indicadas en el manual de clasificaciones presupuestarias, se consignarán en la Jurisdicción 91 -Obligaciones a cargo del Tesorero-.

Los recursos se formularán en base a las proyecciones elaboradas por la Dirección de Presupuesto conjuntamente con la Tesorería General, la Dirección General de Rentas, el órgano rector del sistema de Crédito Público y por cada uno de los órganos de la Administración Provincial, con la mayor desagregación que permiten los clasificadores presupuestarios de recursos.

Las transacciones que en materia de recursos y gastos que realicen las jurisdicciones y entidades de la Administración Provincial se registrarán de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias aprobado por el Decreto Nº 443/95 MEOSP.

La producción de bienes y servicios terminales debe expresarse a nivel de los programas y subprogramas presupuestarios, en tanto que sus subdivisiones y categorías equivalentes deberán mostrar los productos intermedios necesarios para la producción de aquéllos”.

Artículo 3º – Reglaméntase el artículo 3º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

La Dirección de Presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario del sector público provincial y tendrá las siguientes competencias: a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el sector público provincial, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera; b) Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del sector público provincial; c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos de la Administración Provincial; d) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las Empresas y Sociedades del Estado, cuando sea procedente; e) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la Administración Provincial y proponer los ajustes que considere necesarios; f) Analizar los proyectos de presupuesto de la Empresas y Sociedades del estado y presentar los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo Provincial; g) preparar el proyecto de la ley de presupuesto general y fundamentar su contenido; h) Definir, juntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Provincial preparada por las jurisdicciones y entidades que la componen; i) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del sector público provincial regidos por la Ley y difundir los criterios básicos para un sistema presupuestario compatible con las municipalidades y el vigente en la Nación; j) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración Provincial que deriven en ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las normas vigentes; k) Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por la presente reglamentación y las normas técnicas respectivas.

Integrarán el sistema presupuestario y serán responsables de cumplir con la ley, la presente reglamentación y las normas técnicas que emita la Dirección de Presupuesto, que emita la Dirección de Presupuesto, todas las unidades que cumplen funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del sector público provincial. Estas unidades serán responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan las autoridades competentes y tendrán a su cargo, además, las funciones siguientes: a) Preparar los instructivos para la aplicación en la jurisdicciones o entidad, de la política presupuestaria definida por el Poder Ejecutivo y en base a las normas y orientaciones que elabore la Dirección de Presupuesto; b) Asesorar a las autoridades superiores y a los responsables de cada una de las categorías programáticas del presupuesto que le compete, en la interpretación y aplicación de las normas técnicas para la formulación y aplicación de las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de la ejecución de los presupuestos respectivos; c) Preparar los anteproyectos de presupuesto de la jurisdicción o entidad, dentro de los límites financieros establecidos y como resultante del análisis y compatibilización de las propuestas de cada una de las unidades ejecutoras de categorías programáticas en el ámbito de su actuación; d) Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes.

La Ley de Presupuesto contendrá los siguientes Título: a) Título I – Disposiciones Generales; b) Título II – Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central; c) Título III – Presupuesto de Recursos y Gastos de los Organismos Descentralizados. El Presupuesto General de la Administración Provincial incluirá, como mínimo las siguientes clasificaciones: económica y por rubros de recursos: por finalidad, función y económica de los gastos; jurisdiccional y económica de los gastos; económica y por objeto del gasto; jurisdiccional y por finalidades y funciones del gasto; por finalidad, función y objeto del gasto; jurisdiccional del gasto según la fuente de financiamiento, cuenta de ahorro, inversión, financiamiento y sus resultados”.

Artículo 4º – reglaméntase el artículo 5º de la Ley Nº 5140 Texto ordenado Decreto 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

Para la adaptación de los objetivos y de los bienes y servicios a producir, acorde con los límites del presupuesto ajustado, la Secretaría de Hacienda comunicará dichos límites a las jurisdicciones y entidades y solicitará de las mismas, una programación física compatible con las nuevas cifras”.

Artículo 5º – Reglaméntase el artículo 6º de la Ley Nº 5140 Texto ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

El decreto que apruebe la distribución analítica del presupuesto de gastos, establecerá los alcances y mecanismos para llevar a cabo las modificaciones del Presupuesto General, dentro de los límites que la Ley de Presupuesto le señala. Las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, remitirán a la Dirección de Presupuesto con las características, plazos y metodología que ésta determine, la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto. Para la asignación de cuotas de compromiso y devengando, la Secretaría de Hacienda contemplará como mínimo: a) La programación anual de compromisos y devengados que remitan las jurisdicciones y entidades a la Dirección de Presupuesto, que deberá correlacionarse con la programación anual y trimestral de la ejecución física del presupuesto; b) La proyección de recursos que elabore la Tesorería General; c) La proyección de desembolsos y servicios de la deuda pública que elabore el órgano rector de Crédito Público. La Secretaria de Hacienda comunicará los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, pudiendo, en función de variaciones no previstas en el flujo de recursos, modificar sus montos. La Dirección de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la Administración provincial, tanto en forma periódica durante el ejercicio como al cierre del mismo y realizará un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de las variaciones operadas respecto de lo programado, que informará con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados”.

Artículo 6º – Reglaméntase el artículo 9º de la Ley Nº 5140 Texto ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguientes manera:

Los gastos por cuenta de terceros, el cumplimiento de donaciones y legados, y los recursos afectados provenientes de programas internacionales, se incorporarán al presupuesto al momento de percibirse las partidas, lo que implicará una modificación de los créditos vigentes, con su correspondiente contrapartida de financiamiento”.

Artículo 7º – Reglaméntase el artículo 12º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

Los proyectos de presupuesto expresarán las políticas generales y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera y la autoridades la jurisdicción correspondiente; contendrán los planes de acción, los programas y sus metas, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y la cuenta de Ahorro -Inversión- Financiamiento, permitirá establecer los resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva. Para la aprobación de los presupuestos dentro del plazo señalado en la Ley, la Dirección de Presupuesto deberá preparar el informe de los proyectos recibidos, así como las estimaciones presupuestarias de oficio, antes del 30 de noviembre del año anterior al que regirán. Los representantes estatales que integran los órganos de las empresas y sociedades del Estado, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos presupuestos, propondrán y votarán el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo. Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado durante su ejecución y que impliquen la disminución de los resultados operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del endeudamiento autorizado, serán aprobadas por el Poder Ejecutivo, previa opinión de la Dirección de Presupuesto. En el marco de esta norma y con opinión favorable de dicha oficina,,las empresas y sociedades establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias, determinando distintos niveles de aprobación, según la importancia y los efectos de las modificaciones a efectuar y señalando claramente el organismo o autoridad responsable de cada una de esos niveles. Normarán también;en, los procedimientos a seguir para la comunicación fehaciente a la Dirección de Presupuesto de las modificaciones que efectúe la propia empresa. Las modificaciones reservadas al Poder Ejecutivo serán intervenidas por el Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos. Al cierre de cada ejercicio financiero las empresas y sociedades procederán al cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos y lo informarán a la Dirección de Presupuesto, en la fecha que ésta establezca. Se prohibe a las jurisdicciones y entidades del sector público provincial realizar aportes o transferencias a Empresas y Sociedades del estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de la Ley y el presente reglamento, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público”.

Artículo 8º – Reglaméntase el artículo 13º de la Ley Nº 5140 Texto ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

Las principales características de los momentos en materia de ejecución del presupuesto de gastos son: 1) El compromiso implica: 1.1) El origen de una relación jurídica con terceros, que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado; 1.2) La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinados y de la tramitación administrativa cumplida; 1.3) La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto y rebajando su importe del saldo disponible; 1.4) La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir o, en su caso, el carácter de los gastos sin contraprestación. 2) El gasto devengado implica: 2.1) Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio de la respectiva Jurisdicción o Entidad, originada por transacciones con incidencia económica y financiera: 2.2) El surgimiento de una obligación de pago por la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados, o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación; 2.3) La liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de pago dentro de los cinco (5) días hábiles del cumplimiento de lo previsto en el numeral anterior; 2.4) La afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes”.

Artículo 9º – Reglaméntase el artículo 17º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Provincial que inicien la contratación de obras y la adquisición de bienes y servicios cuyo devengamiento se verifiquen en más de un ejercicio financiero, remitirán en ocasión de presentar sus anteproyectos de presupuesto la información que, contendrá como mínimo el monto total del gasto, su incidencia en cada ejercicio fiscal, el cronograma de financiamiento y el de su ejecución física”.

Artículo 10º – reglaméntase el artículo 20º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

Al cierre del ejercicio, las ordenes de pago que aunque habiendo caducado estuvieren en condiciones de efectivizarse, no deberán consolidarse en las cuentas corrientes y de capital de la Cuenta de Ahorro -Inversión- Financiamiento, si no registrare como aplicación financiera”.

Artículo 11º – Reglaméntase el artículo 22º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

En materia de ejecución del presupuesto de recursos: a) Los recursos se devengan cuando, por una relación jurídica, se establece un derecho de cobro a favor de las Jurisdicciones o Entidades de la Administración Provincial y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas, las cuales pueden ser de naturaleza pública o privada; b) Se produce la percepción o recaudación de los recursos en el momento que los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina recaudadora, de un agente del Tesoro Provincial o de cualquier otro funcionario facultado para recibirlos”.

Artículo 12º – Reglaméntase el artículo 23º de la Ley Nº 5140 Texto ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

En la Administración Central se considerarán recursos imputables al ejercicio presupuestario: a) Lo que se estima recaudar durante el período en cualquier Jurisdicción o Entidad autorizada a percibir dinero en nombre del Tesoro Provincial; b) Los recursos provenientes de operaciones de crédito público y donaciones, representen o no entradas de dinero efectivo al Tesorero Provincial; c) Las transferencias de los Organismos Descentralizados a la Administración Central; d) Toda otra transacción que represente un incremento de los pasivos o una disminución de los activos financieros. Los Organismos Descentralizados, seguirán el criterio del devengado para el cálculo de los recursos. Los que provengan de aportes o transferencias de la Administración Central se considerarán devengados con la emisión de la orden de pago destinada a efectivizar dicha transferencia o aporte”.

Artículo 13º – Reglaméntase el artículo 24º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

La declaración de incobrable a que se refiere el artículo de la Ley, no impide la prosecución de las acciones judiciales. De recuperarse los montos se ingresarán como rentas generales en el ejercicio en que ocurren”.

Artículo 14º – Reglaméntase el artículo 34º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

De conformidad con las normas de este artículo, prohíbese realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Se exceptúan en este sentido los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados por organismos multilaterales de crédito”.

Artículo 15º – Reglaméntase el artículo 35º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

De conformidad con lo previsto en el artículo 67º de la Ley, se considerará deuda pública la emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero”.

Artículo 16º – Reglaméntase el artículo 38º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

De conformidad con las funciones que le asigna la Ley, el órgano rector del sistema de crédito público tendrá, además, competencia para: a) Establecer las normas e instructivos para el seguimiento, información y control del uso de los préstamos. Los entes emisores o contratantes de deuda pública directa deberán comunicar al órgano rector toda solicitud de desembolso dentro de los cinco (5) días desde la fechas de su presentación. Una vez percibido el o los desembolsos resultantes, los entes entregarán al órgano rector, dentro de los cinco (5) días de producido el hecho, la documentación de respaldo a efectos de su registro y control por parte de aquélla; b) Organizar y mantener actualizado el registro de las operaciones de crédito público, para lo cual todas las jurisdicciones y entidades del sector público provincial no financiero deberán atender los requerimientos de información relacionados con el mencionado registro, en los plazos mencionados en este reglamento o los que estipule para cada caso el órgano rector de crédito público. Las entidades públicas y organizaciones privadas cuyas obligaciones se encuentren avaladas por la Administración Central, que entienden el servicio de su deuda con recursos propios, deberán informar al órgano rector indicado, dentro de los cinco (5) días, las fechas del efectivo pago del mencionado servicio, adjuntando la documentación respaldatoria. El órgano rector de crédito público dictará las normas específicas y mecanismos de uso obligatorio relacionadas con el registro de la deuda pública directa y de aquélla garantizada por la Administración Central, dentro de los procedimientos que a tal efecto se dicten para su integración a los sistemas de contabilidad gubernamental y crédito público, y dentro del marco del Sistema integrado Provincial de Administración Financiera; c) realizar las estimaciones y proyecciones del servicio de la deuda pública y de los desembolsos correspondientes a cada operación de crédito público, suministrando la información pertinente a la Dirección de Presupuesto y a la Tesorería General de la Provincia con las características y en los plazos que determine la Secretaría de Hacienda”.

Artículo 17º – Reglaméntase el artículo 40º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

Las normas legales que prevean las operaciones de crédito público deberán indicar: a) Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa; b) Plazo mínimo de amortización”.

Artículo 18º – Reglaméntase el artículo 41º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

La Secretaría de Hacienda establecerá para cada ejercicio financiero el límite de endeudamiento de cada una de las empresas y sociedades del Estado. Para ello tendrá en cuenta: a) Importe y perfil de la deuda ya contraída; b) Importe y perfil de nuevas obligaciones a contraer; c) En los casos anteriores deberá incluirse, de corresponder, la deuda contingente a la empresa o sociedad del Estado; d) El estado patrimonial de la Empresa o Sociedad del estado al momento de contraer la obligación; e) El estado de origen y aplicación de fondos proyectados para el período de duración del endeudamiento”.

Artículo 19º – Reglaméntase el artículo 43º de la Ley Nº 5140 Texto ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplen en término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente”.

Artículo 20º – Reglaméntase el artículo 44º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

El Sistema de Contabilidad Gubernamental registrará las transacciones de acuerdo con los siguientes lineamientos: a) Las operaciones se registrarán una sola vez en el sistema y a partir de ese único registro se deberán obtener todas las salidas básicas de información financiera que produzca la Contaduría General, sean ellas de tipo presupuestario, patrimonial o económico, a nivel de la Administración Central, de cada una de las entidades y de la Administración Provincial; b) Los asientos de contabilidad general de la Administración Central, entidades y empresas y sociedades del estado, en este último caso de corresponder, se registrarán en cuentas patrimoniales y de resultado, en el marco de la teoría contable y según los principios de contabilidad generalmente aceptados, utilizando los planes de cuentas que determine la Contaduría General y que serán de uso obligatorio; c)La determinación de los soportes documentales de los actos administrativos financieros de la Administración Provincial, estarán a cargo de la Contaduría General de la Provincia, de acuerdo con las normas y procedimientos que establezca.

Dentro de las características generales que el artículo 44º de la Ley asigna al Sistema de Contabilidad Gubernamental se deberá lograr que: 1) Las unidades de registro primario en el marco de su competencia mostrarán permanentemente la evolución y situación de: 1.1) La ejecución presupuestaria de recursos y gastos; 1.2) El inventario de bienes físicos y la identificación de los responsables de la administración y custodia de éstos; 1.3) Los movimientos de fondos y los responsables de administración y custodia. 2) Los centros de contabilidad de los organismos descentralizados operarán los sistemas contables de éstos y producirán los estados que determine la Contaduría General y que remitirán a la misma en la oportunidad y forma que se determine. 3) Las Empresas Y sociedades del Estado, de corresponder, desarrollarán sus propios sistemas de contabilidad de acuerdo con los criterios generales que, en el marco de los principios de contabilidad generalmente aceptados, fije la Contaduría General, y los que la legislación vigente imponga a estas entidades, siendo responsable de elaborar y remitir los estados financieros a la Contaduría General de la Provincia en la oportunidad y en la forma que la misma determine. 4) La Contaduría General de la Provincia procesará los datos y estados de los servicios administrativos financieros de las jurisdicciones y registrará las operaciones contables complementarias y de ajuste necesarias para elaborar los estados contables de la Administración Central y consolidará la información necesaria para generar los estados de ejecución presupuestaria y el esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Provincial. 5) La Contaduría General de la Provincia producirá como mínimo los siguientes estados contables financieros: 5.1) Estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración provincial; 5.2) Balance de sumas y saldos de la Administración Central; 5.3) Estado de recursos y gastos corrientes de la Administración Central; 5.4) Estado de origen y aplicación de fondos de la Administración Central; 5.5) Balance general de la Administración Central que integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados y Empresas y Sociedades del Estado; 5.6) Cuenta de ahorro, inversión y financiamiento de la Administración Provincial; 5.7) Cuenta de Ahorro, inversión y financiamiento del sector público provincial no financiero”.

Artículo 21º – Reglaméntase el artículo 45º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

El registro de las operaciones en los sistemas indicados en el artículo 45º de la Ley deberán integrarse en una base de datos que permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la Administración Central, de cada entidad descentralizada y del sector público provincial en su conjunto. Las principales características de los momentos de transacciones a registrarse, son en materia de ejecución del presupuesto de recursos los establecidos en el artículo 11º de la presente reglamentación. En materia de ejecución del presupuesto de gastos se registrarán los momentos previstos en el artículo 8º de esta reglamentación. El registro del pago se efectuará en la fecha en que se emita el cheque, se formalice la transferencia o se materialice el pago por entrega de efectivo o de otros valores. A los efectos de evitar costos operativos innecesarios y mejorar la eficiencia n el uso de los recursos, la Secretaría de Hacienda deberá dictar las normas técnicas para la implementación de un régimen de reservas internas, en las Jurisdicciones y Entidades, para registrar la tramitación previa a la formalización de los compromisos. La Secretaría de Hacienda definirá, para cada inciso, partida principal y partida parcial, los criterios para el registro de las diferentes etapas de ejecución del gasto y la descripción de la documentación básica que deberá respaldar cada una de las operaciones de registro. Con base en los criterios determinados en el presente artículo, la Contaduría General de la Provincia fijará los procedimientos y elaborará los manuales necesarios para que las Jurisdicciones y Entidades lleven los registros de ejecución de recursos y gastos”.

Artículo 22º – Reglaméntase el artículo 51º de la Ley Nº Texto ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

La Contaduría General de la Provincia, como órgano rector del sistema contable, en concordancia con las facultades dispuestas por la Ley: a) Diseñará y administrará el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Administración Provincial, y de las Empresas y Sociedades del Estado, en caso de corresponder; b) Coordinará el diseño de las bases de datos de los sistemas que utilicen las jurisdicciones, entidades y empresas y sociedades del Estado para la administración de la información financiera a que se refiere la ley;c) Mantendrá actualizados los planes de cuentas de la contabilidad general del Sector Público Provincial, debidamente armonizados con los clasificadores presupuestarios en uso; d) Asegurará la confiabilidad de la información que las distintas unidades de registro ingresen a las bases de datos referidas en los puntos anteriores, como así también los procedimientos contables utilizados por aquéllas, efectuando las recomendaciones e indicaciones que estime adecuadas para su desarrollo;e) Dictará las normas y establecerá los procedimientos apropiados para que la Contabilidad Gubernamental cumpla con los fines establecidos en la Ley, e impertirá las instrucciones para su efectivo cumplimiento; f) Determinará las formalidades, características y metodologías de los registros que deberán habilitar las unidades de registro primario; g) Conformará los sistemas contables que en el marco de su competencia desarrollen los Organismos Descentralizados”.

Artículo 23º – Reglaméntase el artículo 62º de la Ley Nº 5140 texto ordenado Decreto Nº 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

La Tesorería General de la Provincia será el órgano rector del sistema de Tesorería, y tendrá las siguientes competencias: a) Centralizar el ingreso de los recursos generales de la Provincia; b) Efectivizar los libramientos de pago y de entrega de acuerdo con la programación financiera que surja del presupuesto de caja; c) Elaborar el presupuesto de caja y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución; d) Administrar la operatoria del sistema de fondo unificado, caja única o cuenta única; e) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el sector público provincial; f) Intervenir en la concertación e instrumentación de operaciones de préstamos u otro tipo de financiamiento para la cobertura de necesidades transitorias de caja; g) Realizar inversiones temporarias de los excedentes transitorios de las disponibilidades que administre; h) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración Central, o de terceros que se pongan a su cargo; i) Participar en la programación de la ejecución presupuestaria; j) Disponer la apertura de las cuentas bancarias que resulten necesarias para la administración de los fondos que se canalicen por el organismo”.

Artículo 24º – Reglaméntase el artículo 65º de la Ley Nº 5140 Texto Ordenado Decreto 404/95 MEOSP, de la siguiente manera:

Será atribución del señor Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos y/o del señor Secretario de Hacienda, la autorización de la utilización transitoria de fondos, quienes en cada caso dispondrá las condiciones en que se ejercerá la misma”.

Artículos 25º y 26º – De forma.-

DECRETO Nº 5.016/97 MEOSP

(B.O. 30/04/98)

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

Artículo 1º – Apruébase la reglamentación para las contrataciones de las operaciones de crédito público, que agregada forma parte de este decreto.

Artículo 2º – El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Economía, Obras y Servicio Públicos.

Artículo 3º – De forma.-

Reglamentación de las contrataciones para las operaciones de crédito público

Alcance de la Reglamentación

Artículo 1º – Toda contratación relacionada con las operaciones de crédito público consignadas en el artículo 35 incisos a), b) y e) de la Ley 5.140, deberá realizarse conforme la reglamentación que se establece en el presente.

Quedan comprendidas además, todas las contrataciones complementarias que resulten necesarias realizar para obtener y mantener la operación del crédito público, enunciándose entre otras: publicaciones, impresiones, distribuciones, calificaciones de riesgo, agentes de pago, agentes de registro, fidecomiso, emisión física de títulos, asesoramientos profesionales, etc.

Organo Rector – Unidad Ejecutora

Artículo 2º – La subsecretaría de Hacienda, como órgano rector del sistema de crédito público, será la unidad ejecutora a los efectos de la implementación de lo dispuesto en el artículo 1º.

Operación Principal

Artículo 3º – La contratación de las operaciones comprendidas en los incisos a), b) y c) de la Ley Nº 5.140, deberá efectuarse por Licitación Pública conforme al siguiente procedimiento.

1 – Autorización: El Poder Ejecutivo dispondrá la realización de la operación, de conformidad a la autorización legislativa.

2 – Pliego de bases y condiciones: Los pliegos de bases y condiciones, para los llamados a licitación que se reglamentan por el órgano rector, y aprobados por resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

3 – Publicación: La invitación a participar deberá realizarse por lo menos por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia y en por lo menos un diario de circulación en todo el territorio nacional. Dicha publicación se efectuará con una anticipación de por lo menos cinco ((5) días hábiles a contar desde la fecha de vencimiento para presentación, plazo que podrá reducirse a dos (2) días hábiles en supuesto de necesidad y urgencia debidamente fundamentado.

Sin perjuicio de ello se realizarán invitaciones en forma directa a un número mínimo de tres (3) instituciones, con igual anticipación a la enunciada en el párrafo anterior.

4 – Concurrencia: Podrán participar Entidades Financieras y/o Bancos, tanto nacionales como internacionales, de reconocido prestigio en la prestación del bien o servicio que se licita. En el pliego correspondiente se indicarán los requisitos que las mismas deberán cumplimentar.

5 – Presentación de propuestas: Las propuestas deberán ser presentadas íntegramente en idioma castellano y lo serán en la forma y lugar que se establezca en el pliego de bases y condiciones.

6 – Impugnación: El proceso de impugnación deberá ser previsto en los pliegos en cada caso particular.

7 – Evaluación de las propuestas: Las propuestas serán evaluadas por una omisión de evaluación que estará integrada como mínimo por tres (3) miembros y cuya conformación será dispuesta en cada caso por el órgano rector.

Las conclusiones a las que arribe la comisión de evaluación con sus fundamentos serán elevadas al órgano rector, quien podrá solicitar una mejora en la oferta, de la que a criterio de comisión resulte ser la más conveniente a los intereses de la Provincia.

8 – Adjudicación: La Adjudicación será dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo, tomando en consideración lo recomendado por la comisión y el órgano rector.

Operaciones Complementarias:

Artículo 4º – Las contrataciones complementarias a las operaciones de crédito público enunciadas en el segundo párrafo del artículo 1º, cuando deban efectuarse en forma independiente a la operación principal, se realizarán conforme lo siguiente:

Licitación Pública: Cuando el costo de la operación a contratar supere el monto de pesos cincuenta mil ($ 50.000) o su equivalente en otras monedas, la contratación deberá efectuarse por Licitación Privada, conforme el siguiente procedimiento:

1 – Autorización: La autorización al llamado a licitación será realizada por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

2 – Pliego de bases y condiciones: Los pliegos de bases y condiciones, para este procedimiento serán elaborados por el órgano rector, y aprobados por resolución del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

3 – Invitación a participar: Se cursarán invitaciones a por lo menos tres (3) firmas que presten el servicio con una anticipación de 0por lo menos tres (3) días hábiles a la fecha prevista para la presentación de las ofertas.

4 – Presentación de propuestas: Las propuestas deberán ser presentadas íntegramente en idioma castellano y lo serán en la forma y lugar que se establezca en el pliego de bases y condiciones.

5 – Impugnación: El proceso de impugnación deberá ser previsto en los pliegos en cada caso particular.

6 – Evaluación de las propuestas: Las propuestas serán evaluadas por el órgano rector.

7 – Adjudicación: La adjudicación será dispuesta por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

Solicitud de cotización: Cuando el costo de la operación a contratar no supere el monto de pesos diez mil ($ 10.000) o su equivalente en otras monedas, la contratación deberá efectuarse por Solicitud de Cotización, conforme el siguiente procedimiento:

1 – Autorización: La autorización al llamado a solicitud será realizada por el órgano rector.

2 – Pliego de bases y condiciones: Los pliegos de bases y condiciones, para este procedimiento serán elaborados por el órgano rector.

3 – Invitación a participar: Se cursarán invitaciones a por lo menos dos (2) firmas que presten el servicio con una anticipación de por lo menos un (1) día hábil a la fecha prevista para la presentación de las ofertas.

4 – Presentación de propuestas: Las propuestas deberán ser presentadas íntegramente en idioma castellano y lo serán en la forma y lugar que se establezca en el pliego de bases y condiciones.

5 – Evaluaciones de las propuestas: Las propuestas serán evaluadas por el órgano rector.

6 – Adjudicación: La adjudicación será dispuesta por el órgano rector.

Artículo 5º – Las contrataciones complementarias a las operaciones de crédito público cuando resulte necesario contraerlas conjuntamente con la principal, deberán plantearse en el pliego y efectuarse conforme las consideraciones y especificaciones contenidas en el mismo, y siguiendo el procedimiento descripto en dicho documento.

Vía de excepción

Artículo 6º – La contratación podrá realizarse en forma directa por vía de excepción, bajo la modalidad de libre elección por negociación directa, cuando la misma encuadre en las causales de excepción previstas en el artículo 27º, inciso c), apartado b) de la Ley Nº 5.140.

Las autorizaciones y/o adjudicaciones que deban realizarse por esta vía de excepción serán efectuadas por el Poder Ejecutivo, salvo que el monto de la operación no supere la suma de pesos diez mil ($ 10.000) o su equivalente en otras monedas, en cuyo caso podrá ser dispuesta por el Sr. Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos.

25 – Dirección de Biblioteca y Jurisprudencia