El STJ y el Municipio de Bovril suscribieron un convenio para la intervención conjunta en situaciones de violencia familiar y contra la mujer

El Superior Tribunal de Justicia y la Municipalidad de Bovril firmaron un Convenio para la coordinación de las actuaciones en materia de Violencia de Género. El objetivo es optimizar la eficacia de la respuesta institucional, mejorar la difusión y la aplicación de políticas de Estado, acentuando las labores que realizan desde sus respectivos ámbitos de intervención, y así satisfacer las demandas sociales en esa materia. El acuerdo se realiza en el marco de la política que el Alto Cuerpo viene llevando adelante en materia de Género, y que prevé la celebración de nuevos convenios con distintos municipios de la provincia.

        El Convenio fue rubricado en la mañana de hoy, miércoles 17 de octubre, entre el Presidente del STJ, Dr. Emilio Castrillón y la Sr. Presidente Municipal de Bovril, Prof. Alfredo Alberto Blochinger, con la presencia en el acto de los Sres. Vocales del Alto Cuerpo, Dres. Juan Ramón Smaldone y Martín Francisco Carbonell; la Dra. Yanina Yzet, Directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ; la Lic. Glenda L. Leineker, Coordinadora del Área de la Mujer de la Municipalidad de Bovril; y la Dra. Alejandra E. Boxler, Coordinadora del Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bovril.
         El compromiso institucional fue previamente aprobado por el Alto Cuerpo provincial en su reunión de Acuerdo General Nº 27/18, Punto Primero, del 11 de septiembre de este año.
         El Convenio remarca la finalidad del desarrollo de una labor conjunta para intervenir en situaciones de violencia familiar y contra la mujer, mediante el trabajo entre diversos actores sociales, para fortalecer la red local y asegurar el principio de inmediatez que se debe garantizar a las personas en situación de violencia.
         Se procurará producir conocimiento a través de los datos que proporcione la Oficina de Violencia de Género del STJ (OVG) y del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav), cuya información permitirá el diseño de políticas públicas.
         El acuerdo prevé la organización de instancias de capacitación destinadas a operadores que intervienen en situaciones de violencia, desde una perspectiva de Derechos Humanos y Género.
         Asimismo incluye el desarrollo de acciones concretas para el efectivo restablecimiento de derechos de las víctimas, como así también la aplicación de políticas concretas de protección, como la implementación del botón antipánico y pulseras, y talleres de contención para personas involucradas en situación de violencia, entre otras.